Amnistía Internacional ha instado a las autoridades malaisias a que retiren los cargos de sodomía contra Anwar Ibrahim, líder de la oposición, tras perder éste hoy el recurso que presentó para que se le permitiera acceder a las pruebas del gobierno en su contra.

El juicio de Anwar ha sido fijado para el 2 de febrero ante el Tribunal Superior. Es la segunda vez en 12 años que las autoridades presentan este tipo de cargos contra el ex viceprimer ministro malaisio.

En 1998, tras criticar públicamente al entonces primer ministro Mahathir Mohammed, Anwar fue detenido y declarado culpable de sodomía y corrupción. Tras pasar seis años recluido en régimen de aislamiento, su sentencia condenatoria fue anulada y quedó en libertad.

“Las autoridades malaisias han vuelto a recurrir al mismo truco sucio para tratar de expulsar del ruedo político al líder de la oposición”, ha dicho Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, que ha añadido: “El sistema judicial de Malaisia debe retirar los cargos”.

Amnistía Internacional adoptó a Anwar Ibrahim como preso de conciencia antes de su puesta en libertad en 2004.

Durante cinco años Anwar no pudo presentarse a cargos públicos por haber sido condenado por corrupción. Cuando la prohibición expiró, en abril de 2008, consiguió un escaño en el Parlamento el 26 de agosto de 2008, convirtiéndose en líder de la oposición por el Parti Keadilan Rakyat (Partido de Justicia Popular).

Sin embargo, un mes antes de ser elegido, el 17 de julio de 2008, Anwar volvió a ser detenido y acusado de haber sodomizado a un ex ayudante. En caso de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel y la pérdida de su escaño.

El cargo de sodomía presentado contra Anwar en aplicación del apartado 377B del Código Penal vulnera las normas internacionales de derechos humanos. Este instrumento, de la era colonial británica,    establece penas de prisión y flagelación, un castigo que viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos que establece el derecho internacional. Además, en 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU resolvió que las leyes contra la sodomía vulneran el derecho fundamental a la intimidad.

Para Amnistía Internacional es motivo de grave preocupación la cuestión de las garantías procesales en el caso de Anwar. El hecho de que la fiscalía se haya negado a dar a conocer las pruebas a la defensa antes del juicio vulnera las normas sobre garantías procesales y el derecho malaisio.

“El caso de Anwar ha suscitado dudas razonables entre la comunidad internacional y los inversores sobre el compromiso de Malaisia con la justicia y el Estado de derecho”, ha dicho Zarifi.

En virtud del apartado 51A del Código de Procedimiento Penal de Malaisia, la fiscalía debe entregar los documentos sobre el caso y una declaración escrita de los hechos que ayuden a la defensa. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que, entre los requisitos básicos para un juicio justo debe darse el acceso a documentos y demás pruebas que el acusado necesita para preparar su defensa.

El 29 de enero, sin embargo, el Tribunal Federal de Malaisia no hizo cumplir la obligación de la fiscalía de permitir el acceso a pruebas que los abogados de Anwar consideran que podrían ayudar a exonerar a su cliente. En una decisión anterior, el Tribunal de Apelaciones había afirmado que, con su solicitud de pruebas, la defensa estaba “tanteando el terreno”.

“La decisión del tribunal de permitir que la fiscalía retenga pruebas clave sienta un peligroso precedente para las causas penales en Malaisia”, ha dicho Zarifi. “Es la fórmula perfecta para que un los juicios sean injustos”.