Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

23 octubre 2013

A dos años del conflicto, Libia debe resolver el problema de las comunidades desplazadas

Las autoridades libias deben encontrar urgentemente una solución duradera para poner fin al desplazamiento forzado en el que continúan decenas de miles de personas de la comunidad tawargha y otras, que se vieron obligadas a abandonar sus localidades natales durante el conflicto armado de 2011, ha manifestado Amnistía Internacional.

Todos los habitantes de la localidad de Tawargha –unos 40.000– fueron expulsados por grupos armados de Misrata, que los acusaron de apoyar al gobierno del coronel Gadafi. Coincidiendo con el segundo aniversario del final del conflicto, Amnistía Internacional ha publicado un documento titulado Barred from their home, que destaca la discriminación, los secuestros y las detenciones arbitrarias que siguen sufriendo los tawarghas, blanco todavía de amenazas y represalias de milicias que actúan por encima de la ley.

“Dos años después del conflicto, los tawarghas y otras comunidades desplazadas siguen esperando a que se haga justicia y a recibir reparaciones por los abusos que se les han infligido. Muchos continúan sufriendo discriminación y viven en campos sin apenas recursos y sin solución a la vista”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Hoy Tawargha es una ciudad fantasma. Combatientes contrarios a Gadafi, en venganza por crímenes de guerra que según ellos habían cometido los tawarghas en Misrata en nombre de Gadafi, saquearon e incendiaron los hogares de esta comunidad. Durante meses después del conflicto, los tawarghas fueron perseguidos por milicias, detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados.

En los campos de desplazados, los tawarghas siguen siendo blanco de amenazas y ataques perpetrados por milicianos, que han amenazado con bloquear todo intento de que regresen a sus hogares. Las autoridades no han velado por el retorno seguro de estas personas y les han impedido regresar en repetidas ocasiones por motivos de seguridad.

“Es inconcebible que se haya pedido a las víctimas de abusos que renuncien a su derecho a regresar en seguridad, mientras que las milicias y otros elementos que las amenazan actúan impunemente”, manifestó Hassiba Hadj Sahraoui.

“Las exigencias de los habitantes de Misrata de que se rindan cuentas por los crímenes de guerra cometidos en la ciudad están justificadas, pero la justicia no puede ser selectiva y tampoco puede castigarse colectivamente a toda una comunidad”.

En total, hay en Libia unas 65.000 personas internamente desplazadas, no sólo tawarghas, sino también miembros de la tribu mashashya, oriunda de las montañas de Nafusa, habitantes de Sirte y Bani Walid y tuaregs de Ghadames. Los tawarghas, libios de etnia negra, están entre los que más han sufrido.

Se calcula que más de 1.300 tawarghas permanecen en paradero desconocido, han sido detenidos o sometidos a desaparición forzada, principalmente en Misrata. En su mayoría, fueron capturados por milicias y torturados o sometidos bajo custodia a otros malos tratos, como descargas eléctricas, latigazos y golpes con barras de metal o tuberías.

Amnistía Internacional insta a las autoridades libias a investigar todos los casos de desaparición forzada y tortura sin discriminación, incluso los de víctimas a las que se percibía como partidarias de Gadafi. 

Cientos de tawarghas, entre ellos menores de edad, llevan más de dos años recluidos en prisiones estatales sin cargos ni juicio, en malas condiciones de detención y sin atención médica adecuada ni visitas habituales de familiares. Éstos temen represalias cada vez que van a Misrata. En la prisión Al Wahda de Misrata, Amnistía Internacional encontró a nueve menores de edad recluidos sin cargos desde que fueron capturados en 2011.

“Todas las personas recluidas sin cargos deben ser liberadas, a menos que se las acuse formalmente de un delito común reconocible. Sólo se debe detener a menores de edad como último recurso y durante el menor tiempo posible”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui.

Libia atraviesa actualmente la peor crisis política y de seguridad desde el conflicto de 2011. El Estado de derecho ha quedado socavado por el desgobierno generalizado, las detenciones arbitrarias, los secuestros y los ataques perpetrados contra organismos gubernamentales por milicias afiliadas al Estado. A pesar de estos desafíos, las autoridades libias tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las comunidades internamente desplazadas, que están entre los grupos que más peligro corren. 

“Encontrar una solución duradera para el problema de las personas desplazadas en Libia llevará tiempo, pero hay medidas inmediatas que las autoridades pueden tomar para mostrar que respetan realmente los derechos de los tawarghas y de otras comunidades. No hay razón por la que estas personas no deban disfrutar de su derecho a la educación y a un nivel de vida adecuado, al igual que el resto de la ciudadanía libia”.

Decenas de tawarghas encuentran obstáculos a la hora de obtener los documentos que necesitan para cursar estudios superiores en establecimientos académicos de Misrata. Las familias de personas desaparecidas no reciben ayuda del gobierno, al parecer simplemente porque se las percibe como partidarias del coronel Gadafi.

El mes pasado, el Congreso General de la Nación de Libia aprobó, en principio, la Ley de Justicia Transicional, que comprende un conjunto de medidas destinadas a obtener verdad, rendición de cuentas y reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Gadafi y posteriormente. El proyecto de ley, que está pendiente de la votación final, dispone la creación de la Comisión de Investigación y Reconciliación, cuyo cometido será, entre otros, abordar sin discriminación la situación de las personas internamente desplazadas. 

“La adopción de esta ley podría ser el primer paso hacia la justicia para los tawarghas y otras comunidades desplazadas. Una vez que se apruebe la ley, las autoridades deben asegurarse de dotar de recursos y salvaguardias suficientes a la Comisión para que desempeñe su labor imparcialmente y libre de amenazas, presión pública y ataques de las milicias”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.

“De no ser así, podrían correr peligro los modestos avances de las víctimas en su lucha por la verdad y la justicia, y esta ley se convertiría en otra iniciativa fallida.”

Amnistía Internacional también exhorta a las autoridades libias a consultar a la comunidad tawargha en todo debate sobre soluciones para sus necesidades, derechos y legítimos intereses.

Índice AI: PRE01/558/2013
Región Oriente Medio y Norte de África
País Libia
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