Un año después de la muerte por apuñalamiento de Ernest Manirumva, activista contra la corrupción, sigue sin conocerse la verdad

(Bujumbura, 8 de abril de 2010) – El presidente de Burundi debe tomar medidas para garantizar que se hace justicia en el caso del homicidio de un activista contra la corrupción, han afirmado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Proyecto sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de África Oriental y el Cuerno de África. Las tres organizaciones han manifestado que el presidente Pierre Nkurunziza debe pedir al fiscal general que acelere las investigaciones y los procedimientos sobre el caso y garantice la protección de los testigos. El activista, Ernest Manirumva, murió apuñalado hace un año, el 9 de abril de 2009.

Transcurrido un año desde el homicidio, las investigaciones aún no han concluido. Hay nueve personas sospechosas en detención preventiva, entre ellas varios agentes de policía, pero aún no se ha fijado la fecha del juicio. Una comisión de investigación judicial creada en octubre de 2009 para determinar la responsabilidad del asesinato ha tomado algunas iniciativas pero, según organizaciones de la sociedad civil, no ha hecho un seguimiento adecuado de todas las pistas existentes y no ha finalizado su trabajo. Dado que en Burundi no existe programa de protección de testigos, algunos de ellos tienen miedo de darse a conocer.

“El gobierno de Burundi debe mostrar un empeño sin paliativos en que se haga justicia en este caso tan importante”, ha manifestado Véronique Aubert, directora adjunta del Programa para África de Amnistía Internacional. “El presidente Nkurunziza debe pedir al fiscal general que investigue el homicidio de forma exhaustiva y sin dilación, que garantice la protección de los testigos y que los responsables comparezcan ante la justicia, incluidas las personas que pueden ocupar puestos de mando en las fuerzas de seguridad.”

Manirumva era vicepresidente de la organización burundesa de la sociedad civil  Observatorio para la Lucha contra la Corrupción y la Malversación Económica (OLUCOME, por sus siglas en francés), además de vicepresidente de un organismo oficial que regula las adquisiciones públicas. Fue hallado muerto por apuñalamiento en el exterior de su casa. Sobre su cama se encontró una carpeta vacía y manchada de sangre, y se hallaron indicios de que habían forzado la entrada en su oficina del Ministerio de Agricultura, lo que indicaba que quienes mataron a Manirumva buscaban documentos confidenciales que obraban en su poder. Según amigos y compañeros de trabajo de Manirumva, poco antes de su muerte había estado investigando casos de corrupción policial e iniciativas de la policía para comprar armas de fuego ilegalmente en Malaisia.

“Si las autoridades burundesas están realmente comprometidas con la lucha contra la corrupción, deben trabajar para que se identifique y procese cuanto antes a los responsables de este homicidio, que parece estar relacionado con la labor de Manirumva contra la corrupción”, ha afirmado Hassan Shire Sheikh, director ejecutivo del Proyecto sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de África Oriental y el Cuerno de África. “Las autoridades tienen la obligación de demostrar que los activistas de la sociedad civil pueden criticar libremente al gobierno sin poner sus vidas en peligro.”

Algunas autoridades del gobierno también han intentado reprimir los llamamientos de la sociedad civil para que se haga justicia. En 2009, autoridades gubernamentales prohibieron en dos ocasiones que organizaciones burundesas organizasen una marcha en la capital, Bujumbura, para pedir justicia para Manirumva. A finales de 2009, cuando organizaciones de la sociedad civil hicieron declaraciones en las que indicaban que la comisión de investigación del gobierno no estaba siguiendo todas las pistas, el ministro del Interior, Edouard Nduwimana, las convocó a su oficina y las acusó de “interferir en la labor del sistema de justicia”.

Miembros de organizaciones que han denunciado públicamente el homicidio y las deficiencias de la investigación judicial sobre el caso también han recibido amenazas. En marzo de 2010, un informante avisó a dos de esas personas, Pierre Claver Mbonimpa, presidente de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y los Detenidos (APRODH, por sus siglas en francés), y Gabriel Rufyiri, presidente de OLUCOME, de que agentes estatales estaban preparando el asesinato de uno de ellos organizando un accidente de automóvil. A mediados de marzo, Mbonimpa afirmó que un Jeep azul del Servicio Nacional de Inteligencia lo había seguido en el barrio de Carama, en Bujumbura. (Human Rights Watch se puso en contacto con el vicedirector de los servicios de inteligencia, que sostuvo que el servicio no tiene ningún Jeep azul.) Mbonimpa también recibió amenazas telefónicas, y afirmó que una de las personas que llamaron le dijo: “Si no dejas de trabajar en el caso de Ernest Manirumva, acabarás como él”.

Igualmente, en noviembre de 2009, Pacifique Nininahazwe, delegado general del Foro para el Reforzamiento de la Sociedad Civil (FORSC, por sus siglas en francés), que encabezaba la campaña “Justicia para Ernest Manirumva”, recibió un aviso de que se estaba organizando un complot para asesinarlo. Posteriormente, el Ministerio del Interior dictó un decreto en el que se prohibía la organización alegando supuestos problemas técnicos con la documentación de registro oficial del foro desde 2006. Aunque más adelante el ministro “suspendió” el decreto,  el FORSC continúa en un limbo jurídico.

“En vez de amenazar y poner dificultades a las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades de Burundi deben colaborar con ellas para seguir todas las pistas posibles que permitan identificar a quienes mataron a Manirumva,” ha manifestado Georgette Gagnon, directora para África de Human Rights Watch. “El presidente debe apoyar sin reservas estas investigaciones y respaldar el llamamiento de la sociedad civil para que se haga justicia por este brutal asesinato.”

Las organizaciones han pedido a Nkurunziza y al gobierno de Burundi que:

• Establezcan un mecanismo de protección de testigos que les permita declarar de forma segura y confidencial, especialmente en el caso de los testigos que pueden tener información sobre implicación de las fuerzas de seguridad;
• Garanticen que finaliza sin dilación el trabajo de la comisión, que la investigación se ha hecho a fondo y con las garantías debidas, y que se identifica y acusa a todas las personas contra las que existan indicios de responsabilidad penal, incluidas las responsables de haber ordenado el homicidio;
• Garanticen que se celebran sin demora los juicios de los presuntos responsables que se encuentran detenidos, a la vez que se permite que continúe la recopilación íntegra de indicios contra otras personas antes, durante y después de esos juicios.
•  Apoyen las iniciativas de activistas de la sociedad civil como la campaña “Justicia para
  Ernest Manirumva, permitiendo la celebración de marchas y concentraciones y poniendo fin al hostigamiento de grupos de la sociedad civil;
•  Investigando todas las amenazas contra activistas de la sociedad civil que han pedido justicia para Manirumva, y procesando a los responsables.

Información complementaria
El gobierno de Burundi ha tomado algunas medidas para identificar a los autores del homicidio. El 22 de abril de 2009 se creó una comisión de investigación para este fin, pero apenas avanzó. Cuando organizaciones de la sociedad civil denunciaron la inacción de la comisión y la estrecha relación de su presidente con el director del Servicio Nacional de Inteligencia –que, según algunos testigos, había participado de algún modo en el delito–, el fiscal general disolvió la comisión. En octubre la sustituyó por otra comisión cuyos integrantes se mostraron más activos a la hora de llevar a cabo la investigación y que, según la opinión de grupos de la sociedad civil, tenían menos relaciones cuestionables con miembros de las fuerzas de seguridad.

El gobierno aceptó un ofrecimiento de la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense para recibir asistencia técnica durante la investigación. Aunque la primera comisión judicial puso dificultades, la comisión posterior se mostró más dispuesta a colaborar y permitió que agentes del FBI entrevistasen, tomasen las huellas dactilares y realizasen pruebas de ADN a los sospechosos. Los resultados de la asistencia forense del FBI no se han hecho públicos.

Se ha detenido y acusado a nueve sospechosos. Sin embargo, al menos tres personas que podrían haber ofrecido información sobre el caso han desparecido o han sido víctimas de homicidio. El 15 de abril de 2009, un agente del Servicio Nacional de Inteligencia huyó a Canadá tras obtener un visado alegando falsamente que iba a participar en un congreso en Estados Unidos como representante de una empresa cafetera estatal. El 30 de abril, tres semanas después del homicidio de Manirumva, Pacifique Ndikuriyo, capitán de la policía, murió abatido por disparos en Bujumbura. En marzo de 2010, un agente de policía llamado Ezéchiel Coyishakiye desapareció de un hospital psiquiátrico en el que se encontraba bajo custodia armada tras haber sido detenido en relación con otro delito, y la policía afirma que desconoce su paradero. La comisión de investigación está estudiando las afirmaciones de testigos que sostienen que estas tres personas pueden haber participado directamente en el homicidio o haber tenido información sobre él.

La fiscalía ha ordenado a la comisión judicial que presente un informe sobre sus conclusiones tan pronto como haya recopilado indicios suficientes que justifiquen el inicio de un proceso. Hasta la fecha, sin embargo, la comisión no ha presentado ningún informe.

Si desean más información sobre el asesinato de Ernest Manirumva y las amenazas contra grupos de la sociedad civil, visiten:
* Comunicado de prensa de abril de 2009, Burundi: Find Killers of Anti-Corruption Activist: http://www.hrw.org/en/news/2009/04/16/burundi-find-killers-anti-corruption-activist
* Comunicado de prensa de noviembre de 2009, Burundi: Reverse Ban on Civil Society Group: http://www.hrw.org/en/news/2009/11/25/burundi-reverse-ban-civil-society-group
* Documento de Amnistía Internacional de abril de 2009, Acción Urgente, Burundi: Homicidio ilegítimo, Ernest Manirumva: http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR16/003/2009/es

Si desean consultar más informes de Human Rights Watch sobre Burundi, visiten: http://www.hrw.org/africa/burundi

Si desean más información, pónganse en contacto con:
* Londres, oficina de prensa de Amnistía Internacional: +44-20-7413-5564; o elisabeth.vikman@amnesty.org
* Nairobi, Human Rights Watch, Aloys Habimana (inglés, francés, kinyarwanda): +254-725-051-768 (móvil)
* Washington DC, Human Rights Watch, Jon Elliott (inglés, francés): +1-202-612-4348; ó +1-917-379-0713 (móvil)
* Addis Abeba, Proyecto sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de África Oriental y el Cuerno de África, Laetitia Bader (inglés, francés): +251-912-753-277
* Kampala, Proyecto sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de África Oriental y el Cuerno de África, Hassan Shire Sheikh: + 256-772-753-753