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ÍNDICE AI: AFR 12/06/98/s

1 DE JUNIO DE 1998

DECLARACIÓN PÚBLICA

ANGOLA

Las esperanzas de reconciliación, en peligro por la intensificación

del ciclo de violencia

Amnistía Internacional siente alarma ante el reciente aumento de lo que parecen ser homicidios de motivación política y el desplazamiento de miles de personas en Angola. Si no se pone fin a esta oleada de violencia y de abusos contra los derechos humanos podrían desperdiciarse años de esfuerzo para lograr la reconciliación y romper la desconfianza.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, solamente en mayo han muerto al menos cuarenta personas, más de veinte agentes de policía entre ellas, y otras docenas han resultado heridas o han «desaparecido». Estas cifras representan un alarmante incremento del 50 por ciento desde enero de 1998.

Algunos de los ataques producidos en mayo han ido acompañados de allanamientos y saqueos, pero otros parecían dirigidos sólo contra funcionarios del gobierno y policías, personal de las Naciones Unidas y, en ocasiones, líderes tradicionales. Muchos de los incidentes se atribuyen a antiguos soldados de la UNITA, pero se desconoce con exactitud hasta qué punto actúan de forma coordinada. Según informes, en los últimos cuatro meses, en las zonas que estaban bajo el control de la UNITA y que han pasado a depender de la autoridad del Estado, la policía angoleña ha matado a simpatizantes de aquella organización.

La conclusión del proceso de paz de Angola está prevista para el 30 de junio, pero quedan tareas importantes por terminar. La UNITA tiene que entregar aún al Estado el control de 63 zonas del país, incluidos sus bastiones clave de Bailundo y Andulo. Por otra parte, se ha informado de movimientos de grandes grupos de hombres armados, presuntamente soldados de la UNITA desmovilizados o no registrados.

La ruptura del proceso de paz en noviembre de 1992 fue caracterizada por miles de homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por ambas partes, y el conflicto que se desencadenó produjo numerosos daños al tejido social y económico, con el desplazamiento de más de un millón de personas. Se calcula que unas cien mil personas han perdido la vida.