Servicio de Noticias 206/99

ÍNDICE AI: AFR 12/04/99/s

FECHA DE EMBARGO: 10 DE NOVIEMBRE DE 1999

Angola: los periodistas como objetivo

Desde que, en diciembre de 1998, se reanudó la guerra abierta en Angola, las autoridades de este país vienen utilizando de forma creciente procedimientos legales para detener, interrogar e intimidar a los periodistas con la intención de silenciar las críticas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

«El abuso de los procedimientos legales con fines políticos viola las leyes internacionales de derechos humanos —ha declarado Amnistía Internacional—. Cualquier periodista o persona encarcelada por ejercer su derecho a la libertad de expresión de una forma no violenta sería considerado un preso de conciencia.»

El informe examina los intentos del gobierno de censurar los medios de comunicación, aunque no se ocupa de esta cuestión en las zonas controladas por la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), donde la libertad de expresión prácticamente brilla por su ausencia.

Desde enero de 1999, unos veinte periodistas, la mayoría de los cuales trabajaba para emisoras de radio y periódicos de propiedad privada, han sufrido detenciones por breves periodos de tiempo para ser interrogados por la policía en relación con posibles cargos como difamación, calumnias o delitos contra la seguridad del Estado.

Los cargos formulados por las autoridades contra los periodistas son habitualmente de carácter genérico, lo que hace difícil su refutación. El gobierno afirma que algunas informaciones difundidas por los medios de comunicación sobre el conflicto que se desarrolla en el país han puesto en peligro el orden público, la seguridad o el buen nombre del Estado. Sin embargo, no se ha decretado ningún estado de excepción ni se han impuesto por ley medidas excepcionales que limitan la libertad de expresión.

No obstante, las autoridades invocan de forma regular leyes como la ley de prensa de 1991 y una ley de seguridad de 1978, de forma tal que conculcan no sólo la Constitución angoleña sino también varios tratados de los que Angola es Estado Parte, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El 25 de agosto, la policía interrogó a Albano Custódio, corresponsal de Rádio Ecclesia en Kuito, provincia de Bié, en la región central de Angola, y a Aniceto dos Santos, reportero de VoA, en relación con una información sobre un bombardeo de la UNITA contra Kuito, la capital de la provincia. Según los informes, la policía de Bié declaró que la difusión de la noticia podría sembrar el pánico en la ciudad e impedir el aterrizaje en el aeropuerto de los vuelos de ayuda humanitaria.

«El derecho a la libertad de información es esencial para que los angoleños puedan saber lo que ocurre realmente en su país —ha dicho la organización—. Les permitirá contribuir a la resolución de la crisis de una forma significativa.»

«Las restricciones al derecho a la libertad de expresión y de información que sobrepasen los límites permitidos en el derecho internacional sólo sirven para ocultar otras violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional y, por tanto, para fomentarlas», añadió la organización.

Aunque el uso de procedimientos legales contra los periodistas es un nuevo, el empleo de la violencia contra los periodistas es una práctica sistemática que viene surgiendo desde hace varios años.

El 13 de mayo de 1999, la corresponsal de la agencia Reuters en Angola, Lara Pawson, fue agredida por tres hombres en Luanda, la capital del país. Uno de sus agresores le tomó la cara y la amenazó con herirla si seguía publicando informaciones críticas hacia el gobierno, recordándole que «Angola pertenece al presidente Eduardo dos Santos».

«Al mismo tiempo, las autoridades siguen sin proteger la integridad física de los periodistas y sin investigar los casos de los que reciben amenazas de muerte y agresiones físicas o han sido asesinados», añadió la organización de derechos humanos.

«El gobierno debe poner fin de inmediato a estos actos sistemáticos de violencia contra los periodistas y garantizar que sus autores comparecen ante la justicia.»

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno angoleño que modifique las leyes para que sean conformes con las normas internacionales de derechos humanos.

«No debe imponerse ninguna restricción a la libertad de expresión o de información alegando motivos de seguridad nacional, a menos que el gobierno pueda demostrar que la restricción está sancionada por la ley y es necesaria para el legítimo interés de la seguridad nacional.»

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Si desean más información, llamen a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, teléfono + 44 171 413 5566. También pueden visitar nuestra página web: http://www.amnesty.org