Historias de barrios marginales

Historias personales: La cruda realidad de los derechos

 

MARIA SEBASTIÃO ANTÓNIO, DE BANGA WE, CERCA DE LUANDA, ANGOLA

En varias ocasiones se ha intentado desalojar de su hogar a Maria Sebastião António, de 31 años y madre de tres hijos, a su familia y a más de 500 personas del vecindario con motivo de la construcción del complejo de viviendas Nova Vida. Ésta es su historia 

“He vivido toda mi vida en Banga Wé. Aquí nací. Entre 2004 y 2006 hubo demoliciones. Ni siquiera se nos avisaba. Nos pillaban por sorpresa. Íbamos a trabajar todos los días sin saber si al regresar nuestros hogares seguirían en pie.

Yo tenía una casa hecha de bloques [de hormigón] que fue destruida en las demoliciones de noviembre de 2005. En ese momento estaba embarazada de mi hijo más pequeño. Demolieron la casa de bloques pero no tocaron las planchas de zinc que servían de tejado, así que las utilizamos para construir una casa de zinc […]. Seis días después volvieron para destruir las casas de zinc también […]. Me llevaron a la comisaría porque me opuse a las demoliciones y allí me amenazaron. Un agente me dijo: ‘La policía no pega en la calle, sino en la esquadra [comisaría]’. Afortunadamente otro agente impidió que me pegara.

Antes de las elecciones de 2008, el director del proyecto de viviendas Nova Vida convocó una reunión y nos comunicó que nos trasladarían a unas viviendas nuevas en Zango III, pero desde entonces no ha pasado nada. No tenemos agua. No dejan que nuestros hijos estudien. En la escuela Nova Vida ni siquiera nos permiten inscribirlos. El resto de las escuelas están demasiado lejos. Lo peor es que todavía no hay solución a este problema.”

 

VIVIENDAS ARRASADAS EN LA COMUNIDAD DE DEY KRAHAM, EN PHNOM PENH, CAMBOYA

A primera hora de la mañana del 24 de enero de 2009, unos 250 efectivos de las fuerzas de seguridad de Camboya y trabajadores encargados de la demolición utilizaron gas lacrimógeno y amenazaron con emplear la violencia para desalojar de sus hogares a cientos de familias de la comunidad de Dey Kraham, en el centro de Phnom Penh. A las seis de la mañana entraron en acción las excavadoras e hicieron desaparecer el asentamiento. Trabajadores de derechos humanos informaron de que 152 familias que vivían de forma permanente en el lugar y hasta 250 residentes temporales perdieron sus hogares. Algunas personas ni siquiera tuvieron tiempo de sacar sus pertenencias.

En un principio las autoridades de Phnom Penh proporcionaron alojamiento a menos de 30 familias en un lugar designado para su reubicación, en la comuna de Cham Chao, distrito de Dangkor, a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad. Cuando llegaron, las familias se encontraron con que el lugar carecía de agua potable, electricidad, saneamiento y servicios básicos. La mayoría de las estructuras se encontraban en construcción y no tenían tejado. 

La empresa que al parecer había comprado los terrenos de Dey Kraham retiró las ofertas de indemnización que había hecho con anterioridad.

 

RESIDENTES FALLECIDOS POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS PREVISIBLE EN EZBET BEKHIT, EL CAIRO, EGIPTO

Entre las 8.30 y las 9.20 de la mañana del 6 de septiembre de 2008, una lluvia de rocas y piedras gigantescas cayó desde la colina de Al Muqattam, en Al Duwayqa, sobre Ezbet Bekhit, en la barriada de Manshiyet Nasser, en el este de El Cairo, donde viven alrededor de un millón de los habitantes más pobres de la ciudad. Cuando el terrible estruendo cesó, 107 personas habían muerto y 58 estaban heridas, según las autoridades. Los supervivientes afirman que hubo muchas más víctimas. Casi 100 edificios quedaron destruidos.

Los supervivientes buscaron desesperadamente a sus familiares y vecinos —vivos o muertos— con la ayuda de algunos miembros de protección civil y descargaron su ira contra las autoridades por no prevenir el desprendimiento o trasladar a los residentes a pesar de las reiteradas advertencias sobre la inminencia de la catástrofe. Los supervivientes arrojaron piedras contra los funcionarios que visitaron el lugar y se enfrentaron al cordón de policías antidisturbios. Creían que nadie les había escuchado porque les consideraban pobres, sin ningún poder y menos que humanos.

Los estudios iniciados por el gobierno tras el desprendimiento mortal de 1993 en el asentamiento informal vecino de Al Zabalyn habían detectado varias zonas de peligro, todas ellas en torno a la colina de Al Muqattam, incluida el área de Manshiyet Nasser destruida por el desprendimiento de 2008. Los residentes que vivían en las proximidades de la colina habían informado a las autoridades de la aparición de grietas en las paredes de sus casas y temían por su seguridad. Una empresa de construcción contratada por las autoridades locales para asegurar las rocas de la colina advirtió en reiteradas ocasiones a las autoridades del elevado riesgo de desprendimiento.

A pesar de todas las advertencias realizadas meses antes del desprendimiento, las autoridades no evacuaron a los residentes empobrecidos ni les proporcionaron una vivienda temporal o alternativa.

El 8 de septiembre, dos días después del desastre de Al Duwayqa, el presidente egipcio Hosni Mubarak ordenó el traslado de los supervivientes a unos apartamentos nuevos de dos dormitorios situados en el conjunto de viviendas Suzanne Mubarak, parte de un proyecto de mejora de Al Duwayqa.

En los días siguientes, los supervivientes comenzaron a trasladarse a estos apartamentos, algunos de los cuales fueron equipados con la ayuda de la Media Luna Roja egipcia y de otras organizaciones benéficas. Esta respuesta positiva y rápida fue empañada por irregularidades en la asignación de las viviendas, como presuntos actos de corrupción.

En los días siguientes al desprendimiento, el Ministerio de Solidaridad Social ofreció a las familias indemnizaciones de hasta 5.000 libras egipcias (unos 900 dólares) por cada fallecido, y de hasta 1.000 libras egipcias por cada herido.

 

EN BRASIL Y JAMAICA LOS RESIDENTES DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS EXPERIMENTAN LA VIOLENCIA A DIARIO

La percepción negativa de las personas que viven en los asentamientos precarios ha contribuido directamente a un grave deterioro de la seguridad pública en estas comunidades. Los habitantes de estos barrios tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia a manos de la policía y de las bandas de delincuentes. Cuando se facilita protección policial, con frecuencia es muy limitada. En asentamientos precarios de Brasil y Jamaica, por ejemplo, Amnistía Internacional ha documentado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el curso de sus operaciones, homicidios ilegales y en algunos casos ejecuciones extrajudiciales.

En Brasil, las incursiones policiales a gran escala en los barrios de favelas han ido acompañadas de registros indiscriminados y abusivos autorizados por órdenes judiciales colectivas que permiten a la policía actuar contra la comunidad en su conjunto. Las mujeres también han sido víctimas de abusos verbales, físicos y sexuales a manos de la policía. En Brasil y Jamaica hay testimonios de personas que afirman que la policía les faltó al respeto y mostró una actitud prejuiciosa, despectiva y discriminatoria debido a la percepción de que todos los miembros de la comunidad son delincuentes o cómplices de algún delito.

A menudo la incidencia de los delitos violentos es desproporcionadamente alta en los asentamientos precarios, debido a que el Estado no garantiza la seguridad pública. En 2006, por ejemplo, los datos oficiales relativos a la ciudad de São Paulo mostraban una acusada diferencia entre el índice de homicidios en el distrito pobre de Brasilândia (46,24 por cada 100.000) y el del barrio más acomodado de Vila Mariana (14,95 por cada 100.000).

Esta dejación de responsabilidad por parte del Estado y la falta de protección estatal para las comunidades marginales de Brasil y Jamaica han permitido que las bandas de delincuentes y narcotraficantes se hayan hecho con el control de prácticamente todos los aspectos de la vida. Así, los residentes pueden verse obligados a permanecer en sus casas durante los toques de queda impuestos por las bandas o no pueden acudir a escuelas, lugares de trabajo o centros de salud cercanos, si están situados en el territorio de una banda rival. Además, si ellos o sus familiares contravienen las normas impuestas por estos grupos pueden ser castigados violentamente. Los residentes también pueden sufrir violencia o intimidación por parte de los “arrendadores” o sus agentes en relación con el pago de las rentas.

En varios casos, residentes de asentamientos precarios que intentaron denunciar delitos o presentar quejas sobre la conducta de funcionarios públicos han informado de que encontraron dificultades para que sus casos fuesen registrados, investigados o enjuiciados. En ocasiones puede negarse el acceso a un recurso efectivo y significativo, una de las obligaciones clave del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Los recursos existentes también pueden ser inefectivos a la hora de proporcionar reparación a las víctimas, incluidas indemnización o rehabilitación.

 

LOS HABITANTES DE GARDOLE, WALIA ANGOSSO, FARCHA, ATRONE Y CHAGOUA, EN YAMENA, CHAD

Desde febrero de 2008, decenas de miles de personas se han quedado sin hogar en la capital de Chad, Yamena, tras ser desalojadas por la fuerza de sus viviendas. 

La primera oleada de demoliciones se produjo después del ataque armado contra Yamena perpetrado en febrero de 2008 por una coalición de grupos armados de oposición. Poco después, el 22 de febrero de 2008, el presidente Idriss Déby Itno promulgó un decreto por el que se autorizaba la demolición de lo que se denominaron edificios y construcciones levantados ilegalmente. El decreto se aplicó inicialmente a dos barrios de Yamena: Gardole y Walia Angosso. Luego el programa de demoliciones se amplió a otras zonas, como Farcha, Atrone y Chagoua.

La mayoría de los desalojos forzosos corrieron a cargo de las fuerzas de seguridad, que en algunos casos, según informes, han recurrido a la violencia. Incumpliendo abiertamente la ley y denegando el proceso debido, las autoridades no consultaron con los residentes antes de proceder a su desalojo. En muchos casos se avisó a los residentes con escasa antelación o no se les avisó en absoluto. En contadas ocasiones tuvieron la oportunidad de impugnar los desalojos a través de los tribunales.

La inmensa mayoría de las familias que han perdido su hogar no han recibido una vivienda alternativa ni ninguna otra forma de indemnización. Algunas se fueron a vivir con miembros de la familia o parientes, otras regresaron a sus aldeas de origen. Muchas se quedaron en sus barrios, a menudo para vivir entre las ruinas de lo que fue su hogar.

A finales de julio de 2009 seguían produciéndose demoliciones y cada vez hay más personas en peligro de ser desalojadas de sus hogares.

 

PARA LAS MUJERES DE LOS BARRIOS MARGINALES DE NAIROBI

Más de la mitad de los habitantes de Nairobi vive en asentamientos informales y barrios marginales. Sus viviendas son inadecuadas y el acceso al agua potable, alcantarillado, atención sanitaria, escuelas y otros servicios públicos esenciales es precario.

Estas privaciones afectan sobre todo a las mujeres y las niñas, que necesitan más intimidad que los hombres para usar los baños y lavarse. Muchas mujeres tienen que recorrer a pie largas distancias para llegar a un baño, algo especialmente peligroso después del anochecer. La violencia contra las mujeres es generalizada y en su mayor parte no es castigada debido a la ineficacia de la actuación policial en los barrios marginales y asentamientos informales de Nairobi. La violencia basada en el género lleva a las mujeres a la pobreza y les impide salir de ella.

Las mujeres y niñas de los barrios marginales de Nairobi viven bajo la amenaza constante de la violencia en su vida cotidiana: en el hogar, en el trabajo y en la calle, a manos de bandas, familiares, empleadores y del personal de seguridad del gobierno. No tienen a donde huir para estar seguras. La presencia policial es escasa o inexistente y si una mujer es víctima de la violencia, es muy poco probable que se haga justicia. El gobierno no ha cumplido su obligación de garantizar la provisión de servicios esenciales: el alcantarillado es inadecuado, no existe alumbrado público en las calles y la actuación policial es ineficiente.

El sistema de justicia queda muy lejos de las vidas de las mujeres, debido tanto a la ausencia de policía en los barrios marginales como a los múltiples obstáculos que afrontan las mujeres en el acceso a la justicia. Las mujeres temen que las autoridades ni siquiera reconozcan que lo que les han hecho es un delito, sobre todo si el abuso se produce dentro de la familia.

 

 


Volver a la maleta sobre asentamientos precarios

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