Hace 60 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó un amplio abanico de derechos humanos, inherentes a toda persona sin discriminación de ningún tipo. Entre ellos figuran no sólo el derecho a la libertad de expresión y a no sufrir torturas ni malos tratos, sino también el derecho a la educación y a una vivienda adecuada, así como otros derechos económicos, sociales y culturales.

Los derechos económicos, sociales y culturales constituyen una amplia categoría de derechos humanos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados internacionales y regionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes. Casi todos los países del mundo son Estados Partes en alguno de los tratados jurídicamente vinculantes que garantizan dichos derechos. Entre éstos se encuentran:

• el derecho al trabajo, en concreto a condiciones laborales justas y equitativas, a la protección contra el trabajo forzado y obligatorio y a crear sindicatos y formar parte de ellos;
• el derecho a la educación, garantizando, por ejemplo, el derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria y a una educación suficientemente disponible, accesible, aceptable y adaptable a cada persona concreta;
• los derechos culturales de las minorías y de los pueblos indígenas;
• el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incluidas unas condiciones de vida saludables y la disponibilidad de servicios de salud accesibles, aceptables y de buena calidad;
• el derecho a una vivienda adecuada, que incluye la seguridad de tenencia, la protección contra desalojos forzosos y el acceso a una vivienda asequible, habitable, bien situada y culturalmente satisfactoria;
• el derecho a la alimentación, que incluye el derecho a no pasar hambre y el acceso permanente a comida nutritiva suficiente o a los medios para obtenerla;
• el derecho al agua, es decir, el derecho a disponer de agua suficiente y a contar con instalaciones higiénicas seguras y accesibles física y económicamente.

¿Quién es responsable?
Los Estados –es decir, los gobiernos nacionales– son los principales responsables de hacer realidad los derechos humanos. Deben respetar los derechos de las personas y no violarlos. Deben protegerlos procurando que otras personas u organismos no perpetren abusos contra ellos. Y deben realizarlos haciéndolos efectivos en la práctica.

Los gobiernos disponen de un amplio abanico de recursos. El derecho internacional contempla el hecho de que la realización de los derechos económicos, sociales y culturales sólo se puede lograr de forma progresiva. Sin embargo, la obligación de los gobiernos de respetarlos y protegerlos y de garantizar la ausencia de discriminación es inmediata. La falta de recursos no es una excusa.

Es posible que los gobiernos necesiten tiempo para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales, pero este hecho no implica que no puedan hacer nada. Deben adoptar medidas para conseguirlo. Como primera medida, deben dar prioridad a las “obligaciones fundamentales mínimas”, es decir, la obtención del nivel esencial mínimo de cada uno de los derechos. En lo que se refiere al derecho a la educación, por ejemplo, una obligación fundamental es garantizar el derecho a la educación primaria gratuita.

Los gobiernos no deben discriminar en sus leyes, políticas ni prácticas y deben dar prioridad a las personas más vulnerables a la hora de asignar sus recursos.

Cuando actúan fuera de sus fronteras, los Estados tienen también la obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales. Esta obligación se extiende a las acciones que emprenden a través de organizaciones intergubernamentales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como se afirma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las “instituciones” tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Las empresas desempeñan un papel cada vez más importante en la realización o negación de los derechos humanos a escala mundial. Amnistía Internacional se ha comprometido a pedirles cuentas cuando su actuación acarree violaciones de derechos humanos.

A pesar de las garantías internacionales respecto a estos derechos, en todo el mundo:

• 923 millones de personas padecen hambre de manera crónica. El hambre suele verse agravada por violaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional ha documentado en Corea del Norte, Zimbabue y otros lugares. La actual crisis alimentaria mundial, agravada también por violaciones de derechos humanos, ha acarreado la desnutrición crónica de otros 75 millones de personas.
• Más de 1.000 millones de personas viven en barrios marginales o en asentamientos irregulares y un tercio de los habitantes de las ciudades se alojan en viviendas inadecuadas dotadas de escasos servicios básicos o desprovistas por completo de ellos. Su situación se ve agravada por una oleada de desalojos forzosos masivos a escala mundial.
• Cada minuto muere una mujer por problemas relacionados con el embarazo. Por cada mujer que muere, 20 o más sufren complicaciones graves.
• Más de 100 millones de menores (más del 50 por ciento, niñas) no tienen siquiera acceso a la educación primaria.

Más información sobre nuestra campaña para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas.