Documento - DECLARACIÓN ORAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AFR 01/003/2008 (Público)

Fecha: 7 de mayo de 2008

DECLARACIÓN ORAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

TEMA 4: La situación de derechos humanos en África

Presidencia
43º. periodo ordinario de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

Ezulwini, Suazilandia

 

Presidencia, miembros de la Comisión:

Zimbabue

Amnistía Internacional siente gran inquietud ante el deterioro que ha sufrido la situación de derechos humanos en Zimbabue desde las elecciones generales del 29 de marzo. Preocupa a la organización que el gobierno continúe negándose a implementar pasadas resoluciones y recomendaciones de la Comisión Africana a la vez que comete nuevas violaciones de los derechos humanos consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Las violaciones de los derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional incluyen tortura de defensores y defensoras de los derechos humanos y de activistas políticos de la oposición bajo custodia policial; ataques de motivación política contra presuntos simpatizantes de partidos de la oposición tras las elecciones, y restricciones ilegítimas de los derechos de reunión y de protesta pacífica.

Violencia postelectoral

Según la información recibida por Amnistía Internacional, los incidentes de violencia postelectoral son generalizados. Se ha denunciado violencia postelectoral en las provincias de Harare, Mashonaland Oriental, Midlands, Matabeleland Septentrional y Manicaland. Las víctimas de esta violencia política han sido al parecer sacadas de autobuses y agredidas en sus propios hogares en zonas rurales, municipios y granjas. Amnistía Internacional observa que la violencia postelectoral se hizo más generalizada durante el fin de semana del 5 y 6 de abril. Las víctimas denunciaban que sus agresores habían sido al parecer “veteranos de guerra” (antiguos combatientes de la guerra de liberación de Zimbabue afiliados a la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), el partido gobernante), brigadistas de la Brigada Joven de ZANU-PF, y personas que vestían uniformes del ejército y de la policía.

Alrededor de la medianoche del 6 de abril, unos 10 soldados y dos individuos con uniforme policial se presentaron en el domicilio de un conocido activista del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) en Mkoba 14, Gweru. Agredieron al activista y a dos amigos de éste dándoles patadas y golpeándolos con palos y porras. El activista tuvo que recibir tratamiento médico para sus lesiones. Aunque el incidente fue denunciado a la policía, no se ha detenido a nadie.

Llegado el 7 de abril, más de 70 personas habían acudido a los grupos locales de derechos humanos denunciando haber sido atacadas en varias partes del país. Las víctimas dijeron que sus agresores las habían acusado de “no haber votado correctamente”. Por lo menos seis personas tuvieron que ser hospitalizadas como consecuencia de las palizas.

Restricción de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación

Aunque en enero de este año el gobierno de Zimbabue enmendó la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Intimidad (AIPPA) y la Ley de Orden Público y Seguridad (POSA) supuestamente para permitir un mayor disfrute de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, Amnistía Internacional documentó incidentes de innecesaria restricción de estos derechos contra defensores de los derechos humanos y partidos de la oposición.

El 23 de enero, a eso de las 4 de la madrugada, Morgan Tsvangirai, líder de una de las facciones del MDC, fue detenido en su domicilio por agentes de la tristemente célebre Brigada de Orden Público de la Policía de la República de Zimbabue. Estuvo detenido unas cuatro horas y después fue puesto en libertad, sin cargos. También se detuvo y puso en libertad a otros dos cargos del MDC. El 21 de enero, la policía anunció la prohibición de la marcha planeada, pese a que había sido aprobada en un principio. El MDC apeló contra la prohibición y el tribunal decidió que aunque los simpatizantes del MDC no podían marchar por Harare, podían celebrar un mítin en el Estadio Glamis, a las afueras de la ciudad. El Herald, diario oficial del gobierno, citando al portavoz de la policía, el subdirector general Wayne Bvudzijena, confirmaba la detención de 15 personas: el organizador y secretario del MDC, Elias Mudzuri, dos de sus guardaespaldas y otras doce personas. Mudzuri, sus guardaespaldas y tres personas que eran simplemente transeúntes, fueron puestos en libertad posteriormente.

Violencia y tortura

Amnistía Internacional ve con preocupación el uso persistente de fuerza excesiva por la policía de Zimbabue y su recurso a la tortura para suprimir la libertad de asociación y de reunión del colectivo de defensores de los derechos humanos y de los miembros del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). La Brigada de Orden Público de la Policía de la República de Zimbabue ha sido particularmente brutal en el trato que ha dispensado a los miembros del MDC y a los activistas de la sociedad civil que critican las políticas del gobierno. Amnistía Internacional ha recibido informes de tortura y malos tratos de activistas bajo custodia policial a manos de agentes de la Brigada de Orden Público.

El 19 de febrero, ocho miembros de la Unión de Profesores Progresistas de Zimbabue (PTUZ) fueron secuestrados en la calle Fourth de Harare por presuntos miembros del partido gobernante ZANU-PF: Takavafira Zhou (presidente de la PTUZ), Raymond Majongwe (secretario general de la PTUZ), Harrison Mudzuri, Landistoun Zunde, Oswald Mudziva, Bernard Shoko, Linda Simande y Charles Mubwandarika estaban distribuyendo folletos sobre la situación de la educación estatal en Zimbabue.

Las ocho personas secuestradas fueron conducidas a la sede provincial del partido ZANU-PF en la calle Fourth, donde dicen que fueron torturadas por sus secuestradores. A continuación, la policía las llevó a la comisaría central de policía de Harare donde volvieron a ser torturadas, esta vez por policías. Los ocho activistas fueron ingresados posteriormente en la Clínica Avenues, y fueron puestos bajo guardia policial. No se detuvo al parecer a ninguno de los responsables.

El 22 de noviembre del 2007, en una redada perpetrada por individuos no identificados en la zona comercial del centro de Harare, por lo menos 22 miembros de la organización no gubernamental Asamblea Constitucional Nacional (NCA) fueron aprehendidos y metidos a empellones en dos minibuses. Según las informaciones, los llevaron a la sede provincial del ZANU-PF en Harare, donde los golpearon en las plantas de los pies con palos y barras de hierro. Posteriormente les ordenaron que fregaran con las manos el piso de la habitación y un inodoro. Los secuestradores presuntamente llamaron a la policía y las víctimas fueron conducidas a la comisaría central de Harare, donde la policía las acusó de “obstrucción” y les hizo pagar multas. Ninguno de los secuestradores fue detenido. Diez de las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas.

El 25 de julio del 2007, unos 200 activistas de la NCA fueron detenidos por la policía en Harare después de participar en una marcha pacífica. Los activistas fueron conducidos a la comisaría central de Harare, donde muchos de ellos fueron agredidos durante unas seis horas por policías e individuos no identificados vestidos de civil. Seguidamente los pusieron en libertad, sin cargos. Por lo menos 32 de estos activistas tuvieron que ser hospitalizados: 14 de ellos con fracturas de brazos o piernas. Entre los lesionados había un bebé de 19 meses, que había sido agredido por la policía con una porra.

Amnistía Internacional pide por tanto a la Comisión Africana que pida cuentas al gobierno de Zimbabue, de conformidad con la Carta Africana, exigiéndole que:

• cumpla las obligaciones que ha contraído voluntariamente en virtud de la Carta Africana y asegure el respeto de los derechos humanos que se garantizan en ella, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y el derecho a no sufrir tortura ni trato o pena cruel, inhumano o degradante;

• ponga fin al hostigamiento, intimidación y otras violaciones de los derechos humanos que se perpetran contra el colectivo de defensores de los derechos humanos y contra los líderes y miembros de los partidos políticos de oposición;

• ponga fin al legado y a la cultura de impunidad por violaciones de los derechos humanos;

• implemente plenamente el informe y las resoluciones de la Comisión Africana que recomiendan el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos de Zimbabue.

Sudán

Persisten los abusos y violaciones de los derechos humanos así como las violaciones del derecho internacional humanitario que cometen todas las partes en el conflicto de Darfur. El gobierno de Sudán y los grupos armados de oposición han hecho caso omiso del embargo de armas impuesto por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 2004 y el 2005. El gobierno de Chad también ha violado el embargo, proporcionando armas al Movimiento Justicia e Igualdad y a otros grupos armados de Darfur. Otros gobiernos, entre ellos Rusia y China, continúan exportando armas a Sudán. Como consecuencia de ello, Darfur está rebosante de armas.

Hoy hay más de 30 grupos armados, que luchan no sólo contra el gobierno sino entre ellos. Hay luchas entre distintos grupos étnicos, entre un mismo grupo étnico, entre clanes. La proliferación de armas es una causa importante de las violaciones de los derechos humanos en Darfur. Como dijo un abogado árabe a Amnistía Internacional: “Se puede obtener cualquier arma que se desee en cualquier parte. Por lo tanto, cada incidente se convierte en un desastre.”

Durante el 2007, centenares de civiles perecieron a consecuencia del conflicto armado entre grupos árabes, en su mayoría integrados en los grupos paramilitares del gobierno, con uniformes, vehículos y armamento incluido armamento pesado, proporcionados por el gobierno de Sudán. Además, en un ataque que puso en peligro la vida de civiles protegidos por la misión de mantenimiento de la paz, 12 miembros de la AMIS perecieron en septiembre del 2007 en un ataque contra su base en Haskanita, aparentemente perpetrado por un grupo armado que trataba de obtener armas.

Mientras tanto, los recientes acontecimientos en Darfur Occidental muestran que el gobierno sigue estando dispuesto a recrear las escenas de devastación de los últimos cinco años. En enero y febrero de este año, para retomar el control de las zonas de Sirba y Jebel Moon de manos del Movimiento Justicia e Igualdad, las Fuerzas Armadas de Sudán violaron la prohibición de las ofensivas militares aéreas sobre la región de Darfur prohibición establecida por el Consejo de Seguridad mediante la Resolución 1591 del 2005, bombardeando las zonas, a menudo con aviones Antonov pintados de blanco (el color de la ONU). Como en el pasado, las Fuerzas Armadas de Sudán y los grupos paramilitares y milicias árabes bien armados, persiguieron en sus ataques a la población civil. De nuevo se incendiaron hogares, de nuevo se saquearon ciudades, y más de 100 civiles fueron asesinados. Y, por lo menos en Sirba, los investigadores de la UNAMID recibieron denuncias de violación sexual.

La cooperación de la Unión Africana con las Naciones Unidas para proteger a la población de Darfur ha sido muy bien acogida, pero el gobierno de Sudán ha intentado obstruir el despliegue de la UNAMID, poniendo así en peligro la protección de civiles en Darfur. El gobierno se ha negado a aceptar la lista de países contribuidores de tropas, ha retrasado la asignación de tierras para las bases, ha obstruido en las aduanas el paso de artículos de vital importancia, y continúa prohibiendo los vuelos nocturnos. Mientras tanto, la comunidad internacional, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad que votaron en favor de la Resolución 1769, no han proporcionado a tiempo el personal de la UNAMID y no han asegurado que dispone de los medios de transporte tan vitales que necesita, como helicópteros.

Amnistía Internacional insta a la Comisión Africana a que:

• condene públicamente las persistentes violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Darfur, y pida al gobierno de Sudán que proteja a la población civil de la región;

• haga un llamamiento a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y la Unión Africana, pidiéndoles que financien plenamente a la UNAMID para que ésta pueda implementar eficazmente su mandato, incluida la protección de la población civil de Darfur;

• haga un llamamiento al gobierno de Sudán pidiéndole que coopere plenamente con la Corte Penal Internacional a fin de llevar ante la justicia a los presuntos perpetradores de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos contra la población de Darfur y procesarlos en la Corte. Este llamamiento es de vital importancia para mostrar que la Comisión Africana rechaza la impunidad que disfrutan las personas inculpadas de 50 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Documento Público

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