Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

3 julio 2013

Pakistán: Miles de presos, en peligro si el gobierno reanuda las ejecuciones

El nuevo gobierno de Pakistán no debe reanudar las ejecuciones, sino que debe dictar una suspensión inmediata del uso de la pena de muerte, como primer paso hacia la abolición. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

La información publicada en los medios de comunicación paquistaníes en los últimos días ha sugerido que el nuevo gobierno, encabezado por el primer ministro Nawaz Sharif, podría estar tomando medidas rápidas para reanudar los homicidios judiciales, como respuesta a la situación de orden público imperante en el país.

“Cualquier luz verde por parte del gobierno para reanudar las ejecuciones en Pakistán sería un paso estremecedor y retrógrado, que pondría en peligro la vida de miles de personas”, ha manifestado Polly Truscott, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

En Pakistán hay más de 8.000 personas condenadas a muerte, la mayoría de las cuales han agotado sus vías de apelación y podrían enfrentarse a la ejecución.

“La enorme cifra de personas en peligro hace aún más atroz la nueva política del gobierno de retornar a la pena de muerte”, ha manifestado Polly Truscott.

La orden presidencial dictada en 2008 que imponía una suspensión de la pena de muerte expiró el 30 de junio. Según los medios de comunicación, el gobierno no tiene intención de ampliarla. En lugar de eso, está implementando una nueva política de ejecutar a todos los condenados a muerte salvo aquellos cuya petición de indulto tenga “razones que considerar”.

“Mientras la pena de muerte esté vigente, no se podrá eliminar el peligro de ejecutar a personas inocentes. Las violaciones sistémicas del derecho a un juicio justo en Pakistán no sólo agravan ese peligro, sino que suponen un incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado”, ha manifestado Polly Truscott.

“Instamos al gobierno a ampliar de inmediato la orden de suspensión, con vistas a abolir finalmente el uso de la pena capital por completo.”

Mientras el gobierno de Pakistán parece promocionar la reanudación de las ejecuciones como manera de abordar los problemas de orden público del país, no hay pruebas convincentes de que la pena de muerte tenga un especial efecto disuasorio frente a los delitos capitales, superior al de otras formas de castigo.

El detallado estudio llevado a cabo por la ONU en 1988 y actualizado por última vez en 2008 concluyó que no hay pruebas de que las ejecuciones tengan un efecto disuasorio respecto a la delincuencia superior al de la cadena perpetua.

“En un momento en el que el sistema de justicia de Pakistán lucha por controlar la situación de orden público, es muy fácil que los gobiernos vean la pena de muerte como una solución rápida. Pero la pena de muerte no es la respuesta a los problemas de la justicia en Pakistán”, ha manifestado Polly Truscott.

“La reanudación de las ejecuciones no ayudaría a hacer frente a la delincuencia o el integrismo, sino que perpetuaría el círculo de violencia.”

Con la excepción de la ejecución de un soldado en noviembre de 2012, no se han ejecutado condenas de muerte en el país desde 2008. 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad, la inocencia u otras características del condenado, o del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

Índice AI: PRE01/330/2013
Región Asia y Oceanía
País Pakistán
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