En respuesta a la noticia de la aprobación en el Parlamento etiope de la Proclamación contra el Terrorismo en Etiopía, Amnistía Internacional advierte que esta nueva ley podría restringir la libertad de expresión y reunión pacífica y el derecho a un juicio justo, con graves consecuencias para el periodo previo a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país en 2010.

Aunque el gobierno etíope tiene motivos legítimos de preocupación en materia de seguridad, toda legislación antiterrorista debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.

“El gobierno de Etiopía tiene una larga trayectoria de represión de la disidencia, y se teme que esta nueva ley entrañe el riesgo de que se incumplan aún más la obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos –ha manifestado Erwin van der Borght, director del Programa de Amnistía Internacional para África—Se cree que la Proclamación contra el Terrorismo otorgará a las autoridades etíopes poderes innecesariamente amplios, que podrían dar lugar a nuevas detenciones arbitrarias.”

Según anteriores proyectos de la ley que Amnistía Internacional pudo consultar, la definición de “actos de terrorismo” es poco precisa y podría abarcar la expresión legítima de la disidencia política. Es aplicable a los daños a bienes y a la alteración de cualquier servicio público, actos por los que se podría imponer una condena de 15 años de prisión e incluso la pena de muerte.

Tras las cuestionadas elecciones de 2005, en las que el partido gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, retuvo el poder político, se detuvo a millares de manifestantes, líderes de partidos políticos y defensores de los derechos humanos.