Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

19 septiembre 2013

Liberia debe reformar con urgencia las leyes sobre difamación

Liberia debe reformar sin demora sus leyes sobre difamación para cumplir con las normas internacionales relativas a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, han afirmado hoy Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Global Witness en una carta dirigida a la presidenta Ellen Johnson Sirleaf. Estas organizaciones han instado a la presidenta Sirleaf a presionar para que se reformen las leyes y el procedimiento relativos a la difamación con el fin de impedir que las sentencias y las restricciones excesivas sobre las apelaciones menoscaben el derecho a la libertad de expresión.

La urgente necesidad de reformar las leyes sobre difamación se puso de manifiesto con el encarcelamiento, en agosto de 2013, de Rodney Sieh, redactor jefe del periódico de investigación liberiano FrontPage Africa, por no poder pagar los 1,5 millones de dólares estadounidenses impuestos por la sentencia. La sentencia se dictó tras una demanda presentada en 2010 por un ex ministro del gobierno, el Dr. J. Chris Toe, contra el periódico y contra Sieh por presuntamente vincular falsamente a Toe con escándalos de corrupción. En julio, el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por Sieh por no haber aportado la cuantiosa fianza que exige la legislación liberiana para presentar recursos. El abogado de Sieh, Kofi Woods, afirmó que están considerando la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), cuyas decisiones son vinculantes para Liberia.

“Los políticos no deben estar facultados para aplastar la libertad de prensa mediante la interposición de demandas contra los medios de comunicación en las que solicitan cuantiosas indemnizaciones”, ha afirmado Corinne Dufka, investigadora principal sobre África Occidental de Human Rights Watch. “Deben modificarse las leyes sobre difamación de Liberia para limitar las demandas de los funcionarios públicos y garantizar que cualquier indemnización por daños y perjuicios no es mayor que el daño real causado”.

Liberia es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que consagra el derecho a la libertad de expresión. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento del tratado por los Estados, ha afirmado que el encarcelamiento no es una pena apropiada para la difamación. Al permitir que en las causas por difamación se impongan indemnizaciones que van mucho más allá de la capacidad de pago de la mayoría de los periódicos liberianos, y al prescribir el encarcelamiento por impago, la legislación liberiana hace que el encarcelamiento sea la consecuencia más probable de muchas causas por difamación, lo cual genera un grave efecto disuasorio sobre el periodismo. En cualquier caso, el encarcelamiento por impago de una deuda ordenada por un tribunal, aunque está permitido por la legislación liberiana, sólo debería utilizarse como último recurso y durante un periodo lo más breve posible.

La legislación sobre procedimiento civil de Liberia no estipula un periodo máximo durante el cual pueden ser encarceladas las personas acusadas en causas civiles. Afirma que el acusado puede ser encarcelado durante “un periodo de duración suficiente para liquidar la cantidad íntegra de la sentencia, los intereses y los costes a razón de 25 dólares al mes”. A ese ritmo, Sieh debería estar 5.000 años en la cárcel para pagar los 1,5 millones de dólares impuestos por la sentencia.

Las leyes que regulan la difamación civil, al igual que las leyes sobre difamación criminal, también pueden restringir indebidamente la libertad de expresión, han afirmado las organizaciones. El relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión resumió en el año 2000 los requisitos mínimos que deben cumplir las leyes sobre difamación civil para ajustarse al PIDCP. Son, entre otros, los siguientes:

  • Las sanciones por difamación no deben ser tan graves que coarten la libertad de opinión y expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Las reparaciones por daños y perjuicios deber ser estrictamente proporcionales al daño real causado;
  • Los órganos gubernamentales y las autoridades públicas no deben estar facultados para entablar demandas por difamación;
  • En las leyes sobre difamación deben tenerse en cuenta la importancia del debate abierto sobre las cuestiones de interés público y el principio de que las personas públicas han de tolerar un grado de crítica más elevado que los ciudadanos particulares.

En los documentos judiciales de la causa incoada contra FrontPage Africa no se tuvieron en cuenta ni la idoneidad de una sentencia tan cuantiosa ni su posible efecto disuasorio sobre la libertad de expresión, en contra de la Constitución liberiana y de las normas internacionales, han afirmado las organizaciones. La Constitución liberiana, en su artículo 21, prohíbe las multas y penas excesivas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que las leyes sobre difamación deben “tener cuidado de no imponer sanciones excesivamente punitivas”. Asimismo, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África, adoptada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, afirma que “las sanciones nunca serán tan severas que inhiban el derecho a la libertad de expresión”.

“El caso de Rodney Sieh señala la urgente necesidad de que el gobierno de Liberia reforme las leyes sobre difamación del país para adecuarlas a las normas internacionales”, ha afirmado Lisa Sherman-Nikolaus, investigadora de Amnistía Internacional sobre Liberia. “Aunque Liberia ha hecho progresos en la promoción de la libertad de expresión desde el conflicto, sus leyes sobre difamación dejan ver graves lagunas en la promoción de la libertad de expresión.”

La legislación liberiana que regula el proceso de apelación amenaza también a las organizaciones mediáticas y a los periodistas, que pueden ser condenados a pagar cuantiosas indemnizaciones en causas por difamación civil. En virtud de esta legislación, la parte que apela debe pagar una fianza que garantice que puede cumplir la sentencia en caso de desestimarse la apelación, y cuyo importe, de acuerdo con abogados liberianos, suele equivaler a una vez y media la cantidad impuesta en la sentencia. En el caso de Sieh, esa suma habría sido 2,2 millones de dólares. Como Sieh no pudo pagar la fianza para presentar la apelación que estipula la normativa sobre apelaciones, el Tribunal Supremo desestimó su caso. Unas fianzas tan desproporcionadas niegan de hecho a los medios de comunicación y a los periodistas el derecho a recurrir contra una sentencia adversa por difamación.

En los últimos años, las autoridades gubernamentales liberianas han interpuesto varias demandas por difamación contra periódicos locales, en las que pedían indemnizaciones por daños y perjuicios de hasta 5 millones de dólares. Estas cantidades resultan inauditas en un país clasificado en las últimas posiciones según los indicadores de desarrollo del Banco Mundial. Entre los periódicos demandados por estas astronómicas cantidades figuran The Analyst, The Independent y New Broom. The New Democrat también perdió una demanda por difamación en la que una empresa que según el periódico usó indebidamente fondos públicos le reclamó una cuantiosa indemnización.

Estos casos podrían tener el efecto de silenciar a los periodistas que intentan sacar a la luz la corrupción del gobierno, de la que la presidenta Sirleaf, en su discurso de toma de posesión de 2006, dijo que era un “cáncer nacional que crea hostilidad, desconfianza y rabia”.  

El gobierno de Liberia debe adoptar un nuevo régimen jurídico de la difamación civil que busque un equilibrio adecuado entre el derecho individual a la libertad de expresión y la obligación del gobierno de proteger a sus ciudadanos de ataques injustificados contra su persona y su reputación, han afirmado las organizaciones.

“El gobierno liberiano se ha mostrado orgulloso de permitir unos medios de comunicación libres y vibrantes”, ha afirmado Chloe Fussell, responsable de campañas sobre Liberia de Global Witness. “El caso de Rodney Sieh debe estimular al gobierno a abordar sin demora sus draconianas leyes sobre la difamación si quiere mantener su credibilidad en la promoción de la libertad de los medios de comunicación.”

Índice AI: PRE01/476/2013
Región África
País Liberia
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