Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Crónica del comercio del terror. Número 4

Crónica del comercio del terror

Amnistía Internacional

Número 4

Junio de 2003

Índice AI: ACT 31/002/2003/s


Armas sin control

Los poderosos Estados del G8, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Arreglo de Wassenaar y otras agrupaciones han manifestado que frenarán el comercio ilegal de armas y contribuirán a la protección de los derechos humanos. En este número de la Crónica del comercio del terror se muestra la diferencia existente entre lo prometido y la realidad.


*Foto portada

Activistas de Amnistía Internacional muestran la tarjeta roja al G8 al inicio de la manifestación ante la Cumbre del G8 celebrada en junio 2002 en Calgary, Canadá. © The Calgary Sun


SUMARIO: Más de tres millones de muertos: tráfico de armas y saqueo en la República Democrática del Congo / Llegada masiva de mercenarios y armas a Costa de Marfil / Armas de efectos indiscriminados: ¿qué dice AI sobre su empleo?/ ¿Quién armó a Irak? / El gobierno de Estados Unidos aumenta la ayuda militar a los responsables de abusos contra los derechos humanos / Piezas de armas: suministradas por Europa, fabricadas en EE.UU, utilizadas en Israel y los Territorios Ocupados / Comercio de instrumentos de tortura/ Los grandes resquicios legales: helicópteros para Colombia para la exportación de armas en Canadá / Mantenimiento del orden y armas – Afganistán, Timor Oriental y Sudáfrica



Europa hace campaña a favor del control del comercio de armas

El 27 de enero de 2003, una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) de Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, Italia, Reino Unido, España y Bélgica, en la que participan Secciones nacionales de AI, lanzó la campaña «Controlar la venta de armas para salvar vidas». El objetivo de la campaña es detener la transferencia internacional de armas cuando exista un claro peligro de que sus probables destinatarios las utilicen para cometer violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como establecer controles estrictos para la gestión de transferencias de armas y la exportación de su producción bajo licencia.


*Recuadro

ACTÚEN YA

Únanse a la campaña para regular las transferencias internacionales de armas; consulten los Puntos de mira que aparecen en la contraportada de este número y pónganse en contacto con la Sección de AI de su país para participar. Pueden encontrar los datos de contacto con las Secciones de AI en<http://web.amnesty.org/web/contacts.nsf>

*Fin recuadro


Lilian Thuram, campeón del mundo con la selección francesa, se dirige a los periodistas en una conferencia de prensa de lanzamiento de la Campaña europea para el control eficaz de las transferencias de armas, París, 27 de enero de 2003. © Sección Francesa de AI


*Recuadro

La acción en favor del control de las armas cambia las cosas


Algunos logros recientes:


  • En 2002, la Sección Italiana de AI y otras ONG de ese país formularon una petición respaldada por 100.000 firmas en la que solicitaban el refuerzo de la legislación sobre la exportación de armas, a fin de proteger los derechos humanos. El gobierno italiano manifestó a finales de 2002 que reforzará la legislación sobre armas pequeñas y gestión de transferencias internacionales de armas.

  • En 2001, los gobiernos de Reino Unido y Francia anunciaron la aprobación de nuevas leyes para controlar más estrictamente la gestión de transferencias y el tráfico de armas, tras la campaña que sobre esta cuestión llevaron a cabo la Sección Francesa y la Sección Británica junto con coaliciones de organizaciones no gubernamentales.

  • La Sección Eslovaca ha hecho campaña a favor del refuerzo de la legislación sobre la exportación de armas en la República Eslovaca. En 2002, el gobierno eslovaco modificó la legislación relativa a las licencias de exportación de armas e introdujo el derecho de veto del ministro de Asuntos Exteriores.

  • En Bélgica, tras las acciones emprendidas por la Sección Belga y de otras ONG de ese país, el gobierno propuso una reforma de la legislación nacional sobre el comercio de armas, en octubre de 2002. La propuesta incluye una prohibición de las transferencias de armas a gobiernos extranjeros que utilicen niños soldados en sus fuerzas armadas, así como la aplicación plena de los criterios del Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, entre los que figura el control de la producción de armas en el extranjero bajo licencia. También se ha ampliado el ámbito de la ley para incluir material policial y de seguridad.

  • Tras la captación de apoyos y las acciones conjuntas de una coalición de ONG encabezada por la Sección Española de AI, el gobierno español presentó en septiembre de 2002 un informe sobre las exportaciones de armas correspondientes a 2001 para su debate en el Congreso de los Diputados. En el informe constaba más información que la revelada en años anteriores, y aparecían más detalles de las exportaciones a cada país de destino correspondientes a siete categorías amplias de productos. No obstante, en el informe no se identificaban las armas específicas exportadas a cada país ni el usuario final, tal como solicitó el Congreso de los Diputados en diciembre de 2001.

  • La Sección Portuguesa de AI y otras ONG nacionales recogieron 95.000 firmas de respaldo de una petición para exigir más transparencia en la legislación nacional sobre transferencias de armas. En 2002, se le entregó la petición al presidente del Parlamento, y se creó una comisión parlamentaria encargada de estudiar los aspectos técnicos para introducir esta legislación.

*Fin recuadro


*Pie de foto: Logotipo de la Campaña europea para el control eficaz de las transferencias de armas. La campaña se ha lanzado en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. © Sección Francesa de AI



Los tribunales italianos excarcelan a un traficante de armas

La noche del 5 de agosto de 2000, la policía italiana detuvo a Leonid Minin cerca de Milán. En la habitación de su hotel se encontró un conjunto de documentos que, según los informes, exponían en detalle la venta ilegal de armas a uno de los movimientos rebeldes más brutales de África: el Frente Revolucionario Unido (FRU) de Sierra Leona.

En libertad

En junio de 2001, Leonid Minin fue acusado en Italia de tráfico ilegal de armas. No obstante, los jueces italianos manifestaron que resultaba muy difícil procesar a un hombre acusado de ese delito habida cuenta que las armas ni procedían de Italia ni fueron transferidas en su territorio.

El 17 de septiembre de 2002, el Tribunal Supremo italiano declaró que no existían fundamentos aceptables para mantener la acusación contra Leonid Minin, «aun cuando el tráfico de armas haya violado el embargo establecido en virtud de una resolución de las Naciones Unidas». El tribunal sostuvo que no podía actuar contra Leonid Minin, en tanto en cuanto no «amenazaba la seguridad interna» del Estado, y comunicó al fiscal que, para disponer de una base jurídica para declararlo culpable de tráfico de armas en África y Ucrania, habría de presentar más pruebas.

El 18 de diciembre de 2002, el tribunal de Monza decidió que no podía iniciar la instrucción de la causa contra Leonid Minin. Debido a ello, se le excarceló temporalmente en espera de la vista final que ha de celebrarse el 17 de junio de 2003.

El fiscal auxiliar de Monza culpó públicamente al Tribunal Supremo de manifestar que los actos de Leonid Minin no eran punibles en territorio italiano. En un caso de características semejantes, el Tribunal Supremo había fallado que la legislación sobre el tráfico de armas «también es de aplicación aunque las armas no se encuentren en el territorio nacional ni éste sea su destino".


*Recuadro

ACTÚEN YA

Envíen cartas al gobierno de su país y citen en ellas el ejemplo de Leonid Minin. Insten a su gobierno a que reconozca y promueva la necesidad de un instrumento legal internacional para controlar estrictamente la gestión de transferencias y el tráfico de armas, a fin de evitar que éstas caigan en manos de fuerzas armadas, como el FRU, que cometen graves abusos contra los derechos humanos; utilicen como apoyo los Puntos de mira que aparecen en la contraportada de este número. Señalen que la violación de los embargos armamentísticos de las Naciones Unidas debe considerarse un «acto ilegal» en todos los países.

*Fin recuadro


Las pruebas

Entre los documentos hallados en poder de Leonid Minin figuraban contratos, faxes relativos a negocios de armas, catálogos de armas y certificados falsos de usuarios finales. Tenía consigo una considerable suma de dinero en efectivo en rupias de Mauricio y florines húngaros, así como diamantes tallados por un valor de casi medio millón de dólares estadounidenses. Minin, ciudadano israelí, era titular de pasaportes de la antigua Unión Soviética, Rusia, Alemania y Bolivia. En diciembre de 2000, un Grupo de Expertos de las Naciones Unidas informó de que, en marzo de 1999, Leonid Minin había sido responsable del envío a Liberia, a través de Burkina Faso, de 68 toneladas de armas procedentes de Ucrania, destinadas al Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona. Las Naciones Unidas también llegaron a la conclusión de que se habían transportado armas para el Frente Revolucionario Unido desde Níger, a través de Liberia, en un avión BAC-111 propiedad de Leonid Minin, en diciembre de 1998 inmediatamente antes de la comisión generalizada de abusos contra los derechos humanos por las fuerzas rebeldes en Freetown, en enero de 1999. En octubre de 2001, las Naciones Unidas volvieron a informar de la implicación de Minin en el envío de 113 toneladas de armas a Liberia a través de Costa de Marfil. Tanto el Frente Revolucionario Unido como Liberia están sometidos al embargo impuesto por las Naciones Unidas en 1997 y 2001, respectivamente.



Estados Unidos suministra armas pequeñas a Filipinas

El gobierno de Estados Unidos ha suministrado recientemente al gobierno filipino material militar valorado en más 100 millones de dólares estadounidenses, entre el que se incluyen helicópteros, aviones de transporte y 30.000 fusiles M-16.

El acuerdo de suministro de este material se inscribe en la «guerra contra el terrorismo» emprendida por Estados Unidos, y su fin es apoyar a las fuerzas armadas Filipinas en su enfrentamiento permanente con varios grupos armados. No obstante, existe honda preocupación de que el material pueda utilizarse para cometer abusos contra los derechos humanos.

Tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados de oposición han cometido graves abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, en el contexto de los conflictos persistentes que vive el país.

Un comercio ilegal de armas floreciente

Ya existe un floreciente mercado ilegal de armas pequeñas en Filipinas, y se teme que la inyección de material militar procedente de Estados Unidos –que también comprende armas pequeñas– pueda contribuir a la mayor proliferación de éstas.

La pérdida, el robo o la venta ilegal de municiones destinadas al gobierno filipino son vías por las que éstas caen en manos de bandas de delincuentes o de grupos políticos armados.

El lucrativo mercado negro de armas pequeñas puede representar una tentación irresistible para los soldados mal pagados y con escasa disciplina.

En Mindanao, por ejemplo, más del 70 por ciento de la población posee una o másarmas de fuego. Es posible comprar ametralladoras por tan sólo 375 dólares estadounidenses y revólveres por unos 15 dólares. Las armas pequeñas se utilizan habitualmente para cometer homicidios (82 por ciento) y asesinatos (78 por ciento).

En Filipinas es fácil obtener armas por diversos conductos. Existen unos cuarenta y cinco fabricantes locales de armas de fuego (paltik) que abastecen al mercado de armas fáciles de adquirir y a precios asequibles no sólo a escala nacional, sino de toda la región.

Las armas pequeñas normalmente entran de contrabando en el país a través de rutas encubiertas. Los envíos realizados en connivencia con gobiernos u organizaciones extranjeras con frecuencia sirven para armar a los grupos insurgentes del país. Según los informes, el gobierno chino ha enviado armas al Nuevo Ejército del Pueblo, mientras que tanto Libia como Malaisia han abastecido de armas a los grupos secesionistas islámicos de Mindanao.

Los intentos de control de armas pequeñas efectuados por el gobierno filipino distan de ser rigurosos. Por ejemplo, en el periodo de seis años que media entre 1993 y 1999, alrededor del 93 por ciento de las armas de fuego recuperadas en las causas penales carecían de licencia. En un mercado tan falto de control existe un claro peligro de que estas armas se utilicen en conflictos armados o para cometer delitos violentos.


Un niño mira el arma de alta potencia de un soldado del ejército filipino en la isla de Basilan, al sur de Filipinas, en junio de 2002. © AP Photo/Bullit Marquez


*Recuadro

ACTÚEN YA

Escriban a la embajada de Estados Unidos en su país manifestando su preocupación por la transferencia de estas armas a Filipinas. Utilicen la información que aparece en este artículo para recordar al gobierno estadounidense el coste humano que supone la proliferación de armas en Filipinas y pidan controles rigurosos sobre los usuarios finales de las armas que Estados Unidos exporta a Filipinas. Consulten los Puntos de mira que aparecen en la contraportada.

*Fin recuadro


*Pie de foto: El Día de la Destrucción de Armas Pequeñas, julio de 2002, tiene lugar en Quezón City, Filipinas, la destrucción de un millar de armas confiscadas. © AP Photo/Bullit Marquez



En enero de 2002, comenzaron unas maniobras militares de seis meses de duración en Mindanao en las que participaron 650 soldados estadounidenses en calidad de asesores. El objetivo declarado era instruir al ejército filipino en la lucha «contraterrorista» frente a Abu Sayyaf, grupo secesionista musulmán implicado en secuestros para pedir rescates. En noviembre de 2002, se firmó un acuerdo de cinco años entre Estados Unidos y Filipinas que permitía la utilización de este país como «punto de abastecimiento» para las operaciones militares estadounidenses.



Más de tres millones de muertos


Tráfico de armas y saqueo en la República Democrática del Congo


Se calcula que, desde 1998, han perdido la vida en la República Democrática del Congo más de tres millones de civiles a causa del conflicto.

Las partes enfrentadas han cometido abusos masivos contra los derechos humanos. Muchos de estos abusos se han producido en el contexto de los intentos de controlar los inmensos recursos naturales del país. No sólo se han recibido informes de abusos en los yacimientos de diamantes de Mbuji-Mayi, sino también en las cercanías de las abundantes reservas de cobalto, columbotantalita (un componente utilizado en los chips electrónicos de teléfonos móviles y ordenadores portátiles), cobre, oro, madera, uranio y agua de que dispone la República Democrática del Congo. Los investigadores de las Naciones Unidas han descubierto pruebas de la existencia de vínculos entre el tráfico de recursos naturales y el tráfico ilegal de armas.

Redes de poder

Un Grupo de Expertos de las Naciones Unidas encargado de investigar la explotación ilegal de recursos en la República Democrática del Congo acuñó el término «redes de poder » para referirse a los grupos de políticos, jefes militares y empresarios que actúan conjuntamente en la República Democrática del Congo para controlar todos los aspectos de las actividades comerciales en sus zonas respectivas.

Control

En el conflicto actual de la República Democrática del Congo están implicadas fuerzas de Angola, Burundi, Ruanda, Uganda y Zimbabue, así como grupos armados de oposición y fuerzas gubernamentales nacionales. Algunas zonas importantes del país están bajo el dominio efectivo de varios ejércitos extranjeros que compiten por controlar su riqueza mineral.

El ejército de la República Democrática del Congo se dedica a vigilar las concesiones de diamantes de la región de Mbuji-Mayi. Las fuerzas de Zimbabue también participaron en esta vigilancia hasta su retirada del país a mediados de 2002. Estos soldados, que han actuado sin contar con un marco legal adecuado, bajo una cadena de mando independiente de la de los guardias de seguridad empleados directamente por la compañía minera MIBA, han sido responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales incluidas.

En las zonas de la República Democrática del Congo ocupadas por Ruanda y Uganda, el ejército también se encarga del control del acceso a los recursos naturales.

Establecimiento de vínculos

Un paso importante para poner fin a los abusos contra los derechos humanos que acompañan a este conflicto consistiría en abordar las fuentes de ingresos ilegales que se utilizan para financiar el tráfico ilegal de armas. Uno de los logros esenciales del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas ha sido la demostración de los vínculos existentes entre la explotación de minerales y el comercio ilegal de armas. Estos vínculos a menudo entrañan la participación de una cadena comercial internacional que pone en conexión a una red de individuos, cuya relación se oculta cuidadosamente. Los ejemplos siguientes, extraídos del informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, son una muestra de la complejidad de dichos vínculos.

Avient

En la zona de la República Democrática del Congo controlada por el gobierno, o expertos de las Naciones Unidas han descubiertos que una compañía minera, Oryx Natural Resources, mantiene una estrecha relación de trabajo con Avient Air, una empresa militar que suministra material y servicios a los ejércitos de Zimbabue y República Democrática del Congo.

Asimismo los expertos de las Naciones Unidas descubrieron pruebas de un pago de 35.000 dólares estadounidenses efectuado en septiembre de 2001 desde la cuenta de Oryx en la Banque Belgolaise a Avient Ltd., la filial de Avient Air que tiene su sede en el Reino Unido.

En abril de 2002, Avient Air actuó de intermediaria en la venta de seis helicópteros de ataque al gobierno de la República Democrática del Congo. La compañía había sido contratada para organizar, bajo la dirección de un ex capitán del ejército británico, la campaña de bombardeos en el este de la República Democrática del Congo en 1999 y 2000. Al mismo tiempo, Avient Air organizó la logística y el transporte de equipos mineros de Sengamines –una empresa conjunta, en parte zimbabuense, estrechamente vinculada a las Fuerzas de Defensa de Zimbabue y de la que es accionista Oryx Natural Resources–, a la que el entonces presidente de la República Democrática del Congo, Laurent-Désiré Kabila, cedió en 1999 los derechos exclusivos de dos de las concesiones de diamantes más ricas del país.

Victor Bout

La red de poder de la zona de la República Democrática del Congo controlada por Ruanda mantiene estrechos lazos comerciales con Victor Bout. Las Naciones Unidas han acusado a Victor Bout de utilizar los Emiratos Árabes Unidos como base permanente para sus actividades de comercio ilegal de armas y contrabando de diamantes.

Al parecer, se utilizaron aviones de su propiedad para sacar columbotantalita y casiterita de la República Democrática del Congo, para llevar suministros a los yacimientos mineros de este país y para transportar tropas y material militar. Durante la importante campaña militar que tuvo como escenario Pweto, en la República Democrática del Congo, a finales de 2000, se utilizaron los aviones de Victor Bout para transportar a la zona soldados del Ejército Patriótico Ruandés. Según los informes, en esta campaña se produjeron abusos generalizados contra los derechos humanos.

Victor Bout también está relacionado con la red de poder de la zona de la República Democrática del Congo controlada por ugandeses. Los aviones de Bout comparten horarios de vuelo y destinos con Planet Air, cuya propietaria es la esposa del teniente general Salim Saleh, antiguo jefe del ejército ugandés y pieza clave de la red de poder. Según los informes, Planet Air facilita las actividades de Victor Bout registrando los planes de vuelo de sus aviones. Un piloto británico ha manifestado que transportó habitualmente pertrechos militares y tropas al este de la República Democrática del Congo en un avión de Planet Air.

Armas de fuego y diamantes

La siguiente historia sobre un envío de armas es ilustrativa de cómo el contrabando de diamantes y el comercio ilegal de armas están inextricablemente unidos en la República Democrática del Congo. Las víctimas son los innumerables civiles atrapados en el conflicto, a los que se ha privado de los derechos humanos fundamentales.

En octubre de 2001 un Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Liberia exponía los detalles de un envío ilegal de armas procedentes de una empresa con sede en Uganda a Monrovia, capital de Liberia, en el que intervenían una compleja red de empresas de aviación, comerciantes de armas y transportistas.

Las Naciones Unidas habían prohibido a Liberia la importación de cualquier tipo de armamento porque se sospechaba que las autoridades de este país prestaban ayuda al grupo de oposición armada Frente Unido Revolucionario de la vecina Sierra Leona. Este grupo ha sido responsable de homicidios generalizados, mutilaciones y violaciones de civiles.

El envío lo componía una remesa de metralletas de fabricación eslovaca, destinadas oficialmente a Guinea. No obstante, el avión que las transportaba –un Ilyushin utilizado por las aerolíneas centroafricanas, controladas por Victor Bout– cambió su destino y se dirigió a Liberia.

El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas no mencionó un detalle: la escala en la República Democrática del Congo. Según han revelado las investigaciones realizadas por el Centro Internacional de Información para la Paz en Amberes (Bélgica), al regresar de Liberia, el avión hizo escala en la ciudad de Kisangani, situada en el centro de la República Democrática del Congo.

La documentación de las autoridades de Aviación Civil de Uganda muestra que el avión aterrizó en aeropuerto de Entebbe, procedente de Kisangani, el 25 de noviembre de 2000.

Sanjivan Ruprah también ha estado vinculado al mercado de diamantes de la República Democrática del Congo desde principios de la década de los noventa; las autoridades de este país le han cedido una concesión de diamantes de 4.000 km2 en Kisangani. Ruprah mantiene estrechas relaciones con la Unión Congolesa para la Democracia, un grupo armado de oposición de la República Democrática del Congo y, según los informes, ha intentado vender los diamantes congoleses en Bélgica y también está sumamente implicado en la venta ilegal de armas a Liberia.

Compañeros de armas

Al parecer, Victor Bout y Sanjivan Ruprah organizaron en ese momento el intercambio de diamantes por armas en Liberia y la República Democrática del Congo. Según los informes, estas dos personas llevan muchos años realizando actividades relacionadas con el comercio ilegal de armas.

El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas reveló que Carlos Alberto Laplaine (alias «Beto»), estrecho colaborador de Sanjivan Ruprah y muy introducido en el mercado de diamantes de Amberes, viajó en el avión de transporte que llevaba las armas eslovacas a Liberia y a la República Democrática del Congo. En su tarjeta de inmigración de Uganda figuraba como profesión «comerciante de diamantes».

En febrero de 2002, Sanjivan Ruprah fue detenido en Bélgica acusado de falsificación y tenencia de pasaporte falso. Según su abogado belga, había intentado vender diamantes en Amberes en nombre del presidente de Ruanda, Paul Kagame.

¿Un segundo envío?

El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas también reveló que el mismo avión que transportó las armas a Liberia regresó a Uganda tres días más tarde para recoger otras 1.250 metralletas. En esta ocasión, las autoridades ugandesas decidieron quedarse con las armas y pagarlas, aunque no está plenamente aclarado lo que sucedió con este segundo envío.

En una carta de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda fechada el 11 de enero de 2001 se alude detalladamente a los componentes de este segundo envío. En ella se pide el suministro de 600 fusiles con destino a la provincia de Ituri, situada al noreste de la República Democrática del Congo, solicitud que coincide con un episodio de especial brutalidad en el conflicto del país.


*Recuadro

En septiembre de 2001, el joven de 18 años Mukeba Muchuba murió a causa de los disparos efectuados por un guardia cuando intentaba entrar en la concesión de la compañía de extración de diamantes Société Minière de Bakwanga (MIBA) en Mbuji-Mayi. Un amigo suyo, Kabongo, resultó muerto en el mismo lugar a principios de ese año cuando un guardia de MIBA lo sorprendió saliendo de una de las minas. Según los informes, el guardia advirtió que iba a matar a Kabongo, que iba desarmado, y lo abatió a tiros. Después dijo a los acompañantes de la víctima: «Éste es el destino que les espera a todos».

Cada año mueren a causa de disparos decenas de personas en los campos diamantíferos de Mbuji-Mayi, y muchas más resultan heridas. Muchas personas, entre las que figuran niños, permanecen retenidas sin cargos en condiciones terribles por las fuerzas de seguridad, que no tienen autoridad formal para detenerlas. La mayoría de las víctimas son elegidas por ser sospechosas de extracción ilegal en las concesiones de diamantes.

*Fin recuadro


*Pie de foto: Tarjetas postales de acción de AI dirigidas al presidente del Consejo Mundial del Diamante con el fin de romper la vinculación existente entre diamantes y abusos contra los derechos humanos. © AI


*(Izquierda): AI y la campaña para eliminar los diamantes de zonas en conflicto. Postales diseñadas por Martin Williams Advertising. Fotografía de Curtis Jonson. © AI


*Pie de foto (abajo): Tarjeta de acción, en la que aparecen mineros ilegales realizando labores de tamizado para la obtención de diamantes, así como civiles víctimas de disparos (en los recuadros). © AI



Para participar en la campaña de Amnistía Internacional centrada en los abusos contra los derechos humanos relacionados con la explotación económica en África, visiten:

<web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/ec_campaigns_África>


*Recuadro

ACTÚEN YA

Escriban a su gobierno haciendo referencia a la República Democrática del Congo y pregunten qué mecanismos legales ha puesto en práctica para controlar las actividades de las personas dedicadas al comercio de armas y evitar el suministro de éstas a quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Insten a que se establezca un registro prescriptivo de los traficantes y transportistas de armas en sus países de nacionalidad o de residencia, y a que se aplique un procedimiento estricto de concesión de licencias para todos los negocios o envíos de armas propuestos, aunque éstos se efectúen a través de terceros países. Enumeren los Puntos de mira que aparecen en la contraportada.

Escriban a los agentes que desempeñan un papel clave en conflicto de la República Democrática del Congo, tales como los gobiernos de la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda, instándolos a que tomen medidas que permitan eliminar los vínculos existentes entre la explotación de los recursos minerales, el conflicto y los abusos contra los derechos humanos en aquel país. Para obtener un modelo de carta referente a los abusos contra los derechos humanos en los campos diamantíferos de Mbuji-Mayi, visiten la página web: http://web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/ec_campaigns_africa

*Fin recuadro


ACT NOW

Conflicto en la provincia de Ituri

La provincia de Ituri se ha visto asolada por el brutal conflicto de índole étnica entre los grupos hema y lendu. Tanto el ejército ugandés como sus aliados en la República Democrática del Congo han sido responsables de graves violaciones de los derechos humanos, así como de instigar los enfrentamientos entre las milicias de las etnias hema y lendu. Su objetivo es poder acceder a las importantes reservas de oro y diamantes que existen en la región.

Las Naciones Unidas calculan que en la provincia de Ituri han muerto unas 50.000 personas desde 1999, y que 500.000 se han visto obligadas a desplazarse. A pesar de haberse celebrado acuerdos de paz entre el gobierno y las fuerzas de oposición, se producen enfrentamientos continuos entre las milicias que intentan infiltrarse en las zonas ricas en recursos situadas en la frontera entre la República Democrática del Congo y Uganda.

El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas ha empezado a arrojar luz sobre el turbio mundo de los negocios armamentísticos ilegales. Es indiscutible que existen vínculos entre la capacidad de las facciones combatientes para adquirir armas con las que continuar el conflicto y los beneficios generados por la extracción ilegal y el contrabando de recursos minerales.

La base de estos vínculos la constituyen los intermediarios y traficantes de armas a escala mundial, que siguen llevando a cabo su comercio ilegal sin importarles lo más mínimo las consecuencias que tienen sus actividades para los derechos humanos fundamentales de millones de personas.

Únanse a los esfuerzos de Amnistía Internacional por aumentar las salvaguardas frente a abusos futuros.


*Pie de foto: Miembros de la Sección Italiana de AI en una actuación pública de la campaña sobre diamantes y armas durante el Foro Social Europeo celebrado en Florencia en noviembre de 2002. © AI



Llegada masiva de mercenarios y armas a Costa de Marfil


Mercenarios extranjeros

El Instituto de Estudios sobre Seguridad, con sede en Sudáfrica, manifestó el 29 de octubre de 2002 que el presidente Gbagbo, de Costa de Marfil, había contratado a varias decenas de mercenarios sudafricanos.

En noviembre, un portavoz del ejército francés, que a la sazón estaba desplegado en Costa de Marfil para evacuar a ciudadanos extranjeros y vigilar el alto el fuego (véase el recuadro), indicó que un grupo integrado por blancos y angloparlantes negros había participado en un ataque con helicópteros a las posiciones de los rebeldes al oeste de país. Posteriormente, una fuente cercana al presidente Gbagbo manifestó que los combatientes blancos eran en realidad componentes de los equipos de vuelo de los helicópteros de combate que el gobierno había adquirido recientemente.

Algunos de los mercenarios de países vecinos que se han unido a la rebelión están dirigidos por un ex comandante del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, grupo armado de oposición que llevó a cabo una campaña coordinada de mutilaciones y homicidios durante el cruento conflicto civil.


Armas pequeñas

La proliferación de armas pequeñas en los países vecinos contribuye a las violaciones de los derechos humanos en Costa de Marfil.

Costa de Marfil firmó en octubre de 1998 la suspensión relativa a armas pequeñas impuesta en la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO). No obstante, el gobierno de Costa de Marfil ha conseguido importar una cantidad notable de armamento, sobre todo de China. Entre noviembre y diciembre de 2002, un Boeing 707, fletado por la sucursal china de una empresa alemana, transportó una remesa de material militar desde el aeropuerto chino de Cantón hastaAbiyán. En la lista de embalaje se incluían 1.000 balas de metralleta T62 mm y un millón de balas ordinarias de 7,62 mm. Según los informes, el envío lo entregó una compañía aérea con base en Uganda dirigida por dos pilotos belgas y un ingeniero alemán.


*Recuadro

Crisis en Costa de Marfil


En septiembre de 2002, el levantamiento de un grupo armado dividió de hecho Costa de Marfil en dos partes. Tanto las fuerzas del gobierno como los grupos armados cometieron graves abusos contra los derechos humanos.

El 19 de septiembre, día en que se inició el levantamiento, las fuerzas de seguridad mataron a tiros al general Gueï, ex jefe del Estado. Su esposa, Rose Gueï, y otros de sus allegados se mantuvieron ocultos, pero las fuerzas de seguridad los descubrieron y los mataron.

La crisis de septiembre tuvo lugar tras los dos años de desórdenes que siguieron al golpe militar de diciembre de 1999. Este periodo se caracterizó por graves violaciones de los derechos humanos en un ambiente de xenofobia alentado por los dirigentes políticos.

Tras la firma de un acuerdo de alto el fuego auspiciado por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), las dos partes convinieron en abstenerse de reclutar y utilizar mercenarios y niños.

No obstante, el acuerdo no sirvió para detener las hostilidades. Los helicópteros gubernamentales comenzaron a atacar las posiciones de los rebeldes en el oeste y causaron numerosas víctimas civiles. En noviembre, dos nuevos grupos armados de oposición, el Movimiento por la Justicia y la Paz y el Movimiento Popular Marfileño del Gran Oeste (MPIGO) se alzaron en armas en las cercanías de la frontera liberiana.

A finales de enero de 2003, todos los bandos del conflicto firmaron el Acuerdo de Marcoussis, que disponía el establecimiento de un gobierno de reconciliación nacional, en el que participarían todas las partes enfrentadas, pero en marzo aún no se había formado el gobierno a causa de las desavenencias entre éstas.

Los enfrentamientos continuaron a pesar del acuerdo. A comienzos de marzo de 2003, seguían los combates al oeste del país, con graves consecuencias para los civiles, miles de los cuales tuvieron que desplazarse. El 2 de marzo, Felix Doh, dirigente del MPIGO manifestó que helicópteros artillados gubernamentales habían llevado a cabo ataques contra civiles y habían matado a 20 de ellos, y declaró que daba por terminado el frágil alto el fuego.

Visita de AI a Costa de Marfil

En octubre de 2002, Amnistía Internacional envió una delegación a la región que concluyó que las dos partes del conflicto habían actuado especialmente contra civiles sospechosos de apoyar a la parte contraria. Debido a ello, se había producido el desplazamiento de decenas de miles de personas con la consiguiente crisis humanitaria. Entre los abusos cometidos figuraban homicidios arbitrarios y extrajudiciales, detenciones secretas de miembros de la oposición, destrucción de viviendas y extorsiones a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, así como la violencia física e intimidación dirigidas contra civiles, trabajadores de derechos humanos y periodistas.

*Fin recuadro


*Recuadro

ACTÚEN YA

Escriban a las embajadas china, belga y alemana de su país citando los ejemplos anteriores y pregúntenles por qué permiten que ciudadanos de sus respectivos países envíen armas a Costa de Marfil en el contexto de una grave crisis humanitaria. Pídanles que apliquen lo especificado en los Puntos de mira que aparecen en la contraportada.

Escriban a la embajada sudafricana en su país, pidiendo a las autoridades que realicen una investigación urgente de los informes sobre las actividades de mercenarios sudafricanos en Costa de Marfil.

Escriban también al primer ministro de Costa de Marfil pidiendo que el gobierno cumpla con su deber de garantizar el respeto de los derechos humanos en el país y que tome medidas para garantizar el cumplimiento de la suspensión de armas pequeñas impuesta en la CEDEAO.

*Fin recuadro


*Pie de foto: Los rebeldes amenazan a un combatiente gubernamental capturado mientras patrullaba en las inmediaciones de la ciudad ocupada de Bouaké, Costa de Marfil, en octubre de 2002. © AFP/Georges Gobet


La gente huye de una ciudad en el oeste de Costa de Marfil tras los duros combates entre los rebeldes y las tropas gubernamentales en diciembre de 2002. © Reuters/Luc Gnago


Armas de efectos indiscriminados: ¿qué dice Amnistía Internacional sobre su empleo?


Amnistía Internacional pide a todas las partes de cualquier conflicto internacional que, en cumplimiento de los principios vinculantes del derecho internacional humanitario, tomen todas las precauciones necesarias para evitar causar víctimas civiles. La organización pide, por ejemplo, que se prohíban los ataques directos contra la población o bienes civiles, los ataques que no distingan entre objetivos militares y civiles, y los ataques que, aunque dirigidos contra un objetivo militar, tengan un impacto desproporcionado sobre la población o bienes civiles.


Armas químicas y biológicas

El derecho internacional prohíbe el uso de armas químicas y biológicas en conflictos armados. Se trata de armas que, por su naturaleza, tienen efectos indiscriminados y no pueden utilizarse sin violar el principio de distinción entre civiles y combatientes, que es una norma consuetudinaria del derecho internacional humanitario.


Aun cuando puedan dirigirse únicamente contra combatientes, los ataques con armas químicas y biológicas están prohibidos porque causan a éstos lesiones o sufrimiento innecesarios y violan las obligaciones derivadas del derecho humanitario internacional consuetudinario.


Armas nucleares


En el contexto de conflictos armados internacionales, como el habido, por ejemplo, entre Estados Unidos y sus aliados, e Irak, Amnistía Internacional pide a todas las partes implicadas que se abstengan de utilizar armamento nuclear, ya que su empleo viola las normas fundamentales del derecho internacional humanitario.


Uranio empobrecido

Tras su informe sobre la campaña de bombardeos llevada a cabo por la OTAN en la ex Yugoslavia, y atendiendo al contexto más reciente del bombardeo de Afganistán encabezadopor Estados Unidos, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que suspendan la transferencia y utilización de las armas de uranio empobrecido hasta que se conozca el resultado de las investigaciones realizadas sobre sus efectos a largo plazo en la salud. El armamento de uranio empobrecido puede suponer un peligro prolongado para los civiles y el medio ambiente. Según algunos estudios, la inhalación o ingestión del polvo de uranio empobrecido, que permanece en las inmediaciones de los objetivos alcanzados por este tipo de armas, supone un riesgo considerable para la salud.


Minas antipersonal

Las minas antipersonal son, hasta la fecha, las únicas armas sobre cuya utilización, fabricación, almacenamiento y transferencia Amnistía Internacional ha hecho pública su completa oposición. En muchos conflictos se colocan minas de forma deliberada en zonas en las que causarán el máximo trastorno de la vida civil y seguirán mutilando y matando civiles desprevenidos mucho después de finalizado el conflicto.


Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos del mundo que:

• firmen, ratifiquen y apliquen la Convención de Ottawa de 1997, y vigilen su cumplimiento;

• prohíban el empleo, utilización, almacenamiento, venta, transferencia y exportación de minas terrestres;

• asignen recursos para poner en marcha programas comunitarios de desminado y de sensibilización del público sobre esta cuestión; y

• presten ayuda a las víctimas de las minas terrestres


Bombas racimo

Amnistía Internacional ha abordado el problema de las bombas racimo en el contexto de la guerra sobre Kosovo y en Afganistán.


Las bombas racimo son municiones que contienen centenares de cargas.


En octubre del 2001, durante el bombardeo de Afganistán encabezado por Estados Unidos, Amnistía Internacional pidió se suspendiera el empleo de las bombas racimo. Éstas presentan un elevado riesgo de herir indiscriminadamente a civiles ya que liberan numerosas bombas que se extienden por una amplia zona. De éstas, al menos el cinco por ciento no estallan al hacer impacto, convirtiéndose de hecho en minas antipersonal que son una amenaza continua para quienes entran en contacto con ellas, incluidos los civiles que se desplazan.


Amnistía Internacional continuará pidiendo la suspensión del empleo de bombas racimo.


*Recuadro:

El gobierno italiano autorizó la exportación a Irak de más de 9.000.000 minas terrestres antipersonal en los años ochenta. El ejército iraquí las utilizó en las zonas kurdas del norte de Irak. Recientemente se han encontrado algunas de estas minas terrestres en Turquía, donde han sido utilizadas por grupos armados kurdos. El ejército turco también ha utilizado minas terrestres y existen numerosos informes de muertes y lesiones de civiles causadas por estas armas antipersonal.


ACTÚEN YA


Pidan a su gobierno:

• que no utilice armas que, por su naturaleza, tienen efectos indiscriminados, tales como las armas químicas y biológicas, las bombas racimo y las minas terrestres antipersonal;

• que no utilice misiles de largo alcance faltos de precisión (como los misiles Scud de largo alcance) ni que efectúe bombardeos desde gran altitud (por encima de los 5.000 metros) ya que, como se ha podido comprobar recientemente, ello impide el pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario que exige a las partes beligerantes el máximo esfuerzo para distinguir entre objetivos militares y civiles;

• que se abstenga de utilizar armas con punta de uranio hasta que se hagan públicos los resultados de pruebas médicas independientes que demuestren que dichas armas no representan un peligro duradero para los civiles.

¡ACTÚEN YA!

*Mini-recuadro:

En 1997, 122 países firmaron la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (conocida como la Convención de Ottawa), que entró en vigor el 1 de marzo de 1999.


*Recuadro:

La Convención sobre Armas Biológicas (1972) prohíbe el desarrollo, la producción y el almacenamiento de agentes biológicos con fines bélicos. La Convención sobre Armas Químicas (1992) prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la utilización de armas químicas y exige la destrucción de las instalaciones de producción de armas químicas y de las propias armas. Estados Unidos ha ratificado ambas convenciones, mientras que Irak ha ratificado la Convención sobre Armas Biológicas.


*Foto:

En 1999, frente al Holy Trinity High School de Edmonton, Alberta, los alumnos de este centro de enseñanza secundaria canadiense crearon con zapatos un monumento en homenaje a las víctimas de las minas terrestres.

© Nancy Ingram, Mines Action Canada, 1999

*Ilustración:


Las armas de efectos indiscriminados causan víctimas civiles


Uranio empobrecido, Minas antipersonal, Bomba racimo, Uranio empobrecido, “Bomba sucia”

© Karl Wood



¿Quién armó a Irak?


A la sombra de los enormes preparativos militares dirigidos por Estados Unidos contra Irak a finales del 2002 y principios del 2003, salieron a la luz pruebas de que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como varios Estados de la Europa Oriental y Siria, habían suministrado armas y material bélico al gobierno iraquí. No obstante, en el momento de redactarse este documento, no han aparecido pruebas concluyentes que demuestren que Irak posee armas de destrucción masiva.


Antes de la primera Guerra del Golfo (1991), se acusaba al menos a 20 países de suministrar a Irak la tecnología necesaria para llevar a cabo distintos programas armamentísticos y, en especial, el programa de armas químicas. En diciembre del 2002, el gobierno iraquí presentó a las Naciones Unidas un dossier de 12.000 páginas en el que se enumeraban las empresas británicas, francesas, rusas, estadounidenses y chinas que habían suministrado a Irak tecnología para la producción de armas.


Diecisiete empresas británicas a las que se cita como responsables del suministro de tecnología para la producción de armas biológicas, químicas, balísticas y convencionales serán investigadas y pueden ser procesadas. El dossier indica que 24 empresas estadounidenses vendieron armas a Irak, así como tecnología balística y nuclear, y que 50 filiales de empresas extranjeras habían realizado negocios armamentísticos con Irak desde Estados Unidos.


Alemania resultó ser el mayor socio comercial de Irak en materia de armas: 80 empresas estaban implicadas en ventas de tecnología armamentística. Aunque casi todo el comercio se suspendió en 1991 con el estallido de la Guerra del Golfo, Rusia, China y, según los informes, Portugal, vendieron armas a Irak después de 1991, lo que supone una violación de las resoluciones de las Naciones Unidas.


Armas de destrucción masiva

En agosto de 1991, los inspectores de armas de las Naciones Unidas –UNSCOM– elaboraron una lista de empresas que habían suministrado a Irak tecnología para su programa de armas químicas y biológicas. La lista no se hizo pública, pero los gobiernos pueden obtener información sobre la participación de empresas de sus respectivos países si lo solicitan especialmente a las Naciones Unidas.


Varias empresas alemanas han sido objeto de investigaciones criminales por sospecharse que habían violado el embargo de armas establecido contra Irak. El Reino Unido y Estados Unidos han sido acusados de apoyar el programa iraquí de armas químicas y biológicas mediante la venta de productos químicos y de tecnología.


«Las empresas británicas vendieron el año pasado toneladas de ingredientes esenciales para la fabricación de gas nervioso y gas mostaza a Irak e Irán, confirmó ayer el Ministerio de Comercio [...] según los datos del Ministerio, se han exportado a Irak 2.000 kilos de difloruro de metilfosfonilo. Éste es el ingrediente básico del gas nervioso “sarín” [...] Las empresas británicas también vendieron 38.000 kilos de metilfosfonato de dimetilo y otros ingredientes del gas sarín a Irak».

Andrew Beitch, The Guardian, 6 de abril de 1984.


Cuatro años después de la publicación de este artículo, en marzo de 1988, unas 5.000 personas perecían y varios millares resultaban heridas a consecuencia del ataque de las fuerzas iraquíes con armas químicas a la ciudad de Halabya, en el norte de Irak. La mayoría de las víctimas fueron civiles, muchas de ellas mujeres y niños.


Programa de armas convencionales

Las armas convencionales suministradas por muchos Estados a las fuerzas armadas iraquíes, tales como artillería, tanques, vehículos militares y aviones y helicópteros de combate, se han utilizado para cometer graves violaciones de los derechos humanos.


Por ejemplo, en abril de 1999, tuvieron lugar enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad cuando éstas intentaban impedir que los musulmanes chiíes participaran en la oración del viernes en la mezquita de al Hikma, sita en la Ciudad de Sadam, un distrito de Bagdad. Según los informes, murieron decenas de manifestantes. Un testigo presencial relató a Amnistía Internacional que «al ver que le impedían acudir a sus oraciones, la gente comenzó a gritar consignas contra las autoridades. Algunos manifestantes iban armados y comenzaron a disparar contra las fuerzas de seguridad; éstas utilizaron tanques contra la población y mataron a un gran número de personas, entre ellas muchos niños».


En 1994, las fuerzas especiales y el ejército de Irak continuaron lanzando ataques armados intencionados e indiscriminados contra objetivos civiles, tales como los asentamientos de Jibayesh, 'Uwaili y Saigal, de mayoría musulmana chií, situados en la región pantanosa del sur del país. Decenas de familias tuvieron que desplazarse al ser destruidas sus viviendas o huyendo del bombardeo de la artillería. En febrero de 1992, el presidente Sadam Hussein declaró que los musulmanes chiíes que habían participado en el levantamiento de marzo de 1991 debían ser ametrallados por su traición.


Además de los suministros procedentes de los países citados anteriormente, se introdujeron de contrabando en Irak piezas de repuesto procedentes de la Europa Oriental y de las repúblicas de la ex Unión Soviética, a pesar del embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas. Aunque dichas transferencias de armas eran ilegales según el derecho internacional, parece que en muchos casos las ventas de armas fueron autorizadas por organismos gubernamentales o realizadas por organismos estatales de exportación de armas.


La facilidad con la que varios países han sorteado el embargo de las Naciones Unidas pone de manifiesto la necesidad de un tratado mundial sobre el comercio de armas que permita aplicar controles nacionales a la exportación, respaldados por la ley.


*Foto:

Enero del 2003: Kurdos iraquíes se manifiestan contra la utilización de armas químicas frente a la oficina de las Naciones Unidas en Sulaimaniya, en el norte de Irak, y muestran fotos de las víctimas del ataque lanzado por el ejército iraquí contra Halabya en marzo de 1988. © AP/Hasan Sarbakhshian


ACTÚEN YA


Escriban a las embajadas alemana, estadounidense, británica, francesa, rusa y china y pidan que hagan pública la lista de empresas que suministraron tecnología para los programas iraquíes de armas químicas, biológicas y otros tipos. Pregúntenles qué medidas han tomado para evitar que los ciudadanos de sus países respectivos suministren tecnologías similares a otros países.


Escriban también a los gobiernos de Europa Oriental y Oriente Medio que aparecen en esta página y pídanles que fortalezcan los controles de exportación de armas y que den prioridad a los criterios de derechos humanos a la hora de autorizar las exportaciones, tal como establece la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

¡ACTÚEN YA!


*Recuadro:

Bulgaria

Noviembre del 2002: según los informes, el gobierno búlgaro admitió que la planta de Terem, en Turgovishte, había enviado a Irak vehículos acorazados y piezas de repuesto a través de Siria.

Bielorrusia

Enero del 2003: las autoridades libanesas capturan una remesa de cascos y equipos de comunicaciones procedentes de Bielorrusia con destino a Irak. También informan que se había enviado tecnología para fines balísticos y tecnología de doble uso.

Bosnia

Según los informes, varias compañías musulmanas de Bosnia habían estado implicadas en el suministro de municiones, explosivos y artillería pesada.

Ucrania

Julio del 2002: el Parlamento ucraniano crea una comisión para investigar informes de prensa que denuncian la participación de autoridades gubernamentales en la venta de armas a Irak, incluida la venta de estaciones de radar por valor de 100 millones de dólares estadounidenses, con la consiguiente violación del embargo impuesto por las Naciones Unidas.


Bosnia y Serbia

Octubre del 2002: varios informes resaltan el importante papel desempeñado por Serbia en la exportación de armas a Irak, así como las actividades de Yugoimport, el organismo estatal de exportación de armas, en el suministro de misiles con capacidad para perforar blindajes, cohetes, municiones antitanque, motores de tanques, diversos explosivos, estabilizadores químicos y lanzagranadas. El mantenimiento de los aviones de combate iraquíes MiG-21 contó con combustible para misiles, piezas de motores y técnicos de una empresa serbiobosnia.

Rusia

Los investigadores de las Naciones Unidas encontraron pruebas del suministro de piezas para misiles de largo alcance a Irak a través de un intermediario palestino. Rosoboronexport, el organismo de exportación de armas bajo control estatal ruso, mantuvo su oficina comercial en Bagdad a pesar del embargo de armas establecido por las Naciones Unidas.



*Recuadro:

Siria

Según los informes de principios de 2003, se introducía en Irak material militar –desde pneumáticos de camión hasta piezas de aviones– a través de las fronteras de Siria y Jordania. Al parecer, muchos de los suministros procedían de países de Europa Oriental y estaban compuestos por motores de aviones a reacción de fabricación rusa, motores renovados para tanques rusos y cañones antiaéreos checos. Entre las compras de armas realizadas por Siria con destino a Irak figuraban, según los informes, motores renovados para tanques T-55 y otras piezas de repuesto para tanques T-72 (procedentes de Bulgaria y Bielorrusia); camiones militares rusos, y aviones MiG-29 y sistemas de radar procedentes de Ucrania.




*Título de la ilustración:

¿En qué lugares del mundo hay fuerzas militares estadounidenses? ¿A quiénes instruyen y qué les enseñan?


*Foto:

Informe de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional titulado Unmatched Power, Unmet Principles: The human rights dimension of US training of foreign military and police forces. © AIUSA

Pueden encontrar el informe completo en inglés en: www.amnestyusa.org/arms_trade y en español –Poder inigualable, principios incumplidos. Las implicaciones de derechos humanos del entrenamiento estadounidense para fuerzas militares y policiales extranjeras– en http://www.edai.org/publicaciones/eeuu3bis.htm.



El gobierno de Estados Unidos aumenta la ayuda militar a responsables de abusos contra los derechos humanos


Desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, el gobierno de este país ha aumentado enormemente su ayuda militar a decenas de países. Algunos de los receptores de esta ayuda son fuerzas armadas que han cometido graves violaciones de derechos humanos. Entre los países receptores se incluyen Armenia, Azerbaiyán, Afganistán, Colombia, Filipinas, Georgia, Israel, Nepal, Tayikistán, Turquía y Yemen.


Estados Unidos había prohibido la exportación de armas a Pakistán tras las pruebas con armas nucleares realizadas en este país en 1998 y el golpe militar de 1999. Estas restricciones se levantaron tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. En el 2002 Pakistán vio como la ayuda militar de Estados Unidos se disparaba de 3,5 a 1.300 millones de dólares. También se levantó el embargo de armas a la India.


Entretanto han seguido denunciándose violaciones sistemáticas de los derechos humanos –que incluyen tortura, muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales– a manos de miembros de las fuerzas de seguridad paquistaníes, y las fuerzas de seguridad indias han continuado cometiendo abusos, sobre todo en Cachemira.


Asia Central

Algunos de los principales beneficiarios de la ayuda militar estadounidense han sido las repúblicas de Asia Central, en especial Uzbekistán. Aunque el Departamento de Estado (Ministerio de Exteriores) estadounidense informó que las fuerzas de seguridad uzbekas habían cometido abusos contra los derechos humanos, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de emergencia a finales del 2001 que concedía a Uzbekistán 25 millones de dólares en forma de créditos para la adquisición de armas y material estadounidense, 40,5 millones para asistencia económica y mantenimiento del orden y 18 millones para programas de antiterrorismo, de desminado y contra la proliferación de armas. Los créditos militares estadounidenses aumentaron en el 2002 y está previsto que aumenten todavía más en el 2003.


La situación de los derechos humanos en Uzbekistán es espantosa. Hay miles de presos políticos y continúa la represión de los disidentes políticos y religiosos, que se ven habitualmente sometidos a juicios injustos, tortura y malos tratos. De hecho, el relator especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura manifestó recientemente su impresión de que la tortura en Uzbekistán no era fortuita, sino «sistemática».


Adiestramiento militar

Cada año, el gobierno de Estados Unidos imparte formación en teoría y métodos militares y de control policial, así como en técnicas de combate activo, a unos 100.000 policías y soldados extranjeros procedentes de más de 150 países.


El adiestramiento militar estadounidense presenta un historial lamentable en cuestión de derechos humanos. Una institución de adiestramiento en particular, la Escuela de las Américas, es tristemente célebre por la capacitación y formación de militares latinoamericanos que luego cometieron violaciones de derechos humanos. Entre sus «graduados» se encuentran los autores de abusos contra los derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Panamá, Colombia, Chile y Argentina, como el general Leopoldo Galtieri, presidente de Argentina durante el gobierno militar y uno de los responsables de la "guerra sucia" en este país, así como 10 de los 12 oficiales responsables de la matanza de casi 800 campesinos de El Mozote e inmediaciones (El Salvador) perpetrada en diciembre de 1981.


Durante los años ochenta y principios de los noventa, la Escuela de las Américas utilizó manuales que propugnaban el uso de torturas, extorsión, secuestros y ejecuciones. Nunca se le han exigido responsabilidades a nadie por la preparación y utilización de estos manuales.


La Escuela de las Américas, que en el año 2001 pasó a llamarse Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, sólo es una pequeña muestra de la amplia y compleja red de programas estadounidenses de capacitación de las fuerzas militares y policiales extranjeras. Existen aproximadamente 275 escuelas e instalaciones militares en Estados Unidos, en las que se ofrecen más de 4.100 cursos. Decenas de miles de alumnos se forman a través de estos programas, pero son muchos más los que reciben formación en sus países de origen mediante una serie de programas estadounidenses. Cierta instrucción militar estadounidense incluye formación en materia de derechos humanos, pero ésta no está sistemáticamente incluida como requisito en la mayor parte de los programas de capacitación y formación impartidas a fuerzas extranjeras.


El adiestramiento estadounidense de fuerzas extranjeras se rige por una serie de leyes, incluida la Ley Leahy, que enmienda la legislación sobre consignaciones para Operaciones Exteriores y Defensa.


Esta ley, que entró en vigor inicialmente en 1996, exige que se investiguen los antecedentes en materia de violaciones de derechos humanos que puedan tener los extranjeros que vayan a recibir formación militar y policial estadounidense. Aunque los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos han avanzado en la aplicación de la Ley Leahy, todavía no existe un proceso normalizado para efectuar la investigación de tales antecedentes y, en la práctica, la calidad del proceso de veto varía notablemente de unos países a otros.


Además, los requisitos de investigación no se aplican al entrenamiento que los gobiernos extranjeros pagan con sus propios fondos, entrenamiento que representa la mayor parte de la instrucción estadounidense de tropas extranjeras.


También es limitada la evaluación a que posteriormente se somete a los alumnos militares extranjeros que han recibido adiestramiento de Estados Unidos.

*Mapa © AIUSA

ACTÚEN YA

Escriban a la embajada de Estados Unidos en su país e insten a las autoridades a que garanticen:

  • la observancia estricta del derecho internacional en relación con las exportaciones de armas, según se indica en la propuesta para un tratado internacional sobre el comercio de armas (consúltense los Puntos de mira que aparecen en la contraportada);

  • el establecimiento de una comisión independiente que investigue las actividades pasadas de la Escuela de las Américas, especialmente la utilización de manuales que propugnaban la utilización de la tortura y otras actividades ilegales, y la suspensión de la formación en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica hasta que se hagan públicos los resultados de la investigación de esta comisión;

  • que se tomen medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la formación impartida por Estados Unidos a militares extranjeros y se incluya la educación relativa a derechos humanos y derecho humanitario en todos los programas de capacitación militar de extranjeros; se refuerce la investigación de antecedentes –a fines de veto– de todos los alumnos extranjeros, incluidos aquellos cuyos gobiernos pagan por su formación y los que reciben formación de contratistas privados; y se examine mejor la formación que imparten los contratistas privados estadounidenses.


*Cita destacada:

«Estados Unidos anima a los gobiernos de todo el mundo y espera de ellos que contribuyan a suprimir los parásitos terroristas que son una amenaza para sus países y para la paz mundial [...] Si los gobiernos necesitan formación o recursos para cumplir esta tarea, Estados Unidos les ayudará.»

George Bush, presidente de Estados Unidos, 2002


*Mini-recuadro:

Estados Unidos gasta más en armas que el total de los 25 países siguientes en la lista de los que más gastan.




«Transportando represión» a Zimbabue


En el periodo previo a las elecciones presidenciales de Zimbabwe celebradas en marzo del 2002, las fuerzas gubernamentales intensificaron la represión de los actos públicos y otras reuniones de la campaña electoral de la oposición.


Gran parte de la violencia política la llevó a cabo la milicia juvenil del partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, a menudo con la connivencia directa de la policía. Las víctimas fueron elegidas principalmente por su pertenencia real o presunta a la oposición política. Entre los responsables de las violaciones de derechos humanos que se perpetraron, tales como detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, agresiones y torturas, había miembros de la Policía de la República de Zimbabue, de la Organización Central de Información y del Ejército Nacional de Zimbabue.


En mayo del 2000, la Unión Europea impuso un embargo de material militar a Zimbabue. Además, la legislación nacional de Austria prohíbe a las empresas de este país la venta de material militar a países en guerra o con destino a lugares en los que hay grandes posibilidades de que estalle una guerra. A pesar de ello, en noviembre de 2001, el Ejército Nacional de Zimbabue recibió 66 vehículos de tracción integral fabricados por la empresa de armas austriaca Steyr. Las autoridades austriacas declararon que no se había contravenido el embargo ni la legislación nacional sobre material militar, ya que en ellos no se había instalado armas ni dispositivos especiales. Los 66 vehículos se consideraban vehículos de transporte y, por ello, Steyr no necesitaba permiso especial de los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior austriacos para poder cerrar el trato con el gobierno de Zimbabue.


La oposición parlamentaria de Austria expresó preocupación por la posibilidad de que los vehículos se utilizaran para el transporte de las milicias juveniles o de veteranos de guerra que constituían la punta de lanza de la campaña para la reelección del presidente zimbabuense, Robert Mugabe, en marzo del 2002. Había honda preocupación, tanto en Zimbabue como en el extranjero, de que se intensificara la violencia política a medida que se aproximaban las elecciones.


Existían informes de que la Policía de la República de Zimbabue y el Ejército Nacional de Zimbabue estaban aprestando una fuerza de élite para reprimir la oposición al presidente Mugabe en vísperas de las elecciones presidenciales.


Según los informes, esta fuerza se estaba adiestrando en el empleo de material antidisturbios suministrado por Israel. La policía había efectuado en el 2001 pedidos de material antidisturbios por valor de un millón de dólares a la Beit Alfa Trailer Company, empresa israelí fabricante de armas.


Amnistía Internacional ve con gran preocupación que a pesar del embargo de la Unión Europea muchos países sigan exportando material militar y de seguridad a Zimbabue. Dado que muchas violaciones de los derechos humanos en Zimbabue son cometidas por la policía, Amnistía Internacional también ha pedido a los gobiernos que prohíban la transferencia de toda una gama de material policial, tal como esposas, grillos con pernos y dispositivos que producen descargas eléctricas.


*Foto:

La actuación de la policía para reprimir las protestas sobre la cuestión de las becas en la Universidad de Zimbabue se saldó con la muerte de un estudiante y dejó heridos a por lo menos 28 más. Harare, abril del 2001. © Reuters


*Recuadro:

Según el informe sobre control de armas del gobierno de Sudáfrica, este país autorizó la transferencia a Zimbabue de productos de la categoría D por un valor de 14,3 millones de rands (1.791.071 dólares estadounidenses) en el año 2002. Se engloba en la categoría D «el material específicamente diseñado para el desminado y la limpieza y detección de minas, así como todos los productos pirotécnicos y antidisturbios no letales». No se han hecho públicos más detalles que confirmen si se ha exportado material antidisturbios o no.


*Mini-recuadro:

Según los informes Rusia habría suministrado armas a Zimbabue, entre ellas 10 helicópteros Mi-24 en 1999 y 21.000 fusiles AK-47 a mediados del 2000.


*Cita destacada:

«El adiestramiento es muy intensivo. No se trata de la capacitación policial habitual. Se nos ha dicho que nos estamos preparando para una misión especial. El adiestramiento incluye la utilización de cañones de agua, máscaras antigás y otro material bélico. Nos han dicho que el material que vamos a utilizar todavía está en Israel».

Un portavoz policial citado en www.1freespace.com/beetee/nov27b_2001.html Crack ZNA/ZRP unit for elections, noviembre del 2001.



ACTÚEN YA

Escriban al gobierno austriaco pidiéndole que dé cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas y que refuerce su control de las transferencias de material militar, de seguridad y policial a países en los que tal material se ha utilizado para cometer graves violaciones de derechos humanos.


Escriban a la empresa Steyr preguntándole qué criterios de derechos humanos ha aplicado al suministrar vehículos al ejército de Zimbabue y si tiene previsto hacer nuevos envíos. Dirijan sus cartas a:

Steyr-Daimler-Puch Specialfahrzeug

Ag & Co KG, 2 Haidequerstrasse 3,

PO Box 100, A-1111 Wien, Austria


Escriban al gobierno israelí preguntándole qué criterios de derechos humanos aplicó para autorizar la exportación de material militar, de seguridad y policial a Zimbabue.


En marzo de 1998, el gobierno británico anunció que la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional había aprobado el abastecimiento de vehículos Land Rover a la policía de Zimbabue, por valor de 14,8 millones de dólares. Ya en mayo de 1998 el gobierno del Reino Unido había señalado que era consciente de la posibilidad de que dichos vehículos se utilizaran en tareas de represión política. Sin embargo, el proyecto de ayuda no se canceló formalmente hasta mayo del 2000. Por aquellas fechas ya se habían suministrado al parecer unos 450 vehículos Land Rover y existían varios informes que mencionaban la utilización de Land Rovers por parte de las fuerzas de seguridad zimbabuenses en la comisión de violaciones de derechos humanos.


En la ciudad de Zaka, provincia de Masvingo, los Land Rovers del gobierno local se habían utilizado, según los informes, en los ataques combinados perpetrados la Nochevieja del 2001 contra activistas de la oposición, 15 de los cuales tuvieron que ser hospitalizados a causa de las brutales palizas que les propinaron los miembros de la milicia. El gobierno del Reino Unido ha manifestado que los «Land Rover para la policía» no necesitan licencia de exportación.


*Recuadro:

Cartucho misterioso

¿Quién fabricó este cartucho de gas lacrimógeno?

El cartucho fue hallado el 19 de noviembre del 2001 en una residencia universitaria de Harare, la capital de Zimbabue. Previamente, ese día la policía había disparado gas lacrimógeno al interior de la residencia y había golpeado a los estudiantes que intentaban salir. El cartucho lleva la inscripción «PW», iniciales del fabricante de armas británico Pains-Wessex. Cuando Amnistía Internacional se puso en contacto con la empresa, ésta negó que sus productos se hubieran exportado a Zimbabue, algo que la organización no afirma que la empresa haya hecho.


En el 2001, las fuerzas de seguridad de Zimbabue utilizaron asimismo cartuchos de gas lacrimógeno con la inscripción «ZW».


Si disponen de información sobre los responsables de la fabricación y venta de este material, que se ha utilizado para cometer violaciones de derechos humanos en Zimbabue, escriban a:

Equipo MSP, Amnistía Internacional, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X ODX, Reino Unido.

© AI



[Página 11]

Piezas de armas: suministradas por Europa, fabricadas en EE. UU., utilizadas en Israel y los Territorios Ocupados

Amnistía Internacional ha cuestionado repetidamente el comercio de armas destinadas a las fuerzas armadas israelíes y a los grupos armados palestinos por haber cometido ambos continuas violaciones graves de los derechos humanos.

Existe una nueva tendencia significativa de suministro de componentes de armas europeas modernas a Israel a través de Estados Unidos, con el objeto aparente de sortear las disposiciones relacionadas con los derechos humanos que establece el Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.

«Graves consecuencias»

En julio de 2002, el gobierno británico anunció que permitiría la exportación a Israel de piezas del avión estadounidense F-16 fabricadas en el Reino Unido. A pesar de existir pruebas contundentes de que los israelíes han utilizado en numerosas ocasiones aviones F-16 contra civiles palestinos, el gobierno del Reino Unido alegó que la suspensión del suministro de las pantallas de visualización del avión producidas por BAE Systems tendría «graves consecuencias» en las relaciones militares con Estados Unidos.

Fabricado en Alemania EE. UU.

En noviembre de 2002, aparecieron informes que indicaban que una empresa alemana estaba suministrando sistemas de transmisión para los nuevos tanques israelíes Merkava, a pesar del embargo alemán de venta de armas a Israel. Al parecer, la empresa ha encontrado una forma de burlar el embargo mediante el envío de componentes a una fábrica estadounidense filial del fabricante alemán. Así, los sistemas de transmisión llevarán el marchamo «Made in USA» y sortearán el embargo alemán de armas.


*Recuadro

Tras la pista del «bus de datos»

La supervisión de la exportación de los componentes de las armas no es tarea fácil, como ilustra el ejemplo siguiente.

Amnistía Internacional se ha opuesto enérgicamente a la transferencia de los helicópteros de ataque AH-64 Apache suministrados por Estados Unidos a Israel y a Turquía por suscitar honda preocupación las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerza militares turcas e israelíes.

Un componente esencial del helicóptero Apache es el sistema que permite que los complejos subsistemas electrónicos interactúen entre sí y con el ordenador de vuelo de a bordo. Este sistema —denominado bus de datos MIL-STD-1553— lo produce la empresa estadounidense Data Device Corporation (DDC), que lo considera «la línea vital de comunicación de la aeronave».

DDC realiza actividades en una serie de países, tales como Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda. A pesar de haber establecido contactos con la división de DDC en cada país y con los gobiernos respectivos, Amnistía Internacional no ha podido confirmar la procedencia de estos componentes esenciales de los helicópteros Apache suministrados a Israel y Turquía.

*Fin recuadro


*Pie de foto:

En la noche del 22 de julio de 2002, la Fuerza de Defensa Israelí lanzó una bomba de una tonelada desde un avión de combate F-16 en un barrio densamente poblado de la ciudad de Gaza y mató al activista de Hamas Salah Shehada, que era el objetivo del ataque. También murieron otros siete adultos y nueve menores de edades comprendidas entre los 18 meses y los 17 años, y resultaron heridos más de 70 vecinos. En el ataque también resultaron destruidas seis casas contiguas. Al día siguiente, el primer ministro israelí Ariel Sharon calificó el ataque como «una de las operaciones más satisfactorias». © AI


*Recuadro

ACTÚEN YA

Escriban a su gobierno y expresen su preocupación por el hecho de que los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania no cumplan sus compromisos con los criterios de derechos humanos contenidos en los sistemas de control de exportación de armas. Pídanle que se ponga en contacto con los gobiernos de los países citados a fin de que éstos realicen una evaluación exhaustiva, tanto de los aspectos de derechos humanos como del usuario final, antes de autorizar la exportación de componentes de sistemas de armas cuando existan pruebas concluyentes de que éstas facilitan las violaciones de derechos humanos. Utilicen los Puntos de mira que aparecen en la contraportada.

*Fin recuadro


Madera liberiana y comercio de armas

La industria maderera liberiana tiene vínculos con el tráfico de armas a este país. Ésta fue la conclusión expresa del Grupo de Expertos establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para supervisar el cumplimiento de las sanciones que impuso la organización a Liberia en 2001.

Los informes del Grupo de Expertos han demostrado que el gobierno de Liberia sigue obteniendo armas a pesar de la prohibición de transferencias de armas establecida por las Naciones Unidas. Dichos informes han reforzado la inquietud de que los fondos procedentes del comercio de la madera —una importante fuente de ingresos del gobierno— se estén utilizando para la adquisición de asistencia militar, y de que las empresas madereras hayan propiciado las transferencias de armas. Estas armas se utilizan para mantener el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado de oposición Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia. Ambos bandos continúan sometiendo a la población civil a graves abusos contra los derechos humanos en el contexto de una lucha que se ha intensificado y propagado desde el comienzo de 2003.

Las fuerzas gubernamentales y la milicia armada que los apoya son responsables de homicidios, violaciones y otras torturas y reclutamiento forzoso de menores de 18 años. Las fuerzas de Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia han cometido abusos similares, aunque en menor medida.

La madera liberiana se comercializa en un gran número de países de todo el mundo. China y Francia son los dos principales importadores. Según los informes, diversas empresas europeas, de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, Países Bajos y el Reino Unido han importado directa o indirectamente madera liberiana.

Amnistía Internacional apoya la recomendación del Grupo de Expertos expresada en su informe más reciente, de octubre de 2002, de que la industria maderera liberiana debe someterse a una auditoría financiera a largo plazo realizada por una firma auditora internacional.


*Recuadro

Escriban a los gobiernos de los países mencionados más arriba instándoles a apoyar la creación de un sistema de auditoría pública que sea creíble, independiente y verificable a fin de seguir la pista de los ingresos y gastos derivados del comercio maderero liberiano de forma permanente, a los efectos de asegurar que el comercio maderero no contribuye a la comisión de abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales o grupos armados al facilitar o financiar las transferencias militares, de seguridad y policiales.

*Fin recuadro


*Recuadro

La Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas

La Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas es una coalición formada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil de más de 100 países que trabaja para detener la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas y ligeras.

Amnistía Internacional es miembro fundador de la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas; la Sección de la organización en su país puede adherirse a esta red y contribuir a formar una coalición de organizaciones no gubernamentales que emprenda campañas locales.

La red trata reducir la violencia causada por armas pequeñas con las siguientes iniciativas:

• promover la toma de conciencia de las autoridades, la opinión pública y los medios de comunicación de la amenaza global que representan las armas pequeñas para la seguridad humana

• impulsar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales para evitar la proliferación de armas pequeñas mediante la legislación nacional y local, los acuerdos regionales, la educación pública y la investigación

• fomentar los esfuerzos conjuntos en pro de esta causa y facilitar un foro en el que las organizaciones no gubernamentales puedan compartir sus experiencias y desarrollar capacidades

• establecer redes regionales centradas de forma específica en la cuestión de las armas pequeñas

• promocionar las voces de las víctimas en los análisis de las estrategias regionales y globales

Si desean más información sobre la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas, pónganse en contacto con:

IANSA, International Secretariat, PO Box 422, 37 Store Street,

Londres WC1E 7QF, Reino Unido

Tel: +44 207 953 7626, Fax: +44 207 960 2706

Sitio web: <www.iansa.org> Correo-E: <contact@iansa.org>

*Fin recuadro


[Página 12]

Comercio de instrumentos de tortura

Pese a que el derecho internacional prohíbe en toda circunstancia la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes, todos los días hay personas que sufren tortura y malos tratos en países de todo el mundo.

La mayoría de los instrumentos empleados para infligir dolor y sufrimiento extremos no son nuevos. Sin embargo, los torturadores emplean, cada vez más, armas que incorporan los últimos avances tecnológicos, en especial, armas paralizantes de electrochoque de alto voltaje. La producción de este tipo de armas va en aumento y prolifera su uso incontrolado.

Armas de electrochoque

Según una investigación reciente de Amnistía Internacional, 230 empresas pertenecientes a 35 países fabrican, distribuyen o gestionan la transferencia de armas de electrochoque. La producción mundial de una parte sustancial de este tipo de armas está repartida en ocho países: China, Taiwán, Estados Unidos, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa, México y Rusia.

Las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley exigen que éstos apliquen sólo el mínimo grado de fuerza necesario para obtener objetivos lícitos, y que la fuerza sea proporcionada a la amenaza planteada para evitar el daño o dolor innecesario. A Amnistía Internacional le preocupa que las armas paralizantes de electrochoque se presten al uso abusivo.

Siguen recibiéndose continuamente informes de la utilización de este material en situaciones en las que no está justificado el recurso a tales niveles de fuerza. Según los informes, los agente de policía estadounidenses han utilizado pistolas taser contra personas que estaban esposadas e inmovilizadas.

El 3 de octubre de 2002, el viaje en autobús escolar de Chiquita Hammond, estudiante de 15 años de Miramar, Florida, empezó normalmente. Sin embargo, en el transcurso del viaje el conductor detuvo el autobús e hizo señas para que pararan tres agentes de policía y se quejó de que los alumnos se estaban comportando mal. La adolescente salió del autobús y, según la policía, comenzó a lanzarles improperios. Cuando se iba, uno de los agentes la agarró de la muñeca e intentó ponerle las esposas; al parecer, Chiquita respondió con un golpe que le tiró las gafas. Entonces la sujetaron en el suelo mientras el agente intentaba ponerle las esposas. Otro agente le roció la cara con un pulverizador de pimienta, que, según la policía, pareció no surtir efecto. En ese momento, el tercer agente sacó su pistola taser M26 y aplicó con ella una descarga de 50.000 voltios a Chiquita en la espalda.

La utilización en este caso de un arma «menos que letal» que causa dolor supone un empleo excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Grillos con pernos, grilletes y esposas para pulgares

Según un estudio reciente de AI, al menos 69 empresas de 12 países fabrican, distribuyen o comercializan grillos con pernos, grilletes y esposas para pulgares. Entre los países en los que se han descubierto fabricantes de estos equipos figuran China, República Checa, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán y EE. UU.

AI ha documentado hasta qué punto está extendida la utilización de este material de tortura y malos tratos en muchos países. Alfred Harding, preso condenado a muerte por un delito a mano armada, estaba prácticamente en situación de incomunicación en Santa Lucía y llevó grilletes durante muchos meses. No se le quitaban nunca las cadenas de unos 15 centímetros que llevaba alrededor de los tobillos y por la noche también estaba encadenado por las muñecas. En julio de 2000, cuando Amnistía Internacional volvió a manifestar su preocupación por el caso ante las autoridades, según los informes, sufría un dolor extremo causado por el encadenamiento continuo, tenía los tobillos muy dañados por el contacto constante con los grilletes de acero y la imposibilidad de moverse le producía dolores musculares y de espalda. A la luz de los datos disponibles, el trato al que se le sometía era constitutivo de tortura. En 2002, a raíz de una campaña organizada por la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional, el gobierno de EE. UU. eliminó la exención de licencia de exportación para todos los países de la OTAN, a excepción de Canadá. Ello significa que el único país al que Estados Unidos puede seguir exportando grillos con pernos sin necesidad de licencia es Canadá. Indudablemente, se trataba de un importante avance. No obstante, el problema radica en que el gobierno canadiense no impone controles a la exportación de grillos con pernos, por lo que, una vez que éstos se han introducido en Canadá, pueden volver a exportarse a cualquier lugar del mundo, sin que exista control ni supervisión del lugar al que se dirigen o de la forma en que se emplean.

Necesidad de mayor y más estricto control de la exportación

Muchos de los países que fabrican o suministran grillos con pernos, armas de electrochoque o material para la aplicación de la pena de muerte carecen de controles eficaces o, de hecho, no tienen ningún control, sobre la importación, exportación y gestión de transferencias de dichos materiales.

Sudáfrica, por ejemplo, parece que no dispone de control interno ni de la exportación de grillos con pernos, grilletes, esposas para pulgares o armas de electrochoque. Una vez que el equipo llega a este país puede reexportarse sin ninguna supervisión de los gobiernos.

La propuesta de reglamento comercial de la Comisión Europea, de reciente elaboración, si se promulga sin modificaciones, prohibirá que las empresas o individuos de los 15 Estados Miembros de la Unión Europea importen, exporten y gestionen la transferencia de los artículos que la Comisión haya clasificado como «material de tortura», entre los que figuran cinturones paralizantes de electrochoque, grillos con pernos, esposas para pulgares y grilletes. El reglamento también exigirá a todos los Estados miembros de la Unión Europea que habiliten controles para la exportación de porras eléctricas, pistolas paralizantes y agentes antidisturbios como el gas lacrimógeno.

Amnistía Internacional considera positiva la introducción de este reglamento y pide al resto de los gobiernos del mundo que introduzcan prohibiciones y controles similares.


*Recuadro

Pistolas taser

Las pistolas lanzadardos taser generalmente disparan dos dardos con cables conductores y ganchos a una distancia que oscila entre unos 5 y 10 metros. Cuando los ganchos se fijan al cuerpo o a las ropas de la víctima, ésta puede recibir una descarga eléctrica inmovilizadora de 50.000 voltios en el momento del impacto o cuando el usuario apriete el gatillo de la pistola.

*Fin recuadro


*Recuadro

«Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción». Artículo 33 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos

*Fin recuadro


*Recuadro

La exportación de las ejecuciones

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte es el máximo castigo cruel, inhumano y degradante.

Actualmente, los gobiernos acaban con la vida de los presos utilizando para ello instalaciones tales como la horca, sillas eléctricas, cámaras de gas y sistemas de inyecciones letales diseñados al efecto.

Un aspecto de la industria relacionada con las ejecuciones que raramente sale a la luz pública lo constituye el hecho de que algunos países que han abolido la pena de muerte no han actuado para prohibir la exportación de material para la aplicación de ésta a otros países en los que aún está vigente la pena capital.

La campaña de Amnistía Internacional para prohibir el comercio de este material recientemente ha logrado un notable éxito. El reglamento de la Comisión Europea, en caso de promulgarse sin modificaciones, prohibirá que las empresas o individuos de los 15 Estados Miembros de la Unión Europea importen, exporten y gestionen la transferencia de material de este tipo.

*Fin recuadro


*Pies de foto:

Escudo paralizante de electrochoque, suministrado por una empresa sudafricana, expuesto en una feria de armas de Jordania, en 2002. © R. Ballantyne


Porra policial con púas, mostrada en la Exposición Policial China 2002 celebrada en Pekín, junio de 2002. © R. Ballantyne


*Recuadro

ACTÚEN YA

Escriban a su gobierno pidiéndole que prohíba la importación, exportación y gestión de transferencias de material para la aplicación de la pena de muerte, cinturones paralizantes, esposas para pulgares, grillos con pernos y grilletes.

Escriban a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea y pregúntenles por las medidas que van a tomar para aplicar el reglamento de la Unión Europea.

Escriban a los gobiernos de Sudáfrica, Taiwán, Corea del Sur y China y pídanles que adopten prohibiciones y controles similares.

*Fin recuadro

[Página 13]

Los grandes resquicios legales para la exportación de armas en Canadá


*Pie de foto:

Una niña corre ante los helicópteros que aterrizan en el estado de Chocó, al noroeste de Colombia.

Mayo de 2002. © AP


Helicópteros para Colombia

Los helicópteros militares que Canadá vendió al Departamento de Estado de EE. UU. han ido a parar a manos de las fuerzas armadas colombianas, a pesar del claro peligro de que se utilicen para cometer graves violaciones de derechos humanos. El gobierno canadiense ha manifestado que no es responsable en absoluto de la eventual utilización del material militar exportado.

In 1999, el Departamento de Defensa Nacional canadiense vendió y transfirió 40 helicópteros «Huey» CH-135, que formaban parte del excedente de su ejército, al gobierno de Estados Unidos. Los helicópteros, inicialmente fabricados en Estados Unidos y valorados en 450 millones de dólares canadienses (300 millones de dólares estadounidenses) estaban destinados a programas de asistencia de Estados Unidos en varios países. La Sección Canadiense de Amnistía Internacional ha informado de que el ejército colombiano recibió posteriormente 33 de ellos como parte del «Plan Colombia», un polémico paquete de ayuda, principalmente militar, cuyo presunto objetivo es acabar con el narcotráfico.

En 1994, se suspendió la ayuda militar directa de Estados Unidos al ejército colombiano a causa del atroz historial de éste en materia de derechos humanos y a su complicidad con los grupos paramilitares responsables de abusos generalizados contra los derechos humanos. No obstante, en el año 2000, a pesar de los indicios abrumadores de que seguían existiendo vínculos entre el ejército colombiano y los grupos paramilitares, el gobierno estadounidense aprobó un ambicioso plan de ayuda militar para Colombia, la mayor parte de la cual iba destinada al ejército.

La distinción entre la «guerra contra las drogas» y la contrainsurgencia dirigida contra los grupos guerrilleros es cada vez menos nítida. En 2002, la administración estadounidense obtuvo la aprobación del Congreso para eliminar el requisito de que la ayuda se limitara a los esfuerzos antinarcóticos. Debido a ello, la ayuda militar aprobada hasta la fecha también puede utilizarse para luchar contra grupos armados que las autoridades consideran «terroristas», tales como los grupos guerrilleros.


*Recuadro

«Una vez que se vendieron estos helicópteros al gobierno estadounidense, dejaron de ser “canadienses” [...] La exportación de material militar a Estados Unidos no requiere permisos especiales de exportación y dicho país no facilita garantías sobre la reexportación. El endurecimiento de la normativa para las exportaciones de material de defensa a Estados Unidos sólo tendrá como consecuencia el desplazamiento de la producción a este país o la sustitución de proveedores canadienses por proveedores de otros países. Su único efecto será la pérdida de empleos en Canadá sin que aumenten la paz y seguridad mundiales...»

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, 10 de septiembre de 2002.

*Fin recuadro


*Recuadro

El conflicto entre las fuerzas gubernamentales colombianas y sus aliados paramilitares, por un lado, y los grupos armados de oposición, por otro, se intensificó a lo largo de 2002. El recrudecimiento se produjo tras el fracaso, en febrero de 2002, de las conversaciones de paz iniciadas en 1999 entre el gobierno y el principal grupo armado de oposición, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Debido a ello, la situación de los derechos humanos ha sufrido un importante deterioro. En 2002, «desaparecieron» cientos de personas y miles de ellas perdieron la vida por motivos políticos, principalmente a manos de paramilitares respaldados por el ejército. Los combates han obligado a desplazarse a cientos de miles de personas.

*Fin recuadro


*Recuadro

Escriban a la embajada canadiense en su país y expresen su preocupación por la venta de helicópteros militares «Huey» a Estados Unidos, que posteriormente se enviaron a Colombia. Pregunten al gobierno de Canadá si está supervisando la utilización final de estos helicópteros y qué tiene previsto hacer para cubrir las lagunas de la legislación del país a fin de evitar que el material militar canadiense acabe en manos de fuerzas militares o policiales que cometen violaciones de derechos humanos.

*Fin recuadro

¡ACTÚEN YA!

[Página 14]

Mantenimiento del orden y armas

Los gobiernos deberán procurar a los agentes de policía capacitación rigurosa antes de autorizarlos a utilizar armas de fuego. Además, también les facilitarán cursos de actualización permanente. No obstante, la realidad muestra que en muchos países no se presta la atención debida a la capacitación de los agentes para aplicar los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley en situaciones reales.

Por ello, mientras algunos agentes se convierten en expertos en la utilización y limpieza de sus armas y en el tiro al blanco, no están capacitados para valorar adecuadamente el nivel de amenaza y el nivel de fuerza correcto necesario ante incidentes reales.


Legislación sobre el uso de las armas de la policía sudafricana

Durante muchos años la legislación sudafricana permitía a la policía disparar contra los presuntos ladrones, narcotraficantes y sospechosos que huían, aunque no supusieran una amenaza directa para los agentes o el público. Aunque supone una violación evidente de las normas internacionales de derechos humanos, los intentos de adaptar la legislación sudafricana a dichas normas han encontrado resistencia en las altas instancias.

El elemento clave de la legislación lo constituye el artículo 49 de la Ley de Procedimiento Penal de 1977, promulgada en la época del apartheid. En 1998, el Parlamento sudafricano aprobó una nueva versión del artículo 49 que se ajustaba a las normas internacionales en materia de derechos humanos reflejadas en la Constitución, y que nunca se ha aplicado.

En mayo de 2002, el Tribunal Constitucional falló que el artículo 49.2 de la Ley de Procedimiento Penal, que permitía el uso ilimitado de la fuerza letal por parte de la policía o de cualquier persona contra un sospechoso que huye, contravenía el derecho a la vida. El Tribunal estimó que la fuerza potencialmente letal sólo puede utilizarse cuando existan indicios razonables de que el sospechoso plantea una amenaza inmediata de producir daños corporales graves o cuando éste haya cometido un delito que haya producido esos daños o haya amenazado con producirlos. El Tribunal criticó al gobierno por no aplicar la enmienda parlamentaria introducida en la Ley de Procedimiento Penal en 1998.

El gobierno y la policía deberán asegurar ahora de que la legislación, normativas y programas de formación correspondientes seguirán las directrices establecidas por el fallo del Tribunal Constitucional.


*Pie de foto:

© AI


Fracaso de las Naciones Unidas en la capacitación de la policía de Timor Oriental en el uso responsable de armas de fuego

En octubre de 1999 se estableció la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental con el fin de contribuir a la reconstrucción, tras décadas de violaciones de derechos humanos a gran escala y la destrucción generalizada llevada a cabo por las fuerzas de seguridad indonesias y las milicias proindonesias en 1999. Uno de los objetivos importantes era la rápida organización de un cuerpo profesional de policía.

Sin embargo, los recientes homicidios de civiles a manos de la policía son un reflejo de la carencia de una formación adecuada de la policía supervisada por las Naciones Unidas. En diciembre de 2002, por ejemplo, dos personas murieron a tiros y otras 16 resultaron en heridas en la capital, Dili, cuando la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, según los informes.

Las denuncias contra la policía por agresiones y uso desproporcionado de la fuerza van en aumento. Aunque Timor Oriental es ahora independiente, la responsabilidad del mantenimiento del orden sigue siendo de las Naciones Unidas. A pesar de la presencia de esta organización, la formación inadecuada de la policía y la carencia de mecanismos de control y rendición de cuentas del Servicio de Policía de Timor Oriental implica que dichas denuncias no encuentren la respuesta debida, si es que llega a haberla.

No obstante lo anterior, se ha equipado a los agentes de policía con pulverizadores de pimienta, porras y pistolas Glock austriacas —y está previsto dotar a un número escogido de agentes de la Unidad Especial de Policía de metralletas MP5 de diseño alemán—.

El Servicio de Policía de Timor Oriental se estableció con impresionante rapidez, con el objetivo de reclutar y capacitar a cerca de 3.000 agentes para julio de 2003. A finales de 2002, los delegados de Amnistía Internacional quedaron admirados de la dedicación y la profesionalidad de muchos de los agentes de policía que conocieron. No obstante, se necesita mucho más apoyo internacional para contribuir a la creación de un servicio de policía eficaz que respete y defienda los derechos humanos.


*Pie de foto:

El Servicio de Policía de Timor Oriental ejercitándose en el uso de pistolas. Academia de Policía, Dili, octubre de 2002. © AI


*Recuadro:

ACTÚEN YA

Escriban al representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Timor Oriental y transmítanle las preocupaciones destacadas en este artículo.

Insten a la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental a que garantice la atención debida a los derechos humanos en el programa de adiestramiento de la policía, y especialmente en relación con el uso de la fuerza y de armas de fuego.

*Fin recuadro


Afganistán

Mantenimiento del orden en una sociedad armada

La noche del 11 de noviembre de 2002, unos 1.000 estudiantes de la Universidad de Kabul salieron a la calle cuando las autoridades universitarias desoyeron sus quejas sobre las condiciones de la residencia de estudiantes. En el transcurso de la protesta, algunos estudiantes lanzaron piedras a la policía cuando ésta los insultó. La policía disparó primero al aire y, a continuación, a la aglomeración de estudiantes. Según los informes oficiales, murieron dos estudiantes, pero los manifestantes señalan que fueron entre cuatro y seis los estudiantes muertos por los disparos de la policía.

El conjunto de problemas a los que se enfrenta la policía de Afganistán hace que dispongan de escasos medios para desarrollar sus labores rutinarias de mantenimiento del orden en forma compatible con el respeto de los derechos humanos. La falta de recursos constituye un problema generalizado, especialmente en relación con la proliferación de armas pequeñas. En todo el país, las comisarías carecen del material más básico. En muchas de ellas faltan bolígrafos y papel y no pueden mantener registros de las aprehensiones y reclusiones —que suponen una salvaguardia contra la tortura y una forma de establecer la rendición de cuentas—.

También existe una carencia generalizada de capacitación policial y de formación para la protección de los derechos humanos. La completa ausencia de estructuras que garanticen la rendición de cuentas permite que los autores de violaciones de derechos humanos cometan abusos y eludan la acción de la justicia.

Fuera de Kabul, muchas de las fuerzas policiales no dependen del gobierno central, no tienen experiencia en funciones policiales ni formación para desempeñarlas, y están integradas por muchos antiguos muyahidín («soldados del islam», un término empleado para referirse a las fuerzas que luchaban contra los sucesivos regímenes prosoviéticos) que se alían con cabecillas regionales poderosos. Confían en que la experiencia en la utilización de armas de fuego adquirida en su pasado militar les capacite para realizar las tareas policiales.

Aunque existen jefes de policía bienintencionados, carecen de recursos y experiencia para garantizar la práctica policial basada en las normas de derechos humanos y muchos ignoran que existan estas normas internacionales que deben respetar en su trabajo.

A pesar de la ayuda de la comunidad internacional para mejorar el mantenimiento del orden, a principios de 2003 los recursos seguían siendo demasiado escasos, la policía en activo carecía de formación y no existía ningún mecanismo eficaz para supervisar sus acciones o para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes. La eliminación de los excedentes de armas y de las armas ilegales apenas ha comenzado.


*Pie de foto:

Un agente de policía de Kabul armado con un lanzacohetes RPG7 durante un acto de protesta celebrado en la Universidad de Kabul en noviembre de 2002. Cientos de estudiantes se enfrentaron con la policía. Ésta abrió fuego contra los manifestantes, dando muerte al menos a 2 y causando heridas a otros 15. © AI


*Recuadro

ACTÚEN YA

Escriban a su gobierno instándole a que facilite con prontitud asistencia económica y técnica para restablecer la actividad policial en Afganistán. Pídanle que se asegure de que todos sus planes se coordinan y reflejan la necesidad de crear una fuerza de policía capaz de proteger los derechos humanos con arreglo a las normas internacionales, tales como los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y que colaboren para reducir la proliferación de armas pequeñas que suponen una amenaza para estos derechos.

*Fin recuadro


[Página 15]

Las mujeres brasileñas dicen: «Tu arma o yo»

En los últimos diez años, de los 300.000 homicidios que se han producido en Brasil, muchos se han debido a la violencia urbana y a la gran proliferación de pistolas y armas pequeñas. Muchas de éstas se fabrican en Brasil, pero también se importan de países como Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos.

Las fuerzas de policía que deben enfrentarse a este problema están desprovistas de fondos, de equipos y de capacitación. Ante la ausencia de un planteamiento coherente para mantener la seguridad pública, con frecuencia recurren a violaciones brutales de los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha comenzado a investigar los vínculos entre la violencia urbana y los derechos humanos. Para ello ha contado con el importante apoyo de Viva Rio, organización que trabaja mediante proyectos locales, y en colaboración con la administración local y algunas fuerzas de policía, para erradicar la proliferación de armas en Río de Janeiro.

El 13 de mayo de 2001, Día de la Madre, Viva Rio, una de las organizaciones no gubernamentales más importantes de Brasil, lanzó una campaña con el lema «Arma Não! Ela Ou Eu» («¡Armas no! ¡Ellas o yo!») en la que pedía a las mujeres de todas las capas de la sociedad brasileña que obligaran a los hombres de Brasil a deshacerse de sus armas.

Viva Rio se creó en 1993 como respuesta a dos espantosas matanzas de civiles desarmados realizadas por la policía militar. En julio de ese año, murieron siete niños de la calle y un adulto joven en la iglesia Candelária de Río de Janeiro. Un mes después, un grupo de pistoleros encapuchados disparó indiscriminadamente durante dos horas a los residentes de la favela Vigário Geral y mató a 21 personas.

En junio de 2001, Viva Rio, la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas y otras organizaciones no gubernamentales locales colaboraron con el gobierno del estado de Río de Janeiro y las fuerzas armadas para destruir 100.000 armas requisadas a delincuentes por la policía. El mayor arsenal destruido en un solo día formaba una pila que cubría una superficie de 400 metros cuadrados y fue destruido con bulldozers ante una multitud de decenas de miles de personas. El 9 de julio de 2002 se destruyeron otras 10.000 armas y Viva Rio está haciendo campaña para convertir el 9 de julio en el Día de la Destrucción de Armas Pequeñas en todo el mundo.

Control de los usuarios finales

Viva Rio ha ayudado a la policía a montar un nuevo sistema informático para registrar el tipo, la marca y el número de serie de todas las armas confiscadas en operaciones policiales. Los datos de este sistema especifican los países que fabrican las armas pequeñas. Éstos son, además de Brasil, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, China, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, República Checa y Suiza. Viva Rio ha pedido a los gobiernos de estos países que expliquen cómo es posible que armas pequeñas supuestamente exportadas legalmente hayan ido a parar a las manos de bandas criminales de Río de Janeiro, pero hasta la fecha los gobiernos han facilitado escasa información útil.

La facilidad con que las armas pequeñas caen en poder de bandas de delincuentes y de autores de violaciones de derechos humanos se debe, en parte, a que no existen sistemas de control de los usuarios finales o son ineficaces y a la escasa supervisión de los países proveedores.

Si su país es uno de los enumerados anteriormente, pónganse en contacto con la Sección de Amnistía Internacional de su país, pues es posible que esté llevando a cabo acciones en las que pueden participar.

Si desean más información sobre Viva Rio, visiten su sitio web <www.vivario.org.br>


*Pies de foto:

Menores con armas de fuego en Río de Janeiro, Brasil, 2002.

© Luke Dowdney / Viva Rio, Dowdney, LT, Children of the Drug Trade: a case study of Children in Organised Armed Violence in Rio de Janeiro, ISER / Viva Rio, Río de Janeiro, 7 Letras, 2003


Destrucción de 100.000 armas de fuego en Río de Janeiro en junio de 2001. © Viva Rio


Vigilancia de los defensores de los derechos humanos en México

Empresas estadounidenses, británicas, israelíes y alemanas, entre otras, han instalado tecnologías avanzadas de vigilancia en Indonesia, Colombia, China y Arabia Saudí. Los sistemas modernos permiten la intervención y localización de teléfonos móviles, buscapersonas, faxes, correos electrónicos y el uso de Internet. También permiten la utilización de sistemas de información geográfica en combinación con bases de datos de información personal para identificar direcciones, afiliación política y movimientos de las personas.

Amnistía Internacional ha recibido informes de la utilización de sistemas de intervención de teléfonos y de otras tecnologías de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad de Guatemala, Indonesia, Arabia Saudí, Túnez y México cuyo blanco eran defensores de los derechos humanos.

En 1996, Amnistía Internacional denunció un aumento brusco de acciones dirigidas contra los defensores de los derechos humanos en México. En decenas de casos las amenazas de que eran objeto iban acompañadas de detalles exhaustivos relativos a la vida personal y profesional de las víctimas, lo que sugiere la existencia de un trabajo de inteligencia, incluida la intervención telefónica. Los datos que Amnistía Internacional hizo públicos en 2001 indican que en México se han generalizado las prácticas estatales de monitorización y recopilación de la información perteneciente a las organizaciones de derechos humanos —tales como la intervención de teléfonos, la interceptación del correo, la vigilancia y el robo de la información relativa a los implicados en violaciones de los derechos humanos—. Amnistía Internacional cree que dichas actividades no pueden realizarse sin el consentimiento de las autoridades.

El software y las tecnologías de vigilancia han experimentado un rápido avance en tiempos recientes, y se han situado muy por delante de los cambios introducidos en el control de las exportaciones y, en muchas ocasiones, de la capacidad de los políticos de comprender los peligros que representan.

Para más información, véase el documento titulado Ireland and the arms trade – Decoding the Deals en <www.amnesty.ie/netw/msp/irelandarms.shtml>.


Reseña de películas

Cidade de Deus

¿Qué es lo que alimenta la cultura de la violencia con armas de las bandas civiles urbanas? Éste es el tema central de esta extraordinaria película brasileña dirigida por Fernando Meirelles.

Cidade de Deus (Ciudad de Dios) es el nombre que recibió un complejo de viviendas subvencionadas para personas sin recursos construido en los años sesenta. A comienzos de los años ochenta, a medida que se afianzaban el crimen organizado, las drogas y las armas, se convirtió en uno de los lugares más peligrosos de Río de Janeiro. La película muestra cómo la proliferación y glorificación de las armas se une con la corrupción policial para generar una escalada de homicidios arbitrarios y abusos perpetrados por varones jóvenes y menores de edad, creando una atmósfera de temor.

Bowling for Columbine

Bowling For Columbine es un documental sobre la violencia de las armas en Estados Unidos realizado por el autor satírico Michael Moore. En la película se destaca la falta de control de las armas de fuego de propiedad privada que, a escala internacional, deja un saldo anual de cientos de miles de muertos y heridos, y plantea la cuestión de la debida diligencia con que deben actuar los Estados para proteger a los ciudadanos de la violencia relacionada con las armas de fuego y sus consecuencias.

Al comienzo de la película, Michael Moore abre una cuenta en un banco de Michigan que ofrece una pistola a los clientes que abran una cuenta de certificado de depósito a largo plazo con un saldo mínimo; los empleados no ven nada anormal en esta práctica de su banco. No obstante, desde el principio, se invita al espectador a establecer una relación entre la cultura de la violencia policial y civil, la proliferación de la posesión de armas por parte de civiles y las 11.000 personas que mueren cada año en Estados Unidos por disparos de armas de fuego.

La película no ofrece explicaciones ni soluciones fáciles en relación con los delitos a mano armada en Estados Unidos, aunque expone el poder del grupo de presión favorable a la libre posesión de armas de fuego y muestra cómo los medios de comunicación y el gobierno fomentan el temor de los ciudadanos a la violencia y el crimen.



*Contraportada

Puntos de mira

Por un tratado internacional sobre comercio de armas

Las Partes Contratantes no autorizarán las transferencias internacionales de armas:

  • que violen sus obligaciones en virtud del derecho internacional, entre las que se incluyen las que se derivan de la Carta de las Naciones Unidas, los embargos de armas y otras decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los tratados internacionales que prohíben la utilización de armas que tienen efectos indiscriminados o que causan sufrimiento innecesario;

  • en circunstancias en las que sepan, o deban saber, que hay muchas probabilidades de que las armas objeto de transferencia:

    1. se utilicen para violar la Carta de las Naciones Unidas o las obligaciones derivadas del derecho internacional consuetudinario, en especial las que prohíben la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales;

    2. se utilicen para cometer violaciones graves de los derechos humanos

    3. se utilicen para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos armados;

    4. se utilicen para cometer actos de genocidio o crímenes contra la humanidad;

    5. se desvíen y utilicen para cometer cualquiera de los actos mencionados en los subapartados anteriores.


Además, se denegará la autorización de aquellas transferencias de armas con probabilidades de que:

  • se utilicen para cometer o facilitar la comisión de delitos violentos;

  • afecten negativamente a la estabilidad política o la seguridad regional;

  • afecten negativamente al desarrollo sostenible.


Las Partes Contratantes presentarán a un registro internacional un informe anual sobre todos los aspectos relativos a las transferencias internacionales de armas realizadas desde su territorio o sujetas a su autorización, en virtud de las disposiciones de esta Convención. El registro internacional publicará un informe anual y otros informes periódicos.


Protocolo sobre la exportación de la producción de armas bajo licencia

Las Partes Contratantes:

  • exigirán que todos los acuerdos de producción bajo licencia sean autorizados por los gobiernos;

  • no permitirán la exportación de la producción de armas bajo licencia en circunstancias que puedan dar lugar a transferencias internacionales de armas contrarias al Tratado Internacional sobre Comercio de Armas;

  • no permitirán la exportación de la producción de armas bajo licencia sin un acuerdo mutuo vinculante con el Estado receptor, de tal manera que para realizar exportaciones desde las instalaciones de producción bajo licencia sea necesaria la autorización previa en cada caso concreto, y se indiquen las cantidades de producción máximas que pueden exportarse y se exija en cada caso la certificación del usuario final y la capacidad de ejercer control sobre éste.


Protocolo sobre intermediarios y traficantes

Las Partes Contratantes:

  • exigirán el registro de todos los intermediarios o traficantes de armas que actúen, tengan residencia o realicen tratos en su territorio;

  • no registrarán a ningún intermediario o traficante de armas que haya cometido delitos establecidos en el tratado internacional sobre el comercio de armas o haya sido cómplice de ellos; o que haya sido condenado por delitos de violencia a mano armada, tráfico ilícito o blanqueo de dinero;

  • exigirán una licencia para la realización de cada trato concreto de gestión o tráfico, ya lo lleven a cabo los ciudadanos del país o los residentes permanentes, y denegarán dicha licencia si el solicitante no está registrado o si el trato en cuestión implica transferencias de armas que violan los principios del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.


Para consultar el texto íntegro del tratado, visiten <www.armslaw.com>-


*Logotipos



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