Amnistía Internacional ha acusado a Israel de negar a la población palestina el derecho al agua al ejercer el control total de los recursos hídricos comunes y aplicar políticas discriminatorias.
La ejecución de Ehsan Fattahian, declarado culpable de pertenencia a un grupo ilegal de oposición, está prevista para el miércoles 11 de noviembre. Se teme que también sean ejecutados en cualquier momento otros dos kurdos iraníes.
Tras la ejecución de ocho hombres uigures y un chino de etnia han, acusados de delitos cometidos durante los disturbios de julio pasado, las autoridades han procesado a otros 20 sospechosos.
Cuando se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín, los gobiernos europeos deben actuar con urgencia para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos que se infligen a migrantes, solicitantes de asilo, personas detenidas y minorías.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siga retrasando su sentencia sobre la legalidad de la legislación penal sobre el aborto que entró en vigor en 2008.
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que decenas de nigerianos y nigerianas perdieron sus casas en la mañana del viernes 6 de noviembre, cuando autoridades del estado de Rivers comenzaron a demoler edificios en Port Harcourt.
La votación por la que se han adoptado las principales recomendaciones del informe sobre el conflicto de Gaza y el sur de Israel de principios de año es de vital importancia para garantizar que los autores de crímenes de guerra rinden cuentas.
Amnistía Internacional tiene conocimiento de que al menos 137 personas están en espera de ejecución en Arabia Saudí, de las que 106 son nacionales de otros países. Se cree que las verdaderas cifras son muy superiores.
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión adoptada por un tribunal marfileño de no transferir 45 millones de dólares estadounidenses en concepto de indemnización a las víctimas del vertido de residuos tóxicos en Abiyán en 2006 a la cuenta bancaria de una organización que se atribuía falsamente la representación de 30.000 de ellas.
El gobierno keniano no ha llevado a cabo un proceso judicial justo y creíble para juzgar a las personas acusadas de violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, durante la violencia que se desencadenó después de las elecciones del año pasado.
