Sólo dos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmara "su compromiso con la protección de los civiles en los conflictos armados", el Consejo ha adoptado hoy, 16 de enero, una nueva resolución sobre Somalia, reforzando su apoyo a la Misión de la Unión Africana (AMISOM) y afirmando su intención de establecer una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el país, pero sin incluir la protección de la población civil ni la observación de la situación de los derechos humanos como parte del mandato de esta operación.
 
¿Cuál es la actual situación de los derechos humanos en Somalia?
 
El conflicto de Somalia devasta al país desde 1991, pero en los últimos dos años se ha producido un recrudecimiento de los combates y los ataques contra la población civil, que ha sido la más afectada por los combates desde que el Gobierno Federal de Transición de Somalia, apoyado por fuerzas Etíopes, empezó a luchar contra los grupos armados del Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia, que controlaba la capital, Mogadiscio, y otras zonas del país en 2006.
 
Todas las partes han cometido ataques ilegítimos - directos, indiscriminados o desproporcionados- contra la población civil. Miles de personas han resultado muertas y cientos de miles, desplazadas, lo que ha agravado la situación de emergencia humanitaria. El homicidio selectivo de cooperantes ha contribuido a que se reduzca la afluencia de ayuda humanitaria destinada a unos 3,25 millones de Somalíes que la necesitan urgentemente.
 
Personas desplazadas por los combates han sido atacadas y violadas en la carretera mientras huían. Activistas de la sociedad civil y periodistas han muerto, en muchos casos víctimas de homicidios selectivos, lo cual ha reducido la información independiente sobre el sufrimiento de la población. A pesar de la actual retirada de las tropas etíopes del sur de Somalia, una exigencia común de los grupos armados opuestos al Gobierno Federal de Transición, continúa habiendo informes frecuentes de homicidios y desplazamiento de civiles.
 
¿Qué opina Amnistía Internacional de la resolución adoptada hoy por el Consejo de Seguridad?
 
A Amnistía Internacional le preocupa mucho que la resolución no mencione en absoluto la protección de la población civil ni la observación de la situación de los derechos humanos como parte del mandato propuesto para una fuerza de mantenimiento de la paz en Somalia. La organización espera, sin embargo, que el secretario general de las Naciones Unidas aborde estas cuestiones en su informe al Consejo de Seguridad sobre el mantenimiento de la paz en el país, que deberá presentar el 15 de abril de 2009. El Consejo de Seguridad debe incluir la protección de la población civil y la observación de la situación de los derechos humanos en el mandato de una nueva Misión de la ONU en Somalia si al final se decide a crearla.
 
La disposición de la resolución por la que se autoriza a la AMISOM y a una fuerza de la ONU propuesta a que ayuden al restablecimiento y la formación de las fuerzas de seguridad somalíes resulta especialmente preocupante, ya que las fuerzas del Gobierno Federal de Transición, incluido el personal del Departamento de Seguridad Nacional y los grupos armados afines al Gobierno Federal de Transición, han estado implicados en violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
 
En vista de sus temores sobre esta resolución, ¿qué le gustaría a Amnistía Internacional que hiciera el Consejo de Seguridad de la ONU?
 
Amnistía Internacional desearía que el Consejo de Seguridad:

• garantizara que cualquier ayuda dirigida al sector de la seguridad que se preste a las partes del conflicto de Somalia no contribuya a nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos;
• garantizara que ninguna persona de quien haya indicios razonables de que ha perpetrado abusos contra los derechos humanos o que haya tenido responsabilidad de mando sobre quienes los hayan cometido reciba ayuda internacional, y que sea suspendida del servicio hasta que se lleven a cabo investigaciones fidedignas.
   
  ¿Cree Amnistía Internacional que el Consejo de Seguridad de la ONU está haciendo suficiente para proteger a la población civil de Somalia?
   
  No.
   
  El Consejo de Seguridad ha hablado mucho sobre la protección de la población civil en los últimos años.
   
  Por ejemplo, su resolución 1674 (2006) sobre la protección de la población civil expresaba la intención del Consejo de asegurarse de que "se dé prioridad a la protección de los civiles en las decisiones sobre el uso de la capacidad y los recursos disponibles" en la ejecución de los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz.
   
  Más recientemente, en su Declaración de la Presidencia del 14 de enero de 2009 (S/PRST/2009/1), el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una versión revisada de su aide-mémoire sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, subrayando que "mejorar la protección de los civiles en los conflictos armados es parte fundamental de la labor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad".
   
  Sin embargo, la protección de la población civil no ha sido la preocupación fundamental en los debates del Consejo de Seguridad sobre el conflicto de Somalia, a pesar de los informes que hablaban diariamente de homicidios, hostigamiento y desplazamiento de esta población.
   
  ¿Qué más puede hacer la ONU para mejorar la situación de los derechos humanos de la población civil de Somalia?
   
  El Consejo de Seguridad puede y debe tomar más medidas para mejorar la protección de la población civil de Somalia:
• Aumentar  la capacidad internacional de vigilar los abusos contra los derechos humanos e informar sobre ellos de manera eficaz garantizando que la AMISOM y cualquier misión posterior de mantenimiento de la paz de la ONU tenga un fuerte componente de derechos humanos con capacidad para vigilar e investigar las violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos e informar públicamente sobre ellas. 
• Crear una Comisión de Investigación internacional o un mecanismo similar para investigar violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas en Somalia en 2007 y 2008, y establecer las violaciones cometidas desde 1991 que puedan ser consideradas crímenes de guerra o de lesa humanidad.
•  Reforzar el embargo de armas de la ONU contra Somalia y tomar medidas más enérgicas para garantizar que todos los Estados, incluidos los de la región, lo respetan plenamente. 
•  Pedir a todas las partes del conflicto que respeten el derecho internacional humanitario y de derechos humanos. 

 Pedir a todos los Estados que investiguen y, cuando haya pruebas admisibles suficientes, procesen, en juicios justos y sin posibilidad de recurrir a la pena de muerte, a las personas que se hallen en sus territorios acusadas de crímenes contra el derecho internacional en el conflicto de Somalia.
 
 
¿No hay un embargo de armas contra Somalia? ¿Funciona?
 
Aunque Somalia está sometida a un embargo de armas de las Naciones Unidas desde 1992, el Grupo de Vigilancia de la ONU encargado de vigilar el embargo informó recientemente de que éste se viola constantemente.
 
El Grupo de Vigilancia afirmó también que los procedimientos para conseguir la exención del embargo de armas casi nunca se siguen, en particular los relativos al apoyo a las instituciones del sector de la seguridad de Somalia. Según los procedimientos establecidos por el Consejo de Seguridad de la ONU, quienes deseen enviar equipo para uso humanitario o de protección o para afianzar la capacidad de las instituciones somalíes del sector de la seguridad, deben solicitar primero una autorización del Comité de Sanciones de la ONU. El Grupo de Vigilancia afirmó también que gran parte de la ayuda prestada al sector de la seguridad del Gobierno Federal de Transición con fines civiles se ha desviado a usos militares. Previamente, el Grupo de Vigilancia había afirmado que la policía de Somalia, en la que hay muchos ex integrantes de las milicias y que opera conjuntamente con el ejército nacional, "ha adquirido armas en Yemen, violando el embargo de armas al no haber solicitado la exención del Comité de Sanciones de la ONU [y] los jefes de policía también están actuando como compradores y vendedores de armas en los mercados de armas de Mogadiscio".
 
¿Cómo considera Amnistía Internacional que debe mejorarse el embargo de armas actualmente en vigor?
 
La comunidad internacional ha movilizado una cantidad sin precedentes de recursos para combatir la piratería de las costas de Somalia y proteger sus intereses comerciales. Sin embargo, no se han hecho esfuerzos similares para poner fin al suministro de armas al país, aunque éste está sometido a un embargo de armas de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU debe aumentar la capacidad y los recursos del Grupo de Vigilancia encargado de vigilar el embargo de armas contra Somalia, con las siguientes medidas:

•  reforzando el requisito de solicitar la exención que afecta a quienes desean enviar equipo de seguridad o participar en la mejora de la capacidad del sector de la seguridad somalí;
• situando observadores de la ONU en puertos y aeropuertos a través de los cuales sea probable que se transfieran armas;
•  considerando la posibilidad de prohibir las aeronaves, embarcaciones y vehículos terrestres propiedad de particulares, empresas o Estados que, según los informes, hayan violado el embargo de armas.
• apoyando la negociación de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas eficaz, con disposiciones que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, que impida la entrada ilícita de armas a Somalia reforzando los controles de armas nacionales; 
• pidiendo a los Estados miembros de las Naciones Unidas que, cuando haya suficientes pruebas admisibles, inicien actuaciones penales contra las personas acusadas de violar el embargo de armas, tras promulgar las leyes necesarias para hacer efectivas las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el embargo de armas. Los procesamientos y los juicios en el ámbito nacional deben ajustarse a las normas internacionales sobre garantías procesales, sin posibilidad de recurrir a la aplicación de la pena de muerte.