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Comunicados de prensa

4 octubre 2012

Estados Unidos: Se pide el indulto para condenado a muerte en Texas por un delito de su adolescencia

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas y el gobernador del estado, Rick Perry, deben conceder un indulto a un afroamericano que va a ser ejecutado el 18 de octubre por un delito cometido cuando tenía sólo 19 años, ha manifestado Amnistía Internacional.

Anthony Haynes, que tiene ahora 33 años, fue condenado a muerte en 1999 por haber disparado con mortales consecuencias contra un agente de policía fuera de servicio, Kent Kincaid –que era blanco–, en Houston un año antes.

El caso se ha caracterizado por las denuncias de discriminación racial, asistencia jurídica inadecuada y conducta indebida de las autoridades judiciales y la fiscalía.

“Para conseguir la pena de muerte para Anthony Haynes, el fiscal tuvo que convencer al jurado de que iba a ser una amenaza constante para la sociedad, incluso en prisión. Los argumentos de la acusación eran poco  convincentes, pues el acusado no tenía antecedentes penales, pero se vieron reforzados por el hecho de que la defensa no presentara persuasivos atenuantes de que disponía", ha explicado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

“La aplicación de la pena capital está tan arraigada en Texas, que los indultos del poder ejecutivo son algo fuera de lo común allí, pero este es otro caso en el que el homicidio que el Estado comete en su nombre debería dar que pensar incluso a los más ardientes defensores de la pena de muerte.”

Amnistía Internacional ha escrito a la junta de indultos de Texas y ha presentado un informe sobre el caso.

Más de 30 personas han firmado declaraciones juradas, que se han presentado al tribunal desde que se celebró el juicio, en las que afirman que, si se les hubiera pedido, habrían estado dispuestas a declarar que era totalmente impensable que el adolescente pacífico y respetuoso que ellas conocían cometiera un delito así.

Jamás se comunicó al jurado que Anthony Haynes había tomado metanfetamina de cristal dos días antes de disparar ni qué efectos había tenido esta substancia en él. No se presentó ninguna declaración pericial sobre su historial de problemas de salud mental ni sobre la circunstancia atenuante de la juventud. El fiscal pudo asegurar al jurado que no se había presentado "ningún atenuante" y que Haynes era un “peligroso depredador que nada puede atenuar”.

Al parecer, Anthony Haynes ha sido un recluso modelo y ha expresado siempre su profundo arrepentimiento por la muerte del sargento Kincaid.

El 24 de septiembre, su abogado elevó una petición a los tribunales federales para que se suspendiera la ejecución, pero, aparte de esto, ya ha agotado sus recursos de apelación por vía ordinaria.

En 2009, una corte federal de apelaciones resolvió que Anthony Haynes debía ser sometido a un nuevo juicio porque había habido discriminación racial en el proceso de selección del jurado: sólo uno de los 12 miembros del jurado del juicio original era afroamericano, pues el fiscal había recusado sumariamente a cuatro de seis posibles miembros de raza negra.

Sin embargo, la Corte Suprema anuló el fallo de la corte de apelación por considerar que, si se mantenía, tendría "importantes implicaciones".

El procedimiento se vio también empañado por la conducta indebida de las autoridades judiciales: el juez que supervisó el proceso de selección del jurado se dedicó a desmontar y limpiar dos armas de fuego delante de los posibles jurados. Posteriormente recibió una reprimenda de la Comisión de Conducta Judicial del estado, pero la condena de muerte de Anthony Haynes se mantuvo.

Entre quienes piden el indulto para Haynes se encuentra su padre, jefe adjunto de investigación, ya retirado, del Departamento de Bomberos de Houston. Ha afirmado lo siguiente:

“La ejecución de mi hijo por el estado de Texas tendrá un efecto devastador en mi vida entera [...] Puesto que Anthony es mi único hijo , su ejecución me arrebatará una de mis razones principales para vivir. Les pido que salven la vida a mi hijo, porque sé que las decisiones que tomó de adolescente no son las mismas que ha tomado siendo hombre. Mi hijo es una persona diferente, que se arrepiente de corazón de haber quitado la vida al sargento Kincaid”. 

Más de 100 de los reclusos condenados a muerte actualmente en Texas fueron procesados en el condado de Harris, la jurisdicción donde se juzgó a Anthony Haynes.

De las 486 personas ejecutadas en Texas desde que se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos en 1977, casi el 25 por ciento –116– fueron condenadas en Harris. Si este condado fuera un estado, sería el segundo con mayor número de ejecuciones de todo Estados Unidos, superado sólo por el resto de Texas.

Más de 70 de las 486 personas ejecutadas en Texas tenían 17, 18 o 19 años en el momento de cometerse los delitos por los que fueron condenadas. De ellas, 40 eran afroamericanas, y 28 de éstas fueron ejecutadas por delitos cuyas víctimas eran de raza blanca.

De las 30 ejecuciones llevadas ya a cabo en Estados Unidos este año, 9 han tenido lugar en Texas.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias.

Índice AI: PRE01/503/2012
Región América
País EE. UU.
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