Por primera vez en su historia, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha instado a los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a que «limiten progresivamente el número de delitos por los que se puede imponer esa pena».

Este llamamiento se ha efectuado en la Resolución 2003/67 de la Comisión de Derechos Humanos sobre la «Cuestión de la pena capital», que es la séptima en este ámbito desde 1997. El texto fue aprobado el 24 de abril de 2003, en el periodo de sesiones anual de dicho órgano en Ginebra, por 23 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones. Copatrocinaron la resolución 75 países, 7 más que en 2002. Con todo, se hizo patente la enérgica discrepancia de numerosos Estados, plasmada en una declaración firmada por 63 países, uno más que en 2002, desmarcándose de la resolución.

La resolución de este año contiene muchas otras novedades:

• exhorta a los Estados a que velen por que no se ejecute la pena capital «en público ni de ninguna otra manera degradante», y por que «se ponga fin inmediatamente a la aplicación de medios especialmente crueles e inhumanos de ejecución, como la lapidación»;

• insta a los Estados a que excluyan de la aplicación de la pena capital a las madres con hijos a su cargo; y,

• en un intento de acabar con las ejecuciones secretas, insta a los Estados a que «pongan a disposición de la población la información relativa [...] a las ejecuciones previstas».

La resolución insta asimismo a «todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte» a que no la impongan por «delitos cometidos por menores de 18 años de edad». La resolución adoptada el año pasado contenía una disposición similar, si bien la encuadraba en el contexto del cumplimiento por los Estados de sus obligaciones dimanantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención sobre los Derechos del Niño, que excluyen el uso de la pena capital contra delincuentes menores de 18 años en el momento de cometerse el delito. Esta nueva formulación se aplica claramente a Estados Unidos, que antes de la aprobación de la Resolución 2003/67 podría haber alegado que no le afectaban los términos de las anteriores resoluciones sobre la pena capital debido a que no había ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y a que cuando ratificó el PIDCP en 1992 formuló una reserva en relación con el artículo 6.5 del Pacto, reservándose así el derecho a ejecutar a quienes en el momento de cometerse el delito eran menores de 18 años. Del mismo modo, el llamamiento de este año a los Estados para que únicamente impongan la pena de muerte en el caso de «los más graves delitos» y velen por que los juicios por delitos punibles con la muerte se celebren con las debidas garantías procesales ya no se vincula a las obligaciones de los Estados en virtud del PIDCP y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por otra parte, en la Resolución 2003/67 se indica que se aguarda con interés el suplemento anual del informe quinquenal sobre la pena de muerte elaborado por el secretario general de la ONU (documento de la ONU E/CN.4/2003/106). En dicho informe se señala que «la tendencia hacia la abolición sigue manifestándose» y se hace notar que se ha registrado «un aumento en el número de países que han ratificado los instrumentos internacionales que prescriben la abolición de la pena capital» (párrafo 32).

Pueden consultar la resolución y el informe citados en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, <www.unhchr.ch>.

TAYIKISTÁN REDUCE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE

En julio, el Parlamento de Tayikistán aprobó las propuestas de reforma del actual Código Penal de 1998 presentadas por el presidente Imomali Rahmonov. Entre otras reformas, se dispuso la abolición de la pena de muerte para las mujeres, para varones menores de 18 años en el momento de cometerse el delito y para hombres mayores de 60 años, así como una reducción del número de artículos (de 10 a 5) que permiten la imposición de la pena de muerte. El Código Penal previo al actual contenía 44 artículos que disponían el uso de la pena capital. Las reformas aprobadas en julio entrarán en vigor una vez que las firme el presidente Rahmonov.

En lo que va de año, al menos una persona ha sido ejecutada y otras 10 condenadas a muerte en el país. Durante 2002 Tayikistán ejecutó al menos a cinco personas.

ENTRA EN VIGOR UN NUEVO PROTOCOLO

El 1 de julio entró en vigor el Protocolo Núm. 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. En ese momento había sido ratificado por 15 países. Con esta medida, los Estados miembros del Consejo de Europa dan un paso más hacia la creación de una zona totalmente libre de pena de muerte.

El Protocolo Núm.13 cubre la laguna existente en virtud del Protocolo Núm.6 del mismo Convenio, ya que este último prohíbe la pena de muerte excepto para actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra en los países que han acordado vincularse por sus disposiciones. De tal manera, el Protocolo Núm.13 es un importante instrumento que transmite claramente el mensaje político de que la pena de muerte es completamente inaceptable en todo momento (véanse las ediciones de Noticias sobre la Pena de Muerte de marzo y junio de 2002).

El número de Estados miembros del Consejo de Europa que no sólo no han ratificado el Protocolo Núm. 13 sino que ni siquiera lo han firmado aún se reduce a cuatro, a saber: Armenia, Azerbaiyán, la Federación Rusa y Turquía. Tres de estos Estados, Armenia, la Federación Rusa y Turquía, tampoco han ratificado aún el Protocolo Núm. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con lo que de hecho no se han comprometido plenamente a cumplir ninguno de los dos protocolos de dicho Convenio relativos a la abolición de la pena capital. Serbia y Montenegro, que se adhirió al Consejo de Europa en abril, ha firmado tanto el Protocolo Núm.6 como el Protocolo Núm.13, pero todavía tiene que ratificar ambos instrumentos.

NOTICIAS BREVES

Armenia: En julio, el presidente Robert Kocharyan conmutó a cadena perpetua todas las penas de muerte impuestas pendientes de ejecución. Dos meses antes, en mayo, el Parlamento había aprobado un nuevo Código Penal que prohibía la aplicación de la pena capital en tiempo de paz, si bien contenía un resquicio legal que permitiría el uso de dicha pena en una causa actualmente en fase de sustanciación ante tribunales armenios. La causa en cuestión concierne al atentado perpetrado en 1999 en la cámara parlamentaria armenia, en el que perdieron la vida ocho hombres.

República Democrática del Congo: El 24 de abril, el gobierno congoleño suprimió los Tribunales del Orden Militar (Cours d’Ordre Militaire), que incumplían las normas internacionales de justicia procesal. En el año 2000 se ejecutó a un niño soldado de 14 años de edad 30 minutos después de juzgarlo un tribunal militar y a principios del presente año se recibieron informes sobre ejecuciones secretas consumadas tras dictar condenas a muerte otro tribunal militar (véanse las ediciones de Noticias sobre la Pena de Muerte de junio de 2000 y marzo de 2003).

Uganda: En julio, una comisión de designación parlamentaria aprobó el nombramiento de un ex veterinario, el doctor Johnson Byabashaija, como subdirector general de los Servicios Penitenciarios del país. En el momento de su nombramiento, el doctor Byabashaija señaló su oposición a la pena de muerte por considerarla deshumanizante.

Estados Unidos (ámbito federal): El gobierno anunció en julio que no se aplicará la pena capital a tres de los seis hombres señalados por el presidente George W. Bush como los primeros sospechosos bajo custodia estadounidense en la base naval de bahía de Guantánamo que serán juzgados ante comisiones militares, los ciudadanos británicos Feroz Ali Abbasi y Moazzam Begg y el australiano David Hicks. Los otros tres hombres, cuyos nombres no se han dado a conocer, siguen expuestos a recibir sendas condenas a muerte no recurribles.

Estados Unidos, Misuri: Joseph Amrine, que tras pasar 17 años condenado a muerte fue absuelto en julio, pasa a ocupar el número 111 en la lista de personas condenadas a muerte y posteriormente absueltas en Estados Unidos desde 1973. Según un comunicado de prensa emitido por el instituto estadounidense Centro de Información sobre la Pena de Muerte (<www.deathpenaltyinfo.org>), la acusación por la que se condenó a Joseph Amrine se basó principalmente en declaraciones inexactas de testigos prestadas por informantes de la cárcel, muchos de los cuales más tarde se retractaron de sus declaraciones.

Estados Unidos, Illinois: El 24 de julio, el gobernador Rod Blagojevich firmó la entrada en vigor de una ley que prohíbe que el personal médico y de enfermería participe en ejecuciones estatales. Dicha ley dispone: «El Departamento de Prisiones no solicitará, exigirá ni permitirá que los profesionales de la salud autorizados para ejercer en Illinois, incluidos médicos y enfermeras aunque no sólo estos […] participen en ejecuciones».

Tratado Internacionales

El Protocolo Núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido ratificado por Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Georgia y Hungría, lo que eleva la cifra total de Estados que lo han ratificado a 17.

Nota para los lectores: El próximo número del presente boletín se distribuirá en diciembre de 2003.