BOLETIN DE LA PENA DE MUERTE

FEBRERO DE 1993

AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

Índice AI: ACT 53/01/93/s

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR

RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE Y ACTIVIDADES TENDENTES A SU ABOLICIÓN MUNDIAL

ABOLICIÓN TOTAL DE LA PENA DE MUERTE EN GUINEA-BISSAU

Guinea-Bissau abolió la pena de muerte para todos los delitos el 16 de febrero de 1993, fecha en que la Asamblea Nacional, Parlamento de Guinea-Bissau, aprobó una enmienda a la Constitución. Antes de la introducción de esta enmienda, los tribunales militares estaban facultados para imponer la pena de muerte por homicidio con agravantes y delitos contra la seguridad del Estado.

El movimiento contra la abolición empezó en Guinea-Bissau hace más de una década, pero cobró impulso real cuando la Constitución fue modificada en mayo de 1991 para el establecimiento de un sistema multipartidista. Los nuevos partidos políticos, así como muchos miembros del partido en el poder, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, llegaron a un consenso general para abolir la pena de muerte. La Liga de Derechos Humanos Guinea-Bissau, creada a mediados de 1991, ha trabajado activamente en favor de la abolición. El presidente Joao Bernardo "Nino" Vieira, que accedió al poder en 1980, ha declarado recientemente que está también a favor de la abolición.

CREACIÓN DE UNA LIGA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

En su reciente congreso en Roma, el Partido Radical italiano lanzó una Liga Internacional para la Abolición de la Pena de Muerte. Del 4 al 8 de febrero de 1993, centenares de parlamentarios y activistas abolicionistas se reunieron para inaugurar una "campaña parlamentaria mundial para la abolición de la pena de muerte en todo el mundo para el año 2000". Aunque tiene su sede en Italia, este movimiento internacional cuenta con el apoyo de eminentes políticos, artistas e intelectuales de todo el mundo, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, Elena Bonner Sacharova, Coretta Scott King, Gore Vidal, Noam Chomsky, David Steel y Marcello Mastroianni. El objetivo de la nueva Liga Internacional es ejercer presiones para que se apruebe en los Parlamentos una ley o resolución idéntica para abolir la pena de muerte antes de fin del siglo en todos los países que aún la conservan. La nueva Liga llevará a cabo un análisis del rango legislativo de la pena de muerte en estos países para delimitar el contenido y la fecha de implantación de la medida. Al mismo tiempo, la Liga espera movilizar a la opinión pública contra la pena de muerte siempre que sea posible mediante una intensa campaña informativa y educativa.

Brian Philips, Coordinador del Programa sobre la Abolición de la Pena de Muerte del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, se dirigió al congreso los días 5 y 6 de febrero. En su alocución, Brian Philips presentó el enfoque actual de Amnistía Internacional sobre la estrategia abolicionista y puso de relieve la necesidad de un gran número de proyectos de educación en derechos humanos sobre la pena de muerte como complemento de las indispensables estrategias legislativas. Hizo hincapié en el hecho de que los cambios legislativos aislados siempre pueden ser reversibles ─como se ha podido comprobar recientemente en el caso de Filipinas─ si la opinión pública en general no está lo suficientemente concienciada de que el mantenimiento de la pena capital es incompatible con el compromiso con los derechos humanos. Suele suceder que, sin acceso a los argumentos abolicionistas, los pueblos atemorizados o amenazados recurren a la pena de muerte en busca de una solución rápida para problemas económicos o sociales acuciantes, como un vertiginoso índice delictivo o la aparición del terrorismo.

JAMAICA, TRINIDAD Y TOBAGO: ACTIVIDADES PARA REANUDAR LAS EJECUCIONES EN LA HORCA

JAMAICA: Las actividades de las autoridades jamaicanas para reanudar las ejecuciones en la horca se han paralizado temporalmente a la espera de que la Corte Suprema de Jamaica oiga una moción constitucional presentada ante este tribunal. Las últimas ejecuciones en Jamaica tuvieron lugar en febrero de 1988.

Desde la aprobación de una ley en octubre de 1992 que derogó la legislación que había posibilitado condenas a muerte preceptivas en todos los casos de asesinato y creó nuevas categorías de asesinato "punible con la pena capital" y "no punible con la pena capital", se han reclasificado como asesinatos punibles con la pena máxima los delitos de más de 100 reos de muerte, mientras que 59 de ellos han visto conmutadas sus sentencias de muerte.

El Tribunal de Apelación, que se disponía a examinar las apelaciones de los presos contra sus clasificaciones de asesinato punible con la pena capital, ha acordado posponer los procedimientos de apelación a la espera de la audiencia de una moción constitucional presentada por abogados jamaicanos que refuta la equidad del proceso de clasificación. La audiencia de esta moción en la Corte Suprema de Jamaica está prevista para el 1 de marzo de 1993. Si es desestimada, se presentará un recurso ante la Corte de Apelación de Jamaica. En última instancia, el caso sería visto por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (CJCPR), con sede en Londres. No se espera que se cursen órdenes de ejecución en un futuro inmediato.

La moción constitucional es un caso de prueba presentado en favor de varios presos en concreto, pero las cuestiones planteadas en ella conciernen a todos los convictos cuyos delitos han sido reclasificados como "asesinatos punibles con la pena capital". La moción argumenta que los derechos fundamentales de los presos a ser protegidos por la ley y a un juicio justo se violaron, entre otras cosas, al no informarles de los fundamentos de la reclasificación de sus delitos ni proporcionarles representación legal en ese momento. Por otro lado, argumenta que la tipificación de "asesinato punible con la pena capital" supone la determinación de asuntos que no se decidieron en el juicio o que son necesarios para el veredicto de asesinato del jurado. (Para más detalles sobre las preocupaciones de AI, véase el documento Jamaica: Avances hacia la reanudación de las ejecuciones - Preocupaciones de Amnistía Internacional, Índice AI: AMR 38/01/93/s.)

TRINIDAD Y TOBAGO: Amnistía Internacional ha expresado al gobierno de Trinidad y Tobago honda preocupación por las recientes actividades para reanudar las ejecuciones en la horca después de un período de 13 años sin ejecuciones. Durante noviembre y diciembre de 1992 se dictaron cinco órdenes de ejecución. Aunque se han concedido suspensiones temporales a la espera de la consideración de una moción constitucional pendiente en la Corte de Apelación, el gobierno ha indicado que se dictarán nuevas órdenes en un futuro próximo y que no se concederán suspensiones generales a la espera de que la Corte se pronuncie respecto a la moción.

La expedición de tantas órdenes de ejecución ha causado gran tensión entre los abogados de Trinidad y Tobago, que representan sin cobrar a presos condenados a muerte que han agotado sus recursos directos y, en ocasiones, han tenido que gastar miles de dólares en transcripciones oficiales y otras costas. A Amnistía Internacional le preocupa que, si se expiden más órdenes de ejecución, estos abogados voluntarios no puedan atenderlas todas y algunos presos sean ejecutados sin tener la oportunidad de agotar todas las vías legales para salvar sus vidas.

Inicialmente, la moción constitucional fue presentada en favor de Gayman Jurisingh, Faizal Mohammed y Peter Matthews. En ella se argumenta que llevar a cabo las ejecuciones tras una prolongada demora cuando los presos han agotado sus recursos legales constituiría una violación del debido proceso, y que esta demora es en sí misma un "castigo cruel e infrecuente" que viola la Constitución de Trinidad y Tobago. Los recursos en estos tres casos habían sido desestimados hace algunos años.

Dos de los presos mencionados, Gayman Jurisingh y Faizal Mohammed, fueron condenados a muerte en 1982. Las órdenes de ejecución se cursaron pese a que la Comisión de Investigación sobre la Pena Capital en Trinidad y Tobago (Comisión Prescott) recomendó en 1990 que a los reos que llevaran condenados a muerte más de diez años se les conmutara la pena por la de cadena perpetua. Esta recomendación fue aceptada por el gobierno en declaraciones públicas hechas en 1990 pero, según los informes, ha sido rechazada por el gobierno actual, que accedió al poder en 1991. En la moción constitucional se argumenta también que la aceptación por parte del gobierno anterior de las recomendaciones sobre la conmutación de las condenas a muerte de la Comisión Prescott había creado una "expectación legítima" por parte de los presos en el sentido de que se conmutarían sus sentencias.

A Brian Francois y Lal Seeratan, cuyas órdenes de ejecución se expidieron en diciembre de 1992, se les concedieron suspensiones cuando sus abogados argumentaron con éxito que los mismos razonamientos constitucionales eran aplicables a sus casos.

Las últimas ejecuciones en la horca en Trinidad y Tobago tuvieron lugar en 1979, pese a que la pena de muerte sigue siendo preceptiva para delitos de asesinato. Hay actualmente 108 presos condenados a muerte. (Para más detalles, véase el documento Trinidad and Tobago: Possible Resumption of Hangings, Índice AI: AMR 49/05/92.)

IRÁN: CONTINÚAN LAS EJECUCIONES POLÍTICAS

Amnistía Internacional recibió información de que en 1992 fueron ejecutados en Irán tres miembros de la Organización Mohajerín de Irán, y se teme que al menos 20 presos más, también miembros de esta organización, corran peligro de ser ejecutados. Entre los demás presos políticos ejecutados en 1992 había miembros de organizaciones kurdas, como Komala y el Partido Democrático Kurdo de Irán (KDPI).

A Amnistía Internacional le preocupa que la pena de muerte se imponga con frecuencia en Irán a presuntos delincuentes políticos o de otro tipo cuyos juicios no reúnen las garantías procesales internacionales. En los casos políticos, los juicios suelen durar sólo unos pocos minutos y los acusados no tienen acceso a asistencia letrada en ningún momento; se les niega el derecho a recurrir tanto contra la declaración de culpabilidad como contra la sentencia y cualquier posibilidad de intentar una conmutación de la pena. Las "confesiones" televisadas, destinadas, al parecer, a desacreditar a los presuntos delincuentes políticos, socavan aún más la posibilidad de que los presos reciban un juicio justo.

El Representante Especial para Irán de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó preocupaciones similares en un informe de 58 páginas presentado el 23 de febrero. Según este informe, en 1992 se contabilizaron 301 ejecuciones judiciales en Irán, 164 de las cuales "podían atribuirse a causas políticas".

Amnistía Internacional contabilizó 325 ejecuciones en Irán en 1992, y teme que la cifra real sea considerablemente mayor. (Para más detalles sobre recientes ejecuciones políticas, véase el documento Amnistía Internacional siente preocupación porque continúan las ejecuciones políticas, Índice AI: MDE 13/WU 08/92/s EXTERNO - NWS 11/48/92/s.)

COREA DEL SUR: NUEVE PRESOS EJECUTADOS

Amnistía Internacional ha escrito al ministro de Justicia de Corea del Sur para expresarle su preocupación por la ejecución el 29 de diciembre de 1992 de nueve presos declarados culpables de asesinato. La organización pidió al presidente electo Kim Young-sam que conmutara todas las condenas a muerte como parte de una amnistía de gran alcance con la que prometió inaugurar su nombramiento como presidente de la República de Corea el 25 de febrero de 1993.

Las últimas ejecuciones tuvieron lugar el Corea del Sur en diciembre de 1991, fecha en que fueron ejecutados otros nueve convictos por asesinato. Hay actualmente unos 50 condenados a muerte, la mayoría de ellos declarados culpables de asesinato, violación y robo. En Corea del Sur se puede imponer la pena capital para una gran variedad de delitos políticos y comunes, aunque en la práctica la mayoría de las condenas a muerte se dictan por delitos de asesinato.

A Amnistía Internacional le preocupa el número cada vez mayor de condenas a muerte impuestas por los tribunales desde 1990, a raíz del lanzamiento del gobierno de una "guerra contra el crimen". Aunque el gobierno ha declarado recientemente su intención de abolir la pena de muerte para 10 delitos en los que la muerte no sea intencionada, AI considera que se debería hacer mucho más para limitar su aplicación. La organización ha instado al gobierno a que realice un estudio exhaustivo sobre el supuesto efecto disuasorio de la pena de muerte y a que imponga una moratoria sobre las ejecuciones hasta que estén disponibles los resultados del estudio.

En 1989, dos convictos por asesinato presentaron una petición ante el Tribunal Constitucional para refutar la constitucionalidad de la pena de muerte. En mayo de 1992, el Tribunal Constitucional encargó a una comisión de expertos jurídicos que discutiera el asunto. AI cree que el gobierno debe imponer una moratoria sobre las ejecuciones a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional.

EE UU: LA CORTE SUPREMA SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS DE INOCENCIA DE ÚLTIMA HORA

La Corte Suprema de EE UU decidió el 25 de enero de 1993 que un reo condenado a muerte que presenta pruebas de inocencia de última hora no tiene derecho a una nueva audiencia en la Corte Federal antes de ser ejecutado. En una acalorada nota de disentimiento de 18 páginas, el magistrado Harry A. Blackmun escribió que "la ejecución de una persona que puede demostrar su inocencia se asemeja peligrosamente a un simple asesinato".

En el fallo de la Corte, aprobado por 6 votos a favor y 3 en contra, y redactado por su presidente, William H. Rehnquist, se declaraba que, en un caso en que se juzga un delito punible con la pena capital, una demostración "auténticamente persuasiva" de inocencia real hecha tras el juicio convertiría en inconstitucional la ejecución del acusado, pero que "dado el efecto altamente perjudicial que tendría la consideración de demandas de inocencia real a última hora [...] el umbral de aplicación de este supuesto derecho tendría que ser necesariamente alto".

La opinión mayoritaria de la Corte fue que Leonel Herrera, reo de muerte del estado de Texas en cuya apelación se planteó este asunto ante la Corte, no alcanzó ese umbral. Leonel Herrera, juzgado y condenado a muerte en 1982 por el asesinato de dos agentes de policía, presentó diez años después testimonio de que su hermano, fallecido desde entonces, había matado a los agentes, afirmación corroborada por el hijo de su hermano.

Esta decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en el que hay más de 2.600 condenados a muerte en 36 estados de los Estados Unidos. Sólamente en 1992 fueron ejecutados 31 presos, el número más elevado desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977.

TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA PENA DE MUERTE

FIRMAS Y RATIFICACIONES HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 1993

TRATADO INTERNACIONAL	PAÍSES QUE LO HAN FIRMADO PERO NO RATIFICADO	PAÍSES QUE LO HAN RATIFICADO O SE HAN ADHERIDO
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Honduras, Italia, Nicaragua	Alemania, Australia, España, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá*, Portugal, Rumania, Suecia, Uruguay*, Venezuela*.
Sexto Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos	Bélgica, Grecia	Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, (República Federal Checa y Eslovaca**), San Marino, Suecia Suiza
Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte	Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela	Panamá

* Adhesión de Panamá el 21/1/93; ratificado por Uruguay el 21/1/93 y por Venezuela el 22/2/93

** La República Federal Checa y Eslovaca se escindió en la República Checa y la República Eslovaca el 1 de enero de 1993. AI considera que los nuevos Estados están vinculados a las obligaciones de los tratados de derechos humanos de la anterior República, incluído el Sexto Protocolo, pero el rango oficial de estos dos Estados ha de ser definido aún por el Consejo de Europa.

BOLETIN DE LA PENA DE MUERTE

ÍNDICE 1992

Esto es un índice, por países u organizaciones, de los artículos que han aparecido en el Boletín de la Pena de Muerte durante 1992.

PAÍS	FECHA	ASUNTO
Afganistán	02/92 09/92	Drástica reducción del ámbito de aplicación de la pena de muerte Ejecuciones públicas
Albania	04/92 09/92	Estadísticas sobre la pena de muerte Ejecuciones públicas
Angola	12/92	Actividades para la completa abolición de la pena de muerte
Arabia Saudita	12/92	Pena de muerte y drogas
Argelia	06/92	Islamistas condenados a muerte
Armenia	04/92 12/92	Estadísticas sobre la pena de muerte Reducción de los delitos punibles con la pena capital
Azerbaiyán	12/92	Estadísticas sobre la pena de muerte
Bangladesh	12/92	Ampliación de la pena de muerte
Bielorrusia	06/92 12/92	Estadísticas sobre la pena de muerte Estadísticas sobre la pena de muerte
Canadá	04/92	Seguridad garantizada en caso de extradición
Cuba	04/92	Ejecuciones pese a los llamamientos internacionales
China	12/92	Pena de muerte y drogas
EE UU	02/92 02/92 04/92 06/92	Se conmuta la condena a muerte de indígena americano El gobernador de Texas otorga una suspensión de 30 días a delincuente juvenil Acontecimientos en 1991 Protesta popular por las ejecuciones en EE UU
Emiratos Árabes Unidos	12/92	Pena de muerte y drogas
Estonia	06/92	Actividades para la abolición
Federación Rusa	09/92 12/92	Estadísticas sobre la pena de muerte Estadísticas sobre la pena de muerte
Filipinas	09/92	AI advierte contra el restablecimiento de la pena de muerte
Georgia	04/92 12/92	El restablecimiento de la Constitución de 1921 supone la abolición Restablecimiento de la pena de muerte
Guatemala	12/92	Pena de muerte y drogas
Hong Kong	02/92	Más actividades hacia la abolición
India	04/92 12/92	Preso ejecutado tras desmayo del verdugo Pena de muerte y drogas
Irán	04/92 12/92	Informe de la ONU condena el uso de la pena de muerte Pena de muerte y drogas
Iraq	02/92 09/92	El hijo de Sadam solicita la vuelta de las ejecuciones públicas Ejecuciones por delitos económicos
Jamaica	06/92	Actividades para limitar la pena de muerte
Kazajstán	06/92 12/92	Estadísticas sobre la pena de muerte Estadísticas sobre la pena de muerte
Kirguizistán	06/92 12/92	Estadísticas sobre la pena de muerte Reducción de delitos punibles con la pena capital
Libia	12/92	Reanudación de las ejecuciones
Lituania	04/92	Reducción del ámbito de aplicación de la pena de muerte
Malaisia	12/92	Pena de muerte y drogas
Malí	06/92	Se conmutan catorce sentencias de muerte
México	06/92	El presidente pide clemencia para ciudadano mexicano en el extranjero
Mongolia	04/92	Estadísticas sobre la pena de muerte
Paquistán	06/92 09/92 12/92	Reanudación de las ejecuciones Pena de muerte por blasfemia Diecinueve ejecuciones desde abril de 1992
Paraguay	09/92	Abolición de la pena de muerte para delitos comunes
Perú	12/92	AI insta a Perú a que no amplíe el ámbito de aplicación de la pena de muerte
Reino Unido	09/92	Muerte de un verdugo
Singapur	12/92	Pena de muerte y drogas
Sudáfrica	02/92	Voces sobre la pena de muerte; proyecto de declaración de derechos
Sudán	02/92	Se conmutan condenas a muerte en caso de golpe de estado
Suiza	04/92 12/92	El Parlamento aprueba la abolición total de la pena de muerte Entra en vigor la total abolición de la pena de muerte
Taiwán	02/92	Donación de órganos voluntaria, según el ministro de Justicia
Tayikistán	12/92	Estadísticas sobre la pena de muerte
Uzbekistán	06/92	Estadísticas sobre la pena de muerte
Yemen	06/92	Indulto para ex dirigentes condenados a muerte; otros acontecimientos
Zambia	06/92	Comisión estudia la opinión pública sobre la pena de muerte
Reseñas de libros	09/92 09/92	Life on Death Row: One Man's Fight Against Racism and the Death Penalty - Merrilyn Thomas Medicine Betrayed: The Participation of Doctors in Human Rights Abuses - British Medical Association
Tratados Internacionales	02/92 09/92 12/92 12/92	Mozambique decide ratificar el Segundo Protocolo Facultativo Luxemburgo ratifica el Segundo Protocolo Facultativo Alemania ratifica el Segundo Protocolo Facultativo La República Checa y Eslovaca y Hungría ratifican el Sexto Protocolo
Naciones Unidas	04/92	La ONU condena el uso de la pena de muerte en Irán
Parlamento Europeo	04/92 06/92	El Parlamento Europeo pide acciones contra la pena de muerte El Parlamento Europeo condena las ejecuciones en Estados Unidos e Irán