Amnistía Internacional ha expresado su condena por la ejecución de dos hombres en Japón. Estas son las primeras ejecuciones que se llevan a cabo en el país desde que tomó posesión el nuevo gobierno el pasado año.

Ogata Hidenori, de 33 años, y Shinozawa Kazuo, 59, declarados culpables de asesinato, fueron ahorcados en el Centro de Detención de Tokio el miércoles, exactamente un año después de que se realizaran las últimas ejecuciones en el país.

“Japón sigue yendo en contra de la tendencia internacional hacia la abolición e imponiendo este castigo cruel, inhumano y degradante”, ha declarado Donna Guest, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“El día en que debía haberse conmemorado un año sin ejecuciones se ha convertido en el día en que Japón ha vuelto a cometer homicidios auspiciados por el Estado.”

Estas ejecuciones son las primeras que ha aprobado la ministra de Justicia, Keiko Chiba, desde que asumió su cargo como miembro del Partido Democrático de Japón en septiembre de 2009.

La ministra, que se había pronunciado contra las ejecuciones, anunció tras el doble ahorcamiento planes de crear un grupo de trabajo sobre la pena de muerte en el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, a las organizaciones no gubernamentales de Japón les preocupa que se lleven a cabo más ejecuciones fuera de Tokio en los próximos días. En la actualidad hay 107 personas condenadas a la pena capital en Japón.

“Un grupo de trabajo para hablar de la pena de muerte no es suficiente. Hace falta un debate abierto y público y una moratoria inmediata de las ejecuciones mientras tanto”, ha afirmado Donna Guest.

Shinozawa Kazuo fue declarado culpable de matar a seis mujeres tras incendiar una joyería en 2000; Ogata Hidenori fue condenado a muerte por matar a un hombre y a una mujer en 2003.

Información complementaria

Japón ejecutó a siete personas en 2009, pero no había llevado a cabo ninguna ejecución desde el 28 de julio de 2009. 

En Japón la ejecución es mediante ahorcamiento y suele realizarse en secreto. Se notifica a los condenados la misma mañana de la ejecución y por lo general sólo se informa a las familias cuando ya se ha llevado a cabo.

Esto significa que los presos viven bajo el miedo constante a la ejecución. Soportar estas condiciones durante años o incluso décadas ha provocado depresiones y enfermedades mentales entre los condenados a muerte.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por constituir una violación del derecho a la vida. La organización pide al gobierno de Japón que conmute inmediatamente todas las condenas a muerte e introduzca una moratoria formal de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena capital.