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Uzbekistán. Defensora de los derechos humanos presa gana el Premio Martin Ennals 2008

Fri, 16 May 2008 12:43:03 +0100

(Ginebra) El jurado del Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos anuncia hoy, 15 de mayo de 2008, el nombre de la persona galardonada este año:

La Sra. Mutabar Tadzhibaeva, de Uzbekistán, fue detenida tras haber criticado la actuación del gobierno ante los homicidios masivos cometidos en Andiyán hace tres años, en mayo de 2005. El 7 de marzo de 2006 fue condenada a ocho años de prisión por 17 cargos distintos, entre ellos los de "calumnia" y "pertenencia a una organización ilegal". En 2006, la trasladaron durante un breve periodo a un centro psiquiátrico de detención y la obligaron a someterse a tratamiento médico. Su estado de salud se está deteriorando debido a las condiciones de reclusión. La han recluido a menudo en una celda de castigo por protestar por las condiciones carcelarias. Sólo tiene acceso limitado a su abogado y su familia.

La tragedia de Andiyán, donde mataron a centenares de personas, no debe caer en el olvido. El gobierno de Uzbekistán debe dejar en libertad a Mutabar Tadzhibaeva sin condiciones.

El presidente del jurado del premio Martin Ennals, Hans Thoolen, describe a la galardonada como "una mujer de extraordinario coraje en un país donde defender los derechos humanos es una actividad peligrosa, que puede conducir al encarcelamiento y la muerte, y donde los defensores de los derechos humanos tienen a menudo que elegir entre la prisión o el exilio". Thoolen llama la atención sobre ella como persona de principios que ha adoptado la postura de vigilar los abusos cometidos por las autoridades del gobierno. Las 10 organizaciones que componen el jurado del Premio Martin Ennals exigen que la Sra. Tadzhibaeva sea puesta en libertad de inmediato y que se garantice su seguridad. Asimismo, piden a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que utilice su buenos oficios con tal fin.

Las cartas escritas por la Sra. Tadzhibaeva en la cárcel entre agosto y noviembre de 2007 revelan su angustia y sufrimiento: "No quiero que se olviden de mí [...] Tienen miedo de mi verdad, por ese me torturan así [...] Estoy resistiendo todo lo que puedo".

La ceremonia de entrega del Premio tendrá lugar en Ginebra el 20 de noviembre de 2008.

Premio Martin Ennals, principal galardón del movimiento de derechos humanos. El Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos es el resultado de la singular colaboración entre 10 de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo con objeto de ofrecer protección a defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo. El jurado lo componen las siguiente organizaciones no gubernamentales: Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas, Diakonie (Alemania), Federación Internacional de los Derechos Humanos, Front Line, Human Rights First, Human Rights Watch, HURIDOCS, Organización Mundial contra la Tortura y Servicio Internacional para los Derechos Humanos.

Personas galardonadas en años anteriores: Pierre Claver Mbonimpa, Burundi, y Rajan Hoole-Kopalasingham Sritharan, Sri Lanka (2007); Akbar Ganji, Irán, y Arnold Tsunga, Zimbabue; Aktham Naisse, Siria; Lida Yusupova, Rusia; Alirio Uribe Muñoz, Colombia; Jacqueline Moudeina, Chad; Brigadas Internacionales de Paz; Immaculée Birhaheka, República Democrática del Congo; Natasa Kandic, Yugoslavia; Eyad El Sarraj, Palestina Samuel Ruiz García, México; Clement Nwankwo, Nigeria; Asma Jahangir, Pakistán, y Harry Wu, China.
Patrocinadores del Premio Martin Ennals: Asma Jahangir, Barbara Hendricks, José Ramos-Horta, Adama Dieng, Leandro Despouy, Robert Fulghum, Theo van Boven y Werner Lottjet.

Para más información, pónganse en contacto con Luis Marreiros, coordinador, +41228094925
marreiros@martinennalsaward.org o visiten www.martinennalsaward.org

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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, llamando al número + 44 20 7413 5566 o escribiendo por correo electrónico a press@amnesty.org

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Europa: Lesbianas y gays marchan con orgullo para acabar con los prejuicios

Fri, 16 May 2008 12:28:43 +0100

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de Europa que garanticen el derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero a celebrar su identidad en las diversas manifestaciones y demás actos públicos que se celebran todos los años entre abril y noviembre con tal fin.
"Igualdad ante la ley sin discriminación, este es el mensaje que los defensores y defensoras de los derechos gays llevan a la calle -ha señalado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional-. Sin embargo, la mayoría de las veces se les impide hacerlo con seguridad."
En varios países, principalmente del este de Europa, las personas participantes en los actos del Orgullo Gay se enfrentan muy a menudo a amenazas y a la hostilidad oficial incluso antes de empezar a celebrarlos. Se burlan de ellas, les escupen, les pegan puñetazos y les arrojan botellas, huevos y excrementos, a veces delante mismo de la policía.
El 11 de mayo, 60 personas que pretendían viajar a la capital moldava para participar en la marcha del Orgullo Gay, pese a que, una vez más (la sexta ya) se había prohibido, fueron rodeadas por un grupo de manifestantes casi tres veces más numerosos, que subieron a su autobús forzando las puertas y les quitaron las pancartas y banderas que llevaban mientras la policía lo observaba todo desde media docena de vehículos de patrulla aparcados cerca de allí.
Ni siquiera el festival de la canción de Eurovisión, que se celebrará en Belgrado del 20 al 24 de mayo, tiene garantizada la ausencia de acciones en contra de los gays. En Serbia, donde los problemas de seguridad han impedido a la Alianza Homo y Hetero organizar un acto de celebración del Orgullo Gay, un grupo extremista amenazó con agredir a toda persona de apariencia gay o lesbiana en el evento.
En varios países del este de Europa, algunos actos están totalmente prohibidos, lo que constituye una violación del derecho internacional. Las autoridades no cumplen con sus obligaciones, aduciendo problemas de seguridad o violación de lo que consideran valores espirituales o morales.
Amnistía Internacionales hace campaña en favor del derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero a no sufrir agresiones físicas, insultos ni amenazas, a reunirse y organizar actos libremente y a recibir la debida protección de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
A finales de este mes y por segundo año consecutivo, activistas de Amnistía Internacional de más de 20 países participarán en la marcha del Orgullo Gay de Riga en señal de apoyo y solidaridad internacional. La marcha demostrará hasta qué punto está extendido el respeto de la igualdad.
"Sin importarles los obstáculos que encuentran en su camino, las personas que luchan por los derechos de lesbianas y gays están reivindicando sus derechos humanos -ha manifestado Nicola Duckworth-. Los gobiernos tienen que cumplir con sus obligaciones."

Para más información sobre la marcha del Orgullo Gay de Riga de 2008, véase
http://www.facebook.com/group.php?gid=13480432185

Información complementaria
En 2005 se prohibió inicialmente en Riga la marcha del Orgullo Gay. Al final se celebró, pero sin la debida protección policial. En 2006 volvió a prohibirse, y las autoridades tampoco ofrecieron protección policial adecuada a las personas asistentes a un acto que se celebró en un lugar cerrado.
El año pasado, más de 400 personas, entre las que había activistas de Amnistía Internacional de toda Europa, celebraron una marcha en un parque cerrado del centro de Riga.
Por tercer año consecutivo, las autoridades municipales de Moscú han negado a los activistas de los derechos de gays y lesbianas el permiso para celebrar una marcha en mayo de este año. Hay pendientes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recursos de apelación contra las prohibiciones anteriores.
En Croacia, algunos grupos celebrarán actos del Orgullo Gay en Zagreb a finales de junio. En 2006 y 2007, aunque había casi dos veces más agentes de policía que manifestantes, no fue posible protegerlos de las agresiones dirigidas contra ellos durante las marchas y después de ellas.

En 2007, el alcalde de Vilna denegó el permiso necesario para la escala que tenía previsto hacer en la capital lituana una gira en camión en contra de la discriminación, patrocinada por la Unión Europea en el marco de la campaña de información "Por la Diversidad. Contra la Discriminación". Asimismo, el gobierno municipal votó por unanimidad prohibir una contracción organizada en el contexto de una campaña por la tolerancia en apoyo de los derechos humanos de varios grupos, incluidos las lesbianas y los gays. La Comisión Europea criticó las prohibiciones.
Los tribunales polacos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han determinado que la prohibición de los actos del Orgullo Gay en las ciudades polacas son ilegales. En la marcha de Varsovia de 2007 se alcanzó la cifra récord de 5.000 simpatizantes y hubo pocas protestas, y en Cracovia se celebró una marcha más pequeña sin incidentes de importancia.

Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Moldavia y Servia figuran entre los 54 Estados que, en 2006, firmaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una declaración en la que se expresaba profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y se reconocía que los principios de universalidad y ausencia de discriminación obligaban a abordar esta cuestión.

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Colombia: La extradición de los paramilitares no debe suponer el cierre de las investigaciones

Wed, 14 May 2008 13:53:45 +0100

La decisión del gobierno colombiano de extraditar a 14 jefes paramilitares reclamados por Estados Unidos por cargos de narcotráfico no debe utilizarse como excusa para poner fin a las investigaciones sobre el papel desempeñado por los paramilitares en las violaciones de derechos humanos cometidas, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad colombianas o con su conformidad, contra miles de personas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 13 de mayo.

Al tomar la decisión de extraditarlos, el gobierno alega que estos jefes paramilitares no han dicho toda la verdad sobre las violaciones de derechos humanos que han cometido, han seguido delinquiendo en prisión y han incumplido los compromisos formulados como parte del proceso de desmovilización en lo que se refiere a la reparación a sus víctimas.

"El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares -por el cual supuestamente se han desmovilizado más de 31.000 de sus miembros- y el marco jurídico que lo ha acompañado han sido una auténtica farsa que, de la manera más lamentable, ni ha desmantelado el paramilitarismo en Colombia ni ha respetado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El gobierno colombiano parece ahora compartir esta opinión, que durante tanto tiempo ha negado", ha manifestado Amnistía Internacional.

La organización ha declarado que, al extraditar a estos hombres por cargos de narcotráfico sin hacer referencia alguna a las violaciones de derechos humanos, existe el peligro real de que las inciertas investigaciones que se están llevando a cabo en Colombia, especialmente por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia, se vean seriamente debilitadas.

"Existe un peligro real de que el alcance completo de las violaciones de derechos humanos cometidas durante años por los paramilitares, así como el papel fundamental desempeñado en estos crímenes por las fuerzas de seguridad, funcionarios del Estado y destacadas figuras políticas y empresariales, permanezcan ocultos y, con ello, totalmente impunes", ha manifestado Amnistía Internacional.

La organización siente asimismo preocupación por la posibilidad de que ahora las denuncias sobre el apoyo de agencias estadounidenses a grupos paramilitares no se investiguen a fondo. Estados Unidos no sólo ha prestado ayuda militar a unidades del ejército colombiano que colaboran estrechamente con los paramilitares, sino que en la década de 1990 surgieron indicios de que la estructura paramilitar de "Los Pepes" -creada para atrapar al narcotrafricante Pablo Escobar- posiblemente actuaba con el apoyo de agencias de seguridad estadounidenses. Al parecer, "Don Berna" mantenía estrechos vínculos con "Los Pepes", estructura que evolucionó para convertirse en el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

"Pese a las extradiciones, y para que las innumerables víctimas reciban un asomo de justicia, deben continuar las investigaciones criminales en Colombia sobre las atrocidades en materia de derechos humanos cometidas por estos paramilitares, y sobre los vínculos de estos grupos con las fuerzas de seguridad y con otras entidades", ha manifestado Amnistía Internacional.

"Las autoridades estadounidenses, por su parte, tienen también el deber de investigar de manera efectiva y, si hay pruebas admisibles suficientes, enjuiciar las innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos ya presentadas contra los 14 jefes paramilitares extraditados, y deben investigar cualquier vínculo posible entre estos hombres y funcionarios colombianos o estadounidenses."

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades colombianas a que pidan a las autoridades estadounidenses, y a que éstas les confirmen, garantías de que no se impondrá la pena de muerte.

Información complementaria
El gobierno colombiano ha anunciado hoy la extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares -entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias "Jorge 40") y Diego Fernando Murillo (alias "Don Berna")-, tras alegar que habían incumplido los compromisos del acuerdo de desmovilización.

En los últimos decenios, los paramilitares, en coordinación con las fuerzas de seguridad y con el apoyo político y económico de muchas élites políticas y económicas locales y regionales, e incluso algunas nacionales, han sido responsables de algunas de las peores atrocidades imaginables, como el homicidio y la desaparición forzada de miles de civiles y el desplazamiento forzado de millones más.

Los 14 jefes, junto con centenares de paramilitares más, se encontraban detenidos en Colombia en espera de ser juzgados en virtud del controvertido proceso de Justicia y Paz, por el cual los paramilitares que accedieran a desmovilizarse podrían beneficiarse de importantes reducciones de sus penas de prisión a cambio de ofrecer confesiones completas sobre las violaciones de derechos humanos que hayan cometido, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

FIN/
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Líbano: Los dirigentes deben impedir los abusos contra los derechos humanos

Wed, 14 May 2008 14:02:17 +0100

Todos los dirigentes políticos de Líbano deben dar a sus seguidores instrucciones claras de que deben respetar de manera absoluta los derechos humanos y de que deben abstenerse de perpetrar ataques imprudentes contra zonas densamente pobladas, ya que pondrían en peligro a civiles que no participan en enfrentamientos. según ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 13 de mayo.

"Asimismo, deben garantizar que todas las personas bajo su custodia reciben un trato humano, y que no se somete a nadie a tortura o malos tratos."

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades libanesas que garanticen que se llevan a cabo investigaciones adecuadas sobre los homicidios y cualquier otro abuso perpetrados contra quienes no participan en los enfrentamientos armados que estallaron la semana pasada entre miembros de grupos armados a favor y en contra del gobierno.

"Los dirigentes políticos deben garantizar que todo miembro de sus fuerzas que sea sospechoso de haber cometido abusos contra los derechos humanos es entregado a las autoridades judiciales pertinentes para ser investigado y procesado de plena conformidad con las normas internacionales de derechos humanos", ha manifestado Amnistía Internacional.

La organización ha instado a los representantes de los Estados árabes que, según se espera, mantendrán el miércoles una reunión sobre la situación en Beirut a presionar a todas las partes implicadas para que pongan fin a todos los abusos contra los derechos humanos y garanticen que la población civil queda al margen de los enfrentamientos.

Información complementaria

Según cifras oficiales, al menos 62 personas han muerto y 198 han resultado heridas en los enfrentamientos que estallaron el miércoles 7 de mayo en la capital, Beirut, y gradualmente se fueron extendiendo a otras zonas del país. Los combates comenzaron cuando miembros de grupos de oposición encabezados por Hezbolá se enfrentaron a fuerzas progubernamentales en Beirut después de que el gobierno decidiera cerrar la red de telecomunicaciones del grupo y destituir al jefe de seguridad del aeropuerto de Beirut, considerado simpatizante de Hezbolá.

El viernes 9 de mayo, mientras intentaban huir de la zona de Ras al Naba'a, en Beirut, una mujer de 60 años y su hijo de 33 murieron al ser alcanzado su auto por una granada de propulsión seguida de una ráfaga de disparos efectuada por hombres armados. Ese mismo día, otros dos hijos de esa misma mujer resultaron heridos de gravedad cuando un grupo de hombres armados les disparó por la espalda en la zona de Al Nwairi, en Beirut, cuando se dirigían a averiguar qué había sido de su madre y su hermano.

Según la información publicada en la prensa, dos civiles murieron el 10 de mayo en Tariq al Jdide, Beirut, durante la marcha fúnebre por un partidario del gobierno que había resultado muerto.

El domingo 11 de mayo, Hezbolá declaró que tres de sus miembros habían sido secuestrados en Aley, a las afueras de Beirut, por miembros del progubernamental Partido Socialista Progresista, y que se habían encontrado los cadáveres de dos de ellos. El dirigente del Partido Socialista Progresista, Walid Jumblatt, reconoció que tres hombres de Hezbolá habían muerto y dijo que asumiría la responsabilidad si se descubría que eran ciertos los informes que indicaban que los hombres habían sido torturados antes de morir.

Nepal: Suprimir el legado de la guerra. Prioridades para una protección efectiva de los derechos humanos

Mon, 12 May 2008 15:05:03 +0100

Conforme los miembros de la nueva Asamblea Constituyente se preparan para ocupar sus escaños después de las elecciones celebradas el 10 de abril y ante la inminente formación de un gobierno de coalición en las próximas semanas, Amnistía Internacional pide a los miembros de la Asamblea Constituyente que cumplan sus promesas electorales de construir un "nuevo Nepal" y aprovechen esta oportunidad histórica para situar la protección de los derechos humanos en el centro de su trabajo.

El gran movimiento popular (Jana Andolan) de abril de 2006 creó grandes expectativas de un renovado respeto por los derechos humanos en Nepal. Sin embargo, en un clima de impunidad persistente, estas expectativas aún no se han cumplido.

Aunque Amnistía Internacional reconoce los enormes retos sociales y económicos a los que se enfrentan la nueva Asamblea Constituyente y el futuro de gobierno de coalición, cree que ahora es el momento de comprometerse firmemente con la protección efectiva de los derechos humanos para todos los ciudadanos y ciudadanas en Nepal.

Basándose en los resultados de una amplia visita realizada en febrero y marzo de 2008, Amnistía Internacional ha establecido una serie de prioridades clave para la acción del futuro gobierno y la próxima Asamblea Constituyente, entre ellas la rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado, una reforma del sector de la seguridad basada en los derechos humanos, la protección e inclusión de las minorías y la adopción de medidas urgentes para poner fin a la violencia contra las mujeres.

1. Renovación del compromiso con los derechos humanos

La celebración con éxito de elecciones a la Asamblea Constituyente es un hito histórico para Nepal. La Asamblea ha recibido el encargo de redactar una nueva Constitución y tiene la oportunidad de garantizar que el proceso de cambio constitucional en Nepal sea inclusivo, participativo y dirigido a la realización de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país.

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Constituyente y al nuevo gobierno a que garanticen:
• que durante el proceso de redacción de la Constitución se consulta de forma adecuada a las mujeres y a los grupos marginados de la sociedad;
• que la Constitución vela por que los principios de derechos humanos se apliquen en la legislación, en las políticas adoptadas y en la práctica, mediante la formación del personal funcionario, el establecimiento de mecanismos de vigilancia de los derechos humanos y la cooperación con los órganos internacionales de vigilancia de los derechos humanos, entre otras medidas.

2. Rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado

Amnistía Internacional pide a los miembros de la Asamblea Constituyente que creen un Plan de Acción nacional e integral para la rendición de cuentas, con el fin de garantizar que la verdad sale a la luz, que se hace justicia y que todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante los largos años de conflicto armado y con posterioridad reciben reparación.

El actual anteproyecto de ley para establecer una Comisión de la Verdad y la Reconciliación no debe enviarse al Parlamento hasta que se garantice su total conformidad con las obligaciones contraídas por Nepal en virtud del derecho internacional. Amnistía Internacional ve con gran preocupación las iniciativas para conceder amnistías a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, que amenazan con reforzar la impunidad y socavar los derechos de las víctimas. El derecho internacional prohíbe claramente la concesión de amnistías por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

La Asamblea Constituyente tiene la oportunidad de ampliar las consultas a escala nacional sobre el establecimiento, mandato y atribuciones de la futura Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La nueva Asamblea Constituyente debe escuchar a los grupos de víctimas que han identificado como su necesidad básica la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Persiste el riesgo de que, en ausencia de una amplia consulta a nivel nacional, se elija a los miembros de la Comisión de Verdad y se defina su trabajo sin la transparencia y la independencia necesarias para garantizar un proceso independiente.

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Internacional y al nuevo gobierno a que
• garanticen que se revisa la legislación nacional y se modifica de modo que las autoridades nacionales puedan iniciar investigaciones y procesamientos, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, por delitos contra el derecho internacional, entre ellos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas;
• garanticen reparación plena, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a todas las víctimas de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales;
• garanticen que la ley y el reglamento conexo para el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no se adoptarán sin que haya una proceso integral de consulta con todas las partes afectadas, entre las que deberán figurar las organizaciones de la sociedad civil, tanto nepalesa como internacional; las víctimas; los defensores y defensoras de los derechos humanos; las minorías y grupos vulnerables, y otros sectores. Las partes consultadas deben poder sugerir nombres y llevar a cabo una evaluación minuciosa de la cualificación y experiencia de cada candidato que se proponga;
• garanticen que la legislación por la que se establezca la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no incluye la concesión de amnistías a los responsables de delitos contra el derecho internacional, que les permitan eludir la acción de la justicia;
• ratifiquen sin demora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

2. Fuerzas de seguridad y derechos humanos

Con el fin de abordar el legado del conflicto armado de Nepal y las causas de los abusos sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos, la Asamblea Constituyente debe llevar a cabo una reforma integral de las fuerzas de seguridad nepalíes.

La reforma debe permitir a las autoridades civiles ejercer un control firme sobre todas las fuerzas de seguridad. Es necesario debatir cuidadosamente el futuro de los combatientes de los dos bandos que se enfrentaron en el conflicto interno. Actualmente en Nepal hay dos fuerzas armadas: el Ejército de Nepal y el maoísta Ejército Popular de Liberación. Dado que tanto el uno como el otro cometieron abusos contra los derechos humanos durante el conflicto armado, urge que un órgano civil supervise la rendición de cuentas de estas instituciones.

A principios de 2001, el Estado creó la Policía Armada, como una fuerza contra la insurgencia. Por ello, sus miembros no están formados adecuadamente para las labores policiales civiles y es necesario revisar cuidadosamente su función. En febrero de 2008, en el Terai, las fuerzas de seguridad, en especial la Policía Armada, respondieron a las manifestaciones de opositores al gobierno utilizando fuerza excesiva. Varios delegados de Amnistía Internacional se reunieron en Nepalgunj con grupos de víctimas que relataron sus experiencias como testigos de la actuación policial en una manifestación celebrada el 17 de febrero de 2008, en la que murió al menos una persona y más de 27 resultaron heridas cuando la policía disparó contra la multitud utilizando balas de metal.

Entre las fuerzas maoístas se encuentra la Liga de Juventudes Comunistas, que actúa como un sistema de justicia paralelo y que, según informes recibidos, intimida a los miembros de la oposición y persigue a los periodistas que se muestran críticos con ella.

A lo largo de 2007 cada vez fue más patente el fracaso de las instituciones del Estado, incluida la policía, a la hora de proteger las vidas y la seguridad de las personas. Los nuevos miembros de la Asamblea Constituyente deben considerar prioritario el refuerzo del servicio de policía nepalí, en las áreas de contratación, selección y formación.

Las comunidades marginadas han demandado una mejor representación en el seno de la policía. Un acuerdo firmado entre los grupos madhesi y el gobierno en agosto de 2007 estableció el principio de que la policía debe ser representativa de la comunidad a la que sirve en términos de raza o grupo étnico, sexo, lengua y religión, entre otros criterios básicos. Las minorías deben estar representadas adecuadamente y sus miembros deben poder desarrollar su carrera profesional con arreglo a la ley y sin discriminación. Según la organización Saferworld, en el momento de la firma del Acuerdo General de Paz en noviembre de 2006, la policía nepalí contaba con aproximadamente 50.000 agentes; de ellos, sólo el 0,2 por ciento pertenecían a la comunidad dalit o a otros grupos étnicos o castas con escasa representación.

El redespliegue de la policía nacional tras el conflicto interno no ha restaurado la confianza de la opinión pública en la seguridad, ya que la policía sigue careciendo de medios de transporte, sistemas de comunicaciones, armas, oficinas y dependencias adecuados. El vacío de seguridad que se ha producido en el Terai a consecuencia de las deficiencias de que adolecen las fuerzas de seguridad pública ha permitido a los grupos armados cometer abusos contra los derechos humanos con impunidad. Según informes, en el Terai se ha detectado la presencia de más de una decena de grupos armados, entre ellos el Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM) liderado por Jaya Krishna Goit (JTMM-G) y la facción Jwala Singh (JTMM-J). Activistas de derechos humanos informaron a los delegados de Amnistía Internacional que visitaron la región en febrero que la interferencia política en la excarcelación de detenidos, particularmente miembros de grupos armados criminales, es la norma y que en muchas zonas del Terai, los jefes locales de la policía no emprenden acciones contra personas sospechosas de participar en actividades de grupos armados sin la aprobación de los Comités de la Alianza de Siete Partidos.

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Constituyente y al nuevo gobierno a:
• Garantizar que las fuerzas armadas, la policía y el resto de las fuerzas de seguridad rinden cuentas ante las autoridades civiles.
• Establecer una autoridad independiente encargada de las denuncias como una medida para garantizar la rendición de cuentas pública de la policía. Ese organismo debe poder funcionar a nivel local y tener autoridad para llevar a cabo evaluaciones continuas de las medidas de la propia policía para garantizar la observancia de la normativa nacional e internacional relativa al uso de la fuerza; prevenir la tortura y la corrupción; registrar denuncias; investigar incidentes a inactiva propia y realizar investigaciones sobre asuntos relacionados con al actuación policial. Asimismo, debe garantizar que los miembros de la policía, tanto los actuales como los que se incorporen en el futuro, son sometidos a un riguroso examen con el fin de asegurarse de que respetan plenamente el reglamento policial y las normas de derechos humanos.
• Garantizar que las nuevas contrataciones que se efectúen dentro de las fuerzas de seguridad, incluidas las de ex miembros de la Liga de Juventudes Comunistas, incorporan formación amplia sobre las normas internacionales de derechos humanos y su aplicación en el trabajo policial.
• Garantizar que la Policía de Nepal y la Policía Armada son representativas de la comunidad; que las condiciones de trabajo no son discriminatorias y que el desarrollo profesional y otras oportunidades laborales se basan en los méritos.
• Garantizar que la policía sólo hace uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la menor medida posible dadas las circunstancias.
• Garantizar que se llevan a cabo investigaciones independientes sobre la respuesta policial y el uso de fuerza excesiva en el contexto del movimiento popular de la comunidad madhesi y que se procesa a los agentes sospechosos de haber utilizado fuerza excesiva contra los manifestantes.

3. Necesidad de protección e inclusión de los grupos marginados

La discriminación tradicional por motivos de casta, sexo y origen étnico ha resultado ser uno de los problemas más graves que afectan al proceso de paz. El Acuerdo General de Paz firmado en noviembre de 2006 compromete a todas las partes a respetar un amplio espectro de derechos civiles, políticos y económicos, incluido el fin de la discriminación. Este compromiso dio lugar a una serie de movimientos populares basados en la identidad que exigían una mayor integración en las estructuras del Estado, especialmente en el Terai, al sur de Nepal. El movimiento popular madhesi de enero y febrero de 2007 fue quizás el que evidenció con mayor fuerza los motivos de preocupación persistentes en relación con la exclusión política y social, pero en otros lugares también se han registrado demandas similares de una mayor representación en las instituciones del Estado, como las protagonizadas por los thari (sobre todo en el oeste del Terai) y los limbos (en el este del Terai).

Nepal ha contraído obligaciones en virtud del derecho internacional en relación con la no discriminación. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su segundo informe al Consejo de Derechos Humanos de enero de 2007 destacaba el derecho de las personas a participar en la gestión de los asuntos públicos directamente o a través de representantes elegidos por ellas.

Un activista de derechos humanos dijo a la delegación de Amnistía Internacional que "el Acuerdo General de Paz, la Constitución Provisional y el acuerdo de 22 puntos con el Foro Madhesi Janadhikar han garantizado la adopción de medidas compensatorias proactivas para asegurar la representación proporcional de varias comunidades marginadas, incluidos los madhesi, en todos los niveles de los tres poderes estatales: ejecutivo, legislativo y judicial". Sin embargo, varias personas entrevistadas se quejaban del abismo existente entre esta promesa y la realidad, y señalaban la incapacidad de los principales actores políticos para incorporar a los grupos marginados al proceso de paz como una de las causas que alimentaban el conflicto.

El asunto de la participación y la representación política fue el motivo de una huelga indefinida convocada por el Frente Unido Democrático Madeshi en el Terai, el 13 de febrero de 2008. La huelga cerró oficinas del gobierno, afectó al funcionamiento de los servicios públicos y llevó a la imposición del toque de queda en algunos distritos. En los enfrentamientos entre manifestantes madeshi y las fuerzas de seguridad murieron al menos cinco personas. Organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales han expresado preocupación por el uso de fuerza excesiva por parte de la policía durante su actuación en las manifestaciones registradas en el Terai.

La Ley de Ciudadanía aprobada en 2006 permitió a más de dos millones de personas obtener certificados de ciudadanía, muchas de ellas en el Terai. Esta medida fue muy positiva, pero es necesario adoptar medidas a largo plazo para abordar los actuales motivos de preocupación en relación con las disposiciones que discriminan a las mujeres y a algunas comunidades madhesi, dalit y musulmanas cuyos miembros no obtuvieron estos certificados.

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Constituyente y al nuevo gobierno a:
• Crear normas habilitadoras para garantizar que no se promueve la discriminación por motivos de raza, orientación sexual u origen étnico y para mejorar la efectividad de las leyes para eliminar esa discriminación.
• Garantizar el derecho de los grupos marginados tradicionalmente a participar en los mecanismos del Estado.
• Estudiar con carácter de urgencia legislación para resolver la cuestión de los derechos de las personas que no han obtenido la ciudadanía.

4. Violencia contra las mujeres: un escándalo de derechos humanos
La violencia contra las mujeres es un problema grave en Nepal. Numerosas mujeres y niñas tienen miedo a denunciar las violaciones y otras formas de violencia de que son víctimas, no sólo por la estigmatización y la hostilidad que sufrirían en su propia comunidad si lo hicieran, sino también por la inacción del Estado a la hora de garantizar la investigación, procesamiento y castigo de los autores a través del sistema judicial.

Las defensoras de los derechos humanos de las mujeres corren un riesgo especial cuando defienden el derecho a la vida y a no ser objeto de violencia sexual ni de otro tipo. Varias defensoras de los derechos humanos de las mujeres manifestaron a los delegados de Amnistía Internacional que, debido a la falta de seguridad en el Terai, las mujeres corren un riesgo extremo de sufrir violencia de género. Entre los abusos denunciados se encuentran la violación a manos de miembros de grupos armados; violencia en la familia, incluidas palizas a manos de la pareja; violación; muerte a causa de la dote, y otras prácticas culturales violentas y discriminatorias contra las mujeres.

La Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer establece explícitamente el deber del Estado de proteger a las mujeres de la violencia. Los Estados "deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer" (artículo 4). Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación no sólo de garantizar que sus agentes y funcionarios no cometen violencia contra las mujeres, sino también de protegerlas de la violencia cometida por personas y organismos privados, incluidos los miembros de sus familias y comunidades.

Amnistía Internacional insta a la nueva Asamblea Constituyente y al nuevo gobierno a:

• Reconocer y proteger los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a no sufrir discriminación y todos los derechos que protegen a las mujeres de la violencia de género;
• Implementar todos los tratados, declaraciones, resoluciones y recomendaciones regionales e internacionales dirigidos a condenar, prohibir y prevenir todos los actos de violencia contra las mujeres;
• Garantizar que el personal encargado de hacer cumplir la ley y demás funcionarios del Estado son informados de que la violación de mujeres bajo su custodia constituye un acto de tortura y no debe ser tolerada en ninguna circunstancia;
• Fomentar y apoyar el establecimiento de casas refugio y otras dependencias para mujeres supervivientes de violencia, en consultas con organizaciones de derechos de las mujeres.

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Myanmar: Ayuda a los damnificados por el ciclón. Los gobiernos asiáticos deben actuar rápidamente

Tue, 13 May 2008 14:38:59 +0100

(Hong Kong) Los dirigentes de Amnistía Internacional en la región de Asia y Oceanía, reunidos en Hong Kong, han pedido a sus gobiernos que utilicen todos los medios posibles para presionar a las autoridades de Myanmar a fin de que se centren en la ayuda a los damnificados por la catástrofe y faciliten la ayuda internacional para proteger los derechos a la vida, la alimentación y la salud de sus ciudadanos.

“Nuestros gobiernos, de los países de la ASEAN, Japón, India, Corea del Sur y China, están en la mejor posición para influir sobre las autoridades de Myanmar a fin de que levanten los bloqueos y permitan que la ayuda, los especialistas y los materiales lleguen a los millones de personas que ahora lo necesitan. El tiempo es fundamental para salvar vidas”, ha dicho Mika Kamae, presidente del Foro de Directores y Directores de Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Hace más de una semana que el ciclón Nargis devastó el delta del Irrawady, matando a su paso a decenas de miles de personas y dejando a más de un millón sin hogar, alimentos básicos, refugio ni atención sanitaria. Un llamamiento de urgencia de las Naciones Unidas ha recaudado millones en donaciones de gobiernos y muchas agencias de ayuda están reunidas en espera en Tailandia. Sin embargo, el gobierno de Myanmar sigue impidiendo que llegue esta ayuda salvadora de vidas. Aún debe emitir suficientes visados para las tres agencias internacionales a las que se ha acercado en busca de ayuda (World Vision, JICA y UNICEF).

Amnistía Internacional cree que con el bloqueo deliberado de una ayuda que sirve para mantener a los damnificados con vida, el gobierno de Myanmar puede estar violando el derecho de sus ciudadanos a la vida, la alimentación y la salud.

“Las autoridades myanmaras deben dar total prioridad a la movilización de sus propios recursos para responder al desastre. Sin embargo, ayer el gobierno tenía asignada una cantidad considerable de recursos a la realización del referéndum constitucional, incluso en zonas próximas a las devastadas. Quienes están en el poder no pueden enviar un mensaje más claro a los desposeídos acerca de cuáles son sus prioridades”, ha dicho Milabel Cristobal, director de AI Hong Kong.

Los niños son los más vulnerables a las secuelas de los desastres naturales. Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, las autoridades de Myanmar también tienen la obligación legal de respetar y defender sus derechos a la vida, la alimentación y la salud “hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. Facilitar que llegue con rapidez la ayuda procedente de la región también es necesario para cumplir el Acuerdo sobre Gestión de Desastres y Respuesta de Emergencia (2005) de la ASEAN, ratificado por Myanmar.

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Myanmar: El referéndum sobre la Constitución no respeta los derechos humanos

Tue, 13 May 2008 11:29:40 +0100

A pesar de las devastadoras consecuencias del ciclón Nargis, que ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a casi un millón más, el gobierno de Myanmar ha anunciado que seguirá adelante con sus planes de celebración de un referéndum nacional sobre una nueva Constitución el 10 de mayo. Aunque centenares de miles de sus ciudadanos luchan por conseguir refugio, alimentos y atención médica básicos, el gobierno ha dado prioridad a la aprobación de la nueva Constitución, documento que Amnistía Internacional ve como un esfuerzo por menoscabar los derechos humanos y afianzar el poder militar y la impunidad. El gobierno ha anunciado que ha aplazado las elecciones al 24 de mayo en las zonas más afectadas por la tormenta, incluida Yangón (Rangún), antigua capital y la ciudad más populosa del país.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Myanmar que coopere con la comunidad internacional en el envío de socorro inmediato a las poblaciones más necesitadas si atender a consideraciones políticas. En este contexto, la organización insta a la comunidad internacional, particularmente a los Estados vecinos de Myanmar, a que presten atención a la necesidad de ayudar a la atribulada población del país y entiendan que el proceso de referéndum constitucional es otro signo más de la falta de interés del gobierno por el bienestar de su ciudadanía.
Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a no aprobar en absoluto el proyecto de Constitución, que no se atiene a las normas internacionales de derechos humanos y debe ser, por tanto, modificado radicalmente o sustituido, en un proceso transparente, verdaderamente integral y libre de intimidaciones, por otro que proteja plenamente los derechos humanos. Hasta que no se tome esta medida, el proyecto de Constitución y el proceso que lo acompaña sólo servirán para perpetuar las violaciones de derechos humanos, por lo que no deben ser reconocidos por la comunidad internacional como un avance.

El gobierno de Myanmar anunció en febrero de 2008 que había terminado de elaborar un proyecto de Constitución e iba a celebrar un referéndum el 10 de mayo de 2008 para su aprobación. Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación que, en vez de emprenderse para intentar establecer en Myanmar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, este proceso constitucional tenga por objeto perpetuar y legitimar los continuos abusos del gobierno contra los derechos humanos y garantizar la impunidad de las violaciones pasadas y futuras de derechos humanos. A la organización le preocupa además que, a pesar de las manifiestas deficiencias del proyecto de Constitución y de su proceso de elaboración, en varias ocasiones se haya calificado de positivo y significativo tanto en ámbitos regionales como en el de la comunidad internacional en general.
Amnistía Internacional ve con preocupación que tanto el contenido sustantivo del proyecto de Constitución como los aspectos de procedimiento adolecen de graves deficiencias, por lo que no cumplen las normas internacionales de derechos humanos y no deben aceptarse.

Para Amnistía Internacional es motivo de honda preocupación que el proyecto de Constitución contenga disposiciones totalmente inadecuadas para la protección de muchos derechos humanos o que carezca por completo de ellas, así como que tenga también muchas disposiciones que podrían facilitar la impunidad de las violaciones de derechos humanos. La organización no tiene ninguna opinión sobre los sistemas y estructuras políticos, pero, dado que el ejército (o tatmadaw) es responsable desde hace décadas de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, considera motivo de especial preocupación las atribuciones concedidas al ejército en el proyecto de Constitución, atribuciones que pueden prolongar la impunidad de las violaciones de derechos humanos.

A continuación se enumeran parcialmente los elementos del proyecto de Constitución que son motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional porque menoscaban las normas internacionales de derechos humanos y hacen posible la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos. Son los siguientes:
* El proyecto de Constitución no respeta ni protege derechos humanos clave. No hay disposiciones en él que garanticen que no se sufrirá tortura ni otros malos tratos, ni tampoco garantías esenciales de juicio justo; por ejemplo, no hay disposiciones relativas al derecho de las personas detenidas a ser informadas con prontitud de la naturaleza y la causa de las acusaciones formuladas contra ellas y a ser sometidas a un juicio justo y público, y su derecho a comparecer ante un tribunal en el plazo de 24 horas no se aplica en caso de “medidas preventivas” tomadas por razones de seguridad o similares. Otras disposiciones, como las relativas a la libertad de expresión, asociación y reunión, están restringidas por imprecisas condiciones acerca de la “paz y tranquilidad de la comunidad” (capítulo VIII). Algunas disposiciones son discriminatorias, como las que prohíben votar a los miembros de órdenes religiosas y a las personas “indigentes” (capítulo IX).
* Se conceden al ejército atribuciones para suspender todos los “derechos fundamentales” si es necesario en una situación de emergencia. La facultad del Tribunal Supremo para dictar mandatos, incluidas órdenes de hábeas corpus, también se suspende en épocas de emergencia (capítulo VI). El presidente puede declarar un estado de excepción en el que el comandante en jefe del ejército, asistido por el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (6 de cuyos 11 miembros son militares; capítulo V), asume los “poderes legislativo, ejecutivo y judicial” (capítulo XI). Estos poderes de excepción son prorrogables al menos un año.
* El 25 por ciento de los miembros de las dos Cámaras del Parlamento nacional y la tercera parte de los miembros de las asambleas estatales y regionales serán militares, designados por el comandante en jefe del ejército (capítulo IV).
* Uno de los tres candidatos a presidente, que elegirá el Parlamento, será militar, y este candidato será como mínimo uno de los dos vicepresidentes (capítulo III).
* En los gobiernos nacional, estatales y regionales, los ministros de “defensa, seguridad y asuntos internos, y asuntos de fronteras” serán militares. También podrá nombrase a militares para otros ministerios (capítulo V).
* El Parlamento no tiene comisión permanente de seguridad ni de defensa. Si es necesario se formará una comisión especial por un periodo limitado y que estará compuesta sólo de militares, incluyéndose en ella a civiles únicamente “si es necesario” (capítulo IV).
* El ejército tendrá su propia administración, independiente de los demás órganos del Estado (capítulo VII). El Tribunal Supremo no tendrá atribuciones sobre los tribunales militares (capítulo VI), y las decisiones finales sobre cuestiones de justicia militar las tomará el comandante en jefe del ejército (capítulo VII).
* El presidente no rendirá cuentas ante ningún tribunal ni ante el Parlamento en el ejercicio de sus funciones (capítulo V).
* No se entablarán acciones judiciales contra “quienes cumplieron oficialmente con su deber de acuerdo con sus responsabilidades” durante el periodo de los gobiernos militares (capítulo XIV).
El proyecto de Constitución es fruto de un proceso deficiente de elaboración, que ha durado nada menos que 16 años y que ha acusado las severas restricciones de los derechos humanos que la población de Myanmar sufre desde hace decenios. Las consultas previas a la elaboración del proyecto estuvieron limitadas a los partidos y grupos que apoyaban al gobierno, y fueron en gran medida simbólicas, ya que el actual proyecto es esencialmente idéntico a los presentados a mediados de la década de 1990. Los partidos de la oposición, entre ellos la Liga Nacional para la Democracia, dirigida por Daw Aung San Suu Kyi, y los partidos que representan a las minorías étnicas, se vieron marginados en la práctica durante el proceso de elaboración del proyecto. En 1996, el gobierno aprobó la Ley 5/96, que permitía imponer hasta 20 años de prisión si se consideraba que el acto cometido “menoscaba, menosprecia o lleva a malinterpretar las funciones de la Convención Nacional” establecida para redactar la Constitución. Muchos de los alrededor de 1.850 presos políticos que hay actualmente en Myanmar fueron condenados en aplicación de esa ley. El anuncio, el 9 de febrero de 2008, de que pronto se terminaría de redactar la Constitución (lo que ocurrió 10 días después) y se sometería a votación se consideró en general como una respuesta a la preocupación internacional por la violencia con que el gobierno había reprimido en septiembre de 2007 las mayores manifestaciones políticas pacíficas celebradas en casi dos decenios.
Desde entonces, el gobierno de Myanmar ha restringido constantemente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión a fin de garantizar la aprobación del proyecto de Constitución. El 26 de febrero proclamó la Ley de Referéndum para la Aprobación del Proyecto de Constitución de la República de la Unión de Myanmar, de 2008, que prevé penas de hasta tres años de cárcel, cuantiosas multas o ambas formas de sanción para quienes sean descubiertos “dando charlas, distribuyendo documentos, utilizando carteles o perturbando la votación de cualquier otra manera en los colegios electorales o cerca de ellos o en lugares públicos o privados para arruinar el referéndum” (artículo 25). Esta ley se ha utilizado para detener o amenazar con detener a muchos activistas que hacían campaña pacíficamente en favor del “no”, por medios como llevar puestas camisetas donde se leía “no”. A finales de abril se detuvo a más de 70 personas por intentar celebrar una manifestación pacífica para pedir el “no”.
La Ley de Referéndum podría haber servido de base también a otras formas de hostigamiento o intimidación. Se han recibido informes según los cuales los miembros de la Liga Nacional para la Democracia y otros activistas han sido sometidos a hostigamiento por las autoridades, así como por los grupos respaldados por el gobierno Asociación por la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (dirigida por un general del ejército) y Swan-Ar-Shin (“Poder Popular”), que en algunos casos los han agredido físicamente. También se ha amenazado a funcionarios públicos con despedirlos si votaban “no”, o a estudiantes con impedirles ingresar en un centro de enseñanza, suspenderlos o expulsarlos; a granjeros con confiscarles sus tierras, y a empresarios con cerrarles el negocio. Algunos funcionarios públicos han sido obligados a firmar un documento por el que se comprometen a votar “sí”. Según los informes, en las zonas étnicas se ha amenazado con “consecuencias” a los jefes de los pueblos si en sus distritos electorales gana el “no”.

La Ley de Imprentas y Editoriales, de 1962, que prohíbe la publicación y distribución de material impreso sin licencia y sin el consentimiento de la junta de censura, también ha sido utilizada por el gobierno para silenciar las voces disidentes, mientras que la censura ya existente se intensificó aún más el 4 de abril. Se han asaltado oficinas de activistas de la Liga Nacional para la Democracia y otros grupos y se les ha confiscado el material impreso, y a los medios de comunicación se les ha prohibido emitir y publicar información de los partidarios del “no” o sobre ellos. En cambio, el 11 de abril el gobierno emprendió una campaña concertada y financiada con fondos públicos en favor del “sí”, a la vez que continuaba con sus prácticas discriminatorias contra las minorías étnicas del país publicando el proyecto de Constitución sólo en la lengua de la mayoría, el birmano.

A finales de abril comenzó la votación por adelantado en Myanmar y en el extranjero, que se ha caracterizado por los actos de hostigamiento. Una funcionaria pública del municipio de Salin del departamento de Magwe ha contado a grupos de derechos humanos que cuando fue a votar por adelantado, como le habían dicho, le explicaron que ya se había votado “sí” en su nombre y en el de sus familiares. El 30 de abril, unos 700 empleados del Ministerio de Energía Eléctrica de Yangón tuvieron que votar vigilados por las autoridades. En la embajada de Myanmar en Singapur, el 26 de abril se negó la entrada a unos ciudadanos de Myanmar que habían ido a depositar sus papeletas y vestían camisetas con el “no”.
El gobierno de Myanmar ha rechazado la recomendación y el ofrecimiento de enviar observadores internacionales que le hizo el asesor especial de la ONU Ibrahim Gambari durante su última visita al país, a mediados de marzo. Se espera que muchos funcionarios públicos voten en presencia de militares, mientras que los obreros de las fábricas con más de 500 empleados tendrán que hacerlo en sus lugares de trabajo. Sigue sin saberse si se permitirá votar a los 500.000 desplazados internos de Myanmar y, en caso afirmativo, si podrán hacerlo.

Es evidente ya que el gobierno de Myanmar está llevando a cabo el referéndum de una manera que niega a las personas el derecho a expresar libremente sus opiniones y a tomar parte en la dirección de los asuntos públicos de acuerdo con el derecho y las normas internacionales.

El proyecto de Constitución de Myanmar y el proceso de su aprobación acusan las violaciones de derechos humanos que continúan cometiéndose en el país y son fruto de ellas. El proyecto no sólo no protege los derechos humanos ni aborda las violaciones de derechos humanos, sino que además perpetúa la impunidad de tales violaciones.

Marruecos y el Sáhara Occidental: Deben investigarse las muertes de migrantes

Fri, 09 May 2008 09:31:00 +0100

Amnistía Internacional ha pedido hoy, 8 de mayo de 2008, al gobierno marroquí que abra de inmediato una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre la noticia de la muerte de al menos 28 migrantes que se ahogaron en el mar tras empujar y pinchar miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes la barca en que viajaban.

La organización ha hablado con algunos de los supervivientes, y según sus testimonios, se ahogaron al menos 28 personas, entre ellas cuatro menores de entre dos y cuatro años. Una mujer nigeriana dijo que entre los muertos se encontraba su hija Soses, que tenía tres años y cuatro meses.

Las autoridades marroquíes han negado rotundamente que algún miembro de sus fuerzas de seguridad sea responsable de estas muertes ocurridas en el mar, frente al puerto de Alhucemas, el lunes 28 de abril. Afirman que los agentes rescataron a unas personas que estaban a punto de morir y que recogieron también 10 cadáveres.

Los supervivientes han contado que eran 72 y que cuatro miembros de las fuerzas de seguridad se aproximaron en una embarcación a la barca inflable en que viajaban y les dijeron que se detuvieran. Los migrantes se negaron, por lo que los agentes se acercaron más y comenzaron a sacudir la barca, tras lo cual uno de ellos la pinchó en cuatro partes con un cuchillo.

Otras dos embarcaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes rescataron a los supervivientes y los llevaron a tierra. Según los informes, también transportaron hasta la orilla a algunos de los cadáveres. Una vez en tierra, llevaron a dos de los supervivientes al hospital y condujeron a los demás a una comisaría de policía, donde les hicieron fotografías y les tomaron las huellas dactilares. Las personas con las que ha hablado Amnistía Internacional afirman que posteriormente las subieron de noche en un camión y las dejaron cerca de la ciudad de Oujda, en la frontera con Argelia, operación que parece ser una expulsión sumaria.

“Hemos pedido que se abra una investigación sobre estas muertes, se hagan públicos los resultados y se lleve ante la justicia a los presuntos responsables”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“Sin embargo, todavía no han concluido investigaciones anteriores abiertas por las autoridades marroquíes sobre muertes por disparos de migrantes ocurridas en Ceuta y Melilla en 2005 y en el Sáhara Occidental en 2007 –ha añadido la organización-. Las autoridades marroquíes deben dar claramente muestra de que, si hay algo de lo que responder, se hará rendir cuentas a las fuerzas de seguridad.”

Myanmar: Colaborar con la comunidad internacional para garantizar la ayuda apropiada para las víctimas

Thu, 08 May 2008 11:28:22 +0100

Tras el paso del ciclón Nargis por Myanmar, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y desplazado a casi un millón, Amnistía Internacional pide urgentemente al gobierno que abra sus fronteras a los trabajadores de las organizaciones de ayuda y garantice que ésta se presta en función de las necesidades y sin discriminación alguna.

“La excesiva duración y complejidad de los trámites burocráticos oficiales para la concesión de visados está costando vidas, mientras que algunos donantes están demorando el envío de ayuda por temor a que sea desviada al ejército —ha declarado Benjamin Zawacki, investigador sobre Myanmar de Amnistía Internacional—. El gobierno debe proporcionar inmediatamente acceso y garantías a los trabajadores de las organizaciones internacionales de ayuda.”

Amnistía Internacional pide al gobierno de Myanmar que relaje las restricciones para la concesión de visados y los trámites aduaneros que han obstaculizado el acceso de los trabajadores de las organizaciones internacionales de ayuda en los últimos días y ralentizado la entrega de una ayuda que hace falta con urgencia. Aunque ya ha llegado ayuda internacional a Yangón (Rangún), el gobierno no ha movilizado aún el enorme esfuerzo logístico necesario para proporcionar asistencia a las poblaciones más afectadas.

Amnistía Internacional reconoce que en estos momentos la situación en el sur de Myanmar es básicamente una crisis humanitaria y de rehabilitación. La experiencia después de otras catástrofes naturales de esta escala, como el tsunami que afectó al Océano Índico en el 2004, muestra que la protección de los derechos humanos es esencial para que la ayuda humanitaria sea eficaz y la recuperación sostenible.

Por tanto, Amnistía Internacional pide al gobierno de Myanmar que colabore estrechamente con los esfuerzos de la ayuda internacional y establezca mecanismos claros y transparentes para hacer llegar esta ayuda. El gobierno debe prestar la ayuda en función de las necesidades, sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición de los destinatarios. En las situaciones generadas tras una catástrofe, las mujeres son especialmente vulnerables a la violencia sexual y a menudo reciben menos ayuda.

El gobierno de Myanmar debe garantizar asimismo que los cerca de un millón de personas que se cree han sido desplazadas por el ciclón reciben con carácter urgente la rehabilitación y la asistencia necesarias, incluidos alojamiento, comida, agua y atención médica básicos. Dados los antecedentes del gobierno en el reasentamiento de sus conciudadanos, Amnistía Internacional pide a las autoridades que eviten el uso de la fuerza excesiva contra poblaciones desplazadas lógicamente angustiadas.

Teniendo en cuenta el historial de corrupción y conducta abusiva del gobierno de Myanmar, suscita preocupación la posibilidad de que haga un uso incorrecto de los esfuerzos de la ayuda para reasentar por la fuerza a la población con el fin de reprimir a grupos de la oposición o debilitar el apoyo que reciben. Todo reasentamiento de personas desplazadas internas desde campos o zonas afectadas por la catástrofe debe ser voluntario, salvo que la seguridad y la salud de los afectados exijan la evacuación. No se debe coaccionar a los afectados en modo alguno, como por ejemplo mediante la suspensión de la ayuda. Debe respetarse el derecho de las personas desplazadas internas a retornar voluntariamente a sus hogares o tierras de procedencia sin riesgo y con dignidad, y las autoridades deben ayudarlas a retornar o a reasentarlas en otra parte del país.

“Los derechos humanos corren máximo peligro en las situaciones de crisis y emergencia —afirmó Benjamin Zawacki—. Por tanto, es fundamental que el gobierno de Myanmar y otros agentes reconozcan y apoyen el papel central de los defensores de estos derechos, incluidos los que participan en las labores humanitarias y quienes vigilan las violaciones en los procesos de ayuda y de reconstrucción.”

El homicidio de civiles es ya algo habitual en Somalia

Tue, 06 May 2008 13:51:49 +0100

(Nairobi) Amnistía Internacional ha publicado hoy, 6 de mayo de 2008, un innovador informe
que revela la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre la población en Somalia.

El informe contiene testimonios directos de decenas de supervivientes traumatizados del
conflicto, que sacan a la luz los abusos y violaciones de derechos humanos de que han sido
objeto a manos de una compleja mezcla de agentes, a saber, las tropas etíopes y del Gobierno
Federal de Transición por un lado, y los grupos armados, por el otro.

“En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno
generalizado, y se destruyen vecindarios enteros”, ha manifestado en Nairobi Michelle Kagari,
subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Según han descrito a Amnistía Internacional algunos testigos, las tropas etíopes se dedican cada
vez más a lo que localmente se conoce como “masacrar” o “matar como a cabras”, es decir, a
degollar. Es frecuente que las víctimas de estos homicidios queden tiradas en la calle, en medio
de un charco de sangre, hasta que los combatientes armados, incluidos los francotiradores, se
retiran de la zona y sus familiares pueden recoger los cadáveres.

Se han dado casos como el de una niña de 15 años que encontró a su padre degollado al volver
de la escuela tras haber pasado por el vecindario las fuerzas de seguridad etíopes.

Otros casos descritos en el informe son:

Haboon, mujer de 56 años de Mogadiscio, contó que las tropas etíopes violaron a la hija
de su vecina, de 17 años. Cuando sus hermanos, de 13 y 14 años, intentaron
defenderla, los soldados los golpearon y les sacaron los ojos con una bayoneta. La madre
huyó. Se ignora que les ocurrió a los muchachos. La niña está en coma a causa de las
lesiones que sufrió durante la agresión.
Qorran, otra mujer de 56 años de Mogadiscio, explicó que un día, cuando su familia se
había ido ya a dormir, salió a buscar carbón. Estando ella fuera, dispararon contra la
casa una granada propulsada por cohete que la destruyó totalmente. La mujer contó:
“Cuando volví no encontré la casa”. Su esposo y sus hijos murieron en el ataque. Ella
dijo a Amnistía Internacional: “Si el dolor va a matar a alguien es a mí”.
Guled, de 32 años, contó que “masacraron” a sus vecinos. Vio tirados en la calle
muchos cadáveres de hombres degollados. A algunos les habían cortado los testículos.
También vio a mujeres. A una de ellas, una vecina suya recién casada, la violaron más
de 20 soldados etíopes una día en que su esposo no estaba en casa.

“Los testimonios que recibimos indican convincentemente que todas las partes en el conflicto de
Somalia han cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad –ha
señalado Kagari-. Pero no se hace rendir cuentas a nadie.”

“La situación de los derechos humanos y humanitaria empeora día a día en Somalia. Este
informe da voz a los somalíes de a pie, que piden a la comunidad internacional que tome
medidas para poner fin a las agresiones de que son objeto, incluidas las cometidas por las
fuerzas etíopes y del Gobierno Federal de Transición, que reciben apoyo internacional”.

La seguridad es inexistente en muchas partes de Mogadiscio, y la población entera de la ciudad
está marcada por las atroces violaciones de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario que ha presenciado o sufrido.

“Dondequiera que vayan, no hay seguridad para los civiles. Los que huyen de la violencia en
Mogadiscio son atacados en el camino, y los que tienen la suerte de llegar a un asentamiento o
un campo de acogida sufren allí más violencia y terribles condiciones de vida.”

Como gobierno reconocido de Somalia, el Gobierno Federal de Transición es el principal
encargado de la protección de los derechos humanos de la población somalí. Sin embargo, el
ejército etíope, que está jugando un papel principal al respaldarlo, también tiene que hacerse
cargo de ella.

“Los ataques contra civiles que llevan a cabo todas las partes deben acabar de inmediato.
Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su propia responsabilidad por no ejercer
presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el gobierno etíope para que impidan
a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha instado a que se refuerce la capacidad de la Oficina Política de las
Naciones Unidas para Somalia y a que se asigne a la AMISOM y a toda misión de la ONU para el
mantenimiento de la paz que la suceda el mandado de proteger a los civiles y se le añada un
fuerte componente de derechos humanos con capacidad para investigar las violaciones de
derechos humanos.

Entre otras recomendaciones, la organización ha pedido también que se refuerce el embargo de
armas de la ONU a Somalia.

Nota para la prensa

Hay un millón de somalíes desplazados internamente, centenares de miles son refugiados y unos
6.000 civiles murieron en ataques el año pasado. Los periodistas temen cada día por su vida y
huyen del país en gran número.

La fuerza de “apoyo a la paz” en Somalia de la Unión Africana (AMISOM) no tiene el mandato ni
la capacidad necesarios para proteger a los civiles.

Ha habido 13 conferencias de paz fallidas sobre este conflicto, que es una de crisis de
derrumbamiento del Estado más largas del mundo.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Eliane
Drakopoulos, encargada de prensa de Amnistía Internacional para África, llamando al teléfono
móvil +44 7778 472 109