El gobierno de Chad debe detener al presidente de Sudán, Omar Al Bashir, cuando éste visite Chad este lunes y entregarlo a la Corte Penal Internacional, ha afirmado Amnistía Internacional.

Si el gobierno de Chad no detiene al presidente Al Bashir, el Consejo de Seguridad de la ONU debe intervenir e instar a Chad a que cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales.

La visita a Chad del presidente sudanés Al Bashir coincidirá con el 10º aniversario del estallido del conflicto de Darfur.

Como Estado Parte en la Corte Penal Internacional, Chad tiene la obligación jurídica de cooperar plenamente con la detención de todas las personas contra quienes la Corte haya dictado actas de acusación formal y garantizar su entrega a la Corte.

“Si no es aprehendido por las autoridades, la visita prevista del presidente Al Bashir a Chad, la cuarta en su haber, supondría otra bofetada en la cara de todas las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas en Darfur”, ha dicho Netsanet Belay, director del Programa de Amnistía Internacional para África.

“No se deberían ignorar por más tiempo estas invitaciones periódicas y abiertas a un fugitivo de la justicia internacional.”

Pese a las órdenes de detención cursadas en marzo de 2009 y julio de 2010 por actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, el presidente Al Bashir visitó Chad en julio de 2010, agosto de 2011 y febrero de 2013.

Tales visitas incumplen la obligación que tienen todos los Estados de no ofrecer refugio seguro a un presunto autor de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, con independencia de su cargo.

Aunque la Unión Africana, en varias decisiones recientes, ha pedido a los Estados miembros que no colaboren con la detención del presidente Al Bashir, tales decisiones políticas no están por encima de las obligaciones contraídas por los Estados miembros de la Unión Africana en virtud del derecho internacional, incluidos el Estatuto de Roma y la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de la ONU.

De hecho, varios Estados africanos, entre ellos Botsuana, Burkina Faso, Malawi, Níger, Sudáfrica y Zambia han confirmado que cooperarán plenamente con la detención y entrega de los acusados por la Corte.

En el décimo aniversario del conflicto en Darfur, la situación sigue siendo grave. La población civil sigue sufriendo ataques de las fuerzas gubernamentales, las milicias afines al gobierno y los grupos armados de oposición.

Se ha acusado una y otra vez a los servicios de seguridad de emplear fuerza excesiva y tortura contra manifestantes y disidentes.

“En el último decenio, la población de Darfur ha soportado homicidios, secuestros, violencia sexual y saqueos.  Y a pesar de que muchos casos se han denunciado a la policía, los autores no han sido condenados salvo raras excepciones”, añade Belay.

 “Para que la situación de los derechos humanos pueda mejorar en Darfur tiene que dejar de haber impunidad por los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos cometidos allí. El gobierno de Sudán debe entregar a la Corte Penal Internacional a las personas contra las que ésta ha dictado acta de acusación formal, y la comunidad internacional debe poner todo el empeño en detener al presidente Al Bashir y demás personas acusadas por la Corte.”

“Y debe empezar por detener a Al Bashir y entregarlo a la Corte. Ya es hora de que la población de Darfur, que tanto tiempo lleva padeciendo, obtenga justicia.”