Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Noticias sobre la pena de muerte: Septiembre del 2000

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Noticias sobre la pena de muerte - Septiembre 2000

NOTICIAS SOBRE LA PENA DE MUERTE Septiembre del 2000


AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Índice AI: ACT 53/03/00/s London WC1X 0DW

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR Reino Unido


RESUMEN TRIMESTRAL DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN UNIVERSAL



MALTA Y COSTA DE MARFIL DEROGAN

LA PENA DE MUERTE




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Noticias sobre la pena de muerte - Septiembre 2000

Maltase convirtió en el primer país en abolir la pena de muerte para todos los delitos en el nuevo milenio al promulgarse el 21 de marzo la Ley de las Fuerzas Armadas (Enmienda) 2000, tras ser aprobada por la Cámara de Representantes y por el presidente Guido de Marco. El proyecto de ley había sido presentado por el ministro del Interior, doctor Tonio Borg, y contaba con el apoyo tanto del gobierno como de la oposición. De acuerdo con sus disposiciones, la cadena perpetua sustituye a la pena de muerte para todos los delitos.


Si bien la pena de muerte había quedado abolida para los delitos comunes en 1971 en el Código Penal, se había mantenido en la Ley de las Fuerzas Armadas de 1970 para determinados delitos cometidos en tiempo de guerra, como prestar ayuda al enemigo, desertar y participar en un motín, por las personas sometidas a la jurisdicción militar.


Desde 1876, en Malta se han llevado a cabo 18 ejecuciones, la última de ellas en julio de 1943.


Costa de Marfilabolió la pena de muerte para todos los delitos el 23 de julio al aprobarse una nueva Constitución mediante referéndum. El artículo 2 de la nueva Constitución establece: «Quedan prohibidas todas las penas que resulten en la privación de la vida humana». De acuerdo con la legislación de Costa de Marfil, la Constitución tiene prioridad sobre las leyes penales, por lo que los tribunales ya no pueden dictar penas de muerte.


Costa de Marfil lleva varias décadas siendo abolicionista en la práctica a pesar de que la pena de muerte se mantenía en su legislación. El primer presidente del país, Höuphouet Boigny, que se mantuvo en el cargo desde la independencia en 1960 hasta 1993, era contrario a la pena capital y nunca permitió que se ejecutaran las condenas de muerte.


En 1995, el Parlamento amplió el ámbito de la pena de muerte para incluir delitos como el robo con violencia. La pena se ejecutaría mediante pelotón de fusilamiento y en público. Esta decisión fue justificada por Faustin Kouamé, entonces ministro de Justicia, que apoyaba públicamente la pena capital basándose en que la delincuencia estaba aumentando y que ello «probablemente comprometería el desarrollo armonioso de Costa de Marfil al desalentar las iniciativas económicas y, por encima de todo, las inversiones extranjeras». El presidente de entonces, Henri Konan Bédié, no ratificó la ley y no se llevó a efecto ninguna ejecución, aunque continuaron dictándose penas de muerte.


El 24 de diciembre de 1999, el presidente Bédié y su gobierno fueron derrocados por el primer golpe de Estado registrado en el país. Un Comité Nacional de Salvación Pública, compuesto por militares de alta graduación dirigidos por el general Robert Guei, ex jefe de Estado Mayor, se hizo con el poder. El nuevo gobierno redactó una Constitución que excluyó la pena de muerte.


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Noticias sobre la pena de muerte - Septiembre 2000

Los Grupos de Amnistía Internacional en Costa de Marfil presionaron durante la redacción de la Constitución para que se aboliera la pena capital.


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Noticias sobre la pena de muerte - Septiembre 2000



La pena de muerte es indignante, especialmente si se condena a un inocente. Pero sigue siendo una injusticia incluso cuando recae en alguien culpable de un delito».


Comentario de Giuliano Amato, primer ministro de Italia, el 14 de septiembre del 2000, en referencia a una ejecución prevista en Virginia, Estados Unidos.



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Fallo decisivo sobre Jamaica - El 12 de septiembre, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, con sede en Inglaterra, conmutó la pena de muerte impuesta a seis presos en Jamaica en una resolución que puede tener consecuencias de largo alcance para las causas por delitos punibles con la muerte en el Caribe de habla inglesa.


El Comité Judicial del Consejo Privado, que actúa de tribunal de apelación de última instancia para países de la Commonwealth como Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y las Bahamas, estableció que era ilegítimo ejecutar a presos cuyos recursos se encontraran pendientes en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.


El Comité Judicial también falló que al examinar si ejercía su prerrogativa de gracia, el Consejo Privado de Jamaica («Comité de Indultos») debía permitir a los presos poder participar de forma eficaz y en las debidas condiciones en el proceso de concesión de indulto, lo que incluye notificar la fecha en que el Comité de Indultos examinará la causa, poder intervenir ante el Comité y refutar cualquier información inexacta ante él.


Estados Unidos: Las encuestas muestran apoyo a la suspensión de las ejecuciones - En una encuesta nacional llevada a cabo en agosto entre 802 votantes se ha concluido que el 53% de los



estadounidenses encuestados son partidarios de que se suspendan las ejecuciones hasta que se lleve a cabo un estudio sobre la imparcialidad con que se aplica la pena de muerte.


Los resultados de la encuesta muestran también que el número de estadounidenses que apoya la pena capital había bajado al 60 por ciento, con el 21 en contra y un 19 por ciento de indecisos. El 55 por ciento de los encuestados manifestó que era necesario garantizar que los acusados tuvieran acceso a abogados competentes y experimentados así como a pruebas de ADN. Asimismo, el 69 por ciento de los encuestados manifestó que su mayor preocupación era que se ejecutara por equivocación a un inocente frente a sólo el 24 por ciento que estaba más preocupado por el hecho de que un culpable se librara de ser ejecutado.


En su intervención durante la conferencia de prensa celebrada el 14 de septiembre para presentar los resultados de la encuesta, el congresista William Delahunt, ex fiscal de Masachusets manifestó: «Los resultados de esta encuesta demuestran que la mayoría de los estadounidenses se sienten indignados por la posibilidad de que se esté ejecutando a personas inocentes». La encuesta fue encargada por algunos miembros del Congreso y de Justice Project, grupo que trabaja para impedir las ejecuciones erróneas, y la llevaron a cabo juntamente dos empresas de encuestas: Peter D Hart Research y American Viewpoint.

Presentación de campaña contra la pena de muerte en India- Los días 22 y 23 de julio se celebró en Nueva Delhi la primera Conferencia Nacional de la Campaña contra la Pena de Muerte. La conferencia, que congregó a eminentes juristas y a activistas de derechos humanos bajo la presidencia del ex juez del Tribunal Supremo Krishna Iyer, contó con la asistencia de 110 delegados de 15 estados de la India que instaron a los gobiernos central y estatales a que enmendasen todas las leyes que establecen la pena de muerte.


La conferencia solicitó «la pena de muerte para la pena de muerte» y señaló que el Estado continúa sin tomar medidas constructivas para impedir la delincuencia, no lleva a cabo procesamientos eficaces y después recurre a la pena capital como respuesta popular a la delincuencia. Los delegados expusieron la naturaleza discriminatoria de la pena capital, explicando que la mayoría de las sentencias de muerte se dictan contra los sectores oprimidos y marginales de la sociedad, y aprobaron una resolución en la que se solicitaba la suspensión de ese castigo durante diez años en los 25 estados del país, seguida de la abolición total. En la resolución también se pedía que se eximiera de la pena capital a las mujeres, los niños, los discapacitados y las personas mayores de 60 años.


Las ejecuciones continúan en Uzbekistán- AIha podido saber que Dimitry Chikunov, de 28 años de edad, que había sido condenado a muerte por el homicidio de dos hombres en abril de 1999, fue ejecutado en secreto el 10 de julio en Tashkent. Su condena se basó en una confesión obtenida, según los informes, mediante tortura.


Las condenas a muerte y las ejecuciones han alcanzado una cifra alarmantemente elevada en Uzbekistán y a AI le consta que desde principios de 1999 se han dictado al menos 56 condenas a muerte y que se han llevado a efecto 20 ejecuciones. Dado que la información sobre la pena de muerte es secreto de Estado, el número real podría ser mucho mayor. La mayoría de estas condenas se dictaron tras los atentados con explosivos llevados a cabo en febrero de 1999 en Tashkent, que según el gobierno uzbeko no eran otra cosa que intentos de acabar con la vida del presidente Islam Karimov. Según los informes, en abril de 1999, el presidente Karimov manifestó a los periodistas: «Estoy dispuesto a segar la cabeza de doscientas personas, a sacrificar sus vidas, para mantener la paz y la calma de la República».


Un hombre es condenado a muerte por blasfemia en Pakistán- El 5 de agosto, un tribunal de Lahore, capital de Pakistán, condenó a muerte por blasfemia a Mohammad Yousuf Ali, de unos 50 años de edad y miembro de una minoritaria congregación sufí. Llevaba detenido desde marzo de 1997, aunque en junio de 1999 el Tribunal Superior de Lahore ordenó su libertad bajo fianza.


Mohammad Yousuf Ali fue declarado culpable de siete cargos de blasfemia en aplicación del artículo 295C del Código Penal de Pakistán, que conlleva la pena de muerte preceptiva, por profanar el nombre sagrado del profeta Mahoma. Resultó además condenado a 35 años de cárcel con trabajos forzados y al pago de una multa por valor de 200.000 rupias (unos 3.900 dólares estadounidenses), penas que debían hacerse efectivos antes de la ejecución. El denunciante, que no conocía con anterioridad a Mohammad Yousuf Ali, denunció que éste se había jactado de mantener una cercanía espiritual indebida con el profeta Mahoma.


En Pakistán hay más de 3.000 personas condenadas a muerte, muchas de ellas por tribunales de primera instancia. En 1999, AI tuvo constancia de 13 ejecuciones en este país, pero dado que rara vez se difunde información sobre este asunto, la cifra verdadera probablemente sea más elevada.


La Subcomisión de las Naciones Unidas condena la aplicación de la pena de muerte a menores - La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, grupo de 26 expertos en derechos humanos, celebró su reunión anual de tres semanas de duración en Ginebra. Entre otras medidas, la Subcomisión condenó «inequívocamente» en su Resolución 2000/17 «la imposición y aplicación de la pena capital contra los que tuvieran menos de 18 años en el momento de la comisión del delito». La Subcomisión instó «a los Estados que mantienen la pena capital para los menores delincuentes a que procedan a abolir por ley lo antes posible la pena capital contra los que tuvieran menos de 18 años en el momento de la comisión del delito y, entre tanto, a que recuerden a los jueces que la imposición de la pena capital contra estos delincuentes consitituye una violación del derecho internacional». Asimismo, recomendó que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU declarara que la imposición de la pena capital a personas menores de 18 en el momento de la comisión del delito «es una contravención del derecho internacional consuetudinario».


La iglesia rusa se opone a la pena de muerte- Según la agencia de noticias ITAR-Tass, en su reunión celebrada el 16 de agosto en Moscú, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Ortodoxa pidió que se pusiera fin a la pena capital. En la información se indicaba que la iglesia se oponía a la pena de muerte porque puede hacer que los errores judiciales sean irreparables.


Noticias de EE.UU.: El gobierno federal fija una ejecución -La ejecución de David Paul Hammer se ha fijado para el 15 de noviembre, el primer preso en ser ejecutado en virtud de la legislación federal desde 1963, tras haber decidido que renunciaba a sus apelaciones. El presidente Bill Clinton aplazó la ejecución de otro preso federal condenado a muerte, Juan Raul Garza, cuya ejecución se había fijado para agosto, para que pudiera solicitar la conmutación de su sentencia por cadena perpetua de acuerdo con las nuevas directrices sobre indultos que regulan las causas federales por delitos punibles con la muerte. En la actualidad su ejecución se ha fijado para el 12 de diciembre.


En septiembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. publicó las conclusiones del estudio que había llevado a cabo sobre la pena de muerte en el ámbito federal. La fiscal general Janet Reno admitió que se sentía «preocupada» por el estudio, que mostraba acusadas disparidades raciales y geográficas en la aplicación de la pena de muerte a escala federal. Aproximadamente el 80 por ciento de los reclusos federales condenados a muerte pertenecían a las minorías raciales o étnicas, y dichas minorías constituían aproximadamente las tres cuartas partes de los casos en los que los fiscales solicitaban la pena capital. Un ejemplo de disparidades geográficas lo constituía el hecho de que sólo tres distritos judiciales federales, en Virginia, Puerto Rico y Misuri, representan casi una cuarta parte de los 183 casos desde 1995 en que el fiscal recomendó que se solicitara la pena capital. Los fiscales federales de casi la mitad de los 94 distritos de EE.UU. nunca han recomendado la pena de muerte.


Estudio nacional -Un estudio llevado a cabo en septiembre por The New York Timesutilizando estadísticas gubernamentales ha revelado que durante los últimos 20 años la tasa de homicidios en los estados con pena de muerte ha sido entre el 48 y el 101 por ciento más elevada que en los estados sin pena de muerte. Diez de los 12 estados sin pena de muerte tienen tasas de asesinato por debajo de la media nacional, a pesar de que sus características demográficas son similares a las de estados que mantienen la pena de muerte.


Georgia- Según se cree, por primera vez en la historia judicial de Estados Unidos se va a llevar a cabo una prueba de ADN que podría exculpar a un hombre a título póstumo. Ellis Wayne Felker, que mantuvo su inocencia hasta su muerte, fue ejecutado en noviembre de 1996 por violación y asesinato.


A pesar de que los abogados de Ellis Wayne Felker lograron acceder unas semanas antes de la ejecución a los expedientes de la acusación sobre la causa y encontraron pruebas no reveladas que no habían sido sometidas a las pruebas del ADN, la ejecución se llevó a cabo. Ahora, tres periódicos y una red de televisión han obtenido una orden en virtud de la Ley de Documentación Abierta de Georgia para poder llevar a cabo estas pruebas a pesar de que los resultados en este caso específico posiblemente ya no sean concluyentes.


Se ha demostrado que 87 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron condenadas erróneamente; ocho de ellas fueron absueltas tras llevarse a cabo las pruebas de ADN.


Alexander Williams, preso retrasado mental y menor de 18 años en el momento de la comisión del delito, iba a ser ejecutado el pasado mes de agosto en Georgia. Sin embargo, 48 horas antes del momento fijado para su ejecución en la silla eléctrica, la Corte Suprema del estado ordenó el aplazamiento de la ejecución hasta que se pronunciara en relación con otra causa en la que debía resolver si dicho método de ejecución era constitucional. Alexander Williams habría sido el quinto menor de edad ejecutado este año en Estados Unidos, cifra que no se había alcanzado desde 1954.


Texas - En agosto, una corte federal de apelación anuló la condena a muerte dictada contra Delma Banks, por un asesinato cometido en 1980, debido a la «lamentable» actuación de su abogado. Si bien la corte no expresó ninguna duda sobre el veredicto de culpabilidad, los magistrados resolvieron que su abogado no había investigado sus antecedentes y las posibles circunstancias atenuantes.


Según un artículo publicado el 10 de septiembre en The Dallas Morning News, aproximadamente la cuarta parte de los presos condenados a muerte en Texas han estado representados por abogados a los que el Colegio de Abogados del estado ha sancionado.


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TRATADOS INTERNACIONALES


Bosnia y Herzegovina firmó el 7 de septiembre del 2000 el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Lituania el 14 de septiembre y Santo Tomé y Príncipe el 6 de septiembre, con lo que el número de países que han firmado el Protocolo, sin ratificarlo, se eleva a seis. El Protocolo ha sido ratificado por 43 países.


Albania ratificó el Sexto Protocolo del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales el 21 de septiembre del 2000 y Georgia lo ratificó el 13 de abril, con lo que el número de países que lo han ratificado se eleva a 38.



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