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Suiza: Prohibir la construcción de minaretes infringiría obligaciones relativas a la libertad de religión

Wed, 25 Nov 2009 11:44:15 +0000

La prohibición de construir minaretes infringiría la obligación de Suiza de respetar la libertad de religión, ha afirmado Amnistía Internacional en vísperas del referéndum sobre una enmienda constitucional que se celebrará el próximo domingo, 29 de noviembre de 2009.

La propuesta, que es consecuencia de una iniciativa de miembros de dos partidos suizos, preguntará al electorado suizo si desea agregar la frase siguiente al artículo 72 de la Constitución: "La construcción de minaretes está prohibida".

"En contra de lo que afirman los promotores del referéndum, la prohibición general de construir minaretes violaría el derecho de las personas musulmanas en Suiza a manifestar su religión", ha declarado Nicola Duckworth, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía internacional.

"Prohibir la construcción de minaretes al mismo tiempo que, por ejemplo, se permite construir torres de iglesias constituiría discriminación por motivos de religión."

Los promotores del referéndum sostienen que la construcción de minaretes no está protegida por la libertad de religión ya que no tienen "relevancia religiosa". Afirman que los minaretes son "símbolos de una reivindicación religioso-política de poder y dominación que amenaza –en nombre de una presunta libertad de religión– los derechos constitucionales de otras personas".

El islam es la segunda religión en número de seguidores en Suiza, después del cristianismo, y los musulmanes representan más del 4 por ciento de la población del país.

En Suiza hay cientos de lugares de culto (la mayoría en edificios comerciales o residencias particulares), pero sólo se han construido cuatro minaretes.

El gobierno suizo y todos los demás partidos políticos principales recomiendan que se vote "no".

Dirigentes cristianos, judíos y musulmanes locales también han unido sus fuerzas para rechazar la prohibición de los minaretes.

Estos líderes afirman que el referéndum representa también una amenaza para las relaciones pacíficas entre las religiones y obstaculiza los esfuerzos para la integración de los musulmanes en Suiza.

"Aunque es posible que existan razones legítimas para adoptar medidas que en casos individuales puedan afectar a la construcción de minaretes, no hay ninguna justificación legítima de política pública para la prohibición general de su construcción", ha manifestado Nicola Duckworth.

"Un cambio en la Constitución que prevea la prohibición indiscriminada de la construcción de minaretes debe ser rechazado con firmeza. Esta actitud es importante ya que reforzará la igualdad de derechos para todas las personas que viven en Suiza."

Véase también: Switzerland: Banning the construction of minarets would violate international human rights law (EUR 43/001/2009).

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, llamando al número +44 20 7413 5566, o por correo electrónico en press@amnesty.org

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Myanmar: Las autoridades deben poner fin a la detención de activistas y continuar con la ayuda humanitaria

Wed, 25 Nov 2009 11:21:32 +0000

Los donantes internacionales que se reúnen esta semana en Bangkok deben presionar a las autoridades de Myanmar para que pongan fin al acoso de activistas que intentan ayudar a los sobrevivientes del ciclón Nargis y se aseguren de que llega ayuda humanitaria suficiente a las personas afectadas, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

A finales de octubre, las autoridades de Myanmar detuvieron al menos a 10 periodistas y activistas políticos por aceptar donativos de ayuda humanitaria del extranjero, según contaron a Amnistía Internacional fuentes del interior del país.

Se desconoce su paradero y no se sabe con certeza si se han presentado cargos en su contra.

Estas 10 personas, a las que Amnistía Internacional considera presos de conciencia, estaban entre los al menos 41 disidentes detenidos el mes pasado como parte de una campaña general de represión emprendida por el gobierno.

"Las autoridades niegan a los sobrevivientes del Nargis la ayuda que necesitan desesperadamente y tienen derecho a recibir" aseguró Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.

Esta última campaña represiva precede a la reunión que celebrará el 25 de noviembre el Grupo Básico Tripartito de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), establecido en mayo de 2008 para supervisar, coordinar y facilitar la llegada de la ayuda internacional a las zonas afectadas por el ciclón Nargis. Está formado por representantes de alto nivel de la ASEAN, el gobierno de Myanmar y las Naciones Unidas (ONU).

"Más de 18 meses después del ciclón, los sobrevivientes aún necesitan apoyo imprescindible de la comunidad internacional" afirmó Zawacki.

Siguen siendo necesarios fondos extraordinarios para casas nuevas, refugios contra ciclones, programas de subsistencia, instalaciones higiénicas y de suministro de agua, centros educativos y servicios de salud para cientos de miles de personas en Myanmar, según las agencias internacionales.

El proyecto de tres años del Grupo Básico Tripartito para trabajos de recuperación después del ciclón prevé un coste de 691 millones de dólares estadounidenses; sin embargo, sólo se han asignado 125 millones.

"Los dirigentes reunidos en Bangkok deben asegurarse de que es inminente la aportación de la ayuda requerida y llegará a quienes la necesitan –afirmó Zawacki–. La comunidad internacional debe aumentar sus donaciones y exigir transparencia, rendición de cuentas y nula discriminación en el reparto de ayuda humanitaria."

Información complementaria

Las siete personas detenidas a finales de octubre pertenecen al programa local Lin Let Kye ("estrella reluciente"), creado en mayo de 2008 y dedicado al activismo social y la ayuda humanitaria: Ka Gyi, Zaw Gyi, Lai Ron, Shwe Moe, Aung Myat Kyaw Thu, Paing Soe Oo y Thant Zin Soe, que también es director de Foreign Affairs Weekly. Thet Ko, Myint Thein y Min Min, otras tres personas que habían hecho donaciones a los esfuerzos humanitarios, también fueron detenidos.

El ciclón Nargis sacudió Myanmar los días 2 y 3 de mayo de 2008 y dejó 140.000 personas muertas o desaparecidas.

En octubre, Estados Unidos se comprometió a donar 10 millones de dólares estadounidenses a través de ONG internacionales para programas de recuperación relacionados con el Nargis, mientras que la Unión Europea se comprometió a aportar 35 millones de euros (51,5 millones de dólares) al fondo Livelihoods and Food Security Trust (LIFT), destinado a mejorar la seguridad de las personas en Myanmar. Hasta la fecha, de los 477 millones solicitados en el llamamiento urgente para Myanmar de 2008, se han asignado fondos por valor de 326 millones.

Tayikistán: Los malos tratos a las mujeres no son un asunto de familia

Tue, 24 Nov 2009 08:56:07 +0000

Las autoridades de Tayikistán deben tratar la violencia contra las mujeres como delito y tomar medias adecuadas para perseguirla judicialmente, ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy, 24 de noviembre de 2009.

El informe Violence is not just a family affair: Women face abuse in Tajikistan ( sólo en inglés )documenta los abusos físicos, sicológicos y sexuales que sufren las mujeres en el ámbito familiar e insta a las autoridades a tratar esta violencia como lo que es, un delito, en vez hacer caso omiso de ella por considerarla un "asunto de familia privado".

"En Tayikistán se golpea, maltrata y viola a las mujeres en el ámbito familiar, pero las autoridades tienden a reflejar la actitud imperante en la sociedad de culpar a las mujeres en los casos de violencia doméstica –ha manifestado Andrea Strasser-Camagni, investigadora de Amnistía Internacional experta en Tayikistán–. Consideran que desempeñan fundamentalmente una función de mediadoras, dirigida a defender la familia, en vez de proteger a las mujeres y sus derechos."

"Los valores familiares tayicos tradicionales, reforzados tras el desmembramiento de la Unión Soviética, imponen mayor discriminación aún a las mujeres, limitando su identidad a la de esposas y madres o empujándolas a los sectores peor pagados del mercado de trabajo."

"Al considerar la violencia contra las mujeres un asunto familiar, las autoridades de Tayikistán eluden su responsabilidad para con una gran parte de la población. Permiten que los perpetradores de este delito actúen con impunidad y, en última instancia, niegan a las mujeres sus derechos humanos."

La violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito familiar, es un fenómeno generalizado en Tayikistán. Del 25 al 50 por ciento de las mujeres han sufrido violencia física, sicológica o sexual a manos de sus esposos o sus parientes políticos.

A menudo, las mujeres tayicas dependen económicamente de su familia política. Como han contado algunas a Amnistía Internacional, en cuanto ponen los pies en la casa de la familia de sus esposos después de casarse, son sometidas a malos tratos no sólo por aquéllos, sino también por sus suegras, las cuales probablemente sufrieran también abusos de recién casadas.

"A las mujeres se las trata como sirvientas o como bienes de la su familia política. No tienen a nadie a quien recurrir, pues las autoridades tienen por norma instar a la reconciliación, lo que refuerza de hecho su situación de inferioridad. Esta experiencia de violencia y humillación en el seno de la familia lleva a muchas mujeres a suicidarse", ha explicado Andrea Strasser-Camagni.

No hay suficientes servicios para proteger a las supervivientes de violencia doméstica, y los existentes los ofrecen en su mayor parte organizaciones no gubernamentales locales con financiación internacional. La policía, el poder judicial y el personal médico carecen de la debida preparación para ocuparse de casos de violencia doméstica.

La educación es un factor clave para el empoderamiento de las niñas y la creación de vías de escape de la violencia y la pobreza. Sin embargo, las niñas dejan de ir a la escuela muy pronto, para contraer matrimonio, a menudo no registrado oficialmente y polígamo, a edad muy temprana, todo lo cual hace que dependan aún más de sus esposos.

Las medidas iniciales tomadas por el gobierno tayico para combatir la violencia doméstica han resultado en gran medida insuficientes.

Aunque Tayikistán ha ratificado los pertinentes tratados internacionales de derechos humanos, no cumple con su obligación internacional de proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Tayikistán a:

impedir y perseguir judicialmente la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar mediante la promulgación de una legislación interna efectiva y la creación de servidos de apoyo en todo el país;
emprender una campaña de sensibilización pública de ámbito nacional para abordar la práctica ilegal del matrimonio no registrado oficialmente, polígamo y a temprana edad;
eliminar los obstáculos a la educación de las niñas y abordar las causas básicas del abandono de la educación por las niñas.

Casos

Zamira se casó a los 18 años, por el rito islámico tradicional. El matrimonio duró cinco años, y durante todos ellos nunca se le permitió abandonar la casa de su esposo. "Era como estar en la cárcel", cuenta Zamira. Ha explicado a Amnistía Internacional que cuando le pedía permiso para salir o cuando tenían una discusión, su esposo la golpeaba. Un día se divorció de ella por la tradición islámica, y sus suegros la echaron de casa. Ahora, Zamira y su hijo, de nueve años, viven con los padres de ella, en una casa donde están hacinados. Sueña con un hogar suyo y de su hijo.

Tahmina, madre de tres hijos, lleva 13 años casada. Ha contado que tuvo tres partos en los que el bebé nació muerto, tras lo cual su esposo comenzó a golpearla. A causa de una paliza, se le murió otro niño; luego tuvo un aborto a los cinco meses de embarazo, y su primer hijo nació deforme. Una vez acudió a la policía, llena de moratones y con un corte de cuchillo en la mano. Le dijeron que podía redactar una denuncia, pero no hicieron nada más. Sintió que la estaban culpando a ella por haber provocado la violencia.

Risolat, de 17 años, vive en una localidad pequeña. Su "novio" la violó y amenazó con matarla si se lo contaba a alguien. Durante cuatro meses, la obligó continuamente a mantener relaciones sexuales. También la golpeaba. Al cabo de un año, Risolat fue a la policía para presentar una denuncia, pero los agentes se burlaron de ella y le dijeron que se fuera.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo electrónico en press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.

Túnez: Las autoridades deben liberar a periodista disidente

Wed, 25 Nov 2009 13:35:59 +0000

Las autoridades de Túnez deben liberar inmediatamente a Taoufik Ben Brik, periodista y conocido crítico del gobierno, ha declarado Amnistía Internacional hoy, 24 de noviembre de 2009, y retirar los cargos falsos formulados contra él y que podrían conllevar una pena de hasta cinco años de prisión.

"A Taoufik Ben Brik lo están juzgando por cargos de motivación política y no ha recibido un juicio imparcial— afirma Malcolm Smart, director para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional—. Es un preso de conciencia; debe ser puesto en libertad inmediata e incondicionalmente."

El juicio contra Taoufik Ben Brik comenzó el 19 de noviembre, ante el Tribunal de Primera Instancia de Túnez, por los cargos de cometer violencia, dañar propiedades, perjudicar la moral pública y difamación.

El periodista niega estas acusaciones y dice que las autoridades tunecinas las han inventado y formulado contra él debido a su actitud crítica hacia el gobierno.

Está previsto que el tribunal dicte sentencia el próximo jueves.

Durante el juicio, el tribunal no permitió que los abogados defensores del periodista tuvieran la oportunidad de exponer plenamente sus argumentos o de interrogar a los testigos de la acusación, y. al parecer, admitió como prueba una declaración que según las autoridades Taoufik Ben Brik prestó libremente mientras estaba en prisión preventiva, pero que el acusado dice que es falsa y lleva su firma falsificada.

La vista judicial celebrada la semana pasada se llevó a cabo entre medidas de seguridad opresivas.

Tanto en el interior como en el exterior de la sala hubo una fuerte presencia de agentes de seguridad que impidieron a los periodistas y otras personas asistir a las actuaciones.

Sólo pudieron asistir tres familiares de Taoufik Ben Brik.

Taoufik Ben Brik, que padece diabetes y un trastorno hormonal poco común llamado síndrome de Cushing, para lo cual necesita medicación regular, parecía físicamente débil y no pudo permanecer de pie durante las actuaciones.

"Parece que Taoufik Ben Brik ha sido enjuiciado por sus críticas al gobierno y su oposición a la reciente reelección, para un quinto mandato, del presidente Zine El Abidine Ben Ali", ha declarado Malcolm Smart.

"Estos hechos siguen una constante en la que las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión para criticar al gobierno o denunciar corrupción sufren represalias por expresar su disidencia, en flagrante incumplimiento de las obligaciones contraídas por Túnez con arreglo al derecho internacional."

Sri Lanka: La promesa de liberar a los desplazados debe ir seguida de medidas concretas

Tue, 24 Nov 2009 11:59:39 +0000

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la promesa del gobierno srilankés de levantar antes del 1 de diciembre toda restricción impuesta a la libertad de circulación de al menos 130.000 personas desplazadas por la guerra con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés).

"Ahora el gobierno de Sri Lanka tiene que demostrar que va a ofrecer la ayuda necesaria a estos desplazados –refugio, alimentos y seguridad– al tiempo que rehabilita sus viviendas" afirmó Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

Miles de tamiles que huyeron de la guerra permanecen detenidos en campos bajo control militar desde hace seis meses, privados de su libertad de circulación. Muchos de ellos sobrevivieron durante meses a unas condiciones espantosas al tener que desplazarse con las fuerzas del LTTE en retirada, que reclutaban civiles a la fuerza –niños incluidos– y en algunos casos los utilizaban como escudos humanos.

El gobierno de Sri Lanka ha aceptado dar a elegir a estas personas entre permanecer en los campos en espera de un alojamiento alternativo o intentar volver a casa.

"Durante meses, estas personas han estado privadas de libertad en condiciones indignas, en campos que carecen de instalaciones higiénicas adecuadas y de agua limpia y potable. Si el gobierno srilankés se atiene a su promesa de permitir que miles de personas vuelvan a casa, será el primer paso de la prolongada lucha que deberán librar estas personas para reconstruir sus arruinadas vidas" afirmó Madhu Malhotra.

Amnistía Internacional insiste en que sigue siendo necesario proteger los derechos de las personas internamente desplazadas tanto dentro como fuera de los campos.

Además, la organización pide a las autoridades de Sri Lanka que respeten los principios del derecho internacional humanitario y se aseguren de que las personas desplazadas reciben apoyo para poder tomar decisiones voluntarias e informadas sobre su futuro.

"Debe permitirse el acceso sin trabas de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos a las personas desplazadas y a quienes intentan reasentarse para que velen por su seguridad y bienestar y garanticen que sus necesidades están cubiertas, incluida su protección frente a otras violaciones de derechos humanos" afirmó Madhu Malhotra.

Información complementaria

Desde que terminó la guerra en mayo, se calcula que 12.000 personas desplazadas (niñas y niños incluidos) sospechosas de tener vínculos con el LTTE han sido detenidas arbitrariamente por las autoridades, separadas de la población desplazada en general y recluidas en centros de detención irregulares, como edificios escolares abandonados.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante la falta de transparencia y rendición de cuentas en ese proceso, realizado sin base legal alguna, y por el peligro mayor que corren los detenidos que están en régimen de incomunicación.

Las personas detenidas e imputadas por su presunta vinculación al LTTE deben ser acusadas de delitos reconocibles y juzgadas con arreglo a lo dispuesto en la ley.

China: Las autoridades deben excarcelar al activista que defendió a víctimas del terremoto

Mon, 23 Nov 2009 11:24:08 +0000

Amnistía internacional ha instado hoy, 23 de noviembre de 2009, a las autoridades chinas a poner en libertad inmediata e incondicional a Huang Qi, defensor de los derechos humanos que colaboró con las víctimas del terremoto de Sichuan en 2008 y ha sido condenado hoy a tres años de prisión.

El tribunal ha afirmado que la declaración de culpabilidad se basaba en dos documentos de ámbito municipal hallados en el domicilio de Huang Qi y lo ha declarado culpable de "tenencia ilícita de secretos de Estado". Varias decenas de policías rodearon los tribunales esta mañana, y después de una negociación sólo se permitió la entrada de su esposa y su madre. Varias simpatizantes locales que solicitaron entrar en el tribunal para escuchar la sentencia fueron golpeadas y sufrieron lesiones. Sólo se ha producido un anuncio verbal y no se ha entregado fallo escrito a la familia. Los abogados de Huang Qi no pudieron viajar desde Pekín para estar presentes debido a la escasa antelación con que se les notificó el acto. Huang Qi protestó de inmediato y dijo que presentará un recurso. El juez pidió a la policía del tribunal que lo sacara de la sala y no le permitió hablar.

Huang Qi fue detenido por su trabajo en favor de las familias de cinco alumnos de una escuela de enseñanza primaria que murieron al derrumbarse el edificio escolar durante el terremoto que afectó a Sichuan en mayo de 2008. Intentaba presentar una demanda contra las autoridades locales.

Huang Qi fue condenado por el Tribunal Popular del Distrito de Wuhou, en Chengdu, provincia de Sichuan.

"El gobierno chino está penalizando a alguien que está intentando ayudar a las víctimas del terremoto de Sichuan. Huang Qi debería ser tratado como un ciudadano modelo, comprometido con el Estado de derecho, pero en cambio ha sido víctima de la imprecisa legislación china sobre secretos de Estado", ha afirmado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía internacional.

"Huang Qi no debería haber sido detenido, y debe quedar en libertad de inmediato."

"Es necesario revisar con urgencia la legislación de China sobre secretos de Estado. Estas leyes se usan a menudo para penalizar con carácter retroactivo actividades legítimas de derechos humanos y restringir la libertad de expresión."

Huang Qi fue detenido por agentes de policía vestidos de civil el 10 de junio de 2008 mientras cenaba en un restaurante. Fue juzgado a puerta cerrada 14 meses después, en agosto de 2009.

Las actuaciones penales contra Huang Qi incumplen la normativa legal de China y las normas internacionales de derechos humanos.

A Huang Qi se le negó el acceso a su familia y su abogado mientras estaba detenido, sobre la base de que el caso implicaba "secretos de Estado". Se le permitió reunirse por primera vez con su abogado, Ding Xikui, el 23 de septiembre de 2008, cuando llevaba más de 100 días recluido en régimen de incomunicación.

El 2 de febrero de 2009, el Tribunal Popular del distrito de Wuhou, en Chengdu, no anunció públicamente el calendario de su juicio, tal como exige el Código de Procedimiento Penal chino.

El 3 de febrero de 2009, el tribunal, con el pretexto de proteger "secretos de Estado", prohibió al abogado Ding Xikui hacer fotocopias de documentos del caso para preparar su defensa.

Durante el juicio del 5 de agosto, el tribunal prohibió a algunos testigos prestar declaración en favor de Huang Qi, aduciendo también "secretos de Estado".

Al parecer, la salud de Huang Qi se está deteriorando con rapidez.

Su familia teme que no esté recibiendo el tratamiento médico adecuado bajo custodia. De acuerdo con su otro abogado, Mo Shaoping, un médico del centro de detención ha diagnosticado a Huang Qi dos tumores, uno en el estómago y otro en el pecho.

Amnistía internacional cree que Huang Qi recibió un trato inhumano mientras estaba bajo custodia, lo que incluyó ser interrogado por la policía durante muchas horas y ser sometido a privación de sueño.

Las autoridades chinas han rechazado reiteradas peticiones de la familia de Huang Qi para que decretasen su libertad bajo fianza en espera de juicio. A su esposa no se le ha permitido visitarlo desde que se celebró el juicio a puerta cerrada el 5 de agosto de 2009.

Notas para periodistas:

Huang Qi ya fue condenado a cinco años de cárcel en 2003 por albergar un debate en línea sobre las protestas de la plaza de Tiananmen en 2000.

Entre las "pruebas" en su contra figuró un documento de Amnistía internacional sobre la represión de Tiananmen que había sido incluido en su sitio web.

Lo excarcelaron el 4 de junio de 2005. Tras su liberación, continuó con su sitio web y su trabajo de derechos humanos y lo detuvieron de nuevo el 10 de junio de 2008, al parecer por ayudar a los progenitores de alumnos que murieron durante el terremoto de Sichuan en 2008 a presentar demandas judiciales contra las autoridades locales.

Filipinas: Es necesario investigar el secuestro y homicidio de periodistas y políticos

Tue, 24 Nov 2009 11:21:29 +0000

Amnistía Internacional ha condenado los homicidios de al menos 21 civiles, entre los cuales había periodistas y familiares de un político, en la provincia meridional filipina de Maguindanao; son los primeros homicidios registrados en relación con las elecciones nacionales, previstas para mayo de 2010.

Según informes, alrededor de un centenar de hombres armados tendieron una emboscada y secuestraron a un grupo de unas 45 personas. El ejército recuperó los cadáveres de 13 mujeres y 8 hombres, algunos de ellos mutilados.

"Estos homicidios vienen a subrayar el peligro al que se enfrentan los civiles en el periodo previo a las elecciones nacionales. Las autoridades deben poner en marcha de inmediato una investigación independiente y eficaz sobre estos asesinatos y garantizar que hacen todo lo que pueden para impedir que se cometan homicidios y otros actos de violencia" afirmó Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

La hermana y la esposa de Esmael Mangudadatu, vicealcalde de la localidad de Buluan, se disponían a presentar el certificado de candidatura de Esmael como gobernador provincial cuando sufrieron el ataque.

La provincia de Maguindanao fue escenario de violencia generalizada en torno a anteriores convocatorias electorales.

Amnistía Internacional ha sido informada de que al menos había 12 periodistas entre las personas que sufrieron el ataque. Se desconoce a cuántos mataron.

Fuerzas armadas particulares que a menudo trabajan a sueldo de familias ricas y políticamente influyentes de Mindanao han cometido abusos con impunidad.

"El gobierno debe prohibir y desarticular las fuerzas armadas privadas y paramilitares de inmediato. Además, debe establecer normas inequívocas en relación con la protección de los derechos humanos y garantizar su cumplimiento, especialmente durante el periodo electoral, en el que podría aumentar el número de homicidios por motivos políticos" aseguró Donna Guest.

Dinamarca: El gobierno tiene que detener al presidente sudanés si asiste a la Conferencia sobre el Clima

Fri, 20 Nov 2009 13:58:45 +0000

Amnistía Internacional ha sabido que el gobierno de Dinamarca ha cursado al presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, una invitación para asistir en diciembre de 2009 a la Conferencia sobre Cambio Climático que tendrá lugar en la capital danesa, Copenhague. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo de 2009 contra el presidente Al Bashir una orden de detención por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.

“Dinamarca tiene que dejar claro que procederá a la detención del presidente Al Bashir si viaja a Copenhague,” manifestó Christopher Keith Hall, alto asesor jurídico de Amnistía Internacional.

“La Corte Penal Internacional precisa de la cooperación de sus Estados miembros. Según dispone el Estatuto de Roma, en virtud del cual quedó establecida la Corte, Dinamarca tiene el deber de detener y entregar en su territorio a toda persona contra quien la Corte haya cursado orden de detención.”

“Dinamarca puede y debe demostrar su liderazgo en la práctica de poner a disposición de la justicia a presuntos autores de los peores crímenes mediante el reconocimiento de su deber de detención,” agregó Christopher Keith Hall.

Amnistía Internacional recibió la información durante una reunión de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional emitió en marzo de 2009 una orden de detención contra el presidente Al Bashir por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.

China: Activistas amenazados tras la visita de Obama

Thu, 26 Nov 2009 07:31:01 +0000

Las autoridades chinas deben poner fin al hostigamiento y la detención arbitraria que han sufrido decenas de abogados y activistas de derechos humanos durante la visita del presidente de Estados Unidos al país esta semana, ha dicho Amnistía Internacional.

Las fuerzas de seguridad han mantenido a decenas de abogados y activistas bajo arresto domiciliario o vigilancia durante la visita de Obama, y les han impedido que tengan contacto alguno con los periodistas extranjeros que cubrían la visita.

"Es una señal muy negativa que el gobierno chino incremente ahora sus tácticas represivas durante acontecimientos públicos delicados", ha dicho Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

"Esta actitud es una clara señal para la sociedad civil china y para Estados Unidos de que el gobierno chino no cumple con sus obligaciones internacionales de derechos humanos ni siquiera cuando sabe que el mundo entero está observándolo", ha añadido Zarifi.

La mañana del 19 de noviembre, el abogado Jiang Tianyong, que acababa de regresar de Estados Unidos hacía dos días, fue interceptado por la policía en el portal de su casa en el distrito Haidian, en Pekín, cuando se disponía a llevar a su hija andando al colegio.

Jiang Tianyong estuvo retenido 13 horas, durante las cuales la policía lo interrogó en la comisaría de distrito de Yangfangdian, cercana a su casa.

Cuando Jiang cuestionó la legalidad de su detención, ya que la policía no había aportado ningún documento que la autorizara, los agentes le dijeron que estaba recluido por "agredir a la policía".

Mientras Jiang estaba bajo custodia, la policía también interrogó a su hija de siete años en el colegio. Jiang quedó en libertad el mismo 19 de noviembre. "El asunto aún no ha concluido", le advirtió la policía. La mañana del 20 de noviembre había a la entrada de su casa al menos seis agentes que inicialmente le impidieron salir, pero cedieron después de una negociación.

"La intimidación y el hostigamiento de abogados y activistas por parte del gobierno chino demuestra un total desprecio por los derechos humanos, la ley y los profesionales del derecho", ha dicho Sam Zarifi. "Así no actúa un gobierno comprometido con el Estado de derecho".

Otros abogados de derechos humanos, como Li Xiongbing, Li Heping y Mo Shaoping, también fueron hostigados, con tres o cuatro agentes apostados ante sus domicilios. Algunos de ellos siguen teniendo agentes ante sus casas.

Antes de la visita a China del presidente Obama, muchos activistas y peticionarios de Shanghai, Pekín y otros lugares del país se quejaron que el Estado los intimidaba apostando a agentes de policía ante sus casas.

Durante la visita, algunos activistas fueron llevados fuera de Pekín o recluidos en lugares no oficiales de detención, conocidos como "celdas negras".

En China, los activistas y abogados de derechos humanos sufren violaciones de sus derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, intimidación y detención arbitraria por desempeñar pacíficamente su labor.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo electrónico en press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media.Para la documentación general traducida al español, consulten http://www.amnesty.org/es/library

Si desean más información, pónganse en contacto con Chine Chan, del Equipo de Asia Oriental, en el teléfono + 852 23857275 o el móvil + 852 69324600 www.amnesty.org

UE: Salir en defensa de los activistas de derechos humanos en Rusia

Thu, 19 Nov 2009 12:17:29 +0000

(Bruselas, 17 de noviembre) La Unión Europea (UE) debe expresar en los términos más enérgicos su preocupación por la sucesión de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos en Rusia y la ausencia de investigaciones verosímiles sobre ellos, ha dicho Amnistía Internacional en vísperas de la cumbre Rusia-UE

En una carta (disponible en www.amnesty-eu.org), la organización de derechos humanos ha expresado su honda preocupación ante las amenazas que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas en la Federación Rusa.

“El terrible historial de homicidios de la Federación Rusa desde el asesinato de Anna Politkovskaya demuestra que no se han tomado suficientes medidas para proteger a otras personas que estaban en peligro. Por el contrario, al no procesar a los perpetradores el clima de temor e intimidación se ha agravado”, ha dicho Natalia Alonso, directora adjunta de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE.

“Las personas que actualmente se encuentran en peligro estarán muy pendientes de la señal que la UE envíe mañana”, añadió.

La actual intimidación se extiende a personas como Oleg Orlov, uno de los ganadores de este año del Premio Sajarov del Parlamento Europeo. Contra el señor Orlov se han presentado cargos penales por haber dicho que la responsabilidad política del asesinato de su colega, Natalia Estemirova, es del presidente checheno Ramzan Kadyrov.

Para Amnistía Internacional sigue siendo motivo de honda preocupación la detención de Aleksei Sokolov. El jefe de Pravovaia Osnova (Base Legal), organización que hace campaña contra la tortura en las cárceles, lleva detenido desde mayo de 2009. La organización cree que ha sido víctima de malos tratos y, aunque su plazo de detención preventiva expiró hace dos semanas, las autoridades se han negado a ponerlo en libertad.

Incluso los artistas corren cada vez más riesgos en la Federación Rusa. En su carta a la Unión Europea, Amnistía Internacional también insta a esta organización a plantear el caso de dos hombres que se enfrentan a cinco años de cárcel por incitación al odio contra los cristianos por una exposición de arte que organizaron. Amnistía Internacional cree que la exposición, con obras de algunos de los artistas rusos más famosos, no incitaba al odio y que el caso pone en entredicho el derecho a la libertad de expresión.

De acuerdo con las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos y con los propios valores de democracia y respeto hacia los derechos humanos de la UE, Amnistía Internacional ha instado a esta organización a:

» plantear los casos de los particulares que actualmente están bajo amenaza;
» pedir más información sobre los avances de las investigaciones sobre los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos;
» preguntar cómo se asegurarán las autoridades rusas de que las investigaciones se llevan a cabo de forma imparcial y minuciosa.
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Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto con Joana Gomes-Cardoso en el teléfono 32-2-5021499, jgomes-cardoso@aieu.be