Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

25 septiembre 2013

Irak ejecuta a 13 hombres tras juicios injustos enturbiados por denuncias de tortura

Irak debe detener de inmediato todas las ejecuciones. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, después de la ejecución de 13 hombres en Bagdad. 

Hoy, la organización ha podido confirmar los nombres de nueve de los hombres, que fueron ejecutados el 22 de septiembre tras haber sido condenados a muerte en juicios injustos sobre la base de “confesiones” presuntamente obtenidas mediante tortura. Ese mismo día se ejecutó además a otros cuatro hombres, con lo que la cifra total de ejecuciones llevadas a cabo hasta el momento en Irak este año asciende a al menos 73.

“Las autoridades iraquíes han optado por desafiar a los reiterados llamamientos de que no ejecutaran a presos, y por basarse en dudosas 'confesiones’ obtenidas mediante tortura. Resulta inconcebible que pueda dictarse una condena de muerte tras un juicio flagrantemente injusto”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.  

La organización había instado a las autoridades iraquíes a no ejecutar a esos nueve hombres y a investigar sus denuncias de que habían sido torturados para obligarlos a realizar “confesiones”. El tribunal que los juzgó parece no haber tenido en cuenta las convincentes pruebas médicas que respaldaban esas denuncias, y utilizó “confesiones” que, según el derecho internacional, son inadmisibles como prueba. Es decir, que el juicio incumplió las normas internacionales sobre juicios justos. 

“Instamos una vez más a las autoridades iraquíes a dictar una suspensión de las ejecuciones, como primera medida para abolir la pena de muerte, y a conmutar todas las condenas de muerte. Las autoridades deben abordar los defectos del sistema de justicia iraquí, investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia y, cuando proceda, conceder nuevos juicios que cumplan plenamente las normas internacionales de justicia procesal”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.  

Los nueve ejecutados formaban parte de un grupo de 11 hombres condenados a muerte por la Sección Primera del Tribunal de lo Penal de Anbar el 8 de agosto de 2010 tras haber sido condenados a muerte en virtud de la draconiana Ley Antiterrorista de 2005. Los dos restantes permanecen aún, según los informes, pendientes de ejecución.  

Durante el juicio, varios de los acusados afirmaron haber sido torturados durante los interrogatorios a los que fueron sometidos mientras estaban recluidos en régimen de incomunicación en las sedes de la Dirección de Antiterrorismo en Haditha y Hit. Según sus denuncias, los golpearon, les aplicaron descargas eléctricas y los colgaron por los brazos hasta que accedieron a “confesar”. Algunos de ellos, según se ha informado, mostraron al tribunal las marcas que aún tenían en el cuerpo y que, según aseguraban, habían sido causadas por la tortura, y presentaron certificados médicos para respaldar sus denuncias.

El Tribunal de Casación confirmó sus condenas de muerte en 2011.  

Al evaluar el juicio, Amnistía Internacional examinó copias de documentos judiciales, entre ellos la sentencia y los informes médicos, y también entrevistó a familiares y abogados. En diciembre de 2012, la organización pidió a las autoridades iraquíes que revisaran el caso, pero no recibió respuesta.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte –exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante– en todos los casos, sin excepción, por considerarla una violación del derecho a la vida.

Información complementaria

Amnistía Internacional reconoce la seria amenaza que los grupos armados siguen constituyendo para la seguridad y el orden públicos y para el Estado de derecho en Irak. Cientos de personas siguen muriendo cada mes en violentos ataques de grupos armados en todo el país. La organización condena sin reservas los graves abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario que siguen cometiendo los grupos armados. Las autoridades iraquíes tienen el deber y la responsabilidad de llevar ante la justicia a los autores de abusos graves contra los derechos humanos, sin recurrir a la pena de muerte. No obstante, al hacerlo, deben cumplir en todo momento las obligaciones contraídas por Irak en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y deben proteger los derechos humanos de las personas sospechosas o acusadas de cometer incluso los crímenes más abominables. El 21 de septiembre de 2013, decenas de civiles murieron o resultaron heridos en unos atentados con explosivos perpetrados contra los asistentes a un funeral en el barrio chií de Ciudad Sadr, en Bagdad. Al día siguiente murieron más personas en un atentado con explosivos contra los asistentes suníes a un funeral, también en Bagdad.

Irak es uno de los países que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo, y su gobierno alega que la pena de muerte es una herramienta en la lucha contra el elevado índice de violencia a manos de grupos armados. Hay cientos de presos condenados a muerte. En 2012 se registró un fuerte incremento de las ejecuciones en Irak, que hizo que el país alcanzara ese año el tercer puesto entre los países con la mayor cifra de ejecuciones. Fueron ejecutadas al menos 129 personas, casi el doble de la cifra total de que se tiene constancia para 2011. Desde principios de 2013 se ha ejecutado al menos a 73 personas, dos de ellas mujeres. 

Amnistía Internacional ha documentado 90 casos de condenados a muerte en Irak que fueron declarados culpables de terrorismo u otros delitos sobre la base de “confesiones” autoincriminatorias que, según afirman los propios condenados, les fueron extraídas mediante tortura mientras permanecían detenidos sin acceso a abogados y sin ningún contacto con el mundo exterior. Encontrarán más información en el informe Irak: Diez años de abusos y en el vídeo de Amnistía Internacional, titulado Iraq’s lethal confession culture.

Al menos 4 de los 90 presos citados en el informe fueron ejecutados en abril de 2013, y a estos les han seguido ahora los 9 hombres ejecutados el 22 de septiembre.

Desde que, en agosto de 2004, se reinstauró la pena de muerte, al menos 520 personas han sido ejecutadas en Irak. Según un informe publicado este mismo año por el Ministerio de Derechos Humanos iraquí, los tribunales penales del país impusieron más de 2.600 condenas de muerte entre 2004 y noviembre de 2012.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI), la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias han pedido reiteradamente el establecimiento de una moratoria de la pena de muerte en Irak. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos declaró, en respuesta a la ejecución de 21 presos en un solo día en abril de 2013: “El sistema de justicia penal de Irak no funciona aún adecuadamente, pues hay numerosas sentencias condenatorias basadas en confesiones obtenidas mediante tortura y malos tratos, el poder judicial es débil y hay procedimientos judiciales que no cumplen las normas internacionales. La aplicación de la pena de muerte en estas circunstancias es desmesurada, ya que es imposible deshacer cualquier error judicial cometido a consecuencia de la pena capital”.

Índice AI: PRE01/495/2013
Región Oriente Medio y Norte de África
País Irak
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