AMNISTÍA INTERNACIONAL

CONTRA LA PENA DE MUERTE

Junio de 1993EDAI

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Amnistía Internacional se opone sin reservas a la pena de muerte, a la tortura y a toda pena o trato cruel, inhumano o degradante para todos los presos.

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BOLETÍN DE PENA DE MUERTE

JUNIO DE 1993

AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

Índice AI: ACT 53/02/93/s

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR

RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE Y ACTIVIDADES TENDENTES A SU ABOLICIÓN MUNDIAL

HONG KONG Y GAMBIA: ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE PARA TODOS LOS DELITOS

Hong Kong: Hong Kong abolió la pena de muerte para todos los delitos en abril de 1993, cuando su Consejo Legislativo aprobó el Proyecto de Ley Penal (Enmienda) (Núm. 3) por 40 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

El Consejo Legislativo, que asesora al poder ejecutivo y aprueba las leyes, aprobó en junio de 1991 una moción por la cual instaba al gobierno a abolir la pena de muerte en el código penal. Desde noviembre de 1966 el gobernador de Hong Kong había conmutado todas las sentencias de muerte dictadas cada año (la mayoría se conmutaron por penas de cadena perpetua).

Durante los últimos 27 años de abolición de hecho, Hong Kong ha disfrutado de uno de los índices de criminalidad más bajos y de una de las tasas de crecimiento económico y renta per cápita más altas del mundo.

Gambia: El 7 de abril de 1993 la Cámara de Representantes, el parlamento de Gambia, votó la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. Según la información de que se dispone, desde que Gambia se independizó del Reino Unido, en 1965, se ha llevado a cabo una ejecución.

El presidente Jawara, secretario general y dirigente del partido en el gobierno, el Partido Progresista del Pueblo (PPP), planteó a principios de 1993 una propuesta para la abolición de la pena de muerte en Gambia. Su propuesta fue aprobada por el Comité Central del partido y por el Gabinete (cuyos miembros pertenecen en su totalidad al PPP) antes de pasar a la Cámara de Representantes para su aprobación. Según una declaración hecha pública por el PPP en marzo de 1993, desde la independencia se han dictado 26 sentencias de muerte por asesinato y 64 por traición. Además, se ha llevado a cabo una ejecución "en circunstancias excepcionales". La declaración destacó que el respeto por las normas democráticas y los derechos humanos no era compatible con el mantenimiento de la pena de muerte en los estatutos.

Para hacer efectiva la abolición de la pena de muerte en Gambia sólo fue necesaria una ley parlamentaria de enmienda del código penal.

ITALIA: AVANCES HACIA LA ABOLICIÓN TOTAL

La Cámara de Diputados italiana (la cámara baja del parlamento) apoyó mayoritariamente un proyecto de ley propuesto en colaboración con la Sección italiana de AI, en el que se plantea la abolición total de la pena de muerte al eliminarla del Código Penal Militar aplicable en Tiempo de Guerra. Un proyecto de ley análogo ha sido firmado ya por 114 senadores.

Una mayoría absoluta de diputados (334) propuso el proyecto de ley 2265, "Abolición de la Pena de Muerte en el Código Penal Militar aplicable en Tiempo de Guerra". El proyecto de ley, presentado por el honorable Rino Piscitello (La Rete) en colaboración con la Sección italiana de AI y firmado por representantes de casi todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, estipula la derogación de cualquier referencia a la pena de muerte en los artículos del Código Penal Militar aplicable en Tiempo de Guerra, y su sustitución por "la pena máxima estipulada por el código penal ordinario". Un proyecto de ley análogo, promovido en el Senado por el senador Gennaro Lopez (Rifondazione Comunista), consiguió 114 firmas de los representantes de una variedad de grupos parlamentarios. El Senado someterá el proyecto de ley a debate y a votación una vez que lo haya aprobado la Cámara de Diputados. A principios de junio, el texto estaba siendo examinado por el Comité de Justicia de la Cámara de Diputados.

La pena de muerte fue abolida en Italia para los delitos penales comunes y para los delitos militares cometidos en tiempo de paz en virtud de la Constitución de la República de Italia, de 1947. El Código Penal Militar aplicable en Tiempo de Guerra mantiene la pena de muerte para una amplia variedad de delitos.

ESTADOS UNIDOS: AVANCES RECIENTES

La ejecución de Darryl Elroy Stewart, en el estado de Texas, ha sido la ejecución número 200 llevada a cabo en los Estados Unidos desde que se reinstauró la pena de muerte, a finales de los años setenta. En 1993, hasta el 14 de junio, habían sido ejecutados 15 presos. La ejecución de delincuentes juveniles y de presos que afirman enérgicamente ser inocentes es una de las causas de preocupación recientes de AI.

Leonel Herrera fue ejecutado en Texas el 12 de mayo por el asesinato de dos agentes de policía; el delito fue cometido en septiembre de 1981. En 1992, sus abogados presentaron pruebas recién descubiertas que apoyaban su afirmación de inocencia, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó su apelación en enero de 1993. En una decisión clave, la Corte declaró que las pruebas presentadas por Herrera en favor de su afirmación de inocencia no le daban derecho a interponer un recurso de amparo federal; este fallo de la Corte Suprema restringía además severamente la posibilidad de que un preso condenado a muerte por un tribunal estatal pudiera elevar una petición federal basada en pruebas recién descubiertas una vez expirado el límite de tiempo fijado por el estado para ese tipo de apelaciones (para más información, véase USA: The case of Leonel Herrera, Índice AI: AMR 51/34/93).

Se ha informado que, justo antes de ser ejecutado, Herrera declaró: "Soy inocente, inocente, inocente, y que no haya dudas al respecto. No debo nada a la sociedad y deseo animar a cuantos estuvieron a mi lado a que continúen luchando por los que son inocentes, especialmente el señor [Gary] Graham. Algo muy malo está pasando aquí. Dios os bendiga a todos."

Gary Graham, menor de edad en el momento de cometer su presunto crimen, recibió un aplazamiento de su ejecución, concedido por la Corte de Apelaciones de Texas el 2 de junio, unas horas antes del momento en que debía ser ejecutado. El aplazamiento se concedió en espera de una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre otro caso de Texas, "Johnson contra el estado de Texas", cuya apelación afirma que el estatuto de sentencias de la capital de Texas en virtud del cual fue sentenciado el acusado, Dorsie Johnson, era inconstitucional, ya que no permitió al jurado tomar en consideración su juventud como factor atenuante (tenía 19 años en el momento de cometer el delito).

El estatuto sobre pena de muerte de Texas se cambió completamente en septiembre de 1991 para permitir que se pudiera tomar en consideración cualquier circunstancia atenuante. No obstante, la nueva ley no se ha aplicado retroactivamente a los presos cuyos delitos se cometieron antes de la fecha en que se cambió el estatuto. A Amnistía Internacional le preocupa especialmente el hecho de que la mayoría de los delincuentes juveniles en espera de ser ejecutados en Texas fueron condenados según el estatuto anterior a septiembre de 1991, y a pesar de que, desde la década de 1970, la Corte Suprema ha decretado en varios casos clave que la juventud es un factor que debe tomarse en consideración en los casos de pena capital. A la organización le alarma que sigan fijándose ejecuciones de delincuentes juveniles en Texas mientras el caso de Johnson sigue pendiente de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El fallo de esta Corte respecto al caso de Johnson (que se espera se pronuncie a lo largo de este año) podría tener un impacto vital en los casos de menores y delincuentes juveniles condenados a muerte en Texas.

A pesar del aplazamiento de la ejecución, no se van a tomar en consideración las nuevas pruebas relativas a la afirmación de Gary Graham, que asegura ser inocente del crimen por el que fue condenado a muerte. Frente a la decisión de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas de no tomar en consideración la aparición de nuevas pruebas, el juez Frank Maloney declaró: "Cuando una persona discutiblemente inocente, declarada erróneamente culpable y condenada a muerte no dispone de un cauce significativo para presentar las pruebas recién descubiertas de su inocencia, este tribunal debería sentirse obligado, como una cuestión de política pública, a proporcionar suficientes salvaguardias para garantizar que las protecciones constitucionales estatales y federales serán efectivas." (Para más información sobre el caso de Gary Graham, véase Estados Unidos de América: Inminente ejecución de un delincuente juvenil, Índice AI: AMR 51/23/93/s, y su actualización AMR 51/28/93/s).

foto: Leonel Herrera (foto superior); Gary Graham

Otros dos delincuentes juveniles, Curtis Harris y Frederick Lashley, pueden ser ejecutados pronto en Texas y Missouri, respectivamente (USA: Imminent execution of juvenile offenders, Índice AI: AMR 51/46/93). Desde que se reinstauró la pena de muerte en los Estados Unidos, a finales de los años setenta, cinco delincuentes juveniles han sido ejecutados en el país. A finales de 1992 había 34 delincuentes juveniles condenados a muerte en 13 estados (Estados Unidos de América: La pena de muerte en Estados Unidos - Nuevos acontecimientos en 1992, Índice AI: AMR 51/25/93/s).

UGANDA: NUEVE PRESOS EJECUTADOS

Nueve presos fueron ahorcados en la prisión de Luzira, cerca de Kampala, en marzo de 1993. Estas han sido las primeras ejecuciones de presos condenados en virtud del Código Penal de Uganda desde que nueve reclusos fueron ejecutados en marzo de 1991.

Aunque algunas autoridades ugandesas afirman que el uso de la pena de muerte es necesario para mostrar al público que no se tolerarán los delitos graves contra las personas, estas ejecuciones tuvieron lugar sin que las autoridades anunciaran la identidad de los presos.

AI cree que hay más de 40 presos en espera de ser ejecutados por ahorcamiento tras ser condenados en virtud del código penal, y que más de 100 soldados corren peligro de ser fusilados tras ser condenados por tribunales militares. En un informe reciente*, Amnistía Internacional manifestó su preocupación porque las autoridades de Uganda confiaban en la pena de muerte como factor disuasorio para una gran variedad de delitos, entre ellos las violaciones de derechos humanos, en vez de introducir salvaguardias prácticas que sí dificultarían o impedirían las ejecuciones extrajudiciales o las violaciones sexuales cometidas por los soldados.

El informe de AI responde a una serie de argumentos esgrimidos por las autoridades ugandesas en favor de la pena de muerte; uno de esos argumentos, francamente extraordinario, es que los condenados por delitos graves podrían conseguir su libertad por medio de sobornos si no son ejecutados. Amnistía Internacional considera que el gobierno debe tomar medidas para mejorar la seguridad en vez de ejecutar a presos por conveniencia administrativa.

* Uganda: The death penalty a barrier to improving human rights (Índice AI: AFR 59/03/93)

EGIPTO: PENA DE MUERTE PARA LOS DELITOS POR MOTIVOS POLÍTICOS

Al-Sharif Hassan Ahmed fue ahorcado en la prisión de Isti'naf, en el Cairo, el 13 de junio. En diciembre de 1992 había sido condenado por un tribunal militar, entre otros cargos, por pertenecer a una organización "terrorista" clandestina que pide el derrocamiento del gobierno, planear el asesinato de autoridades del Estado, posesión de armas y robo.

Durante los últimos 12 meses se ha producido en Egipto un fuerte aumento de los actos de violencia por motivos políticos cometidos por grupos de oposición armada. El gobierno egipcio ha reaccionado adoptando una serie de amplias medidas tanto en la ley como en la práctica. Se han producido informes de detenciones arbitrarias en masa, tortura y uso de la detención administrativa prolongada. Las enmiendas hechas al código penal en julio de 1992 aumentaron el número de delitos punibles con la pena capital para incluir los delitos llevados a cabo por grupos "terroristas".

Desde finales de 1992, muchos casos políticos se han transferido a los tribunales militares para ser juzgados, al parecer con el fin de que los juicios se lleven a cabo rápidamente. A Amnistía Internacional le preocupa que estos juicios no hayan contado con las debidas garantías. Entre diciembre de 1992 y mayo de 1993 los tribunales militares dictaron al menos 22 sentencias de muerte, y Amnistía Internacional teme que se puedan dictar muchas más. Según el periódico al-Ahram (14 de junio de 1993), se espera que la ejecución de Hassan Shahata Badran se lleve a cabo de forma inminente. Este hombre fue condenado por el asesinato de un agente de seguridad del Estado a principios de diciembre de 1992.

Según los informes, las sentencias de muerte dictadas por los tribunales militares son revisadas antes de ser transferidas al presidente de la república. Sin embargo, Amnistía Internacional siente preocupación porque estos procedimientos no cumplen las normas internacionales relativas a juicios justos, garantizadas por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (del cual Egipto es Estado parte), según el cual "toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior". El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha instado a que se respeten estos derechos en todos los casos de pena capital. Para más información sobre las preocupaciones de AI, véase Egypt: Grave human rights abuses amid political violence (Índice AI: MDE 12/03/93).

JAPÓN: SE REANUDAN LAS EJECUCIONES

Tres presos condenados por asesinato fueron ahorcados en Japón en marzo de 1993, en lo que son las primeras ejecuciones que se llevan a cabo desde hace más de tres años. Uno de los presos sufría una enfermedad mental.

El ministro de Justicia de Japón, Masaharu Gotoda, nombrado el pasado mes de diciembre, ordenó las ejecuciones y declaró que Japón aún no está dispuesto a abolir la pena capital. Según los informes, varios ex ministros de Justicia se mostraron reacios a firmar documentos de ejecución; uno de ellos era Meghumu Sato, que desde entonces ha pedido públicamente la abolición de la pena de muerte.

Los abolicionistas confiaban en que la moratoria de tres años de las ejecuciones en Japón significara que el gobierno estaba tomando medidas hacia la abolición de la pena capital. Desde la última ejecución, en noviembre de 1989, el movimiento abolicionista ha cobrado fuerza y ha generado un agitado debate público. La abolición la apoyan unos 180 miembros de la Dieta (el parlamento japonés).

La reanudación de las ejecuciones trajo consigo críticas generalizadas de numerosos sectores de la sociedad, incluidos políticos, abogados, profesores de universidad y grupos cívicos que trabajan contra la pena de muerte. Según los informes, el ex magistrado del Tribunal Supremo, doctor Dando Shigemitsu, declaró: "Estoy enormemente conmocionado. Es lamentable que se hayan reanudado las ejecuciones justo en el momento en que por fin la idea de la abolición de la pena capital había comenzado a extenderse en Japón".

Kondo Seikichi fue ejecutado en el Centro de Detención de Sendai el 25 de marzo, y Tachikawa Shujiro y Kawanaka Tetsuo fueron ejecutados en la Casa de Detención de Osaka el 26 de marzo. Amnistía Internacional ha sabido que Kawanaka Tetsuo sufría una enfermedad mental antes de su ejecución. Al parecer, el estado mental de Kawanaka se había deteriorado durante los últimos meses. En respuesta a las preguntas de su abogado, el médico de la Casa de Detención de Osaka afirmó que el preso estaba "al límite" de convertirse en esquizofrénico, y mostraba síntomas de sufrir alucinaciones. La ley japonesa prohíbe la ejecución de presos que padecen enfermedades psiquiátricas.

Actualmente hay más de 90 presos condenados a muerte en Japón, y más de 50 tienen la sentencia confirmada definitivamente.

TAIWÁN: "PRESO MODELO" EJECUTADO

Liu Huan-jong fue ejecutado por fusilamiento el 23 de marzo de 1993, a pesar de las peticiones de clemencia tanto nacionales como internacionales.

Según los informes, Liu, que admitió haber matado a cinco personas desde 1984 hasta su detención en 1986, se había convertido en un "preso modelo". Según su abogado: "Liu Huan-jong estaba preparado para recibir la pena de muerte cuando fue detenido [en 1986]. Pero durante los siete años que ha permanecido en prisión se ha convertido en un hombre nuevo... Ejecutarle ahora supondría un golpe para todos los demás presos: demostraría que el arrepentimiento no conduce a nada". Los grupos de derechos humanos, muchos habitantes de Taiwán y más de 20 políticos se unieron a la campaña para salvar a Liu Huan-jong, y Amnistía Internacional envió llamamientos internacionales para pedir clemencia. Según los informes, el día de su ejecución, el Yuan (consejo) Legislativo aprobó una moción para pedir al Yuan Ejecutivo que considerara si el país debía mantener o no la pena de muerte.

Tras su ejecución, a Liu Huan-jong se le extrajeron las córneas y el corazón pues, al parecer, había manifestado su deseo de donar dichos órganos. Amnistía Internacional manifestó a las autoridades su preocupación por las cuestiones éticas que rodean el uso de órganos de presos ejecutados.

Al igual que todos los presos condenados a muerte en Taiwán, Liu permaneció todo el tiempo con grilletes en los pies: no se los quitaban ni siquiera durante los ratos de ejercicio en el exterior. Esto constituye una importante violación de las normas internacionales sobre la protección de los derechos del preso, que prohíben específicamente el uso permanente de instrumentos de restricción.

La pena de muerte está en vigor en Taiwán para una gran variedad de delitos. Generalmente las ejecuciones se llevan a cabo por fusilamiento, aunque ahora se puede utilizar la inyección letal. Según un informe sobre el caso de Liu Huan-jong emitido en los informativos televisados de la República de China el mismo día de su ejecución, las estadísticas de ejecución más recientes son las siguientes: 8 ejecuciones en 1987; 22 en 1988; 69 en 1989; 78 en 1990; 59 en 1991; y 35 en 1992.

ARABIA SAUDITA: AUMENTAN LAS EJECUCIONES PÚBLICAS

En Arabia Saudita fueron ejecutados públicamente 105 presos desde junio de 1992 hasta el 15 de mayo de 1993, todos ellos por crímenes o delitos sexuales. Es la segunda cifra de ejecuciones más elevada de las registradas hasta el momento en Arabia Saudita durante un periodo de un año.

Amnistía Internacional siente preocupación porque los presos fueron condenados en juicios que no reunían las debidas garantías. En Arabia Saudita no existe ningún colegio de abogados, y los abogados defensores no están presentes de forma oficial durante los juicios. Los acusados pueden ser condenados basándose exclusivamente en sus "confesiones", que Amnistía Internacional sospecha que se obtienen mediante coacción, pues se sabe que es muy común el uso de tortura o malos tratos contra los detenidos.

Amnistía Internacional siente también preocupación porque, durante los últimos años, Arabia Saudita ha introducido leyes que aumentan el número de delitos punibles con la pena capital, lo cual contraviene la resolución 32/61 (1977) de la Asamblea General de la ONU. Además, está claro que algunos delitos punibles con la muerte (como el delito de apostasía) no son "delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves", lo cual supone una violación de la Salvaguardia 1 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (1984/50).

En Arabia Saudita las ejecuciones se llevan a cabo en público y el método habitual es la decapitación con una espada. Para más información sobre las preocupaciones de AI véase Saudi Arabia: An upsurge in public executions (Índice AI: MDE 23/04/93).

foto: Ejecuciones públicas en Arabia Saudita.

AUSTRIA Y ECUADOR RATIFICAN EL SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO

Ecuador se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la abolición de la pena de muerte, el 23 de febrero de 1993, y Austria ratificó ese mismo protocolo el 2 de marzo. El protocolo ha sido ratificado ya por 17 países.

RESEÑAS DE LIBROS

HANGMAN: FROM KETCH TO PIERREPOINT - 300 YEARS OF EXECUTION, Brian Bailey

(True Crime, an imprint of Virgin Publishing Ltd. 332 Ladbroke Grove, London W10 5AH, Reino Unido, 1993. ISBN: 0-86369-623-6)

En este libro Brian Bailey investiga la función y las personalidades de los antiguos verdugos ingleses, incluido William Marwood, inventor de la "caída larga", y Albert Pierrepoint, el último verdugo del Estado.

IN SPITE OF INNOCENCE: ERRONEOUS CONVICTIONS IN CAPITAL CASES, Michael L Radelet, Hugo Adam Bedau, Constance E Putnam

(Northeastern University Press, Boston, Massachusetts 02115, EE UU, 1992. ISBN: I-55553-142-3)

In Spite of Innocence examina los sufrimientos de 400 americanos condenados erróneamente por delitos punibles con la muerte, y detalla las confusiones de identidad, los perjurios de los testigos y las negligencias del trabajo policial que provocaron 400 condenas erróneas en los Estados Unidos desde 1900 hasta 1991. Algunos de los presos cuyos casos se examinan en este libro fueron ejecutados; la mayoría pasaron varios años en prisión, muchos de ellos en el pabellón de los condenados a muerte.

El libro muestra la facilidad con que pueden fallar las salvaguardias contra las condenas erróneas. Los autores afirman que la única manera de eliminar esos errores en los casos de pena capital consiste en abolir la pena de muerte.

LA PEINE DE MORT AU SEUIL DU TROISIEME MILLINAIRE, Robert Cario

(Editions Eres, 19 Rue Gustave-Courbet, 31400 Toulouse, Francia, 1993. ISBN: 2-86586-234-8)

Este libro es una colección de ensayos escritos por una amplia variedad de profesionales, entre los que se encuentran psiquiatras, criminólogos, abogados, psicólogos y profesores de universidad.

Entre los temas de los ensayos aparecen argumentos religiosos y filosóficos sobre la pena de muerte; otros temas son la experiencia de la abolición o la reinstauración de la pena capital en países concretos, como Hungría o los Estados Unidos, o el uso de la pena de muerte contra menores, enfermos mentales, traficantes de drogas o terroristas.

THE EXECUTION PROTOCOL, Stephen Trombley

(Random House, Vauxhall Bridge Road, London, Reino Unido, 1993. ISBN: 0-517-59113-8)

El libro, y una película documental con el mismo título, ofrecen una visión detallada y estremecedora de la historia y la práctica actual del homicidio autorizado por el Estado. Durante más de un año, Stephen Trombley se sumergió en el mundo de la industria de la pena capital, con un acceso sin precedentes hasta el equipo de ejecución y los condenados del Centro Correccional Potosí, en Missouri, así como a los fabricantes de material para las ejecuciones.

CONTRA LA PENA DE MUERTE, Victor Kogan-Yasny (en ruso)

(Moscú, 1992. ISBN: 5-7333-0379-4)

Este folleto incluye la historia de la pena de muerte en la antigua URSS, así como argumentos en favor de su abolición; también incluye una traducción del documento titulado URSS: Perspectivas para la abolición de la pena de muerte (Índice AI: EUR 46/20/91/s).