Público

Amnistía Internacional

PERSEGUIDOS POR CURAR

Violaciones de derechos humanos contra los profesionales de la salud

Mayo del 2000 RESUMEN ÍNDICE AI: ACT 75/02/00/s

DISTR: PG/SC (22/00)

En todo el mundo, los profesionales de la salud continúan encontrando obstáculos para realizar su trabajo y son víctimas de abusos contra los derechos humanos. Aunque, por su condición, están protegidos por las normas internacionales de derechos humanos y por el derecho humanitario, en numerosos países se ejerce presión sobre los médicos, los enfermeros y otros trabajadores de la salud para impedir o restringir sus actividades políticas no violentas, de defensa de los derechos humanos o profesionales.

En el presente informe se examinan varios casos de represión contra profesionales de la salud de los que Amnistía Internacional ha tenido noticia recientemente y se repasan otros anteriores.. Asimismo, se abordan en él diversas cuestiones relacionadas con la protección de los profesionales de la salud, incluida una propuesta de creación de un mecanismo que vele or su independencia e integridad. El informe contiene casos para llamamiento sobre 22 profesionales de la salud de diez países distintos.

Este texto resume el documento Perseguidos por curar: Violaciones de derechos humanos contra los profesionales de la salud (índice AI: ACT 75/02/00/s), publicado por Amnistía Internacional en mayo del 2000. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Encontrarán una amplia selección de material de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org,y si desean recibir nuestros comunicados de prensa por correo electrónico, visiten http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro/. El sitio web de los profesionales de la salud de Amnistía Internacional es http://www.web.amnesty.org/rmp/hponline.nsf.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Público

Amnistía Internacional

PERSEGUIDOS POR CURAR

Violaciones de derechos humanos contra los profesionales de la salud

PERSEGUIDOS POR CURAR

Violaciones de derechos humanos contra los profesionales de la salud

Índice

Persecución de los profesionales de la salud 1

Examen de algunos casos recientes de los que ha Amnistía Internacional ha tenido noticia 2

Cuba 3

Egipto 4

Libia 5

Myanmar 5

Nigeria 7

Siria 8

Turquía 9

Vietnam 11

Desaparición de trabajadores de la salud 12

Encarcelamiento por hacer críticas de naturaleza profesional 13

Acciones de organizaciones no gubernamentales en favor de profesionales de la salud detenidos 14

Acciones de asociaciones profesionales 15

Perú 15

Turquía 16

Reino Unido 17

Ética y procesamiento de médicos por actividades profesionales 17

Propuesta de mecanismo para proteger a los profesionales de la salud 19

Conclusión 19

Casos 20

Argelia 21

China 24

Cuba 25

Egipto 26

Etiopía 28

República Federativa de Yugoslavia 29

Líbano 30

Libia 31

Myanmar 34

Siria 37

PERSEGUIDOS POR CURAR

Violaciones de derechos humanos contra los profesionales

de la salud

En todo el mundo, los profesionales de la salud continúan encontrando obstáculos para realizar su trabajo. Aunque, por su condición, están protegidos por las normas internacionales de derechos humanos y por el derecho humanitario, en numerosos países se ejerce presión sobre los médicos, los enfermeros y otros trabajadores de la salud para impedir o restringir sus actividades políticas no violentas, de defensa de los derechos humanos o profesionales.

Amnistía Internacional lleva años documentando esta represión. Además del continuo programa de acciones emprendidas por la organización en favor de víctimas de violaciones de derechos humanos, en enero de 1989 la Comisión Médica (Commission médicale) de la Sección Francesa de Amnistía Internacional organizó en París una importante conferencia sobre el tema «la medicina en peligro»¹. Con motivo de esta conferencia se preparó, para su debate en ella, un breve informe,²y al final se publicó también un libro en francés y en inglés³. En la conferencia se formularon diversas recomendaciones sobre la protección de los médicos amenazados y se prestó apoyo concreto a varios participantes que habían sido objeto de amenazas o persecución⁴.

En 1991, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la situación de los profesionales de la salud en peligro. Exponía en él siete casos de médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud que habían sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos.⁵En 1996 la organización publicó nuevos casos en un informe sobre la función de los médicos a la hora de sacar a la luz violaciones de derechos humanos⁶, y al año siguiente preparó otro informe sobre el personal de enfermería y los derechos humanos en que se llamaba la atención sobre casos de enfermeros que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos a manos del Estado⁷. También han informado sobre la situación de los profesionales de la salud otras organizaciones, incluidas algunas asociaciones profesionales que han llamado la atención sobre médicos y enfermeros sometidos a presión. Hablaremos de ellas más adelante.

Persecución de los profesionales de la salud

Los médicos, el personal de enfermería y otros trabajadores de la salud pueden ser víctimas de medidas represivas por diversos motivos, entre ellos:

• por participar real o presuntamente en actividades políticas pacíficas o violentas en contra del gobierno;

• por pertenecer a grupos de defensa de los derechos humanos;

• por sus actividades profesionales o sus críticas a la política sanitaria del gobierno;

• por su presunta pertenencia o apoyo a organizaciones sociales o políticas prohibidas;

• por su origen étnico, su nacionalidad o su sexo;

• por atender a miembros enfermos o heridos de organizaciones ilegales o grupos de oposición armada;

• por el presunto valor como medida disuasoria de imponer un castigo ejemplar a un profesional de la salud;

• por factores casuales como encontrarse en determinado lugar en un momento inoportuno.

Al igual que los demás ciudadanos, los trabajadores de la salud pueden ser también detenidos y procesados por actividades delictivas, pero no es este el caso que nos ocupa.

En muchos casos, si no en la mayoría, el motivo de la persecución no es uno solo. Los médicos que participan activamente en labores de observación de la situación de los derechos humanos pueden hacer también activismo político. Asimismo, los que critican las normas de sanidad o la política del gobierno a este respecto pueden dar la impresión de estar haciendo política o de estar relacionados con grupos de oposición o de derechos humanos. Aunque el derecho de los médicos a participar en actividades políticas debe ser protegido en la misma medida que el de cualquier ciudadano, en lo que se centra específicamente el presente documento es en el hecho de que los profesionales de la salud estén expuestos a sufrir persecución debido a sus actividades profesionales o de defensa de los derechos humanos. No obstante, también se exponen en él casos de profesionales de la salud encarcelados por sus actividades políticas no violentas.

Las formas de presión de que son objeto los profesionales de la salud abarcan desde actos directos que entrañan peligro físico, como amenazas de muerte o contra miembros de su familia, secuestro, desaparición, homicidio y tortura, hasta medidas como impedirles ascender profesionalmente, trasladarlos a puestos que nadie quiere y despedirlos. En algunos casos, los médicos o el personal de enfermería sufren un hostigamiento constante en el ejercicio de su profesión por la presencia en la clínica o el hospital de agentes de policía o militares y su negativa a respetar el carácter confidencial de la consulta médica.

Examen de algunos casos recientes de los que ha Amnistía Internacional ha tenido noticia

En los últimos años, Amnistía Internacional ha hecho llamamientos en nombre de muchos profesionales de la salud. En este apartado se examinan los casos de algunos de ellos. No es una exposición exhaustiva, sino sólo una selección de casos de represión contra profesionales de la salud. Además, un amplia variedad de actos represivos, como el despido, el traslado forzoso y diversas amenazas verbales o escritas, no están comprendidos en el mandato de Amnistía Internacional, por lo que la organización no los documenta sistemáticamente. Los casos expuestos a continuación son de profesionales de la salud que han sufrido encarcelamiento, «desaparición», malos tratos u otros abusos similares.

Cuba

Un preso de conciencia en cuyo favor Amnistía Internacional emitió un llamamiento en los años noventa fue el doctorOmar del Pozo, médico cubano de 49 años de edad, detenido en abril de 1992 por «revelar secretos de Estado» y condenado a quince años de prisión⁸. La organización consideraba que no había pruebas convincentes de que el doctor del Pozo hubiera tenido acceso a «secretos de Estado» y creía que había sido encarcelado por sus actividades políticas y de defensa de los derechos humanos. Lo dejaron en libertad el 6 de abril de 1998. Era presidente de la Unión Cívica Nacional, grupo de oposición pacífico. Padecía hipertensión, una úlcera de estómago y problemas cardiacos y renales. Al parecer se encontraba también en un estado de desnutrición debido al cual había pedido gran parte del cabello y varios dientes.

El doctor del Pozo fue uno de los alrededor de 100 presos políticos que quedaron en libertad tras la visita del papa al Cuba en enero de 1998. No obstante, en su caso y en el de otras trece personas más, se excarceló a los presos antes de que hubieran cumplido su condena con la condición de que accedieran a exiliarse. Tras entablar negociaciones con el gobierno de Canadá, las autoridades cubanas permitieron a los 14 presos emigrar a ese país.

Otro médico cubano, el doctor Desi Mendoza, fue detenido en junio de 1997 e ingresó en prisión por haber criticado el modo en que la sanidad pública se había ocupado de una epidemia de dengue que se había declarado en Santiago de Cuba, localidad el este del país. Según informes, en el juicio, que se celebró en noviembre de 1997, fue acusado de comportarse de una manera «políticamente contraria al sistema social cubano» y condenado a ocho años de cárcel. Lo dejaron en libertad el 20 de noviembre de 1998 por «razones humanitarias», pues estaba mal de salud. La excarcelación se produjo tras una visita que realizó a Cuba del 1 al 11 de noviembre de 1998 el ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, a quien Amnistía Internacional había entregado previamente una lista de presos de conciencia. El doctor Desi Mendoza fue puesto en libertad con la condición de que se marchará del país, por lo que al salir de prisión se exilió en España.

El caso cubano más reciente ha sido el del doctor Óscar Elías Biscet González, presidente de la organización humanitaria ilegal Fundación Lawton de Derechos Humanos, que fue detenido el 3 de noviembre de 1999 y condenado a tres años de prisión el 25 de febrero del 2000 por «ultraje a los símbolos de la patria», «desordenes públicos» e «instigación a delinquir»⁹.

Egipto

El doctor Ibrahim Khalil al-Za’farani, secretario general de la sección de Alejandría del Sindicato Médico Egipcio y presidente de su comité de derechos humanos, ha sido detenido y encarcelado varias veces a lo largo de los últimos cinco años¹⁰. En enero de 1995 lo detuvieron junto con otros 28 presuntos miembros de los Hermanos Musulmanes. También se detuvo a otros miembros de esta organización en julio y en octubre de ese año, y entre los detenidos había 11 médicos más¹¹. Amnistía Internacional hizo un llamamiento para que se garantizara el bienestar y la libertad de dos de esos médicos, los doctores ‘Abd al-Mun’im Abu al-Futuh ‘Abd al-Hady yMahmoud Ahmad ‘Omar al-‘Arini.¹²

El doctor Al-Za’farani fue detenido de nuevo el 22 de enero de 1998, pocas horas después de regresar a casa tras haber quedado en libertad una vez cumplida la condena de tres años que le había sido impuesta. No le dieron ninguna explicación y estuvo recluido en virtud de una orden de detención administrativa renovable.

Lo dejaron en libertad en marzo de 1998¹³, pero el 14 de febrero de 1999 fue detenido de nuevo junto con otros ocho miembros de los Hermanos Musulmanes. Lo trasladaron a la Prisión Mazra’at de Tora, al sur del Cairo, tras haber estado recluido en un primer momento en la sección de Alejandría del Departamento de Información y Seguridad del Estado.

El doctor Al-Za’farani fue acusado de «pertenecer a una organización secreta ilegal y de posesión de folletos que promueven las ideas del grupo». Como miembro de los Hermanos Musulmanes que jamás había recurrido a la violencia ni propugnado su uso Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia. Quedó en libertad el 28 de abril de 1999 por orden de la Fiscalía de la Seguridad del Estado¹⁴. Uno de los médicos detenidos en 1995, el doctor Al-Sayyid Mahmoud ‘Izzat Ibrahim ‘Eissa, continúa bajo custodia (véase «Egipto» en el apartado «Casos» infra).

Libia

El fisioterapeuta libio Al-Sayyid Mohammad Shabou, de 34 años de edad, fue devuelto a Libia desde Arabia Saudí en mayo o junio de 1998, durante una visita a este país, a pesar de se le había reconocido la condición de refugiado en el Reino Unido en noviembre de 1997. Según informes, se encuentra todavía recluido en la prisión de Abu Salim de Trípoli¹⁵. A Amnistía Internacional le preocupa que, de acuerdo con la información disponible, Al-Sayyid Mohammad Shabou fuera torturado durante su detención. La organización continúa pidiendo que lo dejen en libertad (véase «Libia» en el aparatado «Casos» infra).

Myanmar

En Myanmar, los médicos y los enfermeros participaron muy activamente en los movimientos en favor de la democracia y los derechos humanos. Tales movimientos movilizaron a gran cantidad de ciudadanos y culminaron en marzo de 1988 con la celebración de manifestaciones generalizadas para pedir el fin de veintiséis años de gobierno militar de partido único en Birmania (a la que el gobierno militar dio el nombre de Myanmar en junio de 1989). Las manifestaciones se prolongaron hasta el 18 de septiembre de 1988, cuando el ejército sofocó la oposición e impuso medias de control militar. Posteriormente se creó un nuevo órgano de gobierno, el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público, que prometió convocar elecciones. Cuando se celebraron éstas, en mayo de 1990, la organización de oposición Liga Nacional para la Democracia ganó más del 80 por ciento de los escaños del Parlamento. El gobierno militar se negó a aceptar estos resultados y a ceder el poder. Antes y después de las elecciones se practicaron detenciones generalizadas de partidarios de la oposición. Aunque algunos de los detenidos quedaron en libertad en 1992 y 1993, se efectuaron nuevas detenciones. Entre las personas detenidas había médicos.

La doctora Ma Thida (nacida en 1966), cirujana y escritora, fue adoptada por Amnistía Internacional como presa de conciencia en 1993. Era miembro de la oposición política de Myanmar y había sido auxiliar de campañas Daw Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia. Fue uno de los muchos profesionales de la salud que en 1988 opusieron una fuerte resistencia al empleo de fuerzas armadas para sofocar las multitudinarias manifestaciones convocadas para pedir el fin del gobierno militar, y junto con otros médicos atendió a los heridos en las manifestaciones. La detuvieron en 1993 y fue condenada a veinte años de cárcel en octubre de ese año. En 1995, Amnistía Internacional recibió informes según los cuales la doctora Ma Thida padecía tuberculosis, por lo que había sido hospitalizada temporalmente, y tenía tres pequeños tumores de ovario de los que debía operarse. Posteriormente se recuperó de la tuberculosis. Quedó en libertad el 11 de febrero de 1999.

Junto con la doctora Ma Thida fueron condenados el doctor Aung Khin Sint y su ayudante, Than Min. A los dos les impusieron también sendas penas de veinte años de cárcel por distribuir «literatura amenazante». Amnistía Internacional los adoptó como presos de conciencia. El doctor Aung Khin Sint cumplió sólo dieciséis meses de condena, pues lo dejaron en libertad en virtud de un decreto militar en febrero de 1995. No obstante, fue detenido de nuevo el 23 de julio de 1996, según informes por haber seguido participando en actividades políticas después de su excarcelación. Recientemente, Amnistía Internacional ha sabido que se encuentra hospitalizado a causa de una diabetes incontrolada. Ya había ingresado en el Hospital General de Yangon en 1997, cuando las autoridades declararon públicamente que padecía «hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca y diabetes» , y también había estado hospitalizado a comienzos de 1999.

En los últimos dieciocho meses se han practicado nuevas detenciones de trabajadores de la salud. El 30 de octubre de 1998, Amnistía Internacional expresó también su preocupación por la detención y encarcelamiento del doctor U Saw Mra Aung¹⁶, médico de 80 años de edad en ese momento y miembro electo del Parlamento. A mediados de septiembre había sido nombrado presidente de un simbólico Parlamento Popular por los pocos dirigentes de la Liga Nacional para la Democrática que continuaban en libertad. Está todavía bajo custodia y Amnistía Internacional continúa pidiendo su liberación (véase «Myanmar» en el apartado «Casos» infra). En la actualidad tiene problemas de oído y una neuropatía periférica. .

El doctor Htay Hlaing¹⁷, miembro de la Liga Nacional para la Democracia de 51 años de edad, fue detenido junto con otros activistas de su organización el 6 de septiembre de 1998. Según informes padecía un síndrome nefrósico y no estaba recibiendo bajo custodia el debido tratamiento. Al saberse que U Aung Min, otro activista de la Liga Nacional para la Democracia detenido junto con él, había muerto bajo custodia de los servicios de información militar el 21 de octubre de 1998, aumentó la preocupación por su bienestar. No obstante, el 29 de octubre de 1998 quedó en libertad.

La doctora Daw Shwe Bo, médico de 45 años de edad, y otras dos médicos cuyo nombre se desconoce fueron detenidas en Pegu, localidad del centro de Myanmar, entre el 19 y el 23 de julio de 1999, junto con 16 personas más¹⁸. Las tres formaban parte de un grupo de activistas que, según informes, estaban preparando una marcha en favor de la democracia para el 19 de julio de 1999. Entre el 16 y el 18 de julio se habían distribuido folletos anunciando la marcha y se habían hecho pintadas en las paredes de los edificios de Pegu pidiendo que se apoyara a la Liga Nacional para la Democracia, que se bajaran los precios y que se aumentara el sueldo a los funcionarios; en los folletos se animaba sólo a participar en la marcha pacíficamente. La doctora Daw Shwe Bo había ocupado un cargo oficial en el ayuntamiento pero, según informes, había sido obligada a dimitir al afiliarse a la Liga Nacional para la Democracia. En diciembre de 1999 fue condenada a cadena perpetua.

El doctor Zaw Min, médico de una clínica privada del municipio de Insein, Yangon, se encuentra detenido desde julio de 1989. Continúa preso por orden del ministro del Interior a pesar de haber cumplido ya la condena de diez años de prisión que le había sido impuesta. Lo detuvieron el 30 de julio de 1989, cuando, según informes, fue golpeado por soldados y por agentes de los servicios de información militar. Lo condenaron a veinte años de cárcel por cargos como organizar a los obreros para oponerse ilegalmente al gobierno y publicar escritos en contra del gobierno. En 1993 le rebajaron la pena a diez años en virtud de una amnistía general. A pesar de haber cumplido su condena, continúa preso en aplicación de la Ley de Protección de Estado del 1975 (Ley para Proteger al Estado de Elementos Subversivos), que permite al poder ejecutivo prorrogar la detención sin cargos ni juicio de una persona hasta seis años. Se encuentra recluido en la Prisión de Mandalay, estado de Mandalay. Amnistía Internacional considera al doctor Zaw Min preso de conciencia, encarcelado por sus actividades políticas pacíficas, y continúa pidiendo su excarcelación inmediata e incondicional.

El doctor Zaw Myint Maung, de 48 años, médico de una clínica privada de Mandalay y miembro electo del Parlamento por la Liga Nacional para la Democracia, cumple una condena de diecisiete años de presión. Lo detuvieron en noviembre de 1990 por asistir a una reunión celebrada con objeto de formar un gobierno paralelo tras negarse las autoridades militares a admitir los resultados de las elecciones de 1990. Fue inhabilitado como miembro del Parlamento y condenado a veinticinco años de prisión, pena que le rebajaron posteriormente a diez años en virtud de una amnistía general. En 1996 le impusieron una segunda condena de siete años de cárcel en un juicio al que fueron sometidos varios presos acusados por las autoridades de haber escrito al relator especial de las Naciones Unidas sobre Myanmar para hablarle de las condiciones de reclusión existentes en la Prisión de Insein y de haber colaborado en la publicación de una revista, escuchado la radio y difundido noticias dentro de la prisión. Durante la investigación realizada por las autoridades, algunos presos fueron recluidos en pequeñas celdas de hormigón para perros militares y se los privó de alimentos, agua y un lecho adecuado donde dormir. El doctor Zaw Myint Maung fue condenado a otros siete años de cárcel por «difundir información falsa a sabiendas». Las autoridades lo acusaron de ser miembro de una organización de defensa de los derechos de los presos, colaborar con dos poemas en una revista publicada por los presos y firmar una carta en la que se pedía la libertad de Daw Aung San Suu Kyi. Cumple condena en la Prisión de Myitkyina, estado de Kachin. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia y pide su excarcelación inmediata e incondicional.

Nigeria

El doctor Beko Ransome-Kuti, ex director de la Asociación Nigeriana de Médicos, defensor de los derechos humanos y activo partidario de la democracia, fue detenido el 27 de julio de 1995 y condenado a quince años de cárcel. En el juicio, celebrado en secreto ante un tribunal militar, fue declarado culpable de ser cómplice de traición por difundir información sobre los procedimientos de un tribunal militar especial que había juzgado sin las debidas garantías y condenado a 43 personas en relación con un presunto intento de golpe de Estado en marzo de 1995.

Amnistía Internacional adoptó al doctor Beko Ransome-Kuti como preso de conciencia y emitió llamamientos en su favor para que no sufriera los efectos de las malas condiciones penitenciarias y la falta de atención médica. Tales llamamientos se emitieron cuando, en enero de 1998, se recibieron informes según los cuales el doctor había tenido que ser atendido de urgencia en un hospital al caer enfermo en la prisión de Katsina, norte de Nigeria, debido a una úlcera péptica y a problemas cardiacos. El 16 de junio de 1998 quedó en libertad junto con otros presos de conciencia, y a principios de 1999 todas las personas condenadas en el mismo juicio habían sido ya excarceladas. Una de ellas, el general retirado Olusegun Obasanjo, fue elegido jefe del Estado en mayo de 1999.

El sucesor del doctor Ransome-Kuti al frente de Campaña por la Democracia, el doctor Frederick Fasheun, también fue detenido en 1996 y al principio estuvo recluido en régimen de incomunicación. En marzo de 1997 fue acusado de traición junto con otras 15 personas. Lo dejaron en libertad sin condiciones en junio de 1998, tras la muerte del jefe del Estado, general Sani Abacha

Siria

En Siria, varias asociaciones de profesionales sufrieron en 1980 la represión del gobierno por declararse en huelga para pedir que se pusiera fin al estado de excepción y se respetaran las normas básicas de derechos humanos. Las autoridades las cerraron y detuvieron a muchos de sus miembros. Posteriormente, Amnistía Internacional emprendió una serie de acciones en favor de alrededor de un centenar de profesionales de la salud que llevaban años recluidos en relación con estas protestas¹⁹.

Se sigue deteniendo a médicos debido a sus ideas políticas o por pertenecer a organizaciones políticas. Muhammad Ghanim, licenciado en medicina que no ha podido ejercer la profesión, nació en Latakia en 1958 y fue detenido dos veces, en 1985 y el 31 de enero de 1992. Lo acusaron de pertenecer al Partido de Acción Comunista y fue juzgado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que lo condenó en junio de 1994 a quince años de prisión con trabajos forzados.

Otro médico, el doctor ‘Abd al-‘Aziz al-Khayyir, fue detenido en Damasco el 1 de febrero de 1992 por miembros de los servicios de información militar en relación con el Partido de Acción comunista. Según informes, las autoridades llevaban algún tiempo buscándolo por su relación con esta organización y lo detuvieron junto con otros 13 individuos relacionados también con el Partido de Acción Comunista.

Al final, ‘Abd al- ‘Aziz al-Khayyir fue juzgado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que en agosto de 1995 lo condenó a veintidós años de cárcel (según la información disponible, la pena más larga impuesta hasta entonces por este tribunal) por pertenencia al Partido del Acción Comunista. Amnistía Internacional lo ha adoptado como preso de conciencia (véase «Siria» en el apartado «Casos» infra).

Turquía

La situación de los médicos en Turquía llama especialmente la atención, pues con frecuencia se ejerce presión sobre ellos para que, en su calidad de profesionales, ayuden a encubrir la tortura, mientras que, al mismo tiempo, un considerable número de médicos participan activamente en la promoción de los derechos humanos y la ética profesional. En algunos casos han sido víctimas de represión los mismos médicos.

El doctor Cumhur Akpinar trabaja en la sección de Ankara del Instituto de Medicina Forense del Estado y fue miembro del comité ejecutivo del Colegio Médico de Ankara. Lo detuvieron por primera vez el 8 de enero de 1999, y volvieron a detenerlo tras quedar en libertad condicional en espera de juicio el 15 de enero. Le aplicaron el artículo 169 del código penal turco para acusarlo de ayudar a una organización ilegal preparando informes forenses y compareció ante el tribunal el 4 de marzo de 1999.

A su juicio asistieron como observadores el presidente de la Asociación Médica Mundial, doctor Anders Milton; un representante de Physicians for Human Rights, el doctor Charles Clementes; representantes de varias embajadas, y alrededor de un centenar de médicos turcos que se desplazaron a Ankara desde distintas partes del país. Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, el juicio se aplazó hasta el 23 de marzo tras una acalorada discusión entre los jueces y los 45 abogados encargados de la defensa de los acusados. En el tribunal, el fiscal expuso sus argumentos sólo por escrito y cada acusado se defendió a sí mismo.

Amnistía Internacional pidió que se retiraran los cargos presentados contra el doctor Akpinar. La organización no conocía ningún dato que permitiera relacionarlo con una organización armada ilegal, como había indicado el fiscal, y pensaba que la causa de su procesamiento podía ser el hecho de que hubiera documentado malos tratos en su calidad de médico. El 30 de diciembre de 1999, después de varias vistas, el doctor Akpinar fue absuelto²⁰.

Para Amnistía Internacional sigue siendo motivo de gran preocupación la detención del doctor Alp Ayan, psiquiatra de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía en Esmirna, y de Günseli Kaya y 12 personas más. El doctor Ayan llevaba diez años trabajando en programas de rehabilitación de víctimas de tortura. Günseli Kaya es el secretario de la Fundación. Ambos participaban también en la actividades de la sección de Esmirna de la Asociación de Derechos Humanos, de cuya junta directiva habían sido miembros de 1993 a 1998. Fueron detenidos junto con 74 personas más en un pueblo de los alrededores de Esmirna donde habían ido para asistir al funeral de uno de los 10 presos que resultaron muertos en la Prisión Cerrada de Ankara el 26 de septiembre de 1999.

El 3 de octubre de 1999, el doctor Alp Ayan y Günseli Kaya comparecieron ante un tribunal que ordenó su prisión preventiva en Bergama y Uşak, respectivamente, tras declarar que el caso no era de su competencia y remitirlo al Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, de Esmirna. El hecho de que este tribunal declarara que el caso no era de su competencia suponía que los detenidos tenían que esperar a que el Tribunal de Apelación tomara una decisión, lo que tardaría varios meses.

Amnistía Internacional creía que Alp Ayan y Günseli Kaya podían haber sido detenidos por su activismo en favor de los derechos humanos y los consideraba posibles presos de conciencia. Por consiguiente, la organización pidió a las autoridades que ofrecieran más información sobre las circunstancias de su detención, que aclararan los cargos presentados contra ellos y que los dejaran en libertad hasta que un tribunal competente, independiente e imparcial determinara si era preciso encarcelarlos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional siguió expresando consternación por el hecho de que los defensores de los derechos humanos fueran víctimas de hostigamiento continuo en Turquía. Alp Ayan y Günseli Kaya quedaron en libertad el 20 de enero del 2000 en espera de juicio.

El 19 de octubre de 1999, el doctor Zeki Uzun fue detenido en su clínica ginecológica privada por la policía antiterrorista, que es una unidad de la policía de seguridad del Estado. Lo llevaron a una comisaría y lo interrogaron. Estuvo detenido siete días, que pasó en una celda muy pequeña con el suelo de cemento. Le daban de comer y de beber dos veces al día y tenía que hacer sus necesidades en la celda. Fue sometido reiteradamente a malos tratos y torturas con métodos como darle patadas y golpes en la cabeza y el pecho, estrujarle los testículos, colocarle una bolsa de plástico en la cabeza hasta casi asfixiarlo y amenazarlo de diversas formas. En un informe médico elaborado posteriormente por el Hospital Educativo de Atatürk, de Esmirna, se llegaba a la conclusión de que no había sido torturado. Sin embargo, el doctor Zeki Uzum no fue examinado por un médico. Poco después de su liberación, el 26 de octubre, unos médicos de la Asociación Médica Turca le hicieron un reconocimiento y encontraron marcas indicativas de que había sido sometido a un «trauma físico y psicológico» durante su detención y que coincidían con la presunta tortura.

Posteriormente, el doctor Uzun fue acusado de apoyar a la organización ilegal Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) por haber atendido a dos de sus miembros. Ha comparecido tres veces ante los tribunales, la última de ellas el 13 de abril del 2000, pero continúa en libertad. En la última vista judicial, el fiscal pidió su absolución. Si fuera encarcelado, Amnistía Internacional lo adoptaría como preso de conciencia. La vista de su causa debía reanudarse el 23 de mayo del 2000.

Un ejemplo más del hostigamiento constante a que son sometidos los defensores de los derechos humanos es el caso del profesorVeli Lök, traumatólogo y representante en Esmirna de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, que compareció ante el Tribunal Penal de Primera Instancia numero 2 de Esmirna el 11 de febrero del 2000 por haber hecho una declaración en relación con el caso del doctor Alp Ayan y Günseli Kaya. En aplicación del artículo 30/2 de la Ley de Prensa, está acusado de «publicar su opinión sobre las decisiones del tribunal antes de haber concluido el juicio con un fallo firme». El 11 de abril del 2000 se celebró una nueva vista en la que se aplazó el juicio hasta el 13 de junio del 2000.

El profesor Lök nació en Esmirna en 1932 y obtuvo el título de licenciado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul en 1956. Comenzó a trabajar en documentación de marcas de tortura y tratamiento médico de víctimas de tortura en 1987, cuando se fundó en Turquía la Asociación de Derechos Humanos. Miembro fundador de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, es representante de ella en Esmirna desde 1991.

Amnistía Internacional cree que los cargos presentados contra el profesor Veli Lök y varios médicos más procesados en los últimos años por actividades consecuentes con la ética médica constituyen una constante de intimidaciones con las que el gobierno turco pretende impedir que los médicos ejerzan su profesión de manera imparcial e independiente en casos de individuos y organizaciones relacionadas con los derechos humanos. Por consiguiente, Amnistía Internacional pide que se retiren todos los cargos presentados contra el profesor Veli Lök.

Vietnam

El doctor Nguyen Dan Que, médico vietnamita defensor desde hace mucho tiempo de los derechos humanos y la democracia, ha sido motivo de preocupación para organizaciones profesionales y de derechos humanos durante mucho tiempo. Es especialista en endocrinología y Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia durante largos periodos, a lo largo de los cuales hicieron llamamientos en su favor colegas suyos de todo el mundo. Nació en 1942 en el norte de Vietnam. Al licenciarse en medicina en la Universidad de Saigón se incorporó al personal de la Facultad de Medicina, donde se especializó en enfermedades de la glándula tiroides y en diabetes. Bajo el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud, llevó a cabo investigaciones en París, Bruselas y Londres. Regresó a su país en 1974, y en 1975, al acabar la guerra de Vietnam, fue nombrado director del Hospital de Cho-Ray de la ciudad de Ho Chi Minh (antes Saigón).

Lo destituyeron del cargo de director del hospital por criticar la política nacional de sanidad y en febrero de 1978 fue detenido y acusado de rebelarse contra el régimen y formar una organización reaccionaria. Quedó en libertad en 1988, tras diez años de detención sin juicio. Entonces se afilió a Amnistía Internacional en calidad de miembro internacional y a mediados de 1990 contribuyó a fundar una organización llamada Apogeo del Movimiento Humanista (Cao Trao Nhan Ban ). En el manifiesto de esta organización se pedían varias reformas democráticas, por lo que al mes de su publicación el doctor Nguyen Dan Que fue detenido de nuevo. Lo juzgaron en noviembre de 1991 ante el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh, acusado, entre otras cosas, de conspirar para derrocar al gobierno, así como de pertenecer a Amnistía Internacional.

Condenado a veinte años de prisión y a cinco años de arresto domiciliario por sus actividades pacíficas no violentas, el doctor Nguyen Dan Que estuvo recluido varias veces en régimen de aislamiento y pasó largos periodos mal de salud²¹. Está casado y tiene hijos.

En abril de 1993, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria manifestó que la detención del doctor Nguyen Dan Que era arbitraria e infringía las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Vietnam es signatario.

Amnistía Internacional supo que el doctor Nguyen Dan Que y otros dos presos de conciencia, Nguyen Van Thuan y el profesor Doan Viet Hoat, se encontraban entre más de 5.000 reclusos que quedaron en libertad en virtud de una amnistía presidencial anual concedida con motivo de la fiesta nacional el 2 de septiembre de 1998. Desde entonces no ha podido ejercer la medicina por no haberle sido devuelta su documentación profesional, es decir que se le ha privado de su derecho a trabajar.

Otra persona condenada por ejercitar el derecho a la libertad de expresión fue Vo Van Pham, enfermero vietnamita, nacido en 1947, casado y padre de seis hijos. Lo detuvieron en julio de 1991 y posteriormente fue declarado culpable de «participación en el establecimiento de una organización destinada al derrocamiento del gobierno popular con graves consecuencias». Le impusieron una pena de doce años de cárcel que una vez cumplida se prolongaría con dos años de libertad condicional. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia, detenido solo por la expresión pacífica de sus ideas, y emitió varios llamamientos pidiendo su excarcelación²². Lo dejaron en libertad en 1999, tras haber cumplido casi ocho años de su condena.

Desaparición de trabajadores de la salud

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas²³, se considerará desaparición forzada que se «arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley». Esta forma de represión es particularmente devastadora para los familiares y amigos de la víctima, ya que no saben si está viva o muerta.

En 1999, Amnistía Internacional expresó preocupación por la detención y posterior «desaparición», según informes, de un médico y de un trabajador humanitario en Etiopía. El doctor Tassew Begashaw, médico de una clínica privada de la capital etiope, Addis Abeba, fue detenido en esta ciudad el 15 de agosto de 1999. Pertenecía al grupo étnico oromo, y según informes, había sido acusado de prestar atención médica a un presunto miembro del Frente de Liberación Oromo. Según fuentes no oficiales, estuvo recluido en régimen de incomunicación en el centro de investigaciones criminales de Maikelawi, Addis Abeba. En el momento de redactar el presente informe, seguían sin conocerse su paradero y su situación. Amnistía Internacional continúa haciendo llamamientos en su favor (véase «Etiopía» en el apartado «Casos» infra).

Según informes, el doctor Hafir Shala, médico de etnia albanesa de la provincia de Kosovo de 38 años de edad, fue detenido el 10 de abril de 1998 cuando la policía paró en Slatina, pueblo próximo a Pristina, el automóvil en el que viajaba y se lo llevó detenido junto con dos personas más que lo acompañaban. Según declaraciones de sus dos acompañantes, ellos fueron conducidos por agentes uniformados a la jefatura de policía de Pristina, mientras que al doctor Hafir Shala lo subieron a otro vehículo en el que había tres hombres vestidos de civil y al que, según los informes, se vio entrar en la jefatura de policía de Pristina. A pesar de los esfuerzos de su familia y su abogado, las autoridades no han proporcionado ninguna información sobre su paradero.

El doctor Hafir Shala ejercía la medicina en el Centro Médico de Glogovac, situado en la zona de Drenica de la provincia de Kosovo. Según informes, estaba afiliado a la Liga Democrática de Kosovo , el mayor partido de la población de etnia albanesa. Era también miembro activo de la Asociación Humanitaria y Benéfica Madre Teresa. Continúa «desaparecido».

Encarcelamiento por hacer críticas de naturaleza profesional

En ocasiones se ha procesado a médicos por criticar en su calidad de profesionales la política o la actuación del gobierno. El caso del doctor Desi Mendoza, de Cuba, citado anteriormente es un ejemplo de ello (véase «Cuba» en el apartado «Examen de algunos casos....» supra). Otro caso de encarcelamiento debido posiblemente a críticas de naturaleza profesional es el del profesor Yury Bandazhevsky, médico detenido en Gomel, Bielorrusia, el 13 de julio de 1999 en virtud de un decreto presidencial aplicado normalmente sólo en casos de delitos violentos y terrorismo. Tres semanas después de su detención fue informado de que se le había aplicado el artículo 169.3 del código penal bielorruso por aceptar, presuntamente, sobornos de estudiantes que querían ingresas en su instituto de investigación. Sí es declarado culpable, podría ser condenado a entre cinco y quince años de cárcel y a la confiscación de sus bienes.

Amnistía Internacional cree que Yury Bandazhevsky podría haber sido encarcelado por haber criticado abiertamente un programa estatal de investigación de los efectos de la explosión del reactor nuclear de Chernobil en la salud de la población. En su calidad de rector del Instituto Médico de Gomel y de respetable profesional, el doctor Yury Bandazhevsky llevaba varios años dedicado a la investigación en este campo. Como miembro de un comité especial de investigación, recientemente había elaborado un informe sobre el estudio que estaba realizando acerca del desastre de Chernobil el Instituto de Medicina Radiactiva del Ministerio de Sanidad bielorruso. En ese informe había criticado la manera en que se estaba llevando a cabo el estudio y el hecho de que, a pesar del dinero invertido en él, no se hubieran obtenido resultados científicos importantes. Según informes, la noche de su detención, la policía registró su casa y confiscó su ordenador, libros y archivos. Estuvo en prisión preventiva hasta el 27 de diciembre de 1999, cuando quedó en libertad con la condición de que no salir de Minsk.

Durante el tiempo que pasó en prisión preventiva, su estado de salud se deterioró drásticamente. Según informes, padecía una dolencia del estómago que se agravó a causa de las condiciones inhumanas y degradantes en que estuvo recluido, las cuales le provocaron también depresión. Después de quedar en libertad, seguía estando mal de salud, pero no podía recibir tratamiento médico por no tener residencia oficial en Minsk, donde tenía que quedarse por estar su excarcelación condicionada a ello. De acuerdo con la información disponible, su esposa, también médico, lo atendía lo mejor que podía con los limitados recursos de la familia. En el momento de redactar este documento continuaba la investigación sobre su caso.

Acciones de organizaciones no gubernamentales en favor de profesionales de la salud detenidos

Amnistía Internacional ha trabajado activamente en favor de profesionales de la salud detenidos desde su creación en 1961. Sus actividades en este campo se intensificaron tras el establecimiento del primer Grupo médico de la organización en 1974 y el posterior desarrollo de una red internacional de profesionales de la salud, activa ya en más de 30 países²⁴.

Aparte de Amnistía Internacional, varias organizaciones de derechos humanos también llevan mucho tiempo documentando casos de detención de profesionales de la salud y emprendiendo acciones sobre ellos. La Federación Internacional de Organizaciones para la Salud y los Derechos Humanos (International Federation of Health and Human Rights Organizations) es una coalición de organizaciones nacionales²⁵. Una de estas, Physicians for Human Rights (PHR; Médicos por los Derechos Humanos), que tiene su sede en Boston, Estados Unidos, ha realizado una minuciosa investigación sobre la situación de los médicos y otros profesionales de la salud en peligro. Por ejemplo, ha documentado violaciones de la neutralidad médica en la ex Yugoslavia, incluidos casos de instalaciones médicas atacadas y de médicos y enfermeros sometidos a abusos²⁶. Asimismo, ha examinado el dilema a que se enfrentan los médicos en Turquía y ha documentado numerosos ejemplos de las diferentes formas de presión a que se los somete²⁷. Recientemente, PHR ha documentado también violaciones de la neutralidad médica cometidas por las fuerzas rusas contra personal médico checheno²⁸.

El Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), que tiene su sede en Copenhague, también ha prestado apoyo a médicos expuestos a sufrir represión. Recientemente ha emitido un comunicado de prensa sobre el caso de los procesamientos entablados contra médicos turcos²⁹(véase «Turquía» en el apartado «Examen de algunos casos...» supra).

A escala nacional, las organizaciones no gubernamentales han luchado en favor de médicos en peligro incluso en situaciones en que su lucha entrañaba riesgos para ellas mismas.

Acciones de asociaciones profesionales

Las asociaciones médicas y de enfermería están consideradas en general como organizaciones conservadoras, reacias a intervenir en asuntos de «política» no relacionados con las condiciones laborales, la remuneración, la política de salud y otras cuestiones similares. Sin embargo, algunas de ellas han intervenido en acciones emprendidas para apoyar a individuos o en asuntos relacionados directamente con la protección de los derechos humanos.

Perú

La Asociación Médica Peruana protestó cuando se detuvo a médicos entre 1992 y 1993 en el contexto de la guerra civil entre el gobierno peruano y el Partido Comunista del Perú (PCP) o «Sendero Luminoso». Los médicos se enfrentaban a un dilema cada vez que los miembros de la guerrilla pedían, a veces con amenazas, ser atendidos. No hacerlo planteaba cuestiones éticas y entrañaba el riesgo de sufrir represalias a manos de las fuerzas de la oposición, mientras que hacerlo suponía exponerse a sufrir represalias del ejército.

En 1993 se encarceló en Perú a varios médicos en aplicación de la legislación antiterrorista y se les acusó de prestar atención médica a miembros de la oposición armada. Tal medida fue motivo de preocupación para las organizaciones médicas y de derechos humanos internacionales. La Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia, por ejemplo, envió una delegación a Perú en abril de 1993 para investigar la situación de los médicos peruanos³⁰. A instancias de la Asociación Médica Peruana, en noviembre y diciembre de 1994 visitaron Perú el doctor Ian Field, a la sazón secretario general de la Asociación Médica Mundial (AMM), y el doctor Anders Milton, entonces secretario general de la Asociación Médica Sueca y delegado del Consejo de la AMM. Durante la visita se entrevistaron con ministros, miembros del poder judicial, médicos y representantes de organizaciones de derechos humanos entre otros, y expusieron los casos de 24 médicos encarcelados³¹. Todos estos quedaron en libertad tras periodos variables de reclusión.

Dos médicos a los que se impusieron largas penas de cárcel fueron los doctores Nery Medina y Fortunato Sumina³². El primero era pediatra y trabajaba en el hospital público de Camaná, provincia de Arequipa. Fue director del hospital en 1985 y director de la Unidad Territorial de Camaná en 1990 y 1991. Era dirigente de Izquierda Unida, coalición de partidos parlamentarios registrada legalmente. El doctor Sumina era especialista en medicina interna y cirujano en el mismo hospital, y miembro activo, también, de Izquierda Unida. Los dos fueron detenidos en el hospital por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) a principios de septiembre de 1992 (el día 7 el doctor Medina y el 8 el doctor Sumina). Su detención pareció deberse a unas acusaciones formuladas contra ellos por individuos detenidos por su relación con el Partido Comunista del Perú (PCP).

Aunque no había pruebas creíbles de la vinculación de ninguno de ellos con grupos armados, ambos fueron acusados conjuntamente, declarados culpables y condenados por delitos de terrorismo en dos juicios distintos. En el primer proceso abierto contra ellos se los acusó de prestar asistencia médica a miembros de la oposición armada y de colaborar con Socorro Popular, organización de asistencia social vinculada al PCP. En el segundo fueron acusados también de ser dirigentes de Socorro Popular, en virtud, una vez más, de declaraciones de un miembro de la oposición armada.

Los cargos presentados contra ellos se basaban exclusivamente en acusaciones de dos individuos que estaban siendo investigados por vinculación con el PCP. Se cree que estos hombres hicieron acusaciones falsas para beneficiarse de la Ley de Arrepentimiento, promulgada en Perú en mayo de 1992 en el marco de una serie de medidas antiterroristas. Esta ley permitía conceder inmunidad procesal a los acusados de terrorismo o conmutarles la pena si ya habían sido condenados, a cambio de que proporcionaran información que hiciera posible la detención de otros presuntos miembros del PCP. Fue criticada por las organizaciones independientes de derechos humanos por considerar que permitía el empleo en los tribunales de pruebas no corroboradas. Se abolió en noviembre de 1994.

En abril de 1993, cuando se dictó sentencia en su primer juicio, los doctores Medina y Sumina fueron condenados a veinte años de prisión. Recibieron considerable apoyo ciudadano. La Asociación Médica Peruana también emprendió acciones en su favor y pidió su excarcelación. En octubre de 1994, la Corte Suprema de Justicia anuló la condena de veinte años de cárcel y devolvió la causa a la Corte Superior de Arequipa para que se celebra un nuevo juicio. Sin embargo, los médicos fueron condenados mientras tanto a veintidós años de prisión en la segunda causa, y esta sentencia sí fue ratificada por la Corte Suprema. Por consiguiente, la Corte Superior de Arequipa decidió que no había necesidad de ver de nuevo las pruebas presentadas en la primera causa dado que los cargos eran los mismos, y la sentencia de veintidós años se mantuvo. El hecho de fueran juzgados dos veces por los mismos cargos vulneró el principio de justicia procesal en virtud el cual nadie puede ser juzgado ni condenado de nuevo en la misma jurisdicción por un delito del que ya haya sido declarado culpable o absuelto.

Amnistía Internacional creía que no había pruebas de que los doctores Medina y Sumina tuvieran relación con el PCP y pidió su excarcelación de manera inmediata e incondicional por ser presos de conciencia. Sin embargo, ambos médicos estuvieron encarcelados hasta diciembre de 1996, cuando se beneficiaron de una amnistía presidencial.

Turquía

Otras organizaciones de profesionales realizan actividades sistemáticas en apoyo de médicos en peligro. La Asociación Médica Turca lleva años emprendiendo acciones en favor de los derechos humanos en general y de los profesionales de la medicina turcos en particular. En 1996 convocó reuniones sobre derechos humanos en Estambul y Adana para sensibilizar a los facultativos locales sobre cuestiones de derechos humanos y ética profesional. La reunión de Adana dio lugar a una colaboración de tres años entre médicos turcos y extranjeros que concluyó con la elaboración de un detallado protocolo para la investigación de la tortura. Este documento, conocido como Protocolo de Estambul³³, se presentó a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en Ginebra en agosto de 1999.

La Asociación Médica Turca ha prestado también apoyo a médicos sometidos a presión por las autoridades debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos o que han sido maltratados bajo custodia. El ejemplo más reciente es el del doctor Zeki Uzum, que fue reconocido por un equipo de la Asociación el cual llegó a la conclusión de que había sido torturado (véase «Turquía» en el apartado «Examen de algunos casos...» supra).

Reino Unido

La Asociación Médica Británica ha mantiene desde hace mucho tiempo un programa de envío de cartas en apoyo de médicos amenazados³⁴y ha patrocinado una resolución presentada en la Asamblea Médica Mundial pidiendo el apoyo de la Asociación Médica Mundial al nombramiento de un relator especial sobre la independencia e integridad de los profesionales de la salud (véase el apartado «Propuesta de mecanismo...» infra). Asimismo, ha publicado informes sobre los médicos y los derechos humanos³⁵y participa en calidad de observador en las reuniones de la Federación Internacional de Organizaciones para la Salud y los Derechos Humanos.

Ética y procesamiento de médicos por actividades profesionales

Aunque algunos profesionales de la salud llaman la atención de las fuerzas de seguridad por razones totalmente ajenas al ejercicio de su profesión, como su participación en un movimiento político, por ejemplo, hay casos en los que el motivo de su detención son sus actividades profesionales, que desarrollan a menudo en un contexto de derechos humanos.

Este hecho llama la atención sobre algunos aspectos del ejercicio de la medicina que algunos gobiernos consideran ilegítimos o claramente ilegales. El primero de ellos es la prestación de asistencia médica a partidarios de la oposición al gobierno. Como ya vimos al examinar la situación en Perú y Turquía (y como ocurría también anteriormente en Chile, El Salvador y Guatemala), los médicos que a juicio de las autoridades simpatizan con grupos de oposición, prestan asistencia médica a sus miembros o no informan de su presencia pueden se considerados objeto legítimo de procesamiento.

Esta serie de acusaciones han de examinarse detenidamente. Simpatizar con un grupo armado de oposición no puede ser considerado ilegal si no se manifiesta más que en forma de acuerdo con las metas de ese grupo o de insistencia en el derecho de los procesados por el Estado a un juicio justo y a no ser sometidos a malos tratos. Otras formas más activas de «simpatizar», como cometer actos de violencia, facilitar objetivos militares o prestar ayuda concreta para lanzar ataques, podrían ser causa razonable de procesamiento en virtud de leyes internas vigentes que prohíban los actos perjudiciales para las personas o los bienes.

La prestación de asistencia médica a partidarios de la oposición al gobierno no debe ser en sí misma un delito por el que haya que iniciar procesamiento ya que el principio más fundamental de la ética médica es que se debe prestar atención médica a toda persona que la necesite independentemente de su «edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual o posición social»³⁶. En algunos casos, los gobiernos han formulado cargos contra médicos precisamente por haber «atendido» a un miembro de la oposición armada.

No informar de haber prestado asistencia a un miembro de la oposición armada, de haber recibido de ésta una petición de asistencia o de su presencia es una cuestión mucho más compleja. Cabe afirmar que, en principio, el carácter confidencial de las consultas médicas se vería amenazado si la ley obligara a los médicos a informar de las visitas de determinados individuos o de individuos de determinada clase, como miembros de determinadas asociaciones políticas, milicias o grupos étnicos. De hecho, algunos países tienen leyes que obligan a los médicos a denunciar a los pacientes a la policía si presentan heridas que puedan haber sido causadas por armas de fuego o armas blancas, presumiblemente porque tales heridas pueden ser indicativas de la comisión de un delito.

Desde el punto de vista ético, proporcionar tal información en un Estado democrático no goza de apoyo universal entre los médicos, ya que vulnera el principio de la confidencialidad médica y es evidente que su valor intrínseco no es el bien del paciente. Sin embargo el médico que quiera proteger la confidencialidad a pesar de lo estipulado por la ley ha de estar dispuesto a justificar su decisión ante los tribunales. En otras palabras, en un Estado basado en el respeto de la ley, las decisiones en que sólo se tenga en cuenta la ética médica quizá tengan que estar justificadas dentro de un marco jurídico. La experiencia indica que los médicos informarán de los actos de los que haya razones para pensar que son delictivos o de lax lesiones que puedan ser el resultado de actos delictivos si un tribunal les ordena hacerlo.

No obstante, en algunos países acatar las leyes que obligan a informar podría ser tan peligroso para el paciente que cabría considerar poco ético que los médicos lo hicieran de manera habitual, porque entonces se convertirían en «cómplices en una infracción»³⁷. En algunos casos extremos pondría al paciente en peligro de muerte o de sufrir tortura. Además, como vimos en el caso de Perú, los médicos sometidos a presión para que presten asistencia clandestinamente pueden tener la sensación de estar expuestos a sufrir represalias violentas a manos de las fuerzas de la oposición armada si informan de que han prestado asistencia médica (mientras que se arriesgan a ser procesados por el gobierno si no lo hacen).

Los procesamientos de médicos por prestar asistencia médica, por no informar de haberla prestado o, como en un caso ocurrido en Turquía, por ayudar a una organización ilegal elaborando informes forenses³⁸se han caracterizado en la práctica por la falta de buena fe por parte del gobierno. Los fiscales han mostrado poco interés en proteger el principio de la confidencialidad médica o de la ética médica en general, y la policía y otros agentes del Estado han presionado a los médicos para que actúen en contra de la ética médica y no realicen los reconocimientos de manera competente y falsifiquen informes, en particular a fin de ocultar pruebas de tortura. Asimismo los han presionados para que no respeten el principio de confidencialidad y con el fin de conseguir informes médicos de clínicas donde se atendía a víctimas de tortura.

Propuesta de mecanismo para proteger a los profesionales de la salud

En 1997, la Asociación Médica Mundial aprobó una propuesta de la Asociación Médica Británica por la que se instaba a las Naciones Unidas a nombrar un relator especial sobre la independencia y la integridad de los profesionales de la salud. En la resolución adoptada se especificaba que los objetivos de este mecanismo debían ser los siguientes:

• vigilar la función de los profesionales de la salud que trabajen en situaciones en las que su derecho a prestar asistencia o el derecho de sus pacientes a recibirla estén amenazados;

• hacer llamamientos para que se proteja a los profesionales de la salud cuando estén en peligro debido únicamente a sus actividades profesionales o de defensa de los derechos humanos;

• defender a los pacientes expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos únicamente por pedir asistencia médica;

• animar a los profesionales de la salud a informar de violaciones de derechos humanos;

• analizar información sobre profesionales la salud que adopten voluntariamente prácticas discriminatorias.

En el momento de redactar el presente informe, esta propuesta estaba todavía debatiéndose y no había sido estudiada detenidamente en círculos de las Naciones Unidas.

Conclusión

Los médicos, el personal de enfermería y otros trabajadores de la salud continúan siendo objeto de medidas represivas debido a sus actividades procesionales o de defensa de los derechos humanos o a sus ideas o actividades políticas pacíficas. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, como la Federación Internacional de Organizaciones para la Salud y los Derechos Humanos, Physicians for Human Rights y el Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura, entre muchas otras, llevan años documentando casos relativos a profesionales de salud y emprendiendo acciones sobre ellos.

Algunas asociaciones profesionales también han tomado medidas en favor de los trabajadores de la salud en peligro. En 1997, la Asociación Médica Mundial decidió instar a las Naciones a nombrar un relator especial sobre la independencia y la integridad de los profesionales de la salud. La elaboración de esta propuesta sigue en marcha.

Sigue siendo necesario ejercer presión en favor de profesionales de la salud que «desaparecieron» después de haber sido secuestrados, que están presos por sus ideas o actividades pacíficas o que son víctimas, en general, de graves abusos por sus actividades políticas, profesionales o de defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que garanticen a quienes trabajan en el sector de la salud los mismos derechos que a todos los demás ciudadanos y, en particular, que les permitan cumplir el requisito de tener una conducta ética. Asimismo, la organización pide a los gobiernos que rindan cuentas de los profesionales de la salud «desaparecidos» y que dejen en libertad a los que son presos de conciencia. Por último, pide a las asociaciones de procesionales y a las organizaciones no gubernamentales que mantengan y amplíen las acciones emprendidas para proteger a los profesionales de la salud en peligro.

Casos

Los casos de profesionales de la salud expuestos a continuación son en la actualidad objeto de acciones de miembros de Amnistía Internacional. Son casos de individuos que «desaparecieron» después de haber sido secuestrados, que están presos debido a sus ideas o actividades pacíficas o que son víctimas en general de abusos por sus actividades profesionales, políticas o de defensa de los derechos humanos.

En cada caso o grupo de casos se recomiendan acciones y se indican direcciones para enviar llamamientos.

Argelia

Chérif Bellahreche, jefe del departamento de reumatología del Centro Hospitalario Universitario de Constantina, desapareció tras su detención el 8 de noviembre de 1994. Nacido en 1953, está casado y tiene dos hijos.

Según un colega suyo que presenció lo ocurrido, lo detuvieron en su lugar de trabajo mientras pasaba consulta. Cuatro individuos vestidos de civil entraron a la consulta diciendo simplemente que eran de los servicios de seguridad. Le susurraron algo al oído, y a continuación el doctor dijo a su colega que continuara trabajando. Pidió a los cuatro individuos que le dejaran quitarse la ropa de trabajo, y luego se lo llevaron en la parte posterior de su propio automóvil. Su esposa pidió información sobre él en todas las comisarías de la policía nacional, pero fue en vano, pues le dijeron que en sus listas de detenidos no aparecía el nombre del doctor. A mediados de febrero de 1995 supo de fuentes no confirmadas que había sido trasladado a Argel. No ha vuelto a tener noticias de él desde entonces. El doctor Chérif Bellahreche había participado en actividades políticas y había resultado elegido como miembro del Parlamento por el Frente Islámico de Salvación (FIS) en las frustradas elecciones de 1991.

Mustafa Benkara nació en 1952, está casado y tiene dos hijos. Cuando lo secuestraron era cirujano jefe en el Hospital de Medea. Su esposa, Horia Benkara, también trabaja en este hospital, donde es anestesista. El doctor Benkara se había presentado como candidato por el Frente de Liberación Nacional (FLN) en las elecciones legislativas de 1991.

Mustafa Benkara fue detenido en el Hospital de Medea, localidad situada al sur de Argel, el 31 de marzo de 1994. Durante los diez días siguientes, su familia supo extraoficialmente que estaba vivo y se encontraba bien, pero poco después dejó de recibir noticias. Cuando preguntó por él en la comisaría de policía de Medea, le dieron información contradictoria. Le dijeron que lo habían llevado a su ciudad natal con objeto de hacer una «investigación», pero un mes más tarde los funcionarios de la misma comisaría dijeron que jamás habían oído hablar de él. Según informes, en julio de1994 un funcionario del Ministerio de Justicia comunicó a la familia que un militar había visto vivo al doctor Benkara. Durante los dos años siguientes a la «desaparición», la familia oyó también rumores, según los cuales había muerto bajo custodia. El doctor Benkara había sido detenido ya a comienzos de 1993, presuntamente por haber asistido a un herido que era miembro de un grupo armado.

Yacine Boulasbaa, enfermero titulado y miembro del personal médico auxiliar del Hospital de Majan, de Bab El Oued, Argel, «desapareció» después de haber sido detenido la noche del 24 al 25 de diciembre de 1995. Nacido el 3 de agosto de 1971, estaba soltero y vivía con sus padres y un hermano menor que él.

Fue detenido en su casa, sobre la una en punto de la de la madrugada, por miembros de la fuerzas de seguridad que habían estado registrando el edificio de apartamentos donde vivía en busca, al parecer, de otra persona. De acuerdo con la información disponible, los agentes se fueron de allí llevándose consigo a Yacine Boulasbaa y a otros jóvenes del vecindario. La familia no ha podido conseguir información de las autoridades sobre el motivo de la detención, su paradero y la suerte que ha corrido.

Ali Lakhdar-Chaouch trabajaba en el Hospital de Kouba, de Argel. Nacido el 2 de marzo de 1970, es soltero y padece diabetes. Vivía con sus padres en Baraka. Lo detuvieron el 1 de abril de 1997 en el Hospital de Kouba, centro situado en un barrio de clase obrera de Argel que es un baluarte de la organización prohibida Frente Islámico de Salvación. Unos miembros de las fuerzas de seguridad se lo llevaron de allí hacia las dos de la madrugada, cuando estaba de servicio, y no se le ha vuelto a ver desde entonces.

A pesar de haber preguntado insistentemente a distintas autoridades, su familia no ha podido conseguir ninguna información acerca de su paradero y su situación jurídica o sobre la suerte que ha corrido. Su rostro apareció en periódicos de todo el mundo que publicaron una noticia de la agencia Reuters sobre una manifestación de familiares de «desaparecidos» celebrada el 20 de octubre de 1997 y en la que una mujer no identificada llevaba su fotografía.

Abdallah Kheznadji, médico y jefe de sección del Hospital de Héliopolis, de Guelma, «desapareció» tras su detención el 27 de septiembre de 1995. Según informes, fue detenido por miembros uniformados de las fuerzas de seguridad junto con varios médicos más del hospital. Uno de estos quedó en libertad al cabo de un mes. La familia del doctor Kheznadji no ha podido conseguir ninguna información de las autoridades sobre su paradero y su situación jurídica o sobre la suerte que ha corrido.

El doctor Mabrouk Maadadi vivía y trabajaba en Rass el Qued. «Desapareció» tras su detención en junio de 1995. Fue detenido en el hospital donde trabajaba por agentes de policía que lo llevaron primero a su casa, la cual registraron, y luego a un centro de detención. Durante unos días se permitió a su esposa llevarle alimentos y ropa, pero posteriormente le comunicaron que había sido trasladado. No le dijeron a dónde lo habían llevado ni si le había ocurrido algo. Las autoridades no han proporcionado aún a la familia ninguna información ni explicación sobre su paradero y su situación jurídica o sobre la suerte que ha corrido.

Yahia Belkacem Sadoun, nacido en 1927 y casado, está jubilado y padece diabetes. Abdelkrim Belkacem Sadoun, su hijo, nacido en 1961, es médico. Ambos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en su casa de Orán el 29 de agosto de 1994, y desde entonces están «desaparecidos». Según informes, la detención la practicaron miembros de las fuerzas de seguridad que llevaban pasamontañas y llegaron en vehículos de la policía. Los agentes registraron la casa. Los vecinos presenciaron la detención, que tuvo lugar a plena luz del día, sobre las seis de la mañana.

Según su familia, los «desaparecidos» eran activistas políticos. Aunque se desconoce su afiliación política, es probable que fueran partidarios o simpatizantes de la organización prohibida Frente Islámico de Salvación (FIS). Su familia se ha puesto en contacto con las autoridades, pero no ha obtenido ninguna información sobre su paredero y su situación legal, ni sobre el motivo de la detención.

Acciones recomendadas: envíen cartas al ministro argelino de Justicia (véase la dirección infra):

• expresando preocupación por el secuestro y la «desaparición» de Chérif Bellahreche, Mustafa Benkara, Yacine Boulasbaa, Ali Lakhdar-Chaouch, Abdallah Kheznadji, Mabrouk Maadadi, Abdelkrim Belkacem Sadoun y Yahia Belkacem Sadoun;

• preguntado qué investigaciones se han realizado sobre su «desaparición»;

• instando a redoblar los esfuerzos por dar cuenta de su paradero.

Direcciones

Ministro de Justicia

M. Ahmed OUYAHIA

Ministre de la Justice

Ministère de la Justice

8 Place Bir Hakem, El-Biar Alger

Argelia

Envíen copia a:

Unión Médica Argelina

Union Médicale Algérienne (UMA)

Dr Djamel OULD-ABBES, Président

8 rue Sergent Addoun

Alger

Argelia

China

Kang Yuchun, de 35 años de edad era investigador médico en el departamento de psiquiatría del Hospital de Anding, de Pekín. Lo detuvieron alrededor del 29 de mayo de 1992 o ese mismo día, y según la información disponible, al registrar su casa se encontraron panfletos en favor de la democracia. Según informes no confirmados, Kang Yuchun sufrió malos tratos durante el interrogatorio a que fue sometido poco después de su detención. A sus padres se les ha negado el acceso a él desde entonces. La única información que recibieron procedía de las autoridades del hospital, que les dijeron que la detención la había llevado acabo el Departamento de Seguridad del Estado y que era mejor «no escarbar en el asunto». A finales de octubre de 1993 aún no les habían notificado oficialmente el motivo de la detención de su hijo ni el lugar donde se encontraba recluido.

Kang Yuchun fue juzgado junto con 16 personas más por presunta pertenencia a organizaciones contrarrevolucionarias, en particular a la Alianza Progresista de China, el Partido Democrático Liberal de China y la Unión de Sindicatos Libres de China. Entre las acusaciones formuladas contra él figuraba la de haber fundado Foro de la Libertad (Freedom Forum), la revista de la Alianza Progresista de China, y encargar artículos para ella. En diciembre de 1994 fue condenado a doce años de prisión por «organizar y dirigir un grupo contrarrevolucionario» y a siete años más por «propaganda contrarrevolucionaria». Estas dos condenas se fusionaron al final en una pena de diecisiete años de prisión, una de las más severas impuestas por entonces.

Acciones recomendadas: escriban las direcciones que se indican más adelante:

• manifestando interés por el doctor Kang Kuchun, quien cumple en la actualidad una condena de diecisiete años de cárcel;

• expresando preocupación por el hecho de que fuera declarado culpable de actividades «contrarrevolucionarias» en un juicio que no fue público y en el que no se respetaron las normas internacionales sobre justicia procesal;

• instando a dejarlo en libertad de manera inmediata e incondicional, ya que es un preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de asociación y de expresión.

Direcciones

Ministro de Justicia de la República Popular de China

Minister of Justice of the People's Republic of China

GAO Changli Buzhang

Sifabu

Xiaguangli

Beijingshi 10016

China

Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Envíen copia a:

Asociación Médica China

Chinese Medical Association

Zhonghua Yizuehui

42 Dongsi Xidajie

Beijingshi 100710

China

Asociación de Abogados de China

All China Lawyers' Association

No 72 Dong Si Jiu Tiao

Beijing 100007,

China

Cuba

Oscar Elías Biscet González, presidente de la organización humanitaria ilegal Fundación Lawton de Derechos Humanos, fue detenido el 3 de noviembre de 1999 y condenado a tres años de prisión el 25 de febrero del 2000 por «ultraje a los símbolos de la patria», «desordenes públicos» e «instigación a delinquir». Según informes, el primero de estos cargos se le imputó por haber colgado de lado una bandera cubana en su balcón durante una conferencia de prensa celebrada en su casa el 28 de octubre de 1999. Los otros dos cargos se presentaron posteriormente.

Antes de su detención, había contribuido a organizar una marcha para protestar por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno y para pedir la excarcelación de presos políticos. La marcha, que iba a tener lugar en La Habana el 10 de noviembre de 1999, no pudo celebrarse debido a la intervención partidarios del gobierno que, según informes, golpearon y dieron patadas a dos disidentes. Las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a varios participantes.

Se cree que el doctor Biscet fue detenido el año pasado más de una veintena de veces por participar en reuniones y protestas en contra del gobierno.

Acciones recomendadas

Envíen cartas en español o en su propio idioma a las direcciones que indican más adelante:

• expresando preocupación por la detención y el procesamiento del doctor Óscar Biscet sin más razón que haber ejercitado su derecho a la libertad de expresión;

• manifestando que lo consideran preso de conciencia;

• instando a dejarlo en libertad de inmediato y sin condiciones.

Direcciones

Dr Juan Escalona Reguera

Fiscal General de la República

Fiscalía General de la República

San Rafael 3, La Habana

Cuba

Egipto

El médico y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zagazig Al-Sayyid Mahmoud ‘Izzat Ibrahim ‘Eissa fue condenado el 23 de noviembre de 1995 a cinco años de prisión con trabajos forzados por el Tribunal Supremo Militar de El Cairo.

El doctor Al-Sayyid Mahmoud ‘Izzat Ibrahim ‘Eissa se encontraba entre decenas de presuntos miembros de la organización Hermanos Musulmanes que habían sido detenidos en enero, julio y octubre de 1995. Ese mismo año y el siguiente fueron juzgados ante el Tribunal Supremo Militar, en tres causas relacionadas, 96 presuntos miembros de dicha organización, entre los que había destacados miembros de asociaciones profesionales y ex miembros del parlamento. Sesenta y uno de ellos fueron condenados a prisión por periodos de entre uno y cinco años. Amnistía Internacional los consideró a todos presos de conciencia y pidió su excarcelación inmediata y sin condiciones. Sin embargo, ninguno de ellos fue puesto en libertad antes de haber cumplido su condena.

En los últimos años, centenares de presuntos miembros de los Hermanos Musulmanes han sido recluidos en régimen de «detención preventiva» para ser puestos en libertad sin juicio al cabo de semanas o meses. En 1999 se recluyó a más de 160 personas, decenas las cuales estuvieron presas menos de seis meses, el plazo máximo que estipula el Código de Procedimiento Penal para decidir si el detenido debe ser juzgado. En diciembre de 1999 se entabló ante el Tribunal Supremo Militar un juicio contra un grupo de 20 presuntos miembros de los Hermanos Musulmanes, entre los que había varios médicos.

La organización Hermanos Musulmanes, fundada en 1928, probablemente sea la mayor y más influyente fuerza de oposición de Egipto. Su objetivo es el establecimiento por medios pacíficos de un sistema de gobierno nacional basado en los valores y principios islámicos. Aunque fue prohibida en 1954, la autoridades egipcias la toleraban desde finales de los años setenta. A partir del 1995, el gobierno tomó medidas contra ella, en particular contra su presencia en las asociaciones de profesionales.

Acciones recomendadas: escriban a las direcciones que se indican más adelante:

• pidiendo la excarcelación inmediata e incondicional del doctor Al-Sayyid Mahmoud ‘Izzat Ibrahim ‘Eissa;

• expresando preocupación por el hecho de que continúe encarcelado sólo por la expresión pacífica de sus ideas e instando a que se lo deje en libertad por ser preso de conciencia.

Direcciones

Presidente de la República Árabe de Egipto

H.E. Mohammad Hosni Mubarak

President of the Arab Republic of Egypt

'Abdine Palace

Cairo

Egipto

Fax: +202 390 1998

Correo electrónico: webmaster@presidency.gov.eg

Envíen copia a:

Organización Egipcia de Derechos Humanos

Egyptian Organization of Human Rights

8/10 Mathaf El Manial Street

Manial El Roda

Cairo

Egipto

Fax: +20.2.362.1613

Correo Electrónico: eohr@link.com.eg

Egipto

Mahmoud Mubarak Ahmad, de 28 años y soltero, era médico de un hospital de Kitkata, pueblo de Sohag, sur de Egipto. Fue detenido el 24 de enero de 1995 por agentes del Departamento de Información y Seguridad del Estado. No se informó a nadie de su detención ni de su paradero hasta el 14 de julio de 1995, cuando su familia supo que estaba recluido en la Prisión Istiqbal de Tora y que había sido detenido cuando viajaba en automóvil de Kitkata a Sohag, donde fue recluido en la sede local del Departamento de Información y Seguridad del Estado, así como en la cárcel de esta localidad, antes de su traslado a Tora. Según informes, estaba acusado de pertenencia a una organización secreta. A l concluir 1995, un tribunal ordenó su excarcelación, pero en vez de dejarlo en libertad se dictó una nueva orden de detención contra él y fue trasladado a la Prisión de Al Wadi al Gadid , donde continúa recluido sin cargos ni juicio.

En 1999, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la detención de Mahmoud Mubarak Ahmad era arbitraria (Opinión núm. 15/1999). El Grupo de Trabajo determinó que «Mahmoud Mubarak Ahmad ha permanecido detenido durante cuatro años sin que un órgano competente dictara la correspondiente orden de detención o adoptara la decisión de privarle de libertad», lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Egipto.

Detención administrativa en Egipto: Millares de simpatizantes, miembros y presuntos miembros de grupos integristas islámicos no autorizados han sido víctimas de detención administrativa sin cargos ni juicio, en algunos casos por periodos de hasta seis años, en aplicación del artículo 3 de la Ley del Estado de Excepción, que permite al ministro del Interior «detener a personas sospechosas o que pongan en peligro el orden público o la seguridad».

Acciones recomendadas: Envíen cartas a las direcciones que se indican más adelante:

• pidiendo a las autoridades egipcias que pongan fin al uso arbitrario de la detención administrativa;

• pidiendo a las autoridades que dejen de inmediato en libertad al doctor Mahmoud Mubarak Ahmad y a todas las personas detenidas en la actualidad en aplicación de la Ley del Estado de Excepción para las que se dictado orden de libertad.

Direcciones

Presidente de la República Árabe de Egipto

His Excellency Mohammad Hosni Mubarak

President of the Arab Republic of Egypt

'Abedine Palace, Cairo,

Egipto

Fax: + 202 390 1998

Correo electrónico:

webmaster@presidency.gov.eg

Envíen copia a:

Sindicato Médico Egipcio

Egyptian Medical Syndicate

Dar al-Hikmah

42 Kasr el Eini Street

Cairo

Egipto

Fax: +203 588 1412

Etiopía

El doctor Tassew Begashaw, médico de la clínica privada Tarika, de Addis Abeba, Etiopía, fue detenido en esta ciudad el 15 de agosto de 1999. Miembro del grupo étnico oromo, al principio fue acusado, según informes, de prestar asistencia médica a un presunto miembro del Frente de Liberación Oromo y, posteriormente, de distribuir panfletos de esta organización. Se encuentra recluido en régimen de incomunicación en el centro de investigación criminal de Maikelawi, en Addis Abeba. Ha sido llevado ante los tribunales estando en curso la investigación policial de su caso, y se le ha negado la libertad bajo fianza. No ha sido acusado formalmente de ningún delito. No se dispone aún de información sobre el trato que está recibiendo ni sobre sus condiciones de reclusión.

Se cree que en la actualidad se encuentran detenidos millares de miembros del grupo étnico oromo, algunos de los cuales podrían ser presos de conciencia sin ninguna relación con la oposición armada. Las personas acusadas de vinculación con el Frente de Liberación Oromo son a menudo torturadas durante su reclusión no reconocida en régimen de incomunicación, y Amnistía Internacional ha recibido a veces informes sobre torturas y malos tratos infligidos a presos políticos en el centro de investigación criminal de Maikelawi.

Acciones recomendadas

Escriban cartas, preferiblemente en inglés, o, si no, en su propio idioma, a las direcciones que se indican más adelante:

• presentándose como miembros de la red de profesionales de la salud de Amnistía Internacional;

• expresando preocupación por la detención del doctor Tassew Begashaw y por el hecho de que continúe recluido;

• pidiendo garantías de su bienestar;

• pidiendo información sobre su actual estado de salud y sobre el trato que esté recibiendo;

• pidiendo que se le permita de inmediato comunicarse con su familia, abogados y médicos;

• pidiendo que se le acuse de algún delito común reconocible y se le someta a un juicio justo o se le deje en libertad sin demora.

Direcciones

Ministro de Justicia Ministro de Sanidad

Mr Werede-Wold Wolde Dr Adem Ibrahim

Minister of Justice Minister of Health

Ministry of Justice Ministry of Health

P O Box 1370, Addis Ababa P.O. Box 1234, Addis Ababa,

Etiopía Etiopía

Fax: + 2511 550278 / 550722 Fax: +2511 519366

Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro

República Federativa de Yugoslavia

La doctora Flora Brovina, de 48 años de edad, casada y con dos hijos, es miembro de la comunidad de etnia albanesa de Kosovo. Fue detenida en abril de 1999 en Pristina, Kosovo, acusada de prestar ayuda a la organización guerrillera separatista Ejército de Liberación de Kosovo. En aplicación de dos artículos del código penal yugoslavo se presentaron contra ella los cargos de «asociación para el activismo hostil», «dañar la integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia» y «terrorismo». Asimismo fue acusada de prestar ayuda a las «bandas terroristas» del Ejército de Liberación de Kosovo suministrándoles uniformes y otros pertrechos. Desde el momento de su detención hasta junio la llevaron de una casa a otra sin comunicar nunca a su familia su paradero. En junio de 1999 la trasladaron a una prisión de la misma Serbia. El 10 de diciembre de 1999, un tribunal de Niš la condenó a doce años de prisión. Amnistía Internacional cree que el juicio fue injusto y ha adoptado a la doctora Brovina como presa de conciencia.

La doctora fundó la Liga de Mujeres de Kosovo, de la que era también presidenta. Asimismo, estableció en Pristina una clínica refugio para mujeres y niños. Era también escritora. Sus poemas gozan de muchísima popularidad en la región y ha publicado cuatro libros.

Según las autoridades, en las prisiones serbias se encuentran recluidas alrededor de 1.900 personas de etnia albanesa. Algunas cumplen condenas que les han sido impuestas en juicios donde la única prueba contra ellas fue su propia confesión, obtenida, según han denunciado muchas de ellas, con tortura.

Acciones recomendadas: envíen cartas a las direcciones indicadas más adelante:

• señalando que Amnistía Internacional no tiene constancia de que la doctora Brovina haya hecho declaraciones defendiendo el uso de la violencia ni participado en actos violentos;

• pidiendo a las autoridades que dejen en libertad a la doctora Brovina de manera inmediata e incondicional.

Direcciones

Presidente de la República Federativa de Yugoslavia

Slobodan Milošević

Predsednik SRJ

Bulevar Mihaila Pupina 2

11070 Beograd

República Federativa de Yugoslavia

Fax: + 381 11 636 775

Correo electrónico: slobodan.milosevic@gov.yu

Tratamiento: Dear President/Señor Presidente

Líbano

Sam’aan Moussa Jedaa’, nacido el 30 de abril de 1961, es soltero, tiene dos hermanas y vivía con sus padres en Beirut. Estudiaba tecnología de la información en la Universidad Americana de Beirut y trabajaba en el Hospital de la Universidad Americana. Era también jefe de la unidad de primeros auxilios de Furn al-Shebbak, sector 103 de Beirut, de la Cruz Roja libanesa. Desapareció el 19 de agosto de 1985 junto con su primo Kamal Sam’aan Jedaa’. Según informes, ambos fueron secuestrados por un grupo de hombres armados que los llevaron a Thakanat Fathallah, en Al Basta, zona de Beirut controlada, de acuerdo con la información disponible, por la organización Hezbolá (Partido de Dios).

El 19 de agosto de 1985 explotó una bomba en Karakun al-Druze, Beirut occidental. Sam’aan prestó ayuda de urgencia a los heridos y los trasladó al Hospital de la Universidad Americana. Acompañado de dos mujeres y de su primo Kamal, se dirigió en el automóvil de éste a Beirut oriental. Un grupo de hombres armados los persiguieron y, tras obligarlos a detener el vehículo, los hicieron apearse y mostrarles su documentación. Según los informes, a las dos mujeres las ordenaron continuar su camino a pie, mientras que ellos se quedaron el automóvil, que regresó a Beirut occidental. A las tres menos cuarto de la tarde de ese mismo día la emisora de radio Voice of Free Lebanon informó detalladamente del secuestro, indicando, según informes, que había obtenido los datos en una conversación telefónica oída por casualidad. Las familias de Sam’aan y Kamal no han tenido ninguna noticia de ellos desde entonces.

Desapariciones en el Líbano: El gobierno libanés decidió hace poco crear una comisión para investigar las «desapariciones» ocurridas durante la guerra, entre 1975 y 1990. La lita de personas desaparecidas en ese periodo contiene un total de 17.415 nombres. Amnistía Internacional ha expresado preocupación acerca de la composición de la comisión y del breve plazo de que dispone para presentar un informe. La organización ha insistido en la importancia de dotar a la comisión de investigación de recursos suficientes para desempeñar su labor, incluidos los servicios de peritos antropólogos y patólogos.

Acciones recomendadas: envíen cartas a las direcciones que se indican más adelante:

• pidiendo a las autoridades aclaraciones urgentes sobre el paradero y el bienestar de Sam’aan Mousa Jeda’ y de su primo Kamal Sam’aan Jeda’.

Direcciones

Ministro de Justicia

His Excellency Joseph Chaoul

Minister of Justice, Ministry of Justice

Rue Sami Solh

Beirut

Líbano

Fax: + 961 1 422 957

Libia

El doctor Fakhri Younis ‘Issa al-Fitouri, de 42 años, casado y con cuatro hijos, trabajaba en el Hospital Infantil de Bengasi. Lo detuvieron en mayo de 1991, aparentemente por su presunta vinculación con un grupo de oposición

El 16 de octubre de 1990 habían detenido a Younis 'Issa al-Fitouri, padre de Fakhri, así como a su esposa y a cuatro de sus hijos con sus respectivas sus esposas e hijos. Los acusaron a todos de intentar derrocar el régimen y de propagar ideas extranjeras subversivas. Se cree que fueron detenidos únicamente porque el doctor Fakhri al-Fitouri había estado en contacto con el coronel Khalifa Hifter, una de las principales figuras de la organización de oposición Movimiento por el Cambio y la Reforma (Movement for Change and Reformation), que opera desde el extranjero.

Los miembros de la familia Al-Fitouri detenidos formaban parte de un grupo de 52 encausados que comparecieron ante el Tribunal Público de Bengasi el 19 de enero de 1991. La vista se aplazó a los diez minutos de empezar, y cuando se reanudó de nuevo, el 13 de marzo de 1991, el tribunal absolvió por falta de pruebas a los 52 acusados, todos los cuales fueron puestos en libertad.

Poco tiempo después de haber quedado libres, 24 de los acusados, incluidos el doctor Fakhri al-Fitouri, su padre y tres de sus hermanos, fueron detenidos de nuevo, según informes por haber presentado el fiscal una apelación contra la sentencia absolutoria. Quedaron bajo custodia a pesar de alegar sus abogados que la detención era ilegítima y que debían ser puestos en libertad mientras se examinaba la apelación.

Se nombró un nuevo juez para el tribunal que debía ver la apelación contra la sentencia absolutoria. Según informes, al manifestar Fakhri al-Fitouri ante el tribunal que había sido torturado, varios hombres de la Institución de Seguridad de la Yamahiriya, que, de acuerdo con la información disponible, mantuvo una fuerte presencia en la sala, le hicieron callar. El 15 de mayo de 1991, la sala de apelación del Tribunal Popular dictó sentencia, tras una vista que duró menos de media hora: los 23 acusados fueron condenados a cadena perpetua.

Acciones recomendadas: envíen cartas a las direcciones que se indican más adelante:

• expresando preocupación por los informes sobre tortura y malos tratos infligidos a Fakhri Younis ‘Issa al-Fitouri;

• instando a las autoridades a hacer públicos todos los detalles del juicio;

• expresando preocupación por el hecho de que los procedimientos judiciales no cumplieran las normas mínimas sobre juicios justos establecidas en los instrumentos internacionales;

• instando a las autoridades a someter de inmediato a Fakhri al-Fitouri a un nuevo juicio conforme a las normas internacionales de justicia procesal.

Direcciones

Líder de la Revolución

His Excellency Mu'ammar al-Gaddafi

Leader of the Revolution

Office of the Leader of the Revolution

Tripoli,

Libia

Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Libia

El doctor ‘Omran ‘Omar al-Turbi, de 40 años de edad, estudió de 1981 a 1983 en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, donde se licenció en odontología y sanidad. En el momento de su detención era director de la Clínica Dental Central de Bengasi, Libia. Tenía mucho éxito en su especialidad, la cirugía intraoral y maxilofacial con víctimas de accidentes de tráfico. Está casado y tiene un hijo de 18 años y una hija de 16.

El doctor ‘Omran ‘Omar Al-Turbi fue detenido el 28 de mayo de 1984 y se cree que desde entonces se encuentra recluido sin cargos ni juicio en la Prisión de Abu Salim de Trípoli. Se piensa que lo detuvieron por su presunta pertenencia al grupo de oposición Frente Nacional para la Salvación de Libia (FNSL). Unas tres semanas antes de su detención se produjeron enfrentamientos entre el FNSL y las fuerzas de seguridad libias, y como consecuencia de ellos se detuvo a centenares de presuntos miembros del grupo, algunos de los cuales fueron ejecutados. No existen pruebas concluyentes de la participación directa del doctor Al-Turbi en los enfrentamientos.

Acciones recomendadas: envíen cartas a las direcciones que se indican más adelante:

• expresando preocupación por el hecho de que el doctor Al-Turbi lleve recluido ya casi dieciséis años sin cargos ni juicio;

• instando que se lo deje en libertad si no se lo acusa de ningún delito común reconocible por el que deba ser juzgado.

Direcciones

Líder de la Revolución

Colonel Mu’ammar al-Gaddafi

Leader of the Revolution

Office of the Leader of the Revolution

Tripoli

Libia

Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Envíen copia de sus cartas a la representación diplomática de Libia más próxima a su localidad.

Otras acciones

Pueden enviar copia de la acción a las asociaciones de odontólogos que conozcan pidiéndoles que hagan un llamamiento al jefe del Estado libio en favor del doctor Al-Turbi. Indíquenles que lo redacten en un tono educado y comedido.

Libia

Al-Sayyid Mohamad Shabou, de 34 años de edad y padre de dos hijos, se formó como fisioterapeuta en la Universidad de Trípoli. Posteriormente se marchó de Libia junto con su familia, y en noviembre de 1997 todos ellos fueron reconocidos como refugiados en el Reino Unido.

En enero de 1998, Al-Sayyid Mohamad Shabou y su familia viajaron a Arabia Saudí con un visado de dos semanas de validez y documentación expedida por la Naciones Unidas. Por quedarse en ese país a fin de hacer en marzo la peregrinación anual a La Meca, les expiró el visado, y ese mismo mes fueron detenidos. Aunque Amnistía Internacional hizo del 23 de abril de 1998 un llamamiento urgente para que no fueran víctimas de devolución (refoulement), en los meses siguientes los devolvieron a Libia.

La esposa y los hijos de Al-Sayyid Mohamad Shabou, que fueron encarcelados también en Libia tras haber sido devueltos allí desde Arabia Saudí, quedaron en libertad en julio de 1998. En la actualidad viven en Trípoli con unos parientes. Al-Sayyid Mohamad Shabou continúa encarcelado

Acciones recomendadas: envíen cartas a las direcciones que se indican más adelante

• instando a las autoridades libias a dejar en libertad a Al-Sayyid Mohammad Shabou si no está acusado de ningún delito común reconocible;

• pidiendo a las autoridades saudíes que aclaren el motivo de la expulsión de Al-Sayyid Mohammad Shabou y los procedimientos seguidos.

Direcciones

LIBIA

Líder de la Revolución

His Excellency Mu'ammar al-Gaddafi

Leader of the Revolution

Office of the Leader of the Revolution

Tripoli

Libia

Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

ARABIA SAUDÍ

Ministro del Interior

HRH Prince Naif Bin Abdul Aziz al-Saud

Minister of the Interior

POB 2833

Airport Road

Ruyad 11134

Arabia Saudí

Fax +9661 403 1185

Tratamiento: Your Royal Highness/Alteza

Copias a:

A título informativo, envíen copia de sus cartas al Ministerio del Interior Británico ( Foreign and Commonwealth Office, Whitehall, London SW1A 2AH, Reino Unido) con una nota explicativa llamando la atención sobre el hecho de que Al-Sayyid Mohammad Shabou ha sido reconocido como refugiado por el Reino Unido.

Envíen también copia de sus cartas a los representantes diplomáticos de Libia y Arabia Saudí acreditados en su país.

Myanmar

El doctor U Saw Mra Aung, de 82 años de edad, es miembro de una minoría étnica budista de la zona occidental de Myanmar próxima a la frontera de Bangladesh y es presidente del partido político Liga de Arakan para la Democracia. Obtuvo el título de médico en la Universidad de Bombay en 1944 y es miembro del Real Colegio de Médicos de Inglaterra. Antes de jubilarse, hacia 1980, trabajaba en el Hospital de Yangon Oriental. En los años noventa continúo trabajando como voluntario en un hospital.

El doctor U Saw Mra Aung fue detenido el 6 de septiembre de 1998. También se detuvo a centenares de miembros de la organización de oposición Liga Nacional para la Democracia y de activistas estudiantiles. Según informes, algunos fueron golpeados brutalmente al ser interrogados y no recibieron en prisión la debida atención médica.

En una declaración del 7 de octubre de 1998, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, calificó de «muy preocupante» la detención de activistas de la oposición en Myanmar y expresó preocupación por el hecho de que el gobierno continuara haciendo caso omiso de las normas básicas de derechos humanos y de la preocupación de la comunidad internacional. La alta comisionada instó al gobierno a iniciar un proceso de reconciliación con la oposición y a cooperar plenamente con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Acciones recomendadas: envíen cartas a las direcciones que se indican más adelante:

• pidiendo a las autoridades que dejen al doctor U Saw Mra Aung en libertad de manera inmediata e incondicional, ya que es preso de conciencia;

• pidiendo información sobre su actual estado de salud e instando a las autoridades a que le proporcionen los cuidados médicos que necesite mientras continúe detenido.

Direcciones

Secretario del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo

Lieutenant General Khin Nyunt, Secretary 1

State Peace and Development Council

c/o Director of Defence Services Intelligence (DDSI)

Ministry of Defence, Signal Pagoda Road

Dagon Post Office

Yangon

Myanmar

Fax: +95 1 85169, +95 1 229 50

Envíen copia a:

Asociación Médica de Myanmar

Myanmar Medical Association

249, Theinbyu Road

Mingalartaungnyunt P.O.

Yangon

Myanmar

Fax: +95 1 85169

Myanmar

El doctor Than Aung lleva alrededor de veinticinco años ejerciendo la medicina en Yangon (Rangoon). El 17 de febrero de 1997 por la noche llegó a su consulta un individuo, descrito en los informes recibidos por Amnistía Internacional como un «vagabundo» aquejado de tuberculosis en estado avanzado y de asma. El doctor Than Aung le administró una inyección para prepararlo para una resucitación de emergencia y lo envió a la unidad de urgencias del Hospital General de Yangon. Al llegar allí, el moribundo fue enviado al Nuevo Hospital General, donde ese día había guardia para casos de urgencia, pero murió en el camino. El 21 de febrero, el doctor Than Aung fue detenido, acusado, en aplicación de la sección 304.a del Código Penal de Myanmar, de causar una muerte por negligencia. El 12 de abril lo condenaron a cuatro años de prisión.

El doctor Than Aung es también miembro del parlamento electo por la Liga Nacional para la Democracia para el distrito electoral de Mingala Thaungnyunt, división de Yangon. La Liga Nacional para la Democracia es el principal partido de oposición de Myanmar. La información de que dispone Amnistía Internacional indica que el encarcelamiento del doctor Than Aung se debe a su función destacada como miembro de un parlamento electo en un partido político de oposición legal. La organización no está en condiciones de juzgar la eficacia del tratamiento médico que administró el doctor, pero cree que, sobre la base de la evaluación de las circunstancias de la muerte del paciente, su condena no estaba justificada. Las autoridades de Myanmar detienen a menudo a activistas políticos de oposición y les imputan cargos penales con objeto de que les impongan largas penas de cárcel. Fuentes no oficiales han calificado de «falsos» los cargos presentados contra el doctor Than Aung.

Acciones recomendadas: envíen cartas a las direcciones que se indican más adelante: :

• presentándose como profesionales de salud interesados en este caso;

• expresando preocupación por el bienestar del doctor Than Aung y pidiendo que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

Direcciones

Secretario del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo

Lieutenant General Khin Nyunt, Secretary 1

State Peace and Development Council

c/o Director of Defence Services Intelligence (DDSI)

Ministry of Defence, Signal Pagoda Road

Dagon Post Office

Yangon

Myanmar

Fax: +95 1 85169, +95 1 229 50

Envíen copia a:

Asociación Médica de Myanmar

Myanmar Medical Association

249, Theinbyu Road

Mingalartaungnyunt P.O.

Yangon

Myanmar

Fax: +95 1 85169

Myanmar

Khin Zaw Win, dentista titulado, recibió en junio de 1993 una beca del gobierno de Singapur para doctorarse en Política Pública (Public Policy) en la Universidad de Singapur. Después de hacer la tesis, que versó sobre la situación política en Myanmar, regresó a su país para hacer investigación académica. Había trabajado también con UNICEF, escribiendo discursos e informes, y prestando servicios de interpretación en viajes fuera de Yangon, y en 1992 asistió a la conferencia sobre los derechos del niño que se celebró en China bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

El 4 de julio de 1994, Khin Zaw Win fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Yangon cuando se disponía a tomar un avión para Singapur. Se cree que en el momento de su detención llevaba consigo documentos relacionados con la oposición política de Myanmar, con la que se sabe que simpatizaba y que había mantenido estrechos vínculos. Él mismo se había mostrado crítico con el gobierno. Al principio lo llevaron a un centro de detención de los servicios de información militar, pero a mediados de agosto de 1994 lo trasladaron a la Prisión de Insein. Según informes, las vistas del proceso judicial entablado contra él comenzaron en septiembre, y el 6 de octubre fue condenado a un total de quince años de cárcel por un tribunal civil reunido en la prisión. Le impusieron siete años de cárcel por «generar o intentar difundir noticias falsas sabiendo de antemano que lo eran», tres más por pertenecer a una organización ilegal o mantener contactos con ella, otros tres por posesión o control de información oficial secreta y dos más en aplicación del artículo 5 de la Ley de Secretos Oficiales de Myanmar (1923).

Acciones recomendadas: envíen cartas a las direcciones que se indican más adelante:

• instando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a dejar a Khin Zaw Win en libertad de manera inmediata e incondicional;

• instándole a garantizar que no será torturado ni maltratado y que tendrá de inmediato acceso a su familia y abogados, así como la debida atención médica.

Direcciones

Secretario del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo

Lieutenant General Khin Nyunt, Secretary 1

State Peace and Development Council

c/o Director of Defence Services Intelligence

Ministry of Defence, Signal Pagoda Road

Dagon Post Office

Yangon

Myanmar

Fax: +95 1 85169, +95 1 229 50

Envíen copia a:

Asociación Médica de Myanmar

Myanmar Medical Association

249, Theinbyu Road

Mingalartaungnyunt P.O.

Yangon

Myanmar

Fax: +95 1 85169

Siria

Muhammad Ghanim, médico por formación nacido en Latakia en 1958, fue detenido por primera vez en 1985. Después de quedar en libertad fue sometido a vigilancia por los servicios sirios de información. El 31 de enero de 1992 fue detenido de nuevo por miembros de los servicios sirios de información militar por su relación con el Partido de Acción Comunista (Hizb al-'Amal al-Shuyu'i). En esta ocasión lo recluyeron en régimen de incomunicación en la Sección de Interrogatorio Militar de Damasco, donde, según informes, lo interrogaron sobre sus actividades políticas y su relación con el Partido de Acción Comunista. Fue acusado de afiliación a este partido, que las autoridades sirias califican de «organización que tiene por objeto alterar la estructura social y económica del Estado y las condiciones fundamentales de la sociedad» y que «se opone a los objetivos de la revolución». Posteriormente fue juzgado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que en junio de 1994 lo condenó a quince años de prisión con trabajos forzados.

‘Abd al-‘Aziz al-Khayyir, médico, fue detenido en Damasco el 1 de febrero de 1992 por miembros de los servicios sirios de información militar. Según informes, las autoridades llevaban ya algún tiempo buscándolo por su relación con el Partido de Acción Comunista, y lo detuvieron más o menos a la vez que a otras 13 personas vinculadas también a dicho partido.

‘Abd al- ‘Aziz al-Khayyir fue al final juzgado y condenado en agosto de 1995. El Tribunal Supremo de Seguridad del Estado le impuso una pena de veintidós años de prisión (la más larga impuesta hasta entonces por este tribunal, de acuerdo con la información disponible) por pertenencia al Partido de Acción Comunista Fue juzgado junto con otras cuatro personas que habían sido remitidas a los tribunales el 13 de abril de 1993. En 1992, la embajada de Siria en Londres había manifestado que se habían entablado acciones judiciales contra ellas en los tribunales sirios e iban a ser remitidas a éstos para ser sometidas a un juicio público en presencia de sus abogados. Amnistía Internacional recibió una copia de la lista de los cargos formulados contra ‘Abd al-‘Aziz al-Khayyir, pero no contenía ninguna información sobre la vista o la sentencia. La organización considera a ‘Abd al-‘Aziz al-Khayyir preso de conciencia, detenido, encarcelado y condenado por sus convicciones profundas y su afiliación política.

Acciones recomendadas: envíen cartas a las direcciones que se indican más adelante:

• expresando preocupación por el prolongado encarcelamiento de Muhammad Ghanim y ‘Abd al- ‘Aziz al-Khayyir a causa de sus ideas políticas no violentas;

• instando a que sean puestos en libertad de manera inmediata e incondicional.

Direcciones

Presidente de la República Árabe de Siria

His Excellency

President of the Syrian Arab Republic

Presidential Palace

Abu Rummaneh, Al-Rashid Street ‘

Damascus,

Siria

Primer ministro

Prime Minister

Office of the Prime Minister

Abd al-Rhaman Shahbandar Street

Damascus

Siria

Sólo para miembros de AI Índice AI: ACT 75/02/00/s

Distr : PG/SC

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional 1 Easton Street London WC1X 0DW Reino Unido Correo electrónico: medical@amnesty.org

Sitio web: http://www.amnesty.org

Mayo del 2000