En mayo de 2006, Pekín amplió el uso de una forma de detención sin juicio denominada “reeducación por el trabajo”, para “limpiar” la imagen de la ciudad antes de los Juegos Olímpicos. Utilizado desde mediados de los años 50, el sistema persigue a personas que han cometido delitos leves pero que no se consideran legalmente delincuentes. Se les obliga a trabajar durante largas jornadas, de un modo similar al trabajo obligatorio en las prisiones.
Las personas pueden permanecer detenidas durante tres años y en ocasiones hasta cuatro. Entre los delitos punibles con arreglo a este sistema se encuentran los de propaganda ilegal, conducción de taxis sin licencia, actividad comercial no autorizada, vagabundeo y mendicidad. Las autoridades también pueden castigar la protesta pacífica o la disidencia.
Se cree que en China hay centenares de miles de personas recluidas en centros de reeducación por el trabajo repartidos por todo el país. Todas ellas corren un riesgo elevado de sufrir tortura o malos tratos.
El uso por parte de China de la detención administrativa es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y quebranta el derecho de las personas detenidas a comparecer sin demora ante un juez y a un juicio con las debidas garantías, así como la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio.
Amnistía Internacional ha instado a China a abolir la reeducación por el trabajo y otras formas de detención administrativa punitiva. Hasta que ello ocurra, las autoridades deben garantizar que la policía de Pekín no utiliza la detención sin juicio para “limpiar” la ciudad.
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