Reino Unido: La decisión de los jueces lores abre la posibilidad de nuevas expulsiones

Amnistía Internacional expresa gran preocupación por las posibles consecuencias de la decisión adoptada hoy (18 de febrero de 2009) por los jueces lores, el máximo tribunal del Reino Unido, que autoriza al gobierno británico a expulsar a personas a países donde correrán un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, como la tortura u otros malos tratos.

El gobierno intenta expulsar a Argelia a dos personas, que en las actuaciones judiciales del Reino Unido aparecen como "RB" y "U", y a una tercera, Omar Othman (conocido también como Abu Qatada) a Jordania. En los tres casos el gobierno se basa en las garantías diplomáticas ofrecidas por los gobiernos de Argelia y Jordania, respectivamente, para reducir lo que el propio gobierno reconoce como un riesgo real de que los afectados sean sometidos a violaciones graves de derechos humanos en sus países de origen.

"Sería enormemente preocupante que el gobierno británico considerarse que con esta decisión los jueces lores le dan luz verde para seguir expulsando a personas a países en los que correrán el riesgo de sufrir abusos como la tortura y juicios injustos —ha declarado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional—."

"Es del todo imposible hacer que se cumplan las garantías diplomáticas, por lo que no se puede confiar en ellas."

Amnistía Internacional cree que al recurrir a estas garantías, el gobierno del Reino Unido está actuando en detrimento del sistema de los tratados internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición mundial de la tortura y de otros malos tratos, en favor de acuerdos bilaterales negociados con países que ya han incumplido sus obligaciones internacionales existentes de prevenir y castigar la tortura y otros malos tratos.

"Nadie debe ser expulsado a un lugar donde corra el riesgo de sufrir tortura, con independencia de los actos de los que sea acusado o  sospechoso. Los Estados no pueden permitirse ir eligiendo qué personas tienen derechos humanos —afirma Nicola Duckworth—. Si existen sospechas razonables de que las personas en cuestión han cometido un delito relacionado con el terrorismo, las autoridades británicas siempre tienen la posibilidad de acusarlas formalmente y someterlas a un juicio imparcial. Lo que no es aceptable es utilizar la sospecha de implicación en actos de terrorismo para justificar el envío de alguien a un lugar donde corre un riesgo real de sufrir torturas u otras violaciones graves de sus derechos."

El Reino Unido lleva varios años tratando de expulsar a personas a las que acusa de representar una amenaza para la seguridad nacional. Ha pedido lo que se conoce como "garantías diplomáticas" a los países a los que va a devolver a estas personas y donde podrían correr el riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos, así como juicios manifiestamente injustos.