Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

15 julio 2013

China: Seis meses después, la nueva ley no protege los derechos

Las trabas a la nueva ley china de procedimiento penal, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, están legitimando violaciones de derechos humanos, y no se respetan las limitadas mejoras de la ley, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo documento publicado en el día de hoy.

“Resulta frustrante que tras tantos años dedicados a su elaboración las modificaciones legales que se produjeron a principios de año estén sirviendo ahora para legitimar algunas de las peores prácticas por parte de la policía y las autoridades locales”, ha manifestado Corinna-Barbara Francis, investigadora sobre China de Amnistía Internacional.

Con arreglo a la nueva ley, la policía puede detener a personas y recluir a algunas en lugares secretos por un periodo de hasta seis meses, sin informar a la familia de por qué o dónde las mantienen recluidas. 

El 1 de junio, Du Bin, cuya última película desveló actos de tortura y otros malos tratos cometidos en Masanjia, uno de los campos de reeducación por el trabajo más tristemente célebres de China, fue detenido por la policía de Beijing. Permaneció bajo custodia durante más de dos semanas. Tras ser puesto en libertad bajo fianza el 8 de julio, confirmó que pese a facilitar a la policía toda la información de contacto pertinente, no se había informado a su familia del lugar donde lo mantenían recluido y ni tan siquiera de que lo habían detenido. 

La nueva ley sigue además permitiendo a la policía recurrir con facilidad al uso de “delitos graves” de ambigua definición, como “poner en peligro la seguridad del Estado” o “terrorismo”, a fin de privar a los presuntos delincuentes de sus derechos, entre otros, el derecho a acceder de manera oportuna a representación letrada. En la práctica, estos delitos se siguen utilizando para castigar a las personas únicamente por ejercer su libertad de expresión y otros derechos. 

Un ejemplo es el de la defensora de los derechos de las mujeres, Liu Ping, que fue detenida el 27 de abril por la policía en Xinyu (provincia de Jiangxi) bajo sospecha de “incitar a la subversión del poder del Estado” en relación con sus actividades en favor de los derechos humanos. Pese a su inminente juicio, que está previsto que dé comienzo el 18 de julio, la policía ha seguido negándole el acceso a su representación letrada, con el pretexto de que su caso afecta presuntamente a la “seguridad del Estado”. 

Mientras la nueva ley permite a los detenidos acceder a la representación letrada antes de lo que se permitía con anterioridad y refuerza la prohibición de utilizar pruebas obtenidas de manera ilegal, las autoridades han hecho caso omiso de las salvaguardas mejoradas existentes en la ley. 

“Desde el 1 de enero, aún no hemos visto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetar estas positivas medidas, especialmente cuando se trata de defensores de los derechos humanos y otros activistas, 'sensibles' desde un punto de vista político”, ha declarado Francis. “Las mejoras de la ley carecen de sentido si la policía y los tribunales locales no las aplican en la práctica. Lamentablemente, parece que falta la voluntad de hacerlo.” 

Durante los últimos seis meses se han visto demasiados ejemplos de personas retenidas por la policía durante más tiempo del que permite la ley y a las que les han negado el acceso a su representación letrada y sus familias. 

Hasta uno de los aspectos más positivos de la ley —la consolidación de la prohibición de emplear pruebas obtenidas de manera ilegal, como confesiones obtenidas por la fuerza, en un tribunal— parece haber sido ignorado en su mayor parte. Los representantes letrados, a los que la ley permite ahora plantear el problema de las pruebas ilegales, han sido incluso castigados por intentar hacerlo.

El 4 de abril de 2013, el abogado Wang Quanzhang puso en duda la legalidad de las pruebas que, según afirmó, se habían obtenido mediante tortura durante el juicio de un practicante de la disciplina espiritual de Falungong en el Tribunal Popular de la ciudad de Jingjiang, provincia de Jiangsu.

El juez, sin embargo, no sólo rechazó la solicitud de Wang para no incluir las pruebas, sino que ordenó que lo detuvieran, afirmando que había alterado el orden del tribunal.

“En vez de permitir a Wang solicitar que no se incluyesen las pruebas, como es su derecho con arreglo a la nueva ley, le impusieron en cambio 10 días de detención administrativa como castigo en una farsa absoluta de justicia”, ha manifestado Francis. “Parece que únicamente las protestas generalizadas de la creciente comunidad china en Internet consiguieron que Wang Quanzhang fuese puesto en libertad, sólo 48 horas después de su detención.”

Estos son sólo algunos ejemplos de la manera en que las trabas a la ley, como se describen detalladamente en el documento de Amnistía Internacional titulado China’s 2013 Criminal Procedure Law: In line with international standards?, han facilitado la comisión de violaciones de derechos humanos en la aplicación cotidiana de la ley.

“Hay muchas cosas que las autoridades chinas pueden y deben hacer a fin de adecuar la legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos. Lamentablemente, es necesario que comiencen de nuevo para modificar más profundamente la ley, intentando hacerlo bien la próxima vez”, ha señalado Francis.

Índice AI: PRE01/349/2013
Región Asia y Oceanía
País China
Si deseas más información, ponte en contacto con Oficina de Prensa Internacional »

Oficina de Prensa Internacional

Teléfono : +44 (0) 20 7413 5566
9.30 - 17.00 GMT de lunes a viernes
Teléfono : +44 (0) 777 847 2126
Línea operativa 24 horas
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
Oficina de Prensa Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Reino Unido
Sigue a la Oficina de Prensa Internacional en Twitter
@amnestypress