BOLETÍN DE PENA DE MUERTE

Febrero de 1992

Índice AI: ACT 53/01/92/s

IRAQ: EL HIJO DE SADAM PIDE LA VUELTA A LAS EJECUCIONES PÚBLICAS

El hijo del presidente Sadam Husein ha pedido que se vuelvan a realizar ejecucines públicas en respuesta al incremento de la delincuencia en Iraq.

El día de Año Nuevo el hijo mayor del presidente Sadam Husein pidió la vuelta a las ejecuciones públicas. En un editorial publicado en Babil, su diario semioficial, Uday Sadam Husein dijo: "Los que osen bombardear una organización, poner una bomba en un vehículo o irrumpir en una casa para robar, y maten al propietario... deben ser decapitados o ahorcados para que sirva de ejemplo".

Uday Sadam elogió a Arabia Saudita por la aplicación de castigos islámicos tradicionales que, en su opinión, previenen eficazmente el delito en el reino. Dijo que los castigos rápidos, como el ahorcamiento, son una medida estabilizadora.

El 30 de diciembre explotó un coche bomba en el aparcamiento de un hotel de Bagdad y dañó diez coches. Fue el último acto de la dramática escalada del crimen que se inició en Bagdad desde la derrota de Iraq en la guerra por la ocupación de Kuwait.

En Irán, las ejecuciones se llevan a cabo normalmente en secreto. Una emisora de radio de la oposición iraquí informó en octubre de 1991 que 76 oficiales iraquíes habían sido ejecutados después de un intento de golpe de Estado contra el presidente Sadam Husein. Este fue al menos el tercer intento del ejército de derrocarle desde la Guerra del Golfo. En julio, fuentes cercanas a las Naciones Unidas dijeron que en junio habían sido ahorcados 18 generales y otros oficiales de alta graduación por conspirar contra Sadam.

Amnistía Internacional recibió informes de centenares de ejecuciones en Iraq desde 1991, pero no pudo determinar en la mayoría de los casos si los presos habían recibido algún tipo de juicio o habían sido ejecutados extrajudicialmente.

TAIWÁN: SEGÚN EL MINISTRO DE JUSTICIA, LAS DONACIONES DE ÓRGANOS POR PARTE DE LOS CONDENADOS A MUERTE SON VOLUNTARIAS

A mediados de diciembre de 1991, el ministro de Justicia de Taiwán, Lu You-wen, negó los informes publicados por la prensa japonesa según los cuales la práctica de donar órganos les era impuesta a los presos y afirmó que los miembros de las familias de los que iban a ser ejecutados podían negarse a las donaciones.

En octubre de 1990 se aprobaron las leyes que permiten la donación de órganos por parte de presos que se encuentran en el pabellón de la muerte. De los 51 presos ejecutados desde entonces, 22 han hecho donaciones, segun el ministro de Justicia.

En abril de 1991, la ejecución de un preso llevó 34 horas, porque le dispararon en la cabeza pero descubrieron que no había muerto cerebralmente cuando lo llevaron al hospital para extraerle los órganos. (véase AI contra la pena de muerte, de noviembre de 1991)

EE UU: CONMUTADA LA SENTENCIA DE MUERTE A UN INDIO AMERICANO

A Anson Avery Maynard, indio Coharie de Dunn, Carolina del Norte, le conmutaron su sentencia de muerte por otra de cadena perpétua sin libertad condicional el 10 de enero. Maynard debía haber sido ejecutado el 17 de enero mediante una inyección letal por el asesinato de Steven Henry, de raza blanca, en 1981. Habría sido el primer indio norteamericano ejecutado en aplicación de la actual legislación de pena de muerte de ese estado de EE UU.

El gobernador James Martin concedió clemencia porque había dudas sobre la culpabilidad de Maynard. Dijo que no había pruebas físicas que vincularan a Maynard con el crimen, y que el único testigo que declaró era una persona que había participado en el asesinato y a la que se concedió inmunidad judicial.

Esta fue la primera vez que el gobernador de Carolina del Norte ha conmutado una sentencia de muerte desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. Este estado ha ejecutado a cuatro presos al amparo de su actual legislación de pena de muerte, entre ellos a una mujer.

EE UU: LA GOBERNADORA DE TEXAS APLAZÓ 30 DÍAS LA EJECUCIÓN DE UN DELINCUENTE JUVENIL

La gobernadora Ann Richards concedió a Johnny Frank Garret, delincuente juvenil que iba a ser ejecutado en Texas el 7 de enero, un aplazamiento de la ejecución de 30 días dos horas antes de la hora prevista para administrarle la inyección letal. La gobernadora dijo que le concedía el aplazamiento para dar más tiempo a sus abogados a desarrollar las pruebas atenuantes. Su ejecución está ahora prevista para el 11 de febrero.

Johnny Garret fue declarado culpable de la violación y el asesinato de una monja católica de avanzada edad en Amarillo, Texas, en 1981. Tenía 17 años cuando cometió el delito.

Las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, el convento al que pertenecía la monja asesinada, se unieron a otros dirigentes religiosos para pedir clemencia. Recordando su horror por el brutal asesinato de "uno de los miembros más queridos de nuestra comunidad", siguen convencidas, no obstante, de que "la fe que profesamos a Jesucristo y San Francisco nos exige que perdonemos a Johnny Garret".

En una declaración conjunta, los obispos católicos de Texas pidieron también clemencia. El Papa Juan Pablo II envió, asimismo, un llamamiento personal en una carta enviada desde el Vaticano, que decía: "El Santo Padre apela a su magnanimidad y clemencia para que conmute la sentencia. Su gesto de clemencia obviamente tendría un significado especial para el fomento de la no violencia y de la necesidad de respeto mutuo y amor en la sociedad".

Un psicólogo que examinó a Johnny Garret en 1988 describió su infancia como "una de las más virulentas historias de abusos y abandono... con las que me he encontrado a lo largo de más de 28 años de profesión". Durante su infancia padeció graves abusos sexuales y físicos, y recibió varias heridas en la cabeza que le produjeron lesiones cerebrales. Fue inciado en el consumo de alcohol y de otras sustancias potencialmente dañinas para el cerebro (disolventes, anfetaminas) a la edad de 10 años. En 1986 le diagnosticaron psicosis crónica. Una destacada psiquiatra dijo que era "uno de los reclusos más deteriorados desde el punto de vista psiquiátrico" que había entrevistado en 12 años de investigación. No obstante, el jurado que le condenó a muerte en 1982 no tuvo acceso a los detalles sobre su infancia ni a su historial médico.

La intervención de la gobernadora Richards para postponer la ejecución fue criticada inmediatamente por un compañero del partido demócrata en Texas. Danny Hill, fiscal, dijo: "Creo que la gobernadora engañó a los votantes sobre lo dura que iba a ser con los delincuentes... creo que ha mostrado desprecio por cada una de las víctimas de los crímenes." Definió a Johnny Garret como "el tipo de persona para el cual está hecha la pena de muerte".

En Texas, la gobernadora puede conceder otro aplazamiento de 30 días, pero no puede conmutar las sentencias de muerte. Sólo tiene poder para ello la Junta de Indultos y Libertad Condicional. La Junta no ha concedido clemencia en ningún caso desde que reanudó las ejecuciones en 1982.

AFGANISTÁN: DRÁSTICA REDUCCIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE

El presidente afgano Najibullah ha abolido la pena de muerte para 88 delitos, en un gesto de colaboración en la reconciliación del país, según anunció en Islamabad. Un decreto presidencial publicado el 14 de enero decía que a partir de ese momento sólo habría cinco delitos punibles con la paena capital. Son los delitos de asesinato, homicidio en masa, homicidio mediante explosión, homicidio durante un atraco y traición. Los otros delitos antes punibles con la muerte se castigarán con una sentencia máxima de 20 años de prisión.

SUDÁN: SENTENCIAS DE MUERTE CONMUTADAS EN UN CASO DE TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO

En octubre de 1991, las autoridades sudanesas condenaron a muerte en juicios claramente injustos a 11 personas por un presunto intento de derrocar al gobierno. Otras 35 fueron condenadas a penas de prisión que oscilaban entre los 20 años y unos cuantos meses. Según informes, los presos fueron duramente torturados antes de los juicios y las declaraciones de culpabilidad se fundamentaron en testimonios obtenidos mediante coacción.

Las sentencias no se anunciaron hasta el 4 de diciembre, día en que se hicieron públicas en la televisión estatal. Después de leer la lista completa de sentencias, el locutor dijo que las condenas a muerte habían sido conmutadas por otras de cadena perpétua.

MOZAMBIQUE DECIDE RATIFICAR EL SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO

El 10 de diciembre de 1991, la Asamblea Nacional de Mozambique aprobó dos resoluciones para adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a su Segundo Protocolo sobre la abolición de la pena de muerte. Amnistía Internacional cree que Mozambique es el primer país africano que ha tomado medidas para acceder al Segundo Protocolo Facultativo. Las resoluciones serán publicadas pronto en el boletín oficial y después los instrumentos de acceso serán depositados en las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional escribió a las autoridades de Mozambique en 1991 expresando su satisfacción por la abolición de la pena de muerte en 1990, e instando a que ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Segundo Protocolo Facultativo.

HONG KONG: NUEVOS AVANCES EN EL CAMINO HACIA LA ABOLICIÓN

Un portavoz del gobierno de Hong Kong dijo el 30 de diciembre que en la primavera de 1992 se introduciría en el Consejo Legislativo la legislación para abolir formalmente la pena de muerte. Esa legislación estaría en consonancia con la moción aprobada por el Consejo Legislativo, órgano legislativo de Hong Kong, en junio de 1991, a favor de la abolición de la pena de muerte (véase AI contra la pena de muerte, noviembre de 1991).

SUDÁFRICA: OPINIONES SOBRE LA PENA DE MUERTE; PROYECTO DE CARTA DE DERECHOS

Un preso que lleva cinco años sentenciado a muerte en Bophuthatswana, una de las "patrias" nominalmente independientes de Sudáfica, ha hablado de su experiencia en una entrevista con el periódico The Sowetan. "Paso las noches en vela preguntándome si al día siguiente me harán un visita para ejecutarme. Llevo muchos años en el pabellón de la muerte y cada vez que el verdugo viene a decirle a uno de mis hermanos que ha llegado su hora, el pánico se apodera de mí", ha declarado. "La gente debe entender que no hemos matado a las víctimas intencionadamente. Pero si nos matan por haber matado, ¿qué mensaje están lanzando"

En Sudáfrica hay unos 450 presos condenados a muerte, entre ellos alrededor de 120 en las "patrias" nominalmente independientes -13 en Bophuthatswana, 87 en Transkei y 20 en Venda. Un tribunal creado tras las enmiendas de junio de 1990 de las leyes que regulan la aplicación de la pena de muerte está realizando una larga revisión de los casos, que está a punto de terminar. Suscita preocupación el hecho de que las ejecuciones puedan reanudarse en Sudáfrica después de la moratoria (que no ha afectado a las "patrias") impuesta en febrero de 1990.

Mientras tanto, continúa el debate sobre la pena de muerte. Cuando en un programa radiofónico celebrado en noviembre de 1991 en Soweto se preguntó a los oyentes su opinión sobre la pena de muerte, la mayoría de los comunicantes se mostraron partidarios de retener la pena capital en la "nueva Sudáfrica". Uno estaba a favor de ahorcar a los partidarios del apartheid; otro decía que la pena de muerte debía reservarse para los que cometieran asesinatos horribles, como medida disuasoria. No obstante, algunos consideraban el ahorcamiento un acto bárbaro. "Es de esperar que la nueva Constitución esté basada en una Carta de Derechos, que incluya el derecho a la vida", dijo un oyente. Otro señaló el riesgo de ejecutar a personas cuya inocencia se demuestre después: "Los miembros de los tribunales son seres humanos y no son infalibles". Una tercera persona se manifestó a favor de imponer largas penas de prisión con programas de rehabilitación intensiva, en lugar de ahorcar a los condenados.

Existen varios proyectos de cartas de derechos, entre ellos uno del gobieno y uno del Congreso Nacional Africano (Afican National Congress, ANC), que serán estudiados por la Convención para una Sudáfrica Democrática (Convention for a Democratic South Africa, CODESA) durante las próximas negociaciones constitucionales. La Comisión Legislativa creada por el gobierno propuso en su informe final, a finales de 1991, retener la pena de muerte, pero en circunstancias muy restringidas. El proyecto de carta de derechos del ANC propone su abolición.

TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA PENA DE MUERTE

FIRMAS Y RATIFICACIONES HASTA EL 31 DE SEPTIEMBRE DE 1991

TRATADO INTERNACIONAL

PAÍSES QUE LO HAN FIRMADO PERO NO RATIFICADO

PAÍSES QUE LO HAN RATIFICADO

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Honduras, Italia, Luxemburgo, Nicaragua, Uruguay, Venezuela

Australia, España, Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, República Democrática Alemana*, Rumanía, Suecia

Sexto Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Bélgica, Grecia, Hungría, República Federal Checoslovaca

Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, República Federal de Alemania, San Marino, Suecia, Suiza

Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte

Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela

Panamá

* La República Democrática Alemana ratificó el Segundo Protocolo Facultativo el 16 de agosto de 1990. A pesar de que la RDA es ahora parte de la República Federal de Alemania (RFA), las Naciones Unidas consideran que la ratificación de la RDA sigue siendo válida.