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Europa: Los gobiernos deben actuar sobre los derechos humanos a los 20 años de la caída del muro de Berlín

Fri, 06 Nov 2009 13:55:39 +0000

Cuando se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín, los gobiernos europeos deben actuar con urgencia para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos que se infligen a migrantes, solicitantes de asilo, personas detenidas y minorías, ha afirmado hoy, 6 de noviembre de 2009, Amnistía Internacional.

“Aunque la caída del muro de Berlín simbolizó la apertura de las fronteras, la respuesta habitual de la Europa actual ante los desafíos de la migración es convertir el continente en una fortaleza”, ha declarado Nicola Duckworth, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Personas que huyen de la pobreza, la violencia o la persecución en otras partes del mundo han sido empujadas literalmente al mar.”

En mayo del presente año, se puso en peligro la vida y la seguridad de cientos de personas migrantes y solicitantes de asilo que estaban a bordo de tres barcos en el mar Mediterráneo, primero por una discusión entre las autoridades de Italia y Malta en relación con su obligación de responder a las llamadas de desastre marítimo, y después por la decisión del gobierno italiano de enviar a esas personas a Libia, sin valorar sus necesidades de protección.

Los gobiernos europeos deben también hacer más para investigar las denuncias de tortura, malos tratos y detención ilícita durante la guerra contra el terror liderada por Estados Unidos, ha afirmado Amnistía Internacional.

“En la nueva Europa después del muro de Berlín, los derechos humanos vuelven a ser atacados. En esta ocasión son víctimas de la pretensión de los Estados de que es preciso sacrificar incluso los derechos humanos más básicos, como el de no ser sometido a tortura, para poder contrarrestar las amenazas terroristas”, ha señalado Nicola Duckworth.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Europa albergó cárceles secretas dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), donde las personas detenidas fueron víctimas de desaparición forzada, estuvieron recluidas en condiciones constitutivas de tortura y fueron sometidas a técnicas de interrogatorio abusivas.

El mes de agosto de 2009 salieran a la luz revelaciones que han motivado llamamientos a las autoridades de Polonia y Lituania para que investiguen las denuncias de que la CIA mantuvo recluidos e interrogó en secreto a detenidos de “alto valor” en instalaciones de detención situadas en sus respectivos territorios hasta finales de 2005.

Pero no todos los desafíos que hoy tenemos planteados en relación con los derechos humanos en Europa son nuevos.

“Es vergonzoso que los frutos de 20 años de crecimiento económico y mayor unidad política desde la caída del muro de Berlín no hayan sido compartidos en plano de igualdad por todas las personas. Sigue habiendo problemas de racismo y discriminación graves y profundamente arraigados en el corazón de la moderna Europa”, ha afirmado Nicola Duckworth.

Una de las ilustraciones más profundas de la discriminación sistémica en Europa es la que se produce contra las comunidades romaníes, que en gran medida continúan excluidas de la vida pública en todos los países.

Las personas romaníes de Europa oriental fueron en muchos casos las primeras en quedar excluidas del empleo cuando se privatizaron las empresas que eran de propiedad estatal. Los desalojos forzosos ilegales están empujando a esas personas a niveles aún más profundos de pobreza.

En algunos países, como Eslovaquia y la República Checa, los niños y niñas romaníes siguen asistiendo en una proporción excesiva a los centros escolares para alumnado con discapacidad mental, y siguen estado segregados en escuelas y clases exclusivas para romaníes que ofrecen una educación de calidad inferior a la normal. Las autoridades no han adoptado medidas efectivas e inequívocas para eliminar la segregación racial en la educación.

Y 20 años después de la caída del muro de Berlín, Amnistía Internacional sigue reconociendo como presos de conciencia a periodistas y activistas de los derechos humanos detenidos por tratar de ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión, asociación y religión en Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Uzbekistán y Turkmenistán.

“En el Berlín actual queda poco del muro físico que hace 20 años era un símbolo de la división y la represión. Pero sigue habiendo muros que hacen que unas personas sean más iguales que otras en lo relativo al disfrute del espectro completo de los derechos humanos”, ha afirmado Nicola Duckworth.

“Sin embargo, a pesar de las amenazas, la intimidación y la detención, defensores y defensoras de los derechos humanos de toda Europa, impulsados por la energía que derribó el muro de Berlín, siguen luchando por la visión de una región donde se respeten todos los derechos humanos para todas las personas.”

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, llamando al número +44 20 7413 5566, o escribiendo a press@amnesty.org
Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton St., London WC1X 0DW, Reino Unido www.amnesty.org

Costa de Marfil: La indemnización por el vertido tóxico debe llegar a las víctimas

Fri, 06 Nov 2009 10:39:46 +0000

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Costa de Marfil hoy, 5 de noviembre de 2009, a que garanticen que la indemnización de 45 millones de dólares que va a pagar la empresa dedicada al comercio de petróleo Trafigura a las víctimas de uno de los vertidos tóxicos que mayor escándalo han provocado en los últimos años llega realmente a las personas de deben recibirla.

La indemnización se acordó en el contexto de una demanda judicial contra Trafigura, presentada ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales por unas 30.000 personas.

Amnistía Internacional ha escrito también al ministro británico de Justicia, Jack Straw, para pedirle que se ponga en contacto con urgencia con su homólogo marfileño a fin de ejercer presión sobre él para que tome rápidamente medidas con que impedir que se cometa un fraude en gran escala.

La organización ha formulado esta petición mientras millares de víctimas del vertido ilegal de residuos tóxicos de Abiyán, capital de Costa de Marfil, esperan impacientes cobrar la indemnización.

“Existe un riesgo real de que las víctimas del vertido no reciban nunca la indemnización que tanto tiempo llevan esperando”, ha manifestado Widney Brown, directora general de programa de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos de Costa de Marfil y Reino Unido deben hacer todo cuanto puedan para garantizar que los demandantes enumerados en la orden judicial reciben esta indemnización e impedir que se apropien indebidamente de ella personajes corruptos.”

Los 45 millones de dólares de indemnización están congelados en la cuenta bancaria del bufete de abogados que representa a las víctimas en la causa judicial abierta contra la empresa Trafigura por el vertido de residuos.

La orden de congelación se dictó a raíz de que un individuo dijera que el dinero debía transferirse a una cuenta de su organización –Coordinación Nacional de Víctimas de Residuos Tóxicos de Costa de Marfil (CNVDT-CI, por sus siglas en inglés)–, que es la que representa a las “verdaderas víctimas”. Esta afirmación parece totalmente falsa y ha sido refutada por los abogados británicos de las víctimas, así como por los demás representantes de los demandantes en la causa abierta en el Reino Unido, que han presentado una petición ante los tribunales marfileños.

La CNVDT-CI no aparece mencionada en ningún documento judicial relacionado con la causa o el acuerdo negociado.

El 23 de septiembre, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales aprobó un acuerdo alcanzado entre las víctimas del vertido de residuos tóxicos, el bufete de abogados británico Leigh Day & Co y Trafigura, según el cual Leigh Day distribuiría 45 millones de dólares entra las casi 30.000 víctimas que habían aceptado el acuerdo, cada una de las cuales recibiría unos 1.600 dólares. La suma se transferiría a una cuenta bancaria abierta por Leigh Day en Costa de Marfil para proceder a su distribución.

El 22 de octubre, Claude Gohourou, quien afirma que su organización representa a las víctimas, solicitó ante un tribunal de Abiyán que se congelaran los fondos de la cuenta de Leigh Day, y el tribunal accedió. Poco después, el 27 de octubre, solicitó que se transfiriera el dinero a una cuenta de su organización.

Mañana, 6 de noviembre, el tribunal de Abiyán se pronunciará sobre esta solicitud.

“Si el tribunal de Costa de Marfil transfiere el dinero a la cuenta del Sr. Gohourou, es muy probable que nunca se vuelva a ver”, ha manifestado Widney Brown.

“Es preciso intervenir con urgencia para impedir que las víctimas de este trágico caso lo sean por partida doble. Sería una auténtica farsa haber luchado durante tres años para conseguir una indemnización por los terribles sucesos de 2006 y ver luego cómo te la roban.”

Nota para periodistas:

En agosto de 2006, el Probo Koala, barco fletado por Trafigura, llevó a Abiyán, Costa de Marfil, residuos tóxicos que se arrojaron luego en varios lugares de los alrededores de la ciudad, causando un tragedia de derechos humanos: más de 100.000 personas solicitaron atención médica por diversos problemas de salud, y se tuvo noticia de 15 muertes.

ONU: La votación sobre el informe Goldstone, decisiva para la rendición de cuentas

Fri, 06 Nov 2009 13:51:57 +0000

La votación por la que la ONU ha aprobado hoy, 5 de noviembre de 2009, las principales recomendaciones del informe Goldstone sobre el conflicto de Gaza y el sur de Israel de este año es de vital importancia para garantizar, en ambos bandos, que los autores de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional rinden cuentas, ha manifestado Amnistía Internacional.

“Con esta decisiva resolución de la Asamblea General, tanto Israel como Hamás, en Gaza, han recibido la debida notificación para que realicen de inmediato investigaciones creíbles e independientes sobre las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario cometidas presuntamente durante el conflicto”, ha manifestado hoy Yvonne Terlingen, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en la ONU.

"Ha empezado ya a contar el tiempo, por lo que instamos a ambas partes a tomar medidas sin más dilación. La ONU se ha pronunciado hoy en favor de la rendición de cuentas y el fin de la espiral de impunidad que durante tanto tiempo ha obstaculizado la búsqueda de la paz y la justicia entre israelíes y palestinos.”

La resolución de la Asamblea General de la ONU, basada en las conclusiones de la misión de investigación de la ONU dirigida por el juez Goldstone, que ha determinado que tanto las fuerzas israelíes como las palestinas cometieron crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad, ha sido aprobada por gran mayoría: 114 votos a favor, 18 en contra y 44 abstenciones. Estados Unidos y siete Estados de la Unión Europea han votado en contra, y Rusia se ha abstenido.

"Lamentamos profundamente que Estados Unidos, y Alemania, Eslovaquia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y la República Checa hayan votado en contra de la resolución y no hayan apoyado la necesidad de rendición de cuentas, justicia y derechos humanos, tan esencial para las víctimas de los abusos cometidos en este conflicto”, ha afirmado Terlingen.

En la resolución se pide al secretario general de la ONU que pase el informe del juez Goldstone al Consejo de Seguridad, que tiene atribuciones para remitir la situación en Gaza al fiscal de la Corte Penal Internacional si Israel y Hamás no pueden o no están dispuestos a realizar investigaciones independientes y que cumplan las normas internacionales. También se pide en ella al secretario general que presente un informe actualizado a la Asamblea General en el plazo de tres meses.

"Instamos al secretario general de la ONU a que nombre ya a expertos independientes en derechos humanos y derecho internacional humanitario para que determinen si toda investigación que realicen Israel y Hamás cumple las normas internacionales pertinentes", ha dicho Terlingen.

Las conclusiones del informe Goldstone se hacen eco de las del equipo de Amnistía Internacional que investigó, durante el conflicto e inmediatamente después de él, las presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en Gaza y el sur de Israel. En el conflicto murieron centenares de civiles palestinos, incluidos unos 300 niños y niñas, y tres civiles israelíes.

"Casi un año después, quienes sufrieron crímenes de guerra y otras violaciones graves de sus derechos, continúan esperando a que se haga justicia –ha manifestado Amnistía Internacional–. Tenemos la ferviente esperanza de que la resolución aprobada hoy por la Asamblea General de la ONU sirva de catalizador para que realmente se haga justicia y se proporcione una reparación a las víctimas de ambos bandos.”

Información complementaria
Los Estados que han votado en contra de la resolución ha sido: Alemania, Australia, Canadá, Eslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Islas Marshall, Israel, Italia, Macedonia, Micronesia, Nauru, Países Bajos, Paláu, Panamá, Polonia, República Checa y Ucrania.
Los Estados que se han abstenido han sido: Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Etiopía, Federación Rusa, Fiyi, Francia, Finlandia, Georgia, Grecia, Islandia, Japón, Kenia, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Reino Unido, República de Corea, República de Moldavia, Rumania, Samoa, San Marino, Suazilandia, Suecia, Tonga, Uganda y Uruguay.
Todos los demás Estados han votado a favor de la resolución –incluidos los miembros de la UE Chipre, Eslovenia, Irlanda, Malta y Portugal-, excepto los ausentes. Suiza, Estado depositario de los cuatro Convenios de Ginebra, mencionados en la resolución, también ha votado a favor.
Han estado ausentes Bután, Cabo Verde, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Honduras, Kiribati, Madagascar, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Togo, Turkmenistán, Tuvalu y Vanuatu.

Italia: Condenas en un caso de “entrega”, positivas para la rendición de cuentas

Thu, 05 Nov 2009 12:53:42 +0000

(Milán) Las sentencias condenatorias impuestas a varios agentes de los servicios de inteligencia estadounidenses e italianos por su intervención en el secuestro de Usama Mostafa Hassan Nasr (más conocido como Abu Omar) representan un paso hacia adelante en la rendición de cuentas por delitos cometidos en el curso del programa de “entregas”, ha declarado hoy (4 de noviembre de 2009) Amnistía Internacional.

“Lo que ocurrió en este caso fue, lisa y llanamente, que un hombre fue secuestrado a plena luz del día y trasladado después a Egipto, donde según dice fue torturado”, ha manifestado Julia Hall, experta en antiterrorismo en Europa de Amnistía Internacional.

“Este tipo de actos no pueden ni deben quedar impunes, y los agentes responsables deben rendir cuentas del hecho de que fueron cómplices en varios delitos graves más, como el de desaparición forzada y el de tortura, cometidos contra Abu Omar.”

Los fiscales de Milán habían dictado órdenes de detención contra los encausados estadounidenses en 2005 y 2006, pero los sucesivos ministros de Justicia italianos se negaron a remitirlos al gobierno de Estados Unidos.

“Los fiscales hicieron todo lo posible para garantizar que los agentes estadounidenses comparecieran ante el tribunal”, afirma Julia Hall.

“Al negarse a transmitir las peticiones de extradición a Estados Unidos, el gobierno italiano infligió un duro golpe a la imparcialidad de las actuaciones judiciales.”

Ninguno de los ciudadanos estadounidenses que han sido declarados culpables estuvo presente en el juicio. Aunque la legislación italiana permite la celebración de juicios in absentia, el derecho internacional exige que la persona esté presente en su juicio para escuchar todos los argumentos de la acusación, exponer su defensa, cuestionar las pruebas e interrogar a los testigos. De ser aprehendidos en el futuro, los nacionales estadounidenses condenados in absentia tienen derecho a un nuevo juicio ante un tribunal diferente, así como a la presunción de inocencia en ese nuevo proceso.

“El gobierno de Bush erigió un muro de silencio, negándose a reconocer el caso de Abu Omar y el papel que desempeñaron en él los agentes de sus propios servicios de inteligencia”, dice Julia Hall.

“Es hora de que el gobierno de Obama corrija ese error. El gobierno estadounidense no debe ofrecer refugio a ninguna persona sospechosa de estar implicada en desapariciones forzadas o torturas.”

Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos que inicie una investigación penal, independiente e imparcial, sobre el secuestro, la desaparición forzada y la tortura de Abu Omar, y que enjuicie a los agentes de la CIA y oficiales del ejército presuntamente implicados en estos delitos. El gobierno italiano debe colaborar plenamente con cualquier Estado que trate de investigar y enjuiciar a personas de quienes se alegue que han participado en el secuestro y la entrega de Abu Omar.

Las autoridades egipcias deben asimismo investigar exhaustivamente y entregar a la justicia a las personas responsables de la desaparición forzada y las torturas de Abu Omar en Egipto.

El tribunal de Milán ha concedido provisionalmente a Abu Omar un millón de euros y otros 500.000 euros a su esposa, Nabila Ghali, por los abusos y la injusticia que sufrieron. El tribunal remitió la cuestión de la indemnización a un tribunal civil para que la estudie más detenidamente.

“Las víctimas de desapariciones forzadas y torturas tienen derecho a la justicia, a la verdad y a un resarcimiento completo”, afirma Julia Hall.

“El tribunal italiano concedió una indemnización económica a Abu Omar y a su familia por el papel desempeñado por Italia en los abusos y sufrimientos que padecieron, y ahora los gobiernos estadounidense y egipcio deben seguir su ejemplo.”

Información complementaria:
Entre las personas declaradas culpables figuran 22 agentes o funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y un oficial del ejército estadounidense. Otros tres nacionales estadounidenses, entre ellos el entonces jefe de la oficina de la CIA en Roma, recibieron inmunidad diplomática y se retiraron las acusaciones formuladas contra ellos.

Dos agentes de los servicios de información militar italianos (del entonces llamado Servicio para la Información y la Seguridad Militares, SISMI) fueron asimismo declarados culpables y condenados a tres años de prisión. Las acusaciones formuladas contra el ex director del SISMI, Nicolò Pollari, y su adjunto, Marco Mancini, se retiraron en virtud del privilegio de “secretos de Estado”, al igual que en los casos de otros tres italianos.

Los acusados fueron enjuiciados por su implicación en el secuestro, en febrero de 2003, de Abu Omar, que fue objeto de desaparición forzada en una calle de Milán y enviado vía Alemania a Egipto, donde permaneció en detención secreta 14 meses y fue supuestamente torturado. Las personas declaradas culpables fueron acusadas formalmente sólo de su participación en el secuestro de Abu Omar, pero no de su desaparición forzosa ni de la tortura.

Véase también:
Italia: El caso de Abu Omar (Índice: EUR 30/012/2009)

Negar la evidencia. La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas (Índice: EUR 01/003/2008)

Italia: El ministro de Justicia debe remitir las peticiones de extradición de presuntos agentes de la CIA a las autoridades estadounidenses (Índice: EUR 30/002/2007)

Abu Omar: Las autoridades italianas deben cooperar plenamente en todas las investigaciones (Índice: EUR 30/006/2006)

África: Los gobiernos deben reafirmar su compromiso con la Corte Penal Internacional

Thu, 05 Nov 2009 13:10:13 +0000

Amnistía Internacional ha instado hoy (4 de noviembre de 2009) a los representantes de los gobiernos africanos presentes en la reunión de Addis Abeba (Etiopía) a que reafirmen su apoyo a la Corte Penal Internacional.

En un memorándum publicado esta semana bajo el título de The International Criminal Court: The Contribution Africa Can Make to the Review Conference, la organización ha pedido a los gobiernos africanos que manifiesten con claridad que impedirán que cualquier funcionario acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra obtenga refugio en sus países.

“Sólo la justicia puede servir de base sólida para una paz duradera”, ha afirmado Kolawole Olaniyan, asesor jurídico para África de Amnistía Internacional.

“Hace más de una década, los Estados africanos figuraban entre los partidarios más enérgicos de la propuesta de establecer un tribunal penal internacional permanente que permitiera investigar y enjuiciar a las personas responsables de algunos de los peores crímenes del mundo; ahora deben renovar este compromiso, pues la supervivencia de la Corte Penal Internacional como órgano internacional eficaz depende de ello”, declara Kolawole Olaniyan.

“Las víctimas africanas de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son algunos de los principales beneficiarios de la Corte; la Corte Penal Internacional debe recibir un apoyo total para que pueda continuar con su importante labor a favor de estas personas.”

El llamamiento se produce después de que el presidente de Sudán, Omar al Bashir, cancelara las visitas previstas a Sudáfrica, Uganda, Nigeria y Venezuela, al quedar patente que podía ser detenido y entregado a la Corte, sobre todo a la luz de las protestas de la sociedad civil africana ante las visitas.

En su memorándum, Amnistía Internacional insta a los Estados africanos a que defiendan con energía las disposiciones de la Corte que excluyen la inmunidad para funcionarios del Estado —con independencia de su rango, incluidos jefes de Estado— del enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“Todos y cada uno de los instrumentos jurídicos adoptados desde la Segunda Guerra Mundial por la comunidad internacional han rechazado la inmunidad frente al enjuiciamiento para cualquier funcionario estatal acusado formalmente de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, afirma Kolawole Olaniyan.

“De hecho, todos los tribunales internacionales que han estudiado la cuestión de la inmunidad desde el establecimiento de la Corte Penal Internacional han concluido que los jefes de Estado no pueden alegar con éxito ninguna supuesta inmunidad frente al enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.”

Amnistía Internacional ha declarado que para garantizar que la Corte Penal Internacional es un complemento eficaz de los tribunales nacionales, este tribunal debe poder ejercer su jurisdicción sin injerencias políticas.

“Con la excepción de Darfur, todas las situaciones sometidas a investigación por la Corte fueron remitidas al fiscal por los propios Estados africanos: República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda”, dice Kolawole Olaniyan.

La organización ha instando también a los gobiernos africanos a que evalúen cuidadosamente los aspectos positivos y negativos de establecer un tribunal penal regional, como ha sugerido la Unión Africana en una reunión de la Asamblea celebrada en julio de 2009, especialmente sus costes.

Notas para periodistas :

La reunión que tiene lugar en Addis Abeba (Etiopía) es una reunión preparatoria para la Conferencia de Revisión que se celebrará del 31 de mayo al 11 de junio próximos en Kampala (Uganda).

Si desean consultar la versión íntegra en inglés del memorando The International Criminal Court: The Contribution Africa Can Make to the Review Conference, pulsen aquí.

Cumbre UE-EE. UU.: Necesidad de acción conjunta para proteger los derechos humanos en Afganistán y Pakistán

Tue, 03 Nov 2009 11:33:14 +0000

(Bruselas, 3 de noviembre) La cumbre prevista para hoy entre la Unión Europea y Estados Unidos podría dar como resultado la adopción de medidas concretas para abordar las violaciones de derechos humanos en Afganistán y Pakistán, afirmó Amnistía Internacional.
Debe prestarse especial atención a los abusos que socavan el proceso electoral en Afganistán, así como a la suerte que corren miles de personas desplazadas en el noroeste de Pakistán.
En una carta (disponible en www.amnesty-eu.org), Amnistía Internacional instó a la Unión Europea, que acababa de aprobar un plan dirigido a fortalecer la acción en ambos países, a buscar posiciones comunes con Estados Unidos para que fuera posible abordar ambos asuntos con urgencia.
“Como la propia Unión Europea ha reconocido, no bastan las estrategias, ahora es necesario pasar a la acción” afirmó Natalia Alonso, subdirectora de la Oficina de AI ante la Unión Europea.
“Confiamos en que la Unión Europea y Estados Unidos sepan acordar acciones concretas para garantizar un resultado creíble de las elecciones presidenciales en Afganistán, y en que no se olviden de los miles de personas desplazadas en Pakistán, que necesitan ayuda urgentemente” añadió Alonso.
Desde julio, entre 90.000 y 150.000 personas se han visto obligadas a huir de la zona de Waziristán del Sur, en el noroeste de Pakistán, debido a una ofensiva del ejército contra las fuerzas talibán que ha supuesto el uso de artillería y bombardeos aéreos en la región.
Estas familias desplazadas apenas reciben apoyo de ninguna clase: no existen campos para alojarlos, los hospitales están completos y no hay centros para atender las urgencias médicas. La comida y el agua potable cada vez escasean más, y existe el temor de que lleguen muchas más personas al lugar si persisten los combates en Waziristán del Sur.
En su carta, Amnistía Internacional pedía a los gobiernos de la Unión Europea y al gobierno estadounidense que preparasen una declaración conjunta para pedir al gobierno de Pakistán que cumpla con sus obligaciones y proporcione instalaciones adecuadas a los civiles que huyen.
En cuanto a Afganistán, en la primera vuelta de votaciones de las últimas elecciones presidenciales, Amnistía Internacional obtuvo indicios de varios casos de intimidación por parte de funcionarios del gobierno afgano y de afiliados a los dos candidatos principales a esa vuelta, el presidente Hamid Karzai y el principal candidato de la oposición, Abdulá Abdulá. En algunos casos, esto ha supuesto que se amenace de muerte a periodistas y observadores electorales.
Por consiguiente, es imprescindible que los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos trabajen de común acuerdo para apoyar al gobierno afgano en los pasos siguientes del proceso de elección presidencial, así como en los preparativos de las elecciones parlamentarias de 2010, cuando el peligro de violencia es aún mayor.

Si desean más comentarios, información general o concertar entrevistas:
Oficina de AI ante la Unión Europea (Bruselas):
Tel: 32-2-5021499 32-2-5021499
Fax: 32-2-5025686
Correo-e: amnesty-eu@aieu.be

España: Deben investigarse las denuncias de tortura

Tue, 03 Nov 2009 10:01:28 +0000

Las autoridades españolas deben reformar el actual sistema de investigación de denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado al tiempo que la ONU se dispone a examinar nuevamente el historial de España respecto a esta cuestión.

España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después, revela que las víctimas que denunciaron tortura y otros malos tratos, y sobre cuyos casos Amnistía Internacional informó por primera vez en 2007, no han recibido justicia debido a que las autoridades españolas no han mostrado voluntad política para hacer frente a los casos de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad.

“Continúan existiendo, y obstaculizando la labor de la justicia, las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la investigación y la sanción de la tortura y otros malos tratos que Amnistía Internacional identificó en 2007”, ha afirmado Rachel Taylor, experta de Amnistía Internacional sobre España.

Personas que habían presentado denuncias contaron a Amnistía Internacional que agentes de policía los habían amenazado con una pistola o un cuchillo, los habían golpeado en las plantas de los pies con una fusta y los habían amenazado de muerte.

De las 11 investigaciones iniciadas sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos y de las que informó Amnistía Internacional, desde noviembre de 2007 sólo dos han concluido con una resolución condenatoria.

En cuanto a los otros nueve casos, seis fueron sobreseídos sin que llegase a celebrarse un juicio y dos continúan en fase de investigación (iniciada, en uno de ellos, hace más de siete años).

En el último caso, en el juicio se determinó que se había cometido tortura, pero todos los agentes imputados fueron absueltos alegando que era imposible identificar cuál de ellos había participado personalmente en la agresión.

Uno de los casos que no llegó a la fase judicial en España ha sido remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que se habían violado la prohibición de tortura, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a un juicio con las debidas garantías. Otros dos casos archivados son los de
Sandra Guzmán y Jordi Vilaseca.

En diciembre de 2006, Sandra Guzmán presentó una denuncia en el Departamento de Interior del gobierno autonómico vasco tras presenciar cómo un agente de policía obligaba a varios hombres de origen norteafricano a desnudarse parcialmente, para después registrarlos, golpearlos y darles patadas. Su denuncia se archivó seis meses después, supuestamente porque resultaba imposible localizar a los hombres presuntamente agredidos por los agentes de policía.

El 1 de abril de 2003, agentes de la policía autonómica de Cataluña detuvieron a Jordi Vilaseca cuando conducía hacia su casa al salir del trabajo. Tras sufrir malos tratos durante los tres días que estuvo detenido, perdió el conocimiento y fue hospitalizado. Cuando despertó, no podía hablar, caminar ni controlar los esfínteres. Jordi Vilaseca presentó una denuncia contra la policía por torturas. El caso se archivó en mayo de 2005 alegando falta de pruebas y porque la acusación afirmó que existía contradicción entre las versiones que daban de los hechos el demandante y los acusados. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional rechazó la causa en enero de 2009, y con ello ha quedado agotada la posibilidad de otra apelación.

“Las autoridades españolas deben dejar de eludir su obligación de llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas y efectivas sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de agentes de policía, y, a la vez, deben centrarse en la prevención de estos hechos, que es siempre el mejor remedio”, ha afirmado Rachel Taylor.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción los progresos registrados en algunas fuerzas policiales que han puesto en marcha medidas destinadas a prevenir la comisión de actos de tortura y otros malos tratos.

La creciente utilización de cámaras de circuito cerrado de televisión en las comisarías y de placas de identificación personal visibles en los uniformes de los agentes de policía son importantes avances en este sentido. Amnistía Internacional lamenta señalar que los importantes avances en las fuerzas policiales autonómicas (la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra) no se han visto reflejados en el ámbito nacional.

“A menos que las autoridades españolas demuestren voluntad política para introducir los cambios necesarios que garanticen la investigación imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sus víctimas seguirán encontrándose con impedimentos para que se haga justicia”, ha declarado Rachel Taylor.

Véase también: España. Sal en la herida: La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos, (Índice AI: EUR 41/006/2007).

Nigeria: El gobierno del estado de Rivers se dispone a demoler más viviendas

Tue, 03 Nov 2009 11:24:19 +0000

Amnistía Internacional ha advertido hoy de que cientos de personas, entre ellas muchas mujeres, niños y niñas, mañana pueden quedarse sin hogar si los planes de demolición de sus viviendas para dar paso a un proyecto de desarrollo comercial siguen adelante.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, mañana por la mañana está prevista la demolición de casas a lo largo de la carretera de Njemanze, en Port Harcourt.

Los inquilinos de las viviendas sólo han recibido un aviso con siete días de antelación para desalojar sus casas y negocios. El pánico se ha instalado en la comunidad, cuyos residentes intentan desesperadamente salvar lo que puedan.

“Hasta nuestros padres ancianos y nuestros hijos están en la calle. Necesitamos ayuda del gobierno” comentó un residente local a Amnistía Internacional.

“Muchos de los inquilinos no tienen adónde ir y la mayoría no puede abonar la fuerte suma de dinero que deben depositar para alquilar otra vivienda” afirmó Erwin van der Borght, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para África.

Los edificios amenazados se extienden a lo largo de unos dos kilómetros de carretera, y serán demolidos para liberar el acceso a los muelles donde se ubicaba la comunidad de Njemanze, demolida anteriormente.

Los muelles son una de las zonas más densamente pobladas de Port Harcourt. El gobernador del estado ha afirmado en reiteradas ocasiones que las demoliciones a lo largo del río tienen como fin “sanear y controlar las actividades delictivas”.

“El gobierno del estado de Rivers sólo puede llevar a cabo desalojos como último recurso” manifestó Erwin van der Borght.

“Están obligados en todos los casos a estudiar alternativas posibles a los desalojos y evitar o reducir al mínimo el uso de la fuerza.”

Amnistía Internacional afirmó que el gobierno del estado de Rivers no respeta su propia Ley de Planificación Física y Desarrollo (2003). En virtud de esta ley, se debería haber establecido una “Junta de Renovación Urbana” que hubiera declarado las comunidades ribereñas como “zona de mejora”, para lo cual se tendría que haber elaborado un plan de mejora. Esta ley exige además al gobierno que proporcione alojamiento alternativo a todos los afectados. Nada de esto se ha hecho.

“El gobernador del estado de Rivers debe parar de inmediato las demoliciones previstas, respetar el derecho de los residentes a recibir aviso adecuado del desalojo y con antelación suficiente, y garantizar que todas las personas afectadas reciben alojamiento alternativo apropiado y que nadie se queda sin hogar” afirmó Erwin van der Borght.

Notas para encargados de prensa:

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), los desalojos de los habitantes de Njamanze, Abonnema y zonas circundantes tienen como fin dejar paso a un proyecto de desarrollo llamado “Silverbird Showtime”. Un Memorando de Entendimiento firmado entre el gobierno del estado de Rivers y la empresa Silverbird Ltd garantiza la “evacuación pacífica y el reasentamiento de sus actuales ocupantes”.
Como parte de la campaña Exige Dignidad, inaugurada en mayo de 2009, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que prohíban e impidan los desalojos forzosos y proporcionen una vivienda adecuada a todos sus habitantes.
La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional persigue el fin de las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza mundial y la agravan. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para exigir que sus gobiernos, las grandes empresas y otras entidades poderosas escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Más información en http://demanddignity.amnesty.org/es/campaign/about-demand-dignity .

ONU: Los mayores comerciantes de armas del mundo prometen un tratado internacional

Mon, 02 Nov 2009 13:02:12 +0000

Hoy, 30 de octubre, y tras años de debates en la ONU, la inmensa mayoría de los gobiernos –153 en total– han acordado un calendario para establecer un tratado sobre comercio de armas “fuerte y sólido” con “los más elevados criterios comunes” para controlar las transferencias internacionales de armas convencionales. Actualmente no hay ningún tratado sobre el comercio de armas convencionales.

La mayoría de los países más importantes en el comercio de armas –entre los que figuran Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania– respaldarán ahora el proceso de la ONU. Hubo 19 Estados que se abstuvieron, pero se prevé que todos tomen parte en el proceso. El único voto en contra fue el de Zimbabue.

Durante los debates sobre la resolución, muchos países expresaron su postura y subrayaron la necesidad de que el tratado estuviera basado en el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

La campaña Armas bajo Control, una coalición de organizaciones no gubernamentales de más de 100 países que ha promovido la creación de un tratado internacional sobre el comercio de armas, ha expresado su satisfacción por el gran avance histórico de hoy en la ONU y ha pedido a todos los Estados que negocien un tratado realmente eficaz. También ha afirmado que los gobiernos deben aprovechar este impulso para asegurarse de que el texto definitivo del tratado contiene criterios internacionales firmes para el comercio internacional de armas. Los activistas expresaron sus reservas sobre el procedimiento pensado para la conferencia de la ONU, en la que cada Estado tendría derecho a vetar las decisiones finales, y advirtieron que no debía dejarse que un reducido número de países escépticos secuestraran el proceso de creación del tratado cuando está claro que el mundo desea un tratado fuerte.

“Todos los países participan en el comercio de armas convencionales y comparten la responsabilidad de los ‘daños colaterales’ que éste genera en forma de numerosas muertes, lesiones y abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Rebecca Peters, directora de la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA). “Finalmente los gobiernos han acordado negociar controles internacionales legalmente vinculantes para este comercio mortal”.

El acuerdo al que se ha llegado hoy en la ONU significa que el futuro tratado internacional sobre el comercio de armas se negociará en una serie de reuniones de las Naciones Unidas que culminarán con una conferencia de la ONU en 2012.

“El tratado internacional sobre comercio de armas necesita una ‘regla de oro’ que exija a los gobiernos detener toda transferencia de armas que conlleve un peligro sustancial de ser utilizada para cometer graves violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra”, ha dicho Brian Wood, experto en armas convencionales y control de armas de Amnistía Internacional. “Esta regla de oro –ha añadido Wood– podría salvar cientos de miles de vidas y proteger los medios de vida de muchos millones de personas”.

La resolución sobre el tratado internacional sobre comercio de armas también pone de manifiesto la cuestión de que las transferencias internacionales de armas contribuyen a los conflictos armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo, y por tanto socavan la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

"Durante demasiado tiempo los gobiernos han dejado que el flujo de armas se descontrole causando dolor, sufrimiento y muerte en algunas de las regiones más pobres del mundo. Con la muerte de cientos de miles de personas cada año a causa de la violencia armada, las armas que caen en manos de delincuentes y personas que cometen abusos contra los derechos humanos destruyen comunidades y medios de vida”, ha dicho Anna Macdonald, de Oxfam Internacional. “Los gobiernos deben asegurarse de que las negociaciones cumplen la promesa de establecer los criterios más elevados posibles, pues se trata de una cuestión de vida o muerte para miles de personas de todo el mundo que viven en la pobreza”.

* Los Estados que se abstuvieron fueron: Arabia Saudí, Bahréin, Bielorrusia, China, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, India, Irán, Kuwait, Libia, Nicaragua, Pakistán, Qatar, Rusia, Siria, Sudán, Venezuela y Yemen.

NÚMERO DE CONTACTO DE LOS PORTAVOCES DE LAS ONG:

Amnistía Internacional, Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control, +1 917 226 7209
IANSA, Alastair Mckay, Oficina de prensa de IANSA en Londres, +44 7900 242869 (Reino Unido)
IANSA, Mark Marge, representante ante la ONU, Nueva York, +1 646 207 6523
Oxfam, Anna MacDonald, directora de la campaña Armas bajo Control de Oxfam Internacional, +1 917 972 6769

Túnez: Las agresiones contra periodistas deben ser castigadas

Mon, 02 Nov 2009 13:07:20 +0000

La agresión contra dos periodistas independientes en Túnez y la detención de un tercero tras las elecciones de la semana pasada deben ser castigadas, ha dicho hoy, 30 de octubre, Amnistía Internacional.

“Al parecer se eligió a estos tres periodistas por haber criticado al gobierno y oponerse a la reelección para un quinto mandato del presidente Zine El-Abidine Ben Ali”, ha dicho Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. “Se trata de algo muy preocupante, que indica que la represión de la disidencia por parte del gobierno tunecino probablemente no vaya a disminuir”.

El miércoles pasado por la noche, Slim Boukhdhir, periodista independiente ya encarcelado anteriormente por escribir artículos de crítica al gobierno, iba andando por la calle cuando cinco hombres sin uniformar, al parecer todos ellos policías o agentes de seguridad, lo pararon y lo obligaron a subir a un vehículo.

En el vehículo, los hombres obligaron al periodista a cerrar los ojos, lo golpearon y lo insultaron. Luego detuvieron el automóvil, lo arrojaron fuera y lo dejaron inconsciente a patadas y puñetazos.

Antes de que se desmayara, uno de los agresores blandió una navaja y amenazó con apuñalarlo.

Al periodista le quitaron la ropa y el teléfono móvil, así como los documentos de identidad, el dinero y las llaves de su casa, al parecer para que el incidente pareciera un atraco, y lo dejaron tirado en el parque de Belvédère, en el norte de la capital, Túnez.

Un transeúnte lo ayudó a parar un taxi y un amigo lo llevó al hospital. El periodista tenía la nariz rota y presentaba daños en el ojo izquierdo, además de numerosas contusiones en la cara y dolor en el pecho.

Dos horas antes de ser secuestrado y agredido, Slim Boukhdhir había ofrecido una entrevista a la BBC en la que había criticado la falta de libertad de prensa en Túnez.

El jueves, otro periodista y conocido crítico del gobierno, Taoufik Ben Brik, fue detenido cuando se dirigía a una comisaría donde había sido citado para declarar por la presunta agresión de una mujer el 22 de octubre cerca de la escuela de su hija.

El periodista fue llevado ante un juez de instrucción sin asistencia letrada y acusado de “agresión, alteración de la moral pública y daños a la propiedad”, según una declaración oficial. Actualmente está detenido en la cárcel de Mornaguia, y será juzgado el 19 de noviembre.

Antes de las elecciones había escrito varios artículos criticando al gobierno del presidente Ben Ali.

Ese mismo jueves, horas más tarde, Lotfi Hajji, corresponsal local del canal de televisión vía satélite Al Yazira, fue insultado durante largo tiempo en el aeropuerto de Túnez-Cartago, al regresar de un viaje a Qatar.

Su agresor desconocido, que se sospecha que es miembro de las fuerzas de seguridad o que actuaba en nombre de éstas, le gritó y lo insultó de forma muy intimidante, acusándolo de oponerse al gobierno. En sus crónicas para Al Yazira, Lotfi Hajji había criticado aspectos de las recientes elecciones presidenciales y legislativas.

La agresión a estos periodistas, todos ellos conocidos críticos del gobierno de Ben Ali, refleja un tendencia más amplia y que dura ya largo tiempo, consistente en someter sistemáticamente a los críticos del gobierno y los activistas de derechos humanos a una opresiva vigilancia policial, a amenazas y a actos de intimidación por parte de agentes de seguridad o de personas sin uniformar que al parecer actúan en su nombre.

“Ya va siendo hora de que el gobierno tunecino ponga en orden su casa y cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, ha dicho Malcolm Smart.

“El gobierno se presenta a sí mismo internacionalmente como comprometido con los derechos humanos y la buena gobernanza, pero esto, lamentablemente, dista mucho de ser cierto. En la práctica, el gobierno es intolerante con las críticas y permite a sus fuerzas de seguridad y a hombres fuertemente armados que ataquen e intimiden impunemente a quienes lo critican.”