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Los dos activistas tunecinos, que se enfrentan a cargos por dibujar un grafiti el pasado noviembre, no deben ir a la cárcel por ejercer su libertad de expresión, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Oussama Bouajila, de 25 años, y Chahine Berrich, de 23, miembros de Zwewla (“los pobres”), una comunidad de arte callejero que lucha contra la pobreza, han sido acusados de “difundir información falsa con el fin de alterar el orden público”, “desafiar el estado de excepción” y “escribir sin permiso en un edificio público”.

La acusación tuvo lugar en noviembre, después de que les sorprendieran escribiendo lemas en apoyo a los pobres en la pared de un edificio universitario en la ciudad de Gabes, en el sureste de Túnez.

“No se debería castigar a estos hombres por lo que expresaron a través del grafiti. Amenazarlos con la cárcel por el mero hecho de ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión es injustificable”, afirma Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Si finalmente se les declara culpables, ambos hombres podrían enfrentarse hasta a cinco años de cárcel. Su juicio, que se pospuso en diciembre, se reanuda el miércoles, 23 de enero.

Se les ha acusado de “alterar el orden público” en virtud del artículo 121.3 del Código Penal, artículo que las autoridades tunecinas han estado utilizando con reincidencia para reprimir la libertad de expresión.

En el artículo 121.3 se tipifica como delito la publicación, distribución o venta de información que altere el orden público o la moral pública.

Amnistía Internacional ha expresado anteriormente su preocupación por el mantenimiento del estado de excepción en Túnez y las potenciales restricciones de los derechos humanos que este permite. 

“El estado de excepción no debe utilizarse como una justificación indiscriminada para restringir arbitrariamente la libertad de expresión, un derecho por el que los tunecinos han luchado tanto durante el levantamiento que tuvo lugar hace dos años”, señala Philip Luther. 

Amnistía Internacional pide que se retiren dos de los cargos, a saber, “difundir información falsa con el fin de alterar el orden público” y “desafiar el estado de excepción”. 

La organización considera que el tercer cargo —“escribir sin permiso en un edificio público”— no debería conllevar castigo por tratarse del ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión.