Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

15 febrero 2013

Bangladesh debe resistirse a las presiones para imponer la pena de muerte en un tribunal de crímenes de guerra

El gobierno de Bangladesh no debe dejar que una nueva enmienda legal propuesta genere presiones para condenar a muerte a las personas declaradas culpables por su tribunal de crímenes de guerra, ha dicho Amnistía Internacional.

El Tribunal de Crímenes Internacionales (TCI) se creó en 2010 para juzgar a personas acusadas de delitos de derecho internacional –tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad– cometidos durante la guerra de independencia bangladeshí de 1971. 

El domingo es probable que el Parlamento apruebe una enmienda a la ley de procedimiento de este tribunal. Dicha enmienda permitirá que los fiscales recurran para solicitar la pena de muerte en los casos en que el TCI imponga penas de prisión. Actualmente, la defensa puede recurrir en cualquier circunstancia, mientras que la fiscalía sólo puede hacerlo en caso de absolución.

“Dada la extrema tensión de la situación en Bangladesh, existe el peligro real de que las autoridades utilicen esta enmienda para presionar a fin de que los procesados en el Tribunal de Crímenes Internacionales sean condenados a muerte”, ha dicho Abbas Faiz, investigador sobre Bangladesh de Amnistía Internacional.

“Instamos al gobierno a que se abstenga de hacerlo. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel e inhumana, y el gobierno debe abolirla totalmente, no promoverla.”

Con esta enmienda, propuesta por el gobierno bangladeshí, la fiscalía tendría también derecho a recurrir las condenas impuestas por el Tribunal, lo cual le permitiría pedir al Tribunal Supremo que elevara las penas de prisión a penas de muerte.

El Tribunal de Crímenes Internacionales dictó su primera sentencia in absentia el 21 de enero de 2013, condenando a muerte a uno de los acusados, Abul Kalam Azad, por crímenes contra la humanidad. La defensa de Azad tiene intención de apelar la sentencia.

El 5 de febrero, el Tribunal condenó a Abdul Quader Molla, destacado miembro del partido opositor Jamaat-e-Islami, a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad.

Esta segunda sentencia provocó protestas masivas en todo Bangladesh, en las que decenas de miles de personas se concentraron en Dacca pidiendo la pena de muerte para Molla. Los activistas de la oposición consideraron que en ambos casos el Tribunal había actuado por motivos políticos.

Actualmente el TCI juzga a otras siete personas, todas miembros de partidos políticos de oposición.

“El Tribunal de Crímenes Internacionales es una oportunidad histórica para terminar con más de 40 años de impunidad para los terribles delitos perpetrados durante la guerra de independencia de Bangladesh”, ha dicho Faiz, que ha añadido: “Las víctimas merecen justicia, pero también deben respetarse los derechos humanos de los acusados. La solución no es imponer la pena de muerte, una violación de estos derechos”.

“El gobierno no debe utilizar su mayoría parlamentaria para cambiar la ley de manera que se pueda pedir la pena de muerte al Tribunal Supremo.” 

“En este momento es preciso abordar estos juicios de forma tranquila y meditada si queremos que con ellos se haga justicia y se contribuya a garantizar el resarcimiento de las víctimas de las violaciones de derechos humanos a gran escala de 1971. El gobierno debe velar por que el TCI mantenga su independencia y no se vea presionado por la opinión pública y las autoridades para dictar las sentencias que éstas desean.”

Amnistía Internacional también ha recibido preocupantes informes de amenazas contra personas que criticaban al TCI y que pueden estar en peligro de sufrir actos de violencia en represalia. 

“Es absolutamente fundamental que el gobierno garantice que las personas que critican al TCI reciban protección y no deban temer por su seguridad por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión”, ha dicho Faiz.

“La gente debe poder expresar libremente sus opiniones sobre estos juicios sin sufrir acosos ni intimidaciones y sin temor a las represalias.”

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte, en todos los casos sin excepción e independientemente del carácter o las circunstancias del delito, por considerarla una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la forma más extrema de pena cruel, inhumana o degradante.

La Corte Penal Internacional y el resto de los tribunales penales internacionales creados desde 1993 han excluido la pena de muerte como castigo para el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.

 

Índice AI: PRE01/079/2013
Región Asia y Oceanía
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