Público

Amnistía Internacional

ANGOLA

Los derechos humanos,

la puerta para la paz

Febrero de 1999 RESUMEN ÍNDICE AI: AFR 12/01/99/s

DISTR: SC/CO/GR (07/99)

Una vez más, el proceso de paz de Angola se desmorona. Una vez más, a medida que los empleados de los organismos de ayuda humanitaria y los encargados de mantener la paz van retirándose de las zonas en guerra, vuelve a recaer en civiles indefensos la peor parte del sufrimiento. El largo conflicto ha alimentado el menosprecio del derecho a la vida y de otros derechos humanos. Tristemente, la búsqueda de la paz ha hecho que en ocasiones se olvide la importancia de respetar los derechos humanos. Y la paz es inalcanzable sin el respeto a los derechos humanos.

Este informe, que se publica mientras las Naciones Unidas estudian el papel que van a desempeñar en Angola en el futuro, se ofrece para fomentar el debate sobre los derechos humanos en Angola y la mejor forma de protegerlos. Expone los abusos contra los derechos humanos cometidos en 1998, y llega a la conclusión de que actuar con resolución para proteger los derechos humanos no es sólo un imperativo moral, sino también una base esencial para una paz duradera. También contiene algunas recomendaciones que, de cumplirse, darían cierta protección a la población civil mientras se hacen nuevos intentos de poner fin a la guerra. La adopción de medidas es de interés no sólo para Angola, sino también para el conjunto de la región, ya que la guerra en este país está vinculada a los conflictos de los Estados vecinos.

Durante 1998, el proceso de paz en Angola se desmoronó y, en diciembre, los combates se extendieron con violencia por la región montañosa central así como por otras zonas del país. La Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA), había incumplido los requisitos del Protocolo de Lusaka (1994), según el cual la UNITA debía desmilitarizar a sus tropas y permitir que el gobierno extendiese su autoridad al territorio que UNITA controlaba. En los combates perdieron la vida cientos de personas, entre ellas civiles que murieron a consecuencia de bombardeos indiscriminados. Al parecer también se cometieron homicidios deliberados y arbitrarios y, sólo en diciembre, más de doscientas mil personas se convirtieron en desplazadas.

Aunque en 1998 se procuró aumentar la protección de los derechos humanos, los esfuerzos para crear un Estado de derecho se vieron debilitados por la ausencia de voluntad política para enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. En la capital, Luanda, y en otras ciudades, las personas que criticaron al gobierno recibieron amenazas de muerte, varios presuntos delincuentes fueron objeto de malos tratos y algunos fueron ejecutados extrajudicialmente. En las zonas en conflicto, las fuerzas gubernamentales practicaron detenciones y algunos de los detenidos posteriormente «desaparecieron»; otros fueron ejecutados extrajudicialmente. Las fuerzas de la UNITA cometieron abusos masivos contra los derechos humanos, como el homicidio de funcionarios del gobierno, líderes tradicionales y otras personas sospechosas de apoyar al gobierno. En Cabinda, enclave angoleño separado del resto de Angola por una franja de territorio perteneciente a la República Democrática del Congo, las fuerzas gubernamentales violaron los derechos humanos y los grupos armados separatistas cometieron abusos.

Amnistía Internacional cree firmemente que la vigilancia y protección continuas de los derechos humanos en Angola es un aspecto crucial para lograr una paz duradera. La oficina de derechos humanos adjunta a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola ha contribuido de forma importante tanto a la protección como a la promoción de los derechos humanos en el país. Amnistía Internacional pide que esta labor continúe en las zonas no afectadas directamente por el conflicto.

La organización ha pedido también al gobierno angoleño que dé prioridad a poner fin a las violaciones de derechos humanos que cometen sus funcionarios y que garantice que la policía y los soldados respetan plenamente las leyes y normas nacionales e internacionales de derechos humanos, incluido el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU. Amnistía Internacional ha instado asimismo a las autoridades a que enjuicien a las personas sospechosas de haber violado los derechos humanos.

Amnistía Internacional sigue pidiendo a la UNITA y a los separatistas armados de Cabinda que den cumplimiento, como están obligados a hacer, al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que dispone que se proteja la vida y la integridad física de los civiles indefensos y de los combatientes que hayan depuesto las armas.

Este texto resume un documento titulado Angola: Los derechos humanos, la puerta para la paz (Índice AI: AFR 12/01/99/s), publicado por Amnistía Internacional en febrero de 1999. Para más información, o para emprender acciones al respecto, deberá consultarse el documento en su integridad.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Público

Amnistía Internacional

ANGOLA

Los derechos humanos,

la puerta para la paz

ANGOLA

Los derechos humanos, la puerta para la paz

La guerra volvió a Angola en diciembre de 1998 en toda su magnitud, llevando nuevos sufrimientos a un pueblo que ya ha padecido más de treinta y cinco años de conflicto, conflicto que ya ha atravesado las fases de la lucha anticolonial y de la política de la guerra fría, y que actualmente está cada vez más vinculado a la guerra que asola al África central. Gran parte de las riquezas de petróleo y diamantes de Angola se han invertido en material de guerra y su potencial agrario languidece, en detrimento de los derechos de sus habitantes a la alimentación, a la salud y a la educación. Otra víctima del pasado es la disminución progresiva del respeto a los derechos civiles y políticos por quienes tienen la obligación de mantenerlo.

Mientra se redacta este informe, las Naciones Unidas estudian el futuro de la Misión de Observadores de las Naciones en Angola (Missão de Observação das Nações Unidas em Angola, MONUA) y si renuevan o no el mandato de la operación, que expira el 26 de febrero de 1999. En enero de 1999, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió que se mantuviera una presencia multidisciplinaria de la ONU dependiente de un Representante Especial del Secretario General, que incluyera un componente de derechos humanos. Angola, como Estado parte de varios tratados internacionales y regionales de derechos humanos, se ha comprometido a respetar los derechos humanos. Por tanto, el gobierno debe acoger como positiva la oportunidad de seguir cooperando con los funcionarios de derechos humanos de la ONU.

Durante 1998, el proceso de paz en Angola se desmoronó. La Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA), había incumplido los requisitos del Protocolo de Lusaka (1994) de permitir que el gobierno extendiese su autoridad al territorio controlado por la UNITA y de desmilitarizar y desarmar a sus tropas, cuyo número se calcula entre 20.000 y 30.000 hombres. El gobierno, por su parte, tampoco había desarmado a los civiles a los que había entregado armas en periodos anteriores del conflicto, y las milicias, prohibidas en virtud del acuerdo de paz, aumentaron en número. A partir de marzo de 1998, la seguridad comenzó a deteriorarse. Los combates entre tropas gubernamentales y la UNITA se incrementaron, especialmente en el norte y el este y en la región montañosa central, y hubo ataques armados contra pueblos y emboscadas en muchas partes del país. En diciembre, la aviación gubernamental atacó los bastiones de la UNITA de Andulo y Bailundo, en la región montañosa central, y la UNITA atacó las ciudades de Kuito, Huambo y Malange. Como consecuencia de los combates de diciembre de 1998 y enero de 1999, cientos de personas perdieron la vida y más de doscientas mil se convirtieron en desplazadas.

Desde mediados de 1998 parecía que se estaba estudiando la posibilidad de lanzar una ofensiva militar contra la UNITA. En agosto, miles de soldados angoleños entraron a formar parte del conflicto de la República Democrática del Congo en apoyo del presidente Kabila.¹Uno de los aspectos principales de la estrategia gubernamental era impedir que la UNITA y las facciones del Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC) utilizaran la República Democrática del Congo como base de retaguardia. A principios de septiembre, se suspendió de sus funciones a los representantes de la UNITA en el gobierno de la Unidad Nacional y en la Asamblea Nacional. La mayoría fueron repuestos en sus cargos después de que algunos de ellos fundaran una escisión llamada UNITA Renovada y otros, aunque se negaron a unirse a la UNITA Renovada, se declararon a favor de la paz. El gobierno angoleño reconoció a la UNITA Renovada como su asociado en el acuerdo de paz y trató de impedir que Issa Diallo, Representante Especial del Secretario General de la ONU en Angola,²se reuniera con el líder de la UNITA Jonas Savimbi.

La atención internacional sobre Angola se centra en los problemas asociados con el cumplimiento del acuerdo de paz entre el gobierno y la UNITA. Sin embargo, en Cabinda, un enclave separado del resto de Angola por una franja de territorio perteneciente a la República Democrática del Congo, el gobierno se enfrenta a otros grupos armados de carácter secesionista. Ambos conflictos han generado abusos graves contra los derechos humanos.

La División de Derechos humanos de la MONUA desempeña una función esencial en la promoción y vigilancia de los derechos humanos. La MONUA incluye también una fuerza policial civil de la ONU, cuyas principales tareas eran supervisar las actividades de la policía angoleña a fin de promover la neutralidad y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Los informes de la ONU sobre las actividades de la MONUA en 1998 han indicado también que el deterioro de la situación de la seguridad ha ido acompañado de un aumento de las denuncias de abusos contra los derechos humanos, especialmente a manos de la UNITA, pero también por fuerzas de seguridad gubernamentales.³

El conflicto de Angola ha debilitado los esfuerzos por construir una sociedad basada en el Estado de derecho, pero el sufrimiento adicional que ha causado la ausencia de voluntad política para poner fin a los abusos ha contribuido, a su vez, a alimentar la desconfianza que ha exacerbado el conflicto. Con independencia de lo que se decida sobre el futuro de la operación de la ONU en Angola, es vital que continúe la vigilancia de los derechos humanos. Las dos partes del conflicto deben respetar su obligación, contraída en virtud de las leyes humanitarias internacionales, de proteger los derechos humanos en época de conflicto. También es importante que como parte de los esfuerzos para obtener la paz en Angola, la comunidad internacional garantice que la protección de los derechos humanos es un elemento clave de cualquier solución al conflicto. La paz es inalcanzable sin el respeto a los derechos humanos.

Este informe se centra en los abusos contra los derechos humanos cometidos en 1998 y principios de 1999, que siguen la pauta de los cometidos en años anteriores.

Aplicación de las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias

Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales que se exponen en el presente informe conculcan tratados internacionales a los que se ha adherido Angola. La UNITA y las facciones del FLEC también han conculcado principios fundamentales del derecho humanitario.

Como mínimo, son aplicables al conflicto de Angola las disposiciones contenidas en el artículo 3 de los Convenios de Ginebra. El artículo 3, que es común a los cuatro Convenios de Ginebra, establece la protección de las personas que no toman parte activa en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas, y exige que estas personas reciban un trato humano. Además, el referido artículo prohíbe ciertos actos contra estas personas, incluida la violencia contra las vidas y las personas, la tortura, la toma de rehenes y los tratos humillantes y degradantes. Los actos cometidos por cualquiera de las partes de un conflicto interno que conculquen el artículo 3 pueden ser considerados infracciones graves de los Convenios de Ginebra.

Todos los implicados en el conflicto armado de Angola —los miembros de las fuerzas de seguridad angoleñas y de grupos armados como la UNITA y el FLEC— que cometen abusos contra los derechos humanos pueden ser enjuiciados por sus actos, que podrían constituir tanto delitos en aplicación de las leyes nacionales angoleñas como violaciones del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Al incluir en los estatutos de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda los actos que violan el artículo 3 común, la comunidad internacional ha declarado que las personas que cometan tales actos podrían ser consideradas responsables penales de los mismos en aplicación del derecho internacional.

Además, el gobierno angoleño debe respetar las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en su conducta con la población civil. Aunque el gobierno tiene potestad para suspender los derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ciertos derechos, incluidos los que prohíben los homicidios arbitrarios y la tortura, no pueden suspenderse ni siquiera en caso de guerra. La Carta Africana no permite la suspensión de ninguno de los derechos que garantiza. Además, el gobierno angoleño tiene la obligación de cumplir otras normas de derechos humanos, como la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias.

Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad gubernamentales

El gobierno ha adoptado algunas medidas para aumentar la protección de los derechos humanos. Las comisarías de policía cuentan con la presencia de fiscales para garantizar el respeto de los derechos de los detenidos. Paralelamente, el Colegio de Abogados ha comenzado hace poco a poner abogados en algunas comisarías para asesorar a los detenidos sobre su derecho a la defensa. Sin embargo, no parece que haya una auténtica voluntad política para poner fin a las violaciones de derechos humanos. Los esfuerzos por crear un Estado de derecho se ven debilitados por la corrupción generalizada que enriquece a los altos cargos mientras los funcionarios del Estado, policías y soldados deben esperar meses para que les abonen sus exiguos salarios. El sistema de justicia penal no protege a los ciudadanos contra las violaciones del derecho a la vida, a no ser sometidos a tortura y a un juicio inmediato e imparcial, ni del derecho a la libertad de expresión y de asociación. Los activistas políticos, sindicalistas y periodistas ven su integridad física amenazada, los presuntos delincuentes corren el riesgo de ser sometidos a malos tratos y a ejecución extrajudicial, al igual que los presuntos opositores políticos en las zonas rurales. Los autores de violaciones de los derechos humanos persisten en sus actividades, sabiendo que no es probable que sean enjuiciados nunca.

Los derechos a la libertad de expresión y de asociación

Los ataques contra los derechos a la libertad de expresión y de asociación socavan la defensa de todos los demás derechos. También retrasan la paz y la reconciliación al obstaculizar la difusión de información y la expresión de diferentes puntos de vista sobre lo que ocurre en el país.

Durante el proceso de paz, los angoleños han ido reivindicando de forma creciente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. Sin embargo, en la práctica, estos derechos siguen estando restringidos. En noviembre de 1998, el sindicato de periodistas acusó al gobierno de desear convertir a los reporteros en meros propagandistas. Los periodistas, los sindicalistas y los representantes de partidos políticos ejercen la autocensura pues, si deciden hablar, los amenazan, de forma velada o concreta, con daños físicos o incluso con la muerte.

Los periodistas reciben con frecuencia llamadas telefónicas o cartas anónimas. Varios periodistas han perdido la vida en circunstancias extrañas, dos de ellos en 1998. La investigación de estos casos ha sido lenta e infructuosa. Por ejemplo, los autores de la muerte de los periodistas Ricardo Melo, asesinado en Luanda en enero de 1995, y de António Casimiro, asesinado en Cabinda en octubre de 1996, no han sido detenidos aún y pocos esfuerzos se han hecho para que comparezcan ante la justicia. En 1998, los periodistas manifestaron en reiteradas ocasiones su preocupación ante los intentos de limitar su libertad de expresión. En noviembre, el Sindicato de Periodistas Angoleños declaró: «... la sociedad angoleña está bajo el yugo de lo que podríamos llamar una “conspiración de silencio”».

En enero de 1999, José Manuel Alberto y José Carlos Sande, dos trabajadores de Radio Moreno, emisora de radio privada de Benguela, sufrieron una breve detención. Según informes, los interrogaron sobre la emisión de una entrevista que había concedido el secretario general de UNITA a una emisora de radio de Lisboa, Portugal, en la que acusaba al gobierno de haber derribado dos aviones de la ONU, uno en Huambo, en diciembre de 1998 y otro en enero de 1999. Al parecer, el juez que ordenó su libertad afirmó que la entrevista contenía observaciones «sumamente ofensivas» sobre los mandos del ejército angoleño.

Los sindicalistas también sufren hostigamiento. Miguel Filho, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores (Sindicato Nacional de Professores, SINPROF), ha recibido frecuentes amenazas de muerte, amenazas que también ha recibido su familia. La más reciente se produjo en mayo de 1998, cuando denunció a la policía las amenazas anteriores.

Los representantes de la iglesia han sido asimismo detenidos o amenazados por ejercitar su libertad de expresión. Afonso Justino Waco, sacerdote protestante, fue detenido en la ciudad de Cabinda en agosto de 1998, después de conceder una entrevista por radio, y acusado de difamar al gobierno. Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia. Waco, defensor no violento de la independencia de Cabinda, había denunciado a la emisora de radio La Voz de América movimientos de tropas angoleñas hacia la frontera de Cabinda con la República Democrática del Congo. Waco fue puesto en libertad cinco días después, al día siguiente de que el gobierno confirmase por primera vez que había enviado tropas a la República Democrática del Congo. También en Cabinda, un sacerdote católico pronunció un sermón en septiembre de 1998 en el que expresó su preocupación por el hecho de que algunos ex miembros del FLEC hubieran denunciado a las autoridades a presuntos simpatizantes del FLEC. Amnistía Internacional recibió copia de una carta dirigida por el delegado provincial del Ministerio del Interior al obispo de Cabinda, en la que afirmaba que la actitud del sacerdote fomentaba la desobediencia civil; el delegado provincial declinaba toda responsabilidad de lo que pudiera ocurrir si el sacerdote no cambiaba de conducta.

A medida que la tensión aumentaba en 1998, los miembros de la UNITA y las personas relacionadas con ellos fueron de forma creciente objeto de amenazas y hostigamiento. Al parecer, no ha habido ninguna investigación oficial sobre las denuncias de los miembros de la UNITA que no se incorporaron a la UNITA Renovada, que afirmaron haber recibido amenazas de daños físicos. Según informes, uno de ellos, el diputado de la Asamblea Nacional de la UNITA Abel Chivukuvuku, fue objeto de un atentado en el que su automóvil recibió varios disparos cuando salía de su casa el 2 de octubre de 1998. Otros dos diputados de la UNITA fueron detenidos en relación con el atentado, aunque quedaron en libertad poco después.

En enero de 1999 fueron detenidos cinco diputados de la UNITA que se habían negado a unirse a la UNITA Renovada. Daniel Domingos y Carlos Alberto Kalitas fueron detenidos el 9 de enero. Los otros tres, Carlos Tiago Candanda, Manuel Savihemba y João Vicente Vihemba, fueron detenidos el 13 de enero. Según un anuncio oficial, los cinco habían sido sorprendidos in flagrante delicto contra la seguridad del Estado y estaban encarcelados por orden del Tribunal Supremo. Al parecer, tres de los detenidos estaban enfermos, y a uno de ellos, Manuel Savihemba, se le estaba administrando suero en su domicilio en el momento de la detención. Según informes, los detenidos no tuvieron acceso inmediato a un abogado ni a sus familiares. También en enero, Horácio Junjuvili, que había sido representante adjunto de la UNITA en la Comisión Conjunta creada para implementar el proceso de paz, fue presuntamente sometido a arresto domiciliario en su hotel. Amnistía Internacional pidió que los detenidos tuvieran acceso inmediato a un médico y a sus familiares. También solicitó que se les proporcionaran todas las facilidades necesarias para defenderse, incluida la asistencia de un abogado de su elección, y que fueran sometidos a juicio con prontitud e imparcialidad.

Al no investigar exhaustivamente las amenazas y otros intentos de limitar o denegar los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión y de asociación, las autoridades han menoscabado dichos derechos.

La conducta de la policía

La policía abusa de su poder de forma habitual. Los rangos inferiores reciben un sueldo precario y a menudo exigen sobornos o intentan obtener bienes por la fuerza. Son numerosas las denuncias de palizas, lesiones e incluso homicidios cometidos por policías contra quienes trataban de resistirse. Los informes sobre violaciones de derechos humanos casi nunca se investigan y la policía rara vez ha de rendir cuentas de sus actos.

Violaciones contra presuntos delincuentes

Muchas víctimas de los homicidios atribuidos a agentes de policía son presuntos delincuentes o personas que se han limitado a desobedecer órdenes de la policía. Según informes, António Mavungo, trabajador de una empresa de servicios de comidas, falleció después de que un policía lo golpeara en la cabeza en Cacongo, Cabinda, en marzo de 1998, tras una disputa sobre un recipiente de agua. Al parecer, cuando António Mavungo se detuvo para recoger el envase, el policía lo golpeó en la nuca con la culata de su arma. El agente y un compañero suyo huyeron después en un automóvil robado. El comandante de la policía de Cacongo ordenó inmediatamente la detención de los dos agentes, pero, que se sepa, no se ha detenido ni acusado a nadie en relación con el asesinato.

Tampoco parece que se hayan investigado los homicidios de al menos seis hombres jóvenes, presuntamente cometidos por policías vestidos de civil en las redadas realizadas tras el asesinato a tiros de un agente de policía en Sambizanga, suburbio de Luanda, el 8 de abril de 1998. Las víctimas murieron en incidentes distintos en varios lugares del suburbio la mañana del 9 de abril. Los vecinos que presenciaron los incidentes declararon posteriormente que creían que los autores eran agentes de policía. Algunos afirmaron que les habían oído decir que querían vengar el asesinato de su compañero. Una de las personas asesinadas fue Moisés Daniel, a quien detuvieron en su dormitorio y después se llevaron. La familia encontró más tarde su cuerpo, cosido a balazos, en otra calle. Al parecer, la policía declaró que las víctimas habían muerto por disparos efectuados al resistirse a la detención. Según informes, no ha habido ninguna investigación oficial sobre estas muertes.

Al parecer, al menos tres hombres jóvenes murieron en una operación policial realizada en Cazenga, otro suburbio de Luanda, el 22 de julio de 1998. Familiares de dos de las víctimas declararon a los periodistas que habían presenciado las muertes. La familia de la tercera víctima, Clementino Cardoso, afirmó que después de que la policía lo detuviera y se lo llevara, oyeron disparos y un grito: «¡Oh, madre, soy inocente!». Corrieron en su ayuda y encontraron su cadáver. Según informes, no ha habido ningún intento de enjuiciar a los responsables de los homicidios.

Muertes bajo custodia policial

Se han recibido docenas de denuncias sobre muertes u homicidios de personas bajo custodia policial, pese a lo cual estos fallecimientos casi nunca se investigan.

En una ocasión, tras hacerse público que diez miembros de la UNITA habían muerto bajo custodia el 11 de noviembre de 1997, sí se abrió una investigación. Ese mismo día, 23 militares y civiles de la UNITA habían sido detenidos en Kangandala y llevados a Malange, capital de la provincia, donde los recluyeron en una celda abarrotada de gente. Los detenidos fueron acusados de atacar a funcionarios del gobierno, uno de los cuales había recibido una brutal paliza. La investigación sobre las muertes, dirigida por un inspector general del Ministerio del Interior, se realizó a principios de diciembre de 1997. No fue independiente y tanto en este aspecto como en otros no cumplió las normas mínimas internacionales para dichas investigaciones. Según el informe de la investigación, los diez hombres fallecieron como consecuencia de una pelea que había estallado en la celda. El informe no facilitaba detalles esenciales sobre las condiciones de la celda, ni de las circunstancias de las muertes, ni siquiera de las lesiones sufridas o de las causas de la muerte. No se realizó ninguna autopsia. El informe tampoco formulaba recomendación alguna sobre la adopción de medidas penales o disciplinarias contra ningún policía ni funcionario de la administración implicado en el incidente ni medida alguna para prevenir que se repitieran en el futuro este tipo de fallecimientos.

Boaventura [se desconoce el nombre completo] fue uno de los 40 funcionarios y simpatizantes de la UNITA detenidos a mediados de 1998 que permanecieron recluidos sin cargos ni juicio en la comisaría de policía del distrito de Saurimo hasta septiembre. Boaventura murió el 5 de septiembre, de hambre o de malaria. Los que estaban recluidos con él fueron puestos en libertad el 8 de septiembre, algunos en un estado de salud muy precario. El oficial responsable de la comisaría declaró que no tenía presupuesto para comprar comida para los presos.

A finales de noviembre de 1998, cuatro jóvenes, al menos uno de los cuales era presuntamente menor de edad, murieron en un puesto de la policía de Ilha do Cabo, una lengua de tierra que rodea el puerto de Luanda. Sus cadáveres fueron trasladados al depósito y, al parecer, se certificó que habían fallecido por asfixia. Tres de los jóvenes fueron enterrados antes de que fueran alertadas las organizaciones no gubernamentales. Según los informes, los cuatro habían permanecido recluidos en una celda calurosa, abarrotada de personas y llena de desperdicios humanos. A instancia de las ONG, se realizó una autopsia al cadáver que no había sido enterrado. Al parecer, se certificó que la víctima tenía una fractura craneal, varias costillas y un brazo rotos y señales en la espalda y en las piernas que indicaban que había sufrido una brutal paliza. La policía declaró que el caso estaba siendo investigado por el departamento de investigación criminal. También se recibieron informes de que la policía había interrogado a miembros de las ONG que trabajaban en el caso, aparentemente con la intención de disuadirlos de criticar a la policía.

Otras violaciones de derechos humanos cometidas por policías y soldados

Tanto el ejército como las fuerzas policiales que actúan junto con éste en las zonas en conflicto, han cometido abusos durante el reclutamiento o conscripción forzosos de jóvenes para el servicio militar o paramilitar. Estas operaciones de reclutamiento, que se llevaron a cabo en Luanda y en varias provincias, infringían la ley sobre el servicio militar. Quienes ofrecían resistencia corrían el riesgo de que los mataran a tiros. Al parecer, algunos de los reclutas eran menores de 20 años, que es la edad que establece la ley para realizar el servicio militar. En noviembre de 1998, el parlamento aprobó una ley sobre el enrolamiento en el ejército de varones jóvenes próximos a cumplir la edad militar. Sin embargo, parece que las autoridades no han adoptado ninguna medida para poner fin al reclutamiento ilegal ni para enjuiciar a los responsables.

Los jóvenes reclutados por la fuerza son llevados a diferentes partes del país y algunos pierden el contacto con sus familias. Un hombre declaró a unos periodistas en Luanda, en julio de 1998, que había perdido el rastro de su hijo, reclutado dos semanas antes. Según informes, en julio, en un campamento de instrucción de la provincia de Bié, varios reclutas fueron golpeados y se les dijo que dispararían contra ellos si trataban de huir. Al parecer, ese mismo mes fueron reclutados algunos estudiantes, algunos de ellos de tan sólo 14 años, junto a su escuela en Caxito, provincia de Bengo. Según informes, a algunos los dejaron marchar después de pagar un soborno.

Tanto los soldados como la policía abusan de su poder para obtener dinero y bienes de las personas a las que tienen la obligación de respetar y proteger. Lo hacen con frecuencia y de forma abierta, sabiendo que no es probable que tengan que rendir cuentas de sus actos. En algunas zonas, la policía y los soldados extorsionan a hombres jóvenes a los que amenazan con reclutarlos por la fuerza para que les entreguen dinero o bienes. Se han recibido informes según los cuales los soldados arrojan granadas de mano en mercados muy concurridos para dispersar a los vendedores ambulantes y quedarse con la mercancía. En octubre de 1998, la policía detuvo a dos soldados que detonaron una granada de mano en un mercado de Sao Pedro, suburbio de Huambo, causando la muerte de una mujer y heridas a otras cuatro.

En noviembre de 1998, dos agentes de policía violaron presuntamente a una niña de 12 años en el distrito de Quibala, provincia de Kwanza Sur. Según las fuentes, cuando la niña se negó a acceder a sus deseos sexuales, los policías la obligaron, a punta de cuchillo, a tumbarse sobre un saco en el suelo y la violaron. Al parecer, el incidente se produjo a plena luz del día y en presencia de otros niños.

Abusos contra los derechos humanos en las zonas disputadas

Entre marzo y diciembre de 1998, los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y la UNITA se intensificaron en todo el país, especialmente en el norte, el noreste y la región montañosa central. Fueron frecuentes los ataques contra vehículos y pueblos. Cientos de civiles perdieron la vida y miles más se convirtieron en desplazados. En general resultó difícil identificar a los autores. Por ejemplo, un ataque cerca de la mina de diamantes de Bula en julio de 1998 se saldó con unos cien muertos; el gobierno culpó del mismo a la UNITA, pero ésta negó su responsabilidad y no se hizo ninguna investigación exhaustiva. Los convoyes de ayuda humanitaria sufrieron emboscadas y varios trabajadores internacionales y locales de la ONU y de organizaciones internacionales de ayuda resultaron muertos o heridos. En la mayor parte de los casos no se pudo identificar a los autores, aunque algunos de estos ataques se atribuyeron a la UNITA. En una ocasión, después de que un convoy fuera atacado por unos cuarenta hombres vestidos con uniformes del ejército gubernamental en la provincia de Kwanza Norte, en noviembre de 1998, los agresores incendiaron tres camiones y mataron a una persona.

Violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas gubernamentales contra presuntos simpatizantes y miembros de la UNITA

Aunque la UNITA fue presuntamente autora de la mayoría de los ataques contra civiles en las zonas en conflicto, las fuerzas gubernamentales fueron también responsables de ataques contra civiles y comunidades donde el apoyo a la UNITA era fuerte. Todas las personas sospechosas de apoyar a la UNITA podían ser detenidas y hubo informes según los cuales decenas de personas «desaparecieron» bajo custodia o fueron ejecutadas extrajudicialmente. Entre las víctimas de estas violaciones figuraban funcionarios de la UNITA, presuntos simpatizantes de la organización y sus familiares, así como soldados de la UNITA desmovilizados, especialmente aquéllos que no podían exhibir documentos nacionales de identidad. Los responsables rara vez fueron enjuiciados.

Entre las personas que aparentemente «desaparecieron» figuraban nueve soldados desmovilizados de la UNITA, uno de los cuales era el ex coronel José Maria Kapinala. Al parecer, la policía los detuvo en Mumbué, provincia de Bié, a finales de diciembre de 1997 o principios de enero de 1998 y declaró que se los llevaban a Menongue, provincia de Kuando Kubango. Los funcionarios de la ONU, que trataron de averiguar posteriormente su paradero, no pudieron encontrar ni rastro de ellos. Otros dos simpatizantes de la UNITA, Luis Chiponde y Joaquim Chimbali, fueron detenidos en Kawewe en junio de 1998 y llevados a Chitembo, Kuando Kubango, donde al parecer «desaparecieron».

También se han recibido informes según los cuales la policía desplazó por la fuerza a algunas personas conminándolas a marcharse y quemando después sus pueblos, aunque no están claros los motivos. Al parecer, los pueblos de Luaquisse, Saifula y Tchiongo fueron arrasados los días 4 y 5 de junio de 1998 por policías procedentes de Mutumbo y Mumbué, en la provincia de Bié. Un informe de la UNITA mencionaba también ataques, ocurridos el 13 de junio, contra pueblos del margen derecho del río Chissolonga, también en la provincia de Bié, en los que los agresores violaron a mujeres e incendiaron casas.

Según informes, al menos cinco personas fueron ejecutadas extrajudicialmente durante una operación que realizó la policía militar en Kikolo, provincia de Luanda, en julio de 1998. Algunas de las víctimas fueron abatidas a tiros cuando caminaban hacia los vehículos en los que se llevaron después a otros hombres jóvenes. Algunos testigos sugirieron que se trató de una de las varias operaciones de reclutamiento no autorizadas que se dice llevaron a cabo las fuerzas gubernamentales durante el mes de julio. Otros afirmaron que las víctimas eran simpatizantes de la UNITA o presuntos delincuentes. Al parecer, no hubo ninguna investigación judicial sobre este incidente.

En agosto de 1998, el sacerdote protestante Manuel Milongo murió en lo que probablemente fue una ejecución extrajudicial, en el distrito de Quibala, provincia de Kwanza Sul. Varios sacerdotes protestantes habían huido de los pueblos de la zona al enterarse de que las autoridades locales sospechaban que eran simpatizantes de la UNITA. Manuel Milongo, que no había huido, murió al parecer unos días después a manos de un grupo de hombres que llevaban machetes y pistolas.

En septiembre y octubre de 1998 se produjo un recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos en Negage, provincia de Uige. Según informes, a finales de septiembre, Nicolau Tiua, técnico sanitario de 59 años que había trabajado para la UNITA, fue secuestrado en su casa de Negare por tres hombres que vestían uniformes del ejército y uno ropas civiles que afirmaron «ha llegado el momento de limpiar este lugar». Al parecer, unos días después, la policía detuvo en su casa de Negage a un civil que había trabajado para la UNITA, Monteiro Cambenge, a quien posteriormente mataron a tiros. Un comandante de la policía sugirió que podía haber sido un acto de venganza por la muerte de un policía. En esos días se recibieron otros informes sobre homicidios y detenciones de soldados desmovilizados de la UNITA en la provincia de Uige, así como sobre la imposición de restricciones de movimientos a funcionarios de la UNITA.

El 1 de febrero de 1999 un soldado de la MONUA de nacionalidad namibia murió a manos de un agente de policía en Huambo. Dos policías abordaron a dos soldados de la ONU y les pidieron dinero a punta de pistola. Uno de los soldados le arrebató la pistola al policía y la descargó disparando al aire. Mientras tanto, el segundo policía apuñaló al otro soldado de la ONU.

Violaciones de derechos humanos contra presuntos miembros del FLEC

En Cabinda, las fuerzas gubernamentales fueron también responsables de palizas, «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales en 1998. Entre el 22 y el 24 de agosto, tropas angoleñas atacaron varios pueblos del norte de Cabinda, al parecer porque pensaban que los habitantes apoyaban al FLEC. Según informes, en el curso de las operaciones, ataron a varias personas y las golpearon con las culatas de sus fusiles, mataron a otras e incendiaron casas. Al parecer, en el pueblo de Tseke M’Baza, ocho hombres jóvenes murieron cuando los encerraron en una casa y le prendieron fuego. Según los informes, en el pueblo de Londe Luconzi mataron a cinco hombres jóvenes, entre los que figuraban Jorge Cuba y un ciudadano de la República del Congo. Teófilo Ndendele, del pueblo de Maluango-N’zau, «desapareció» después de ser detenido. Los habitantes del pueblo huyeron. Al parecer, la mayoría tenía miedo de regresar, aunque algunas mujeres se aventuraron a hacerlo para recoger sus pertenencias y enterrar a los muertos. También en agosto de 1998, se informó de que soldados gubernamentales con base en la República Democrática del Congo habían entrado en la región central de Cabinda, donde allanaron casas, violaron a mujeres y detuvieron y mataron a hombres.

Pedro Zacarias Lelo y Vicente Armando fueron detenidos en septiembre de 1998 cuando viajaban en un vehículo en las proximidades de la ciudad de Cabinda, aparentemente como presuntos miembros de una facción del FLEC. Según los informes, los llevaron inicialmente a un centro de la policía militar. En noviembre, algunos testigos declararon que su vehículo estaba estacionado en un campamento militar y que un cadáver, con ropas similares a las que llevaba Pedro Zacarias Lelo, había sido visto en una zona próxima sembrada de minas terrestres. Al parecer, no se ha abierto ninguna investigación sobre la «desaparición» de los dos hombres.

Abusos contra los derechos humanos cometidos en la República Democrática del Congo y en la República del Congo

Según informes, las tropas angoleñas —tanto las que desde agosto de 1998 combaten en la República Democrática del Congo en apoyo del presidente Laurent Kabila como las que continuaban en la República del Congo después de ayudar al presidente Denis Sassou Nguesso a derrocar al ex presidente Pascoal Lissouba en octubre de 1997—, han cometido violaciones de derechos humanos.

En la República Democrática del Congo, se informó de que, en agosto de 1998, soldados angoleños entraron en un campo de refugiados de Kimbianga, cerca de la frontera con Cabinda, junto al río Chiluango, y mataron a algunos refugiados y obligaron a otros a huir para preservar su seguridad.

Muchos refugiados de Cabinda están congregados cerca de Pointe-Noire, en el sur de la República del Congo, y ha habido varios informes sobre violaciones de derechos humanos cometidos por soldados angoleños destacados en la ciudad. Una mujer de 23 años procedente de Cabinda, que desea mantener el anonimato, denunció que fue violada por soldados angoleños la noche del 29 de julio de 1998 en Makayabou, suburbio de Pointe-Noire. La mujer afirmó que un grupo de siete soldados la detuvieron y la registraron en busca de dinero, y que cuando su esposo se marchó a pedir ayuda, tres de los militares la golpearon varias veces y después la violaron. Cuando su esposo regresó más tarde con la policía congoleña, los soldados angoleños dispararon al aire y se marcharon. El policía a quien la mujer denunció los hechos al día siguiente se negó a tomarle siquiera declaración. Que se sepa, las autoridades congoleñas no han adoptado ninguna medida en relación con estos hechos.

Abusos contra los derechos humanos cometidos por la UNITA y el FLEC

Abusos cometidos por la UNITA

El 13 de marzo de 1998, trigésimo segundo aniversario de la fundación de la UNITA, su Comisión Política fijó varios objetivos para el movimiento, entre ellos el de buscar «... el equilibrio nacional sobre la base del respeto a derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y otros derechos que permitirán a los angoleños vivir en un sistema recíproco de tolerancia e igualdad de todos ante la ley...».

Durante 1998, se denunció que tropas de la UNITA habían secuestrado a cientos de civiles, niños entre ellos, violado a mujeres y cometido homicidios deliberados y arbitrarios. Los funcionarios de la administración y líderes tradicionales sospechosos de apoyar al gobierno fueron blanco especial de estos abusos. Entre los cientos de denuncias de abusos cometidos contra civiles, exponemos los siguientes a título de ejemplo:

Según informes, en marzo de 1998, la UNITA secuestró a 16 agentes de policía y mató a 14 de ellos cerca de Cuito Cuanavale, en la provincia de Kuando Kubango. Los dos supervivientes, Domingo Daniel y José Fellowman, declararon a los periodistas que sus compañeroshabían sido desarmados y después ejecutados. Al parecer, en junio de 1998, las fuerzas de la UNITA mataron a cuchilladas y golpes a seis líderes tradicionales en Kissanga, provincia de Malange. Según informes, entre junio y agosto, otros 15 líderes tradicionales fueron víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios cerca de Kuito, en la provincia de Bié. En Kimbilimba, provincia de Kwanza Sur, se denunció que varias personas habían muerto en agosto de 1998 después de ser encerradas en una casa a la que prendieron fuego.

En agosto de 1998, al menos sesenta personas, posiblemente muchas más, murieron en Luremo, provincia de Lunda Norte, en un ataque atribuido a la UNITA. Al parecer, algunas de las víctimas fueron asesinadas de forma deliberada y arbitraria cuando intentaban ocultarse o huir. El cadáver de un hombre tenía los brazos atados a la espalda por los codos y una mujer mostraba heridas de arma blanca y disparos. Algunos de los cuerpos habían sido quemados. Los atacantes ocuparon Luremo y los pueblos de alrededor el 31 de agosto y permanecieron allí hasta que las fuerzas gubernamentales recuperaron la zona el 15 de septiembre.

En octubre, en Catabola, provincia de Bié, unos soldados de la UNITA presuntamente asesinaron a dos líderes tradicionales que se habían negado a darles comida. Según informes, durante un ataque en Capela, provincia de Bié, a principios de noviembre de 1998, que se atribuyó a la UNITA, once personas de la localidad fueron secuestradas; los cuerpos de tres de ellas aparecieron después en el monte.

Durante los últimos años, las personas sospechosas de oponerse a la política o a los dirigentes de la UNITA han sido encarceladas y muchas han sido asesinadas de forma deliberada y arbitraria. Al parecer, la UNITA siguió sometiendo a presuntos disidentes a arresto domiciliario en condiciones muy duras. Entre los afectados había varias mujeres, algunas de las cuales habían sido amantes del líder de la UNITA Jonas Savimbi, y la esposa de éste, Ana Isabel, a quien Savimbi acusaba de infidelidad. Según informes, otro presunto disidente, Oliveira Epalanga Ngolo, fue secuestrado en 1986 en Costa de Marfil, donde estaba estudiando, y llevado a Jamba, antiguo cuartel general de la UNITA en el sudeste de Angola; posteriormente lo confinaron en un pueblo remoto. Al parecer, algunos de los detenidos «desaparecieron» bajo custodia, como João Baptista Sikato, profesor de Andulo, presuntamente detenido en 1996 y acusado de pertenecer a una célula de simpatizantes del gobierno.

Abusos cometidos por las facciones del FLEC

Una de las facciones del FLEC tomó rehenes. En abril de 1998 fueron secuestrados nueve peones camineros angoleños y dos portugueses. En junio, pusieron en libertad a los dos portugueses y a uno de los angoleños, pero no se ha esclarecido la suerte que corrieron los demás. Un trabajador forestal malaisio, Omar Bin Norola, secuestrado en febrero de 1997, fue liberado también en junio. En 1997 se supo que Marcelin Alime, ciudadano filipino secuestrado junto con Norola, había muerto bajo custodia por enfermedad. Al parecer, en junio de 1998, miembros de otra facción del FLEC mataron al maestro Mateus Gomes en su escuela y después decapitaron el cadáver, al parecer porque Mateus Gomes se había negado a dar instrucción a sus hijos.

Abusos contra los derechos humanos cometidos desde principios de diciembre de 1998 en el contexto de los combates

A principios de diciembre de 1998, las fuerzas gubernamentales atacaron los bastiones de la UNITA de Andulo y Bailundo, en la región central de Angola. El gobierno había acusado a la UNITA de iniciar una ofensiva denominada «Operación Negro», destinada a capturar Kuito y Huambo. El gobierno también culpó a la ONU de no haber desarmado a la UNITA.

En los combates que siguieron, en diciembre y principios de enero de 1999, y que alcanzaron su máxima intensidad en las provincias de Bié, Huambo y Malange, hubo informes de bombardeos indiscriminados; del desplazamiento, sólo en diciembre, de unos doscientos mil civiles,⁴y de la colocación de nuevas minas terrestres, que a veces parecían pensadas sólo para herir a los civiles. En las zonas controladas por el gobierno hubo informes de saqueos, en los que también participaron soldados gubernamentales y policías, a los que asimismo se acusó de robar y maltratar a civiles. Algunos desplazados denunciaron que las tropas de la UNITA mataron y torturaron a civiles e incendiaron casas. Se cree que ambas partes habían hecho prisioneros. Fue muy difícil obtener detalles de las denuncias de abusos contra los derechos humanos y, en muchos casos, resultaba imposible determinar la identidad de los responsables.

Según informes, a mediados de diciembre, durante los combates que se desarrollaron en Kunje, a unos diez kilómetros al norte de Kuito, unos cien civiles, en su mayoría desplazados que acampaban en una estación de ferrocarril abandonada, murieron en un ataque indiscriminado que las autoridades militares atribuyeron a la UNITA. Al parecer, el 16 de diciembre se celebró en las calles de Kuito un desfile de prisioneros en vehículos militares durante el cual los espectadores pidieron a los soldados que degollaran a los prisioneros. Estos desfiles constituyen un trato humillante y degradante en aplicación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Según informes, al finalizar el sitio, a principios de enero, habían perdido la vida 200 civiles en Kuito.

A principios de enero de 1999, entre treinta y cuarenta personas murieron en Malange cuando fuerzas de la UNITA bombardearon la ciudad a plena luz del día. Según los observadores, este bombardeo, realizado con morteros por unidades móviles situadas a menos de 21 kilómetros de distancia, parecía dirigido deliberadamente a los concurridos mercados de la ciudad, para obligar a los civiles a huir. Provocar la muerte y heridas a civiles indefensos mediante bombardeos indiscriminados constituye una infracción del artículo 3 de los Convenios de Ginebra.

Varios miembros de la iglesia católica fueron víctimas de abusos contra los derechos humanos. Según informes, en diciembre de 1998, fueron secuestrados dos sacerdotes y seis monjas después de que la UNITA tomara el control de Chinguar, provincia de Bié. Al parecer, el 4 de enero de 1998 fueron asesinados el sacerdote de 49 años Albino Saluhaco, y dos catequistas en Katchiungo, provincia de Huambo. Según los supervivientes, un grupo armado entró en la misión y secuestró a Albino Saluhaco y a los catequistas Agostinho Salambila y Sebastião Kalondongo. Al parecer, se llevaron a los tres hombres a un lugar próximo, los obligaron a sentarse en la carretera, los mataron a tiros y luego mutilaron los cadáveres. El ataque se produjo el mismo día en que el gobierno tomó el control de Katchiungo. Se desconoce tanto la identidad de los atacantes como los motivos de su actuación.

Tras el derribo de los dos aviones de la ONU cerca de Huambo el 26 de diciembre de 1998 y el 2 de enero de 1999, que se saldó con la muerte de 23 personas, la ONU retiró a sus empleados de las zonas en conflicto y el futuro de la MONUA en Angola se hizo cada vez más incierto.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Recomendaciones al gobierno

El presidente José Eduardo dos Santos, en el discurso que pronunció en mayo de 1998 con motivo del nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo, señaló que el respeto al Estado de derecho se había erosionado durante años de conflicto. Expresó el apoyo del gobierno a un sistema judicial moderno y eficiente en el que la sociedad pudiera confiar y que fuera un auténtico pilar del Estado de derecho. Afirmó también que no debía haber «islas» donde los ataques contra los derechos de los ciudadanos quedaran impunes. A finales de enero de 1998, el presidente dos Santos había decretado el estado de excepción, señalando que había evitado la declaración de un «estado de emergencia», que podría poner en peligro derechos civiles fundamentales.

Angola es parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Convenios de Ginebra. Amnistía Internacional pide a las autoridades angoleñas que den prioridad a poner fin a las violaciones de derechos humanos que cometen sus funcionarios.

Al reforzar el sistema de justicia penal, el gobierno debe, en particular, garantizar que, según el texto del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el cuerpo de policía será «representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder ante ella» y que sus agentes «respetarán y protegerán la dignidad humana y defenderán los derechos humanos de todas las personas».

La reanudación del conflicto no es motivo para retrasar las urgentes reformas necesarias para poner fin a las violaciones de derechos humanos que la debilidad del sistema judicial y la ausencia de voluntad política para acabar con los abusos propician. De hecho, el establecimiento de una sociedad más justa contribuiría en gran medida a la búsqueda de la paz y a la reconciliación. Muchas partes del país no están afectadas directamente por el conflicto y el trabajo en dichas zonas debe proseguir.

El gobierno tiene asimismo la obligación de garantizar que los soldados, así como los policías que combaten con ellos, respetan escrupulosamente el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y otras leyes internacionales de derechos humanos aplicables. Es pertinente señalar que en periodos anteriores de combates, tanto la policía como los soldados fueron responsables de crímenes de guerra y de otros actos que las normas internacionales prohíben cometer en cualquier circunstancia. Sólo entre octubre de 1992 y febrero de 1993, cientos de presuntos miembros de la UNITA fueron capturados y ejecutados extrajudicialmente. Durante la guerra que siguió, se denunciaron otros crímenes espantosos, como la introducción de personas en contenedores, permitiendo que murieran asfixiadas. Amnistía Internacional pide al gobierno que garantice que todas las fuerzas que participan en los combates obedecen las leyes de la guerra y tratan a quienes no participan en el conflicto, incluidos los soldados que hayan depuesto sus armas, de forma humana y sin discriminación.

Recomendaciones para que se mantenga el componente de derechos humanos de la misión de la ONU en Angola

El componente de derechos humanos en la misión de la ONU en Angola ha contribuido en gran manera tanto a la protección como a la promoción de estos derechos en el país. Ha recabado información sobre los derechos humanos, contribuido a desarrollar la capacidad de las organizaciones locales no gubernamentales para trabajar en favor de la promoción y protección de dichos derechos, y prestado asistencia al gobierno angoleño para reforzar los sistemas de justicia. Esta labor debe continuar en las zonas no afectadas directamente por el conflicto.

El Consejo de Seguridad de la ONU, en su declaración presidencial del 21 de enero, pidió una presencia multidisciplinaria de la ONU dependiente de un Representante Especial del Secretario General que pudiera continuar las negociaciones políticas. Sin embargo, la respuesta del gobierno angoleño indicó que éste posiblemente rechazara esta propuesta, lo que pondría en peligro la presencia del componente de derechos humanos en la misión de la ONU. El gobierno de Angola se ha comprometido a defender estos derechos y, por tanto, debe aprovechar la oportunidad de continuar cooperando con los funcionarios de derechos humanos de la ONU.

La comunidad internacional debe presionar para que continúe la presencia del componente de derechos humanos en la operación de la ONU en Angola y para que éste reciba el apoyo político y económico necesario que le permita funcionar de forma efectiva. Las partes del conflicto deben facilitar el acceso a las zonas bajo su control y ofrecer las garantías necesarias para salvaguardar la seguridad y la libertad del personal de la ONU.

Recomendaciones a la comunidad internacional, incluida la OUA y la ONU

La búsqueda de la paz en Angola será infructuosa a menos que vaya acompañada de una creciente protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional insta a todos los que tratan de poner fin al conflicto de Angola —incluidos la ONU, la OUA y la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral (SADC)— a que den a los derechos humanos la máxima prioridad en todos sus esfuerzos para consolidar la paz.

La OUA debe garantizar que los informes sobre el conflicto de Angola que presente el secretario general de la OUA ante el Consejo de Ministros de la organización, incluyen una evaluación de la situación de los derechos humanos y formulan recomendaciones al gobierno angoleño y a los grupos armados en relación con las medidas que deben adoptar para poner fin a los abusos contra los derechos humanos.

La ONU, la OUA, la SADC y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), así como los gobiernos de los países que mantienen relaciones de ayuda o comerciales con Angola, deben instar al gobierno angoleño a que adopte medidas para proteger a los civiles en las zonas de conflicto y respete los derechos humanos.

Todo gobierno o entidad que tenga relaciones con la UNITA deberá utilizar su influencia para persuadir a esta organización para que respete las leyes de la guerra.

Las responsabilidades de la UNITA y de las facciones del FLEC

Amnistía Internacional sigue pidiendo a la UNITA y a las facciones del FLEC que respeten plenamente el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y protejan las vidas y la integridad física de los civiles indefensos y de los combatientes que hayan depuesto las armas.

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