Acciones Urgentes Público

Junio de 2006

Índice AI: ACT 60/014/2006
En detalle Una mirada a las historias que hay detrás de las AU

En defensa de sus vidas: juicios en Etiopía

De izquierda a derecha:Bedru Adem, parlamentario; Daniel Bekelle, miembro de Ayuda en Acción; Befekadu Degefe, parlamentario de la Coalición por la Unidad y la Democracia; Mesfin Woldermariam, defensor de los derechos humanos; Kassahum Kebede, profesor; Kifle Tigeneh, parlamentario de la Coalición por la Unidad y la Democracia; Yacob Hailemariam, parlamentario de la Coalición por la Unidad y la Democracia; Serkalem Fasil, periodista (que ha dado a luz bajo custodia); Eskinder Negga, periodista; Hailu Shawel, presidente de la Coalición por la Unidad y la Democracia; Birtukan Mideska, vicepresidenta de la Coalición por la Unidad y la Democracia y ex juez; Netsanet Demisse, abogado defensor del medio ambiente y los derechos humanos.

En junio y noviembre de 2005 se celebraron manifestaciones que se saldaron con más de 80 personas muertas y centenares de personas heridas en Addis-Abeba, capital de Etiopía, y otras ciudades del país como respuesta al presunto fraude electoral cometido en los comicios de mayo de 2005.

Miles de miembros de partidos de la oposición, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas fueron detenidos en el transcurso de las manifestaciones y posteriormente. Muchas de estas personas fueron puestas en libertad, pero 111 están siendo juzgadas en el Tribunal Superior Federal de Addis-Abeba. Entre los cargos formulados contra ellas están "alta traición", "ultraje a la Constitución" y "genocidio". En caso de ser declaradas culpables, podrían ser condenadas a muerte.

El juicio tiene importantes consecuencias para los derechos humanos, la libertad de expresión, la democratización y el desarrollo de un sistema de justicia eficaz e independiente en Etiopia. Entre las personas acusadas hay parlamentarios electos de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos a los que Amnistía Internacional (AI) considera presos de conciencia. AI exhorta a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos en favor de la puesta en libertad de estas personas.

Elecciones y manifestaciones

Las elecciones generales del 15 de mayo de 2005 fueron las terceras en celebrarse bajo la Constitución de 1995 y la coalición gobernante del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, presidida por el primer ministro Meles Zenwai, que lleva en el poder desde 1991. La coalición la encabeza el Frente Popular de Liberación de Tigré. El Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope derrocó al gobierno marxista-leninista del presidente Mengistu Hailemariam (conocido primero como el Dergue, o "comité" y que posteriormente formó el partido gobernante Partido Etíope de los Trabajadores) tras un prolongado conflicto armado. Muchos de sus miembros todavía están siendo juzgados por cargos de genocidio por los abusos masivos contra los derechos humanos cometidos a lo largo de los 17 años de gobierno de el Dergue y del Partido Etíope de los Trabajadores tras la revolución de 1974, que derrocó al gobierno del emperador Haile Selassie.

En el periodo previo a las elecciones de 2005, AI había expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de la oposición, en especial de la Coalición por la Unidad y la Democracia, incluidos varios homicidios, detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento e intimidación por parte de la policía local y de las milicias. El Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope y los partidos que lo integraban se enfrentaron a una oposición más fuerte en 2005 que en las elecciones anteriores por parte de los partidos de oposición de ámbito nacional y regional, principalmente de dos coaliciones, la Coalición por la Unidad y la Democracia y el Frente Democrático Unido Etíope. Varios partidos de la oposición alegaron que sus miembros habían sido objeto de numerosas restricciones y abusos contra los derechos humanos, especialmente en las zonas rurales remotas que se encuentran fuera de la mirada de la comunidad internacional y de los medios de comunicación, centrados en Addis-Abeba.

Inmediatamente después de los comicios del 15 de mayo, la oposición denunció que el gobierno y el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope habían cometido fraude electoral. La respuesta del primer ministro Zenwai fue prohibir las manifestaciones y asumir el control de las fuerzas de seguridad en Addis-Abeba. El 8 de junio, unos soldados mataron a tiros en Addis-Abeba a 42 personas que estaban protestando por el presunto fraude. Asimismo se detuvo a miles de presuntos simpatizantes de partidos de la oposición, a los que se recluyó en duras condiciones y que en algunos casos fueron golpeados brutalmente. Al cabo de unas semanas todos habían sido puestos en libertad bajo fianza tras breves comparecencias ante los tribunales (véanse AU UA 261/05, AFR 25/013/2005, 30 de septiembre de 2005 y sus actualizaciones).

A principios de noviembre, la Coalición por la Unidad y la Democracia, el principal grupo de oposición, cuyos 109 parlamentarios estaban boicoteando el nuevo Parlamento tras haberles sido retirada la inmunidad parlamentaria, convocó una serie de actos de protesta no violentos y de boicots de los negocios del partido gobernante. El 1 de noviembre se detuvo a 30 taxistas por hacer sonar sus bocinas durante un acto de protesta. Según informes, las manifestaciones empezaron pacíficamente, pero a raíz de que la policía antidisturbios utilizara fuego real contra los manifestantes en el mercado central y en otros distritos, las protestas degeneraron durante los dos siguientes días y se lanzaron piedras, se levantaron barricadas y se quemaron vehículos. Según informes, los soldados y los policías golpearon brutalmente a muchas personas y mataron a tiros a unas 30, hirieron a 150 y detuvieron a millares. Los informes también indican que los manifestantes mataron a dos agentes de policía (véase AU 284/05, AFR 25/017/2005, 2 de noviembre de 2005).

Al parecer, miles de personas continúan detenidas en régimen de incomunicación en campos, a pesar de que en noviembre de 2005 se dejó en libertad sin cargos a 8.000 personas. Las detenciones continuaron a lo largo de 2006. Entre los miles de manifestantes detenidos había escolares, universitarios y profesores, especialmente en Addis-Abeba y en las regiones de Amhara y Oromia tras las manifestaciones celebradas a fines de diciembre (véase AU 26/06, AFR 25/003/2006, 3 de febrero de 2006). El 26 de abril, el Parlamento controlado por el gobierno constituyó una comisión para que en el plazo de tres meses presentara un informe sobre la violencia que rodeó las manifestaciones de junio y noviembre, pero el informe no se ha publicado todavía.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea expresó su honda preocupación por la equidad de las elecciones en un informe provisional publicado en agosto de 2005 y en el informe final de marzo de 2006. El informe final concluía: "ante todo […] las elecciones no se han ceñido a los principios internacionales para unas elecciones democráticas genuinas".El primer ministro Zenawi consideró que el informe provisional era "basura" y hasta la fecha no ha respondido al informe final. En enero de 2006, el gobierno británico retiró una ayuda equivalente a 88 millones de dólares estadounidenses como resultado de la preocupación que le suscitaba el gobierno y las violaciones de derechos humanos cometidas a raíz de las elecciones

Personas detenidas y acusadas

Tras las manifestaciones del 1 de noviembre de 2005, celebradas tras las protestas registradas en la calle y los disparos efectuados por la policía, con los trabajadores en sus casas como señal de huelga y muchos negocios cerrados, la policía empezó a detener de forma sistemática a presuntos simpatizantes de la oposición, defensores de los derechos humanos y a periodistas de la prensa privada, y a trasladarlos a lugares desconocidos. Según informes, la policía mató a tiros en su casa a una mujer cuando protestó por la detención de su esposo, activista de la Coalición por la Unidad y la Democracia (véase declaración de prensa de AI: AFR 25/019/2005).Durante los días siguientes se detuvo a varios millares de presuntos opositores del gobierno pertenecientes a la Coalición y a otros partidos. Se recibieron informes de malos tratos e intimidación contra los acusados tras ser detenidos, y al cabo de varias semanas de permanecer bajo custodia, la mayoría de los dirigentes de la Coalición y de los periodistas se declararon en huelga de hambre hasta que consideraron que la comunidad internacional se había dado por enterada.

El 23 de febrero, al iniciarse el juicio comparecieron ante el Tribunal Superior Federal de Addis-Abeba más de 80 acusados, entre ellos diez parlamentarios electos y otros dirigentes de la Coalición. Entre los cargos formulados contra ellos figuraban "traición", "ultraje a la Constitución", "conspiración armada" e intento de "genocidio". Las razones aducidas por la acusación para el cargo de "genocidio" no se atienen a la definición internacional de esta figura jurídica y AI ha calificado este cargo de "absurdo". En total se han presentado cargos contra 111 personas que están siendo juzgadas.

Prácticamente todos los dirigentes de la Coalición están siendo juzgados, entre ellos los principales cargos elegidos en la capital Addis-Abeba: Berhanu Negga, Hailu Shawel (presidente de la Coalición por la Unidad y la Democracia, dirigente del Partido de la Unidad Pan-Etíope e ingeniero civil) y Birtukan Mideska (vicepresidenta de la Coalición, dirigente del Movimiento Arco Iris y abogada). Entre los acusados también hay defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados (entre ellos, Yakob Hailemariam, ex fiscal del tribunal Penal Internacional para Ruanda de la ONU para juzgar los crímenes de genocidio cometidos en Ruanda y ex enviado especial de la ONU en relación con la disputa fronteriza entre Camerún y Nigeria), profesores universitarios, parlamentarios electos y miembros electos del consejo municipal de Addis-Abeba.

Asimismo, se han presentado cargos contra seis empresas editoras de periódicos. Se está juzgando in absentiaa 25 acusados por "ultraje a la Constitución", entre los que figuran cinco periodistas originariamente con ciudadanía etiope que viven en los Estados Unidos y trabajan para la emisora la Voz de América.

"Estas personas son presos de conciencia, detenidas únicamente por sus opiniones y actividades de naturaleza no violenta," declaró Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, que añadió: "Es inaceptable que estén acusadas de graves cargos penales que podrían llevar a que las condenaran a muerte y posiblemente las ejecutaran. Exigimos que sean puestas en libertad de forma inmediata e incondicional y que el gobierno de Etiopía ponga fin a este intento de criminalizar la libertad de expresión y de impedir una actividad política y de derechos humanos legítima".

Con anterioridad al inicio del juicio, los dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia y los periodistas decidieron boicotearlo porque en su opinión iba a ser intrínsecamente injusto y el tribunal no era independiente. Afirmaban que ya habían sido declarados culpables de antemano. El tribunal presentó declaraciones de inocencia en su nombre.

El juicio se está celebrando públicamente ante un tribunal de dos jueces más un presidente. A las vistas están acudiendo un observador judicial de la UE, diplomáticos extranjeros y algunos periodistas extranjeros y locales, y el tribunal ha facilitado un intérprete de inglés-amhárico.

En caso de ser declarados culpables, los acusados podrán interponer recurso ante el Tribunal Supremo. Si se les condena a muerte, podrán pedir el indulto al presidente, Girma Woldegiorgis. Según la Constitución, el presidente puede conmutar una pena de muerte, excepto si el acusado ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad.

Defensores de los derechos humanos y periodista en peligro

El profesor Mesfin Woldemariam, de 76 años de edad, profesor jubilado de geografía de la Universidad de Addis-Abeba, es fundador del Consejo de Derechos Humanos de Etiopía, organización no gubernamental y el único grupo de derechos humanos registrado oficialmente en Etiopía desde 1991. Antes de su detención estuvo postrado en cama tres meses a causa de graves dolores en las piernas y la espalda que precisaban de atención médica constante. Le permitieron tener su propio colchón en prisión pero no que lo tratara su fisioterapeuta. Durante su reclusión logró andar con la ayuda de un bastón. En diciembre de 2005, el profesor Mesfin fue uno de los miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia que se mantuvo en huelga de hambre durante varias semanas. Reanudó su huelga de hambre el 8 de febrero de 2006 y, según los informes, se encuentra muy débil.

Daniel Bekele, abogado de derechos humanos, es el director de política y defensa de la oficina etíope de Ayuda en Acción, organización internacional de ayuda al desarrollo. Netsanet Demissie, abogado de derechos humanos y derechos medioambientales, es fundador y director de la Organización por la Justicia Social en Etiopia, ONG local de derechos humanos. Ambos hombres, como activistas contra la pobreza, han participado activamente en actividades en Etiopía en apoyo del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza. No eran miembros de ningún partido político y parece que han sido detenidos tan sólo por criticar al gobierno en el curso de sus actividades civiles legítimas. Kassahun Kebede es presidente de la sección de Addis-Abeba de la Asociación de Profesores de Etiopía, el sindicato más antiguo del país.

Los cargos contra los periodistas que trabajan para periódicos independientes y de propiedad privada están basados aparentemente en las entrevistas realizadas a dirigentes de la oposición que criticaron al gobierno y al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope durante el proceso electoral. Los cargos vulneran las garantías sobre la libertad de los medios de comunicación recogidas en la Constitución etíope y en las normas internacionales. Según informes, la periodista Serkalem Fasil acaba de dar a luz bajo custodia y se ha quejado de que durante su detención no recibió atención médica ni prenatal. Desde 1992 al menos 300 periodistas han sido detenidos y encarcelados en Etiopía, si bien a partir de 2003 la presión internacional ha logrado reducir el número de detenciones y juicios de periodistas.

Todos los acusados, salvo los juzgados in absentiapermanecen recluidos en la prisión de Kaliti, en las afueras de Addis-Abeba. Según informes, las celdas están abarrotadas y el número de presos que hay en cada una oscila entre los 30 y los 300. Las instalaciones sanitarias y los baños son insuficientes y por la noche a los presos se los encierra en frías celdas con paredes de zinc. A los presos se les presta atención médica cuando necesitan acudir al hospital, aunque el tratamiento a menudo se demora. No se permite la comunicación por escrito, ni siquiera con los abogados defensores, y el material de lectura está restringido. Las consultas con los abogados deben llevarse a cabo por lo general en presencia de un agente de policía o de seguridad y deben hacerse en amhárico, aunque no sea la lengua materna del preso. También se han recibido informes de palizas propinadas a los presos.

¿Serán justos los juicios?

AI ha recibido informes según los cuales en los últimos años muchos jueces han sido destituidos, algunos al parecer por haber dictado sentencias contra el gobierno. La acusada Birtukan Mideska ha denunciado que su propia destitución como juez se debió a haber dictado una sentencia desfavorable para el gobierno. Mientras, otros jueces al parecer han sido ascendidos por dictar sentencias favorables al gobierno.

El 5 de diciembre, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Etiopía en la que se solicitaba la puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente y que se garantizara el derecho a un juicio justo, a la libertad de expresión y la celebración de reuniones políticas. En mayo de 2006, AI asistió al 39 periodo de sesiones de la Comisión Africana, hizo hincapié en los motivos de preocupación de la organización y presionó para que se pusiera en práctica la resolución. Preocupada por la imparcialidad del juicio, la Unión Europea ha designado un observador internacional para que acuda a éste, y Amnistía Internacional presentó el 15 de mayo de 2006 al Parlamento Europeo una declaración señalando sus motivos de preocupación.

El 24 de abril, el grupo de donantes más importante para Etiopía, el Grupo de Embajadores de Países Donantes, que incluye donantes bilaterales, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial, pidió la libertad de los dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia y de los representantes de los medios de comunicación y la sociedad civil, y dijo que "todos los dirigentes electos deben tener la oportunidad de participar en el proceso de reconciliación política".

A fines de abril, Louise Arbour, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, visitó Etiopía. Según informes se reunió con altos cargos del gobierno etíope, incluido el primer ministro Zenawi, y visitó prisiones locales. Según los informes, la alta comisionada expresó su preocupación por los cargos formulados contra los acusados y describió la situación del país en materia de derechos humanos como "preocupante".

El gobierno de Etiopía envió una respuesta a AI a través de la embajada en Londres en la que condenaba el informe y la campaña de la organización: "AI carece de cualquier tipo de motivo que justifique la postura que adoptó en relación con estos individuos que están acusados de delitos muy graves, y no tiene motivos para cuestionar la independencia e integridad de las instituciones etíopes."

A pesar de todo, AI seguirá exhortando a la comunidad internacional para que incremente sus esfuerzos en favor de la puesta en libertad de estos acusados y movilizará a su membresía para que lleve a cabo acciones en su favor. AI ha recibido mensajes de agradecimiento de colegas de los acusados por el informe y las Acciones Urgentes, que puede que continúen durante el juicio.

Si desean información completa sobre los acusados y los procesos, consulten el informe de AI titulado Etiopia: Presos de conciencia procesados por traición: dirigentes de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas, Índice AI: AFR 25/013/2005.

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