El gobierno de Etiopía debe dejar de utilizar una legislación antiterrorista excesivamente amplia contra periodistas y activistas políticos pacíficos, han afirmado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
El 23 de noviembre de 2011 se reanudará el juicio contra 24 personas acusadas de delitos de terrorismo iniciado el 10 de noviembre. Entre los acusados hay seis periodistas y dos miembros del partido opositor Unidad para la Democracia y la Justicia. De los 24 acusados, 16 son juzgados in absentia. Hay varios juicios más en curso contra periodistas y activistas de oposición.
“El gobierno etíope está aprovechando la ambigüedad de la ley antiterrorista para aplastar la disidencia pacífica” ha afirmado Rona Peligal, directora adjunta de Human Rights Watch para África.
La Proclama Antiterrorista de 2009 incluye una definición excesivamente amplia y ambigua de los actos de terrorismo, y una definición de la “apología del terrorismo” que permite castigar la publicación de declaraciones “que pueda considerarse que fomentan los actos terroristas” con entre 10 y 20 años de cárcel. En virtud de estas disposiciones, las personas que critican al gobierno, incluidos periodistas y opositores políticos, pueden ser acusadas de hacer apología del terrorismo, han asegurado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Ambas organizaciones han pedido al gobierno etíope que facilite la observación sistemática de los juicios por parte de la comunidad diplomática. Al menos en dos ocasiones, la hora y el lugar de celebración de las vistas de los juicios en curso se han cambiado en el último momento. El gobierno debe garantizar que la información clave, como el lugar y la hora de las vistas, está a disposición del público.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido asimismo a los diplomáticos acreditados en Etiopía que realicen una labor sistemática de observación de los juicios por terrorismo en curso y de los procesos contra miembros de la oposición política oromo detenidos en 2011. Es muy importante que lo hagan ya que no hay presencia de organizaciones de derechos humanos independientes, prohibidas en la práctica por el gobierno etíope. Aunque han asistido representantes diplomáticos a varias vistas preliminares y sesiones de juicios sobre casos de terrorismo, al parecer ninguno estuvo presente en la vista de confirmación de los cargos celebrada el 10 de noviembre, tras un cambio de lugar en el último momento, ni tampoco en la vista posterior del 15 de noviembre.
Los socios extranjeros de Etiopía siguieron de cerca una serie de juicios celebrados de 2005 a 2007, en los que se presentaron cargos por traición tras unas controvertidas elecciones. El Consejo de la Unión Europea nombró un observador a jornada completa para asistir a los juicios, pero nunca se dieron a conocer las conclusiones de su informe. Representantes diplomáticos de la Unión Europea se turnaron para asistir a estos juicios, y un miembro del personal de la Embajada de Estados Unidos también estuvo presente.
“La observación sistemática de estos juicios por personal diplomático es fundamental –ha manifestado Michelle Kagari, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África–. En ausencia de la  sociedad civil local, el personal diplomático puede desempeñar un papel crucial comprobando si se respeta el derecho de los detenidos a un juicio justo.”
Ninguna de las personas detenidas en 2011 y acusadas en aplicación de la Proclama Antiterrorista ha tenido acceso a un abogado antes del juicio. Tres de los acusados se han quejado ante el tribunal de malos tratos en detención.
Según Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los comentarios formulados en público por el primer ministro, Meles Zenawi, y el portavoz del gobierno, Shimeles Kemal, han socavado la presunción de inocencia de los acusados. Tales comentarios podrían haber ejercido, además, cierta presión política sobre los tribunales en un país donde el poder judicial carece de independencia.
Desde junio de 2011, el gobierno etíope ha acusado a 33 personas como mínimo en aplicación de la Proclama Antiterrorista de 2009.
Además, al menos 98 miembros de los dos principales partidos políticos oromo de oposición, el Movimiento Democrático Federal Oromo (OFDM) y el Congreso Popular Oromo (OPC), han sido detenidos y acusados en 2011 en aplicación del Código Penal por su presunta vinculación al Frente de Liberación Oromo, grupo rebelde prohibido.
Siete de las personas acusadas el 10 de noviembre ya habían sido acusadas en los juicios que sucedieron a las elecciones de 2005. A todas ellas les había sido concedido el indulto presidencial. Tres de las siete se encuentran bajo custodia junto a otros acusados, otras dos huyeron del país tras su liberación anterior, y las dos restantes ya vivían en el exilio cuando fueron acusadas en las causas anteriores.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional llevan tiempo pidiendo que se reforme la legislación antiterrorista para que esté en consonancia con las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de Etiopía.
“La propia legislación antiterrorista constituye un grave problema –ha manifestado Peligal–. La comunidad internacional, en particular la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido, deben preguntar sin ambages al gobierno de Etiopía por qué está utilizando esta legislación para reprimir las voces pacíficas independientes.”