Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

4 septiembre 2013

Kenia: El Parlamento debe rechazar el intento de retirada de la Corte Penal Internacional

La propuesta de gobierno de Kenia de retirarse del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) es una afrenta a los cientos de miles de kenianos que perdieron la vida o fueron expulsados de sus hogares durante la violencia postelectoral que azotó el país en 2007-2008. 

“Esta medida no es más que la última de una serie de preocupantes iniciativas para menoscabar la labor de la CPI en Kenia y en todo el continente”, ha afirmado Netsanet Belay, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. 

La propuesta, que se debatirá el jueves en una sesión parlamentaria de urgencia, se plantea sólo unos días antes de que el vicepresidente de Kenia, William Ruto, sea juzgado en La Haya acusado de crímenes de lesa humanidad. El presidente del país, Uhuru Kenyatta, también se enfrenta a graves cargos; está previsto que su juicio comience el 12 de noviembre. 

“Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos y cada uno de los parlamentarios para que se pronuncien en contra de la impunidad y rechacen esta propuesta.” 

La violencia que siguió a las elecciones de 2007 en Kenia se saldó con más de 1.000 muertos y medio millón de personas desplazadas. El presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto, que en el periodo de violencia postelectoral eran destacadas figuras políticas, están acusados de crímenes de lesa humanidad, como asesinato, traslado forzoso de población y persecución. El presidente Kenyatta está acusado además de responsabilidad en violación y otros actos inhumanos –como circuncisión forzada y amputación de pene– llevados a cabo por los Mungiki, una banda delictiva presuntamente bajo su control. 

Kenyatta y Ruto fueron elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente, en marzo de 2013. El Estatuto de la Corte Penal Internacional es claro en cuanto a que no puede haber inmunidad, ni siquiera para los jefes de Estado. 

Joshua arap Sang, profesional de la radiodifusión, también está acusado de asesinato, traslado forzoso de población y persecución como crímenes de lesa humanidad. Está previsto que sea juzgado con el vicepresidente Ruto. 

Aunque Kenia se retire del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la decisión no entrará en vigor hasta dentro de un año. 

“Estas causas deben proseguir, y el gobierno tiene la obligación legal de cooperar plenamente. En una palabra, no existe medio legal alguno de que el gobierno eluda el proceso judicial en estos casos”, ha afirmado Netsanet Belay. 

Sin embargo, la retirada podría impedir que la Corte Penal Internacional investigue y enjuicie cualquier crimen que se cometa en el futuro, una vez entre en vigor la retirada. Entonces los casos sólo podrán llevarse ante la Corte si el gobierno decide aceptar la jurisdicción de la Corte o si el Consejo de Seguridad de la ONU remite el caso. 

“Básicamente, la retirada despojaría a la población keniana de una de las protecciones más importantes de los derechos humanos y podría permitir la comisión de crímenes con impunidad en el futuro”, ha afirmado Netsanet Belay. 

“Lo que vemos actualmente es que el gobierno se compromete a cooperar con las causas de la CPI, por una parte, y aprovecha todas las oportunidades para atacar políticamente a la CPI y menoscabarla, por otra.” 

Para concertar una entrevista con un portavoz de Amnistía Internacional en Londres, Nairobi o La Haya, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional llamando al +44 (0)207 413 5566/+44 (0)7778 472 126 o escribiendo a katy.pownall@amnesty.org

Nota para periodistas 

Esta iniciativa tiene lugar meses después de que el embajador de Kenia ante las Naciones Unidas hiciera un intento fallido y jurídicamente imposible de conseguir que el Consejo de Seguridad de la ONU cerrara las causas. Poco después, Kenia convenció a los líderes de la Unión Africana para que adoptaran un decisión, también viciada jurídicamente, en la que se pedía que los casos de la Corte Penal Internacional se devolvieran a Kenia, opción que la Corte ha descartado porque las autoridades se han negado reiteradamente a tomar medidas reales para investigar y enjuiciar los casos. 

Los esfuerzos se centran también en tildar a la Corte Penal Internacional de tribunal occidental que juzga a africanos, y ello a pesar de que la fiscal de la Corte es de Gambia y 4 de sus 18 jueces son de África. 

Aunque Amnistía Internacional desea efectivamente que la Corte Penal Internacional responda a los crímenes cometidos en otras regiones, no se puede pasar por alto el hecho de que de las ocho situaciones africanas que son objeto de investigación, cinco de ellas (Costa de Marfil, Malí, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda) fueron incoadas por la Corte a petición de los gobiernos de esos países y dos fueron remitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU con el apoyo de sus miembros africanos.

La Corte Penal Internacional fue creada para intervenir cuando las autoridades nacionales no investigan y enjuician el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Es una salvaguardia vital para garantizar que no estos crímenes no gozan de impunidad. 

La población keniana lleva decenios sufriendo violaciones de derechos humanos, agravadas aún más por la impunidad de sus autores. La Corte Penal Internacional intenta poner coto a esa injusticia. Los parlamentarios deben rechazar esta propuesta y exigir que el gobierno coopere plenamente con la Corte, en particular para abordar la preocupación que suscita la protección de las víctimas y los testigos. 

Índice AI: PRE01/444/2013
Región África
País Kenia
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