La realidad de la pena de muerte

Juan Melendez pasó 17 años en espera de ejecución en Florida por un delito que no había cometido. En diciembre de 2001 se le anuló la condena porque en el juicio inicial la acusación había ocultado pruebas sustanciales (video en inglés).

© Amnistía Internacional

La pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el castigo más cruel, inhumano y degradante, sea cual sea la forma que adopte: electrocución, ahorcamiento, cámara de gas, decapitación, lapidación, fusilamiento o inyección letal.

Nunca puede haber justificación para la tortura ni para el trato cruel. Al igual que la tortura, una ejecución constituye una forma extrema de agresión física y mental contra una persona. El dolor físico causado por la acción de matar a un ser humano no puede cuantificarse, ni tampoco el sufrimiento mental de saber de antemano que se va a morir a manos del Estado.

La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas. Se impone y se lleva a cabo arbitrariamente. En algunos países se utiliza como medida represiva para silenciar a la oposición política.

En otros, los errores de los procesos judiciales se ven agudizados por la discriminación, la conducta inapropiada del ministerio fiscal o la inadecuación de la asistencia letrada.

Mientras la justicia humana siga siendo imperfecta, el riesgo de ejecutar a una persona inocente no desaparecerá nunca.

La pena de muerte:

  • niega la posibilidad de rehabilitación y reconciliación;
  • fomenta respuestas simplistas a problemas humanos completos, en vez de buscar explicaciones que puedan dar forma a estrategias positivas;
  • prolonga el dolor de la familia de la víctima de asesinato y hace extensivo el sufrimiento a los seres queridos de la persona condenada.
  • desvía recursos y energía que podrían emplearse mejor en combatir la delincuencia violenta y en prestar asistencia a quienes sufren sus efectos;
  • es el síntoma de una cultura de la violencia, y no una solución a ella. Es una afrenta para la dignidad humana;
  • debe ser abolida de una vez por todas.