De la vida a la muerte

Historias personales: La cruda realidad de los derechos

 

TRINA BACHTEL, ESTADOS UNIDOS

En agosto de 2007, dos semanas después de que su hijo naciera muerto, Trina Bachtel, mujer blanca de 35 años, murió. Según informes, durante el embarazo había sufrido preeclampsia, enfermedad que precisa de atenta vigilancia durante la atención prenatal.

Los informes indican que, aunque en el momento de su embarazo estaba asegurada, la clínica local le informó de que tenía que dejar una señal de 100 dólares para ser atendida, porque años antes había contraído una deuda médica, a pesar de que ésta ya estaba pagada. Cuando cayó enferma, Trina Bachtel tardó en solicitar asistencia, porque no podía pagar los precios de la clínica local.

Finalmente recibió atención médica en un hospital situado a unos 48 km, donde su hijo nació muerto. Posteriormente la trasladaron a la localidad de Columbus, Ohio, situada a unos 120 km, donde murió. Las dos clínicas locales de su zona negaron haberla atendido como paciente. La administración de una de ellas dijo que podían imponer “restricciones de crédito” a una paciente si pensaban que podía pero no quería pagar la factura.

 

AÏCHA, BURKINA FASO

Aïcha, la única mujer de cinco hermanos, tenía 21 años cuando murió. Conoció a su esposo, Abdou, en Uagadugú, y estuvieron prometidos dos años antes de casarse.

Aïcha trabajó hasta el último día de su embarazo, y también iba a recoger leña a varios kilómetros de su casa. Era su primer embarazo y acudió a las tres visitas prenatales recomendadas al centro de salud comunitario. Su esposo Abdou dijo a Amnistía Internacional: “Nunca la acompañé en estas visitas, pero pensaba que era bueno que la trataran ahí”. Durante el embarazo, recetaron a Aïcha hierro para la anemia y maloxine para prevenir la malaria.

Un enfermero del centro de salud al que acudía Aïcha dijo a Amnistía Internacional: “No pudo pagar ni una sola receta. Incluso encontramos en su expediente algunas que no se habían usado”.

Una noche de abril de 2008, alrededor de las 20.00 h., Aïcha tuvo dolores de parto. Un amigo la llevó al centro de salud, a un kilómetro de su casa, en una pequeña motocicleta, y su esposo les siguió en bicicleta. Aïcha dio a luz a un niño a las 2 de la madrugada. Tras el parto, el personal médico pidió a la familia que comprase lejía para limpiar su sangre.

Diez minutos después del parto, la comadrona dijo a la familia que había que trasladar a Aïcha al hospital del distrito porque tenía una hemorragia.
Aunque los traslados entre centros de salud deberían ser gratuitos según la política de subvenciones del gobierno, la familia tuvo que pagar el transporte. Abdou dijo: “Ya habían llamado una ambulancia para llevarla al hospital. El conductor de la ambulancia insistió en recibir 1.500 francos CFA (unos 3,50 dólares) antes de poner en marcha el vehículo. No nos dio recibo”.

Abdou dijo a Amnistía Internacional: “Cuando llegamos al hospital […] [t]uvimos que pagar los guantes y la lejía […] y compré medicinas y pastillas por un importe total de 4.500 francos CFA (unos 10 dólares) […] nos dieron una tercera receta para otras pastillas y frascos por importe de 3.500 francos CFA (unos 8 dólares)”.

Después le dijeron al esposo de Aïcha que obtuviera un análisis de sangre de su esposa. “Primero fui al laboratorio del hospital, donde me dijeron que no podían hacer el análisis. Me enviaron al laboratorio de un centro de salud cercano especializado en análisis de sangre. Eran casi las 3 de la mañana y no tenía transporte, así que fui a pie. Tardé una hora en llegar. Cuando llegué al centro de salud, el vigilante estaba dormido. Le desperté y pagué 2.000 francos CFA (unos 4,5 dólares) por el análisis. Fui rápidamente en taxi al hospital del distrito: el primero se estropeó y tuve que buscar otro, que me cobró 1.000 francos CFA (unos 2 dólares); la tarifa normal es de menos de 200 (unos 0,5 dólares), pero cuando los taxis ven que tienes prisa, te cobran más. Eran más de la 5 de la mañana cuando llegué al hospital y entregué los resultados del análisis de sangre. Cuando llegué, no encontré a mi madre y a mis amigos. Me dijeron que ya se habían marchado. Pensé que Aïcha se había puesto mejor y que estaba curada. Luego vino un médico. Me habló en francés, pero cuando vio que no entendía, se dirigió a mí en mooré. Me dijo que mi esposa estaba muy débil y que “se había ido toda su sangre”. Supe que había muerto a las 5.18 de la mañana.” Abdou volvió a pie a su casa con su bebé recién nacido. La madre de Abdou, que vivía en un pueblo, fue a vivir con su hijo para cuidar del bebé.

 

LAS MUJERES NICARAGÜENSES

Desde julio de 2008, el aborto en Nicaragua está penado en todos los casos. En virtud de la legislación nicaragüense, las mujeres y niñas de todo el país cuyos embarazos presenten complicaciones están expuestas a un peligro grave o de muerte. Algunos grupos de mujeres y niñas se ven especialmente afectadas: en concreto, las mujeres y las niñas embarazadas que necesiten tratamiento para enfermedades que hacen peligrar su vida, que presentan complicaciones, que precisan tratamiento médico tras un aborto espontáneo o inducido, o que son sobrevivientes de violación o incesto. En Nicaragua, la gran mayoría de las niñas que se quedan embarazadas a consecuencia de violación o incesto tienen entre 10 y 14 años y su vida corre peligro cuando se les practican abortos inseguros o se las obliga a dar a luz a una edad muy temprana. Si se descubre, las víctimas de violación que se someten a un aborto inseguro e ilegal se enfrentan a penas de prisión, al igual que las personas que se lo han practicado.

El Código Penal revisado penaliza todas las formas de aborto e impone penas de prisión a las mujeres y niñas que soliciten u obtengan un aborto, cualesquiera que sean las circunstancias. Asimismo, el Código Penal establece largas penas de prisión para los profesionales de la salud que causen daño al feto, con independencia de la intención, o incluso si ocurre en el transcurso de un tratamiento destinado a salvar la vida de la mujer o la niña. El Código Penal está en conflicto con las Normas y Protocolos para la Atención de Complicaciones Obstétricas emitidas por el Ministerio de Salud de Nicaragua, que prevén el aborto terapéutico como respuesta clínica a determinados casos, lo cual deja a los profesionales médicos en una situación extremadamente complicada.

Cuatro órganos de vigilancia de los tratados de la ONU (el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos) han determinado que la legislación nicaragüense contraviene las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de los tratados.

Nicaragua se ha comprometido a reducir la mortalidad materna en un 75 por ciento antes de 2015. El gobierno ha adoptado varios programas destinados a prevenir la mortalidad materna y ha aumentado la financiación del sector de la salud. Sin embargo, la penalización del aborto va en contra de esos esfuerzos. Pese a los riesgos que entraña la legislación nicaragüense para la vida y la salud de las mujeres y las niñas, el mecanismo de seguimiento de la ONU sobre el progreso de los países hacia los ODM, en su apartado sobre Nicaragua, afirma que el país ha “alcanzado” el Objetivo 3 (según la información presentada por el propio gobierno nicaragüense), mientras que el progreso hacia el Objetivo 5 “no cumple las previsiones”.

 

ADAMA KAMARA, SIERRA LEONE

Adama Kamara tenía 25 años cuando murió el 27 de diciembre de 2008 en su casa en el poblado de Kapairo, distrito de Kambia. Su esposo no pudo pagar los medicamentos que necesitaba.

Era el quinto embarazo de Adama. En uno de los partos anteriores el niño había nacido muerto, y había dado a luz a tres niños vivos, 3 de los 10 hijos vivos de su esposo, Pa Abu Kamara, que tienes otras dos esposas.

El 24 de diciembre de 2008, Adama estaba embarazada de aproximadamente seis meses y se puso de parto prematuramente. El día siguiente estuvo claro que padecía un parto prolongado.

La familia la observó en casa durante un día para ver si su estado mejoraba antes de trasladarla en un automóvil esa noche al hospital estatal de Kambia. El transporte hasta el hospital costó 40.000 leones (13 dólares), que su esposo pidió prestados a sus vecinos.

Cuando llegaron al hospital, Pa Abu Kamara tuvo que pagar 2.000 leones (0,67 dólares) por el registro y 10.000 leones (3,30 dólares) por la cama del hospital, además de cargos por las medicinas.

En el hospital, las enfermeras de servicio aplicaron a Adama un goteo intravenoso además de varias inyecciones. Pasó ese día y el siguiente en el hospital, y ningún médico estuvo presente durante ese tiempo. Pa Abu Kamara volvió a su casa el segundo día y cuando regresó al hospital después de varias horas, se enteró de que Adama había dado a luz, pero que el bebé no había sobrevivido.

Adama sangraba copiosamente. A pesar de que se trataba de una situación de urgencia, y a pesar de la política de atención gratuita del gobierno, no había medicación gratuita. La enfermera a cargo del hospital de Kambia dijo a Pa Abu Kamara que tenía que pagar las medicinas para Adama o “morirá”.

Pa Abu Kamara dijo a Amnistía Internacional: “No me quedaba más dinero. Saqué a Adama del hospital y la llevé a casa. Su aspecto no era bueno y yo tampoco quería pagar las tasas del hospital por su cadáver, que son de al menos 60.000 leones (20 dólares)”. Adama deliraba en este punto y no podía hablar por sí misma, ni aunque se le diera la oportunidad.

Pa Abu Kamara contrató un taxi para llevarse a Adama del hospital y ella murió en su casa el día siguiente. El cuerpo de Adama fue llevado a la casa de sus padres, y fue enterrada en su poblado natal.

Pa Abu Kamara dijo a Amnistía Internacional que se sentía triste por la muerte de Adama, “sobre todo por sus hijos”. Después dijo: “Sigo teniendo dificultades para saldar la deuda que contraje para llevar a Adama al hospital y pagar las medicinas”.

 

INAMARIE STITH-ROUSE, USA

Inamarie Stith-Rouse, afroamericana de 33 años, estaba embarazada de 41 semanas cuando llegó a un hospital de Boston, Massachusetts, en junio de 2003. Allí le administraron medicación para provocarle el parto. Al producirse un acusado descenso del ritmo cardíaco del bebé, le practicaron una cesárea de emergencia, y dio a luz a una niña sana, Trinity. Su esposo, Andre Rouse, contó a Amnistía Internacional que, tras el parto, Inamarie "comenzó a quejarse de que le faltaba la respiración. Yo no encontraba a la doctora. No hacían más que llamarla por megafonía, pero no estaba. La máquina del oxígeno no hacía más que pitar; quizá seis o siete veces en media hora. Perdí la cuenta. Nadie se lo tomaba en serio. Le ardía la cara; yo no hacía más que ponerle paños fríos en la frente". Dijo que al intentar explicar al personal que ella estaba mal y le costaba respirar, le dijeron que "no era para tanto", que se estaban poniendo "melodramáticos”. Andre Rouse dijo a Amnistía que creía que la raza había tenido bastante que ver con la falta de respuesta del personal del hospital a sus peticiones de ayuda.

Según la documentación judicial presentada por su familia, Inamarie Stith-Rouse tenía síntomas de hemorragia, como hipotensión arterial, pulso alto y dificultad para respirar. Sin embargo, tardaron horas en hacerle las pruebas debidas, y entonces fue ya demasiado tarde. Los médicos comprobaron que tenía una hemorragia interna y le extirparon el útero, primeramente, y un ovario, después. Pero Inamarie Stith-Rouse sufrió daños cerebrales graves, cayó en coma y murió cuatro días más tarde.

Andre Rouse dijo: “Lo último que me dijo fue: ‘Andre, tengo miedo’. Entonces activaron el código rojo [protocolo de tratamiento de la hemorragia obstétrica]. Salí. Todo iba a cámara lenta. Recuerdo que estaba helado de frío. Me castañeaban los dientes. Estaba en estado de shock […]. Nadie me decía nada […]. Era como si todo el mundo estuviera intentando pasar desapercibido. Si alguien me hubiera explicado algo, todo habría sido más fácil de aceptar. Lo entiendo: son cosas que pasan. Pero nadie se hizo cargo". Dijo a Amnistía Internacional que en diciembre de 2004 puso una demanda y que "el hospital cambió los protocolos tras la muerte de Inamarie. Cómo, hasta hoy no lo sé”.

 


Volver a la maleta sobre mortalidad materna

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