AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 16/003/2006 (Público)

Servicio de Noticias: 075/06

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR160032006

Burundi: ¿hacia qué reconciliación?

Amnistía Internacional manifestó su satisfacción el 24 de marzo por el inicio de las negociaciones entre el gobierno burundés y las Naciones Unidas (ONU) en Bujumbura sobre las modalidades de introducción de dos mecanismos de rendición de cuentas para investigar los delitos cometidos en Burundi y hacer que los responsables comparezcan ante la justicia. Estos mecanismos incluyen una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y un tribunal o una sala especial pensados para determinar la responsabilidad de delitos tipificados en el derecho internacional y para procesar a los autores. Ambos mecanismos estarán compuestos por miembros nacionales e internacionales.

“Procurando establecer la verdad y proporcionando justicia y reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, las autoridades burundesas pueden finalmente comenzar a abordar la impunidad de forma efectiva, emprender un proceso de reconciliación fructuoso y crear las bases para una paz duradera", declaró Amnistía Internacional.

El informe de la misión de evaluación de las Naciones Unidas enviada en mayo de 2004 en el que se proponen estos mecanismos y el memorándum de la delegación burundesa a cargo de la negociación del establecimiento de estos mecanismos con las Naciones Unidas constituyen un importante primer paso para combatir la impunidad en Burundi. No obstante, Amnistía Internacional sugiere una serie de recomendaciones para incrementar la eficacia de este esfuerzo.

En concreto, Amnistía Internacional siente preocupación por algunas propuestas contenidas en el memorándum del gobierno que, en caso de ser aceptadas, podrían contradecir las recientes promesas del actual gobierno burundés de conseguir la reconciliación.

En primer lugar, Amnistía Internacional recomienda que el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y del Tribunal Especial incluya disposiciones que garanticen la independencia, imparcialidad y competencia reales de sus miembros. En relación con este aspecto, a Amnistía Internacional le preocupa que, de acuerdo con el memorándum del gobierno, los miembros de ambos mecanismos sean nombrados por el presidente de Burundi. A parte de hacer referencia a la consulta al secretario general de la ONU, el memorándum no hace mención al procedimiento de selección de los miembros. Además, el memorándum sugiere que el gobierno burundés podría retirar a miembros internacionales argumentando “neutralidad objetiva” en cualquier momento de los procesos que celebre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Si fuera aceptada, esta propuesta podría comprometer directa o indirectamente la independencia y la imparcialidad de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Amnistía Internacional insta al gobierno y a las Naciones Unidas a establecer un procedimiento público y consultivo para la selección de los candidatos tanto a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como al Tribunal Especial, garantizando así la participación plena y activa de las víctimas y de la sociedad civil.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el Tribunal Especial deben contar con miembros de probada experiencia que estén comprometidos en la promoción y protección de los derechos humanos y miembros con experiencia en el tratamiento de delitos graves. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en particular, debe contar con representantes de organizaciones no gubernamentales involucrados en la protección de los derechos humanos, entre ellos grupos de víctimas y grupos de mujeres. La organización insta también al gobierno y a las Naciones Unidas a garantizar que los miembros de ambos mecanismos son independientes del poder ejecutivo.

En segundo lugar, Amnistía Internacional siente preocupación por la limitación de la jurisdicción temporal de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y del Tribunal Especial, puesto que ni el gobierno burundés ni las Naciones Unidas han propuesto incluir delitos cometidos con anterioridad a la fecha de independencia. Se deben abordar las violaciones cometidas durante el periodo en el que Bélgica se encargaba de la administración fiduciaria de las Naciones Unidassi se quiere conseguir una reconciliación absoluta de la población de Burundi. La exclusión de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos cometidos antes de la independencia de Burundi iría en contra del principio de imprescriptibilidad de los delitos tipificados en el derecho internacional.

Amnistía Internacional insta al gobierno y a las Naciones Unidas a garantizar que no se impondrán limitaciones a la jurisdicción temporal de estos mecanismos.

En tercer lugar, a la organización le preocupa el papel que el gobierno ha previsto para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en la determinación de qué casos pueden beneficiarse de la aplicación de una ley de amnistía.

Las amnistías para delitos tipificados en el derecho internacional que impiden la determinación judicial de culpabilidad o inocencia y que no ofrecen una reparación plena a las víctimas están prohibidas por el derecho internacional. Amnistía Internacional insta al gobierno y a las Naciones Unidas a excluir las amnistías, los indultos o cualquier otra medida similar de impunidad que impida que se conozca la verdad sobre violaciones graves de derechos humanos, la determinación definitiva de culpabilidad o inocencia y la reparación plena para las víctimas y sus familias.

En cuarto lugar, Amnistía Internacional siente preocupación por que el “proceso de reconciliación” ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como propone el gobierno, puede resultar en el bloqueo o la limitación de la investigación y el enjuiciamiento penal de las personas sospechosas de haber cometido delitos tipificados en el derecho internacional. De acuerdo con el artículo 43 del memorándum del gobierno, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sólo remitirá al Tribunal Especial casos que no hayan superado el procedimiento de reconciliación.

Amnistía Internacional apoya firmemente el establecimiento de un mecanismo para aclarar la verdad con objetividad, imparcialidad y credibilidad. Una comisión de la verdad y la reconciliación podría realizar una importante aportación a la reconciliación ayudando a los burundeses a comprender su historia y los motivos que subyacen a los pasados actos de violencia. El proceso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no debe impedir que las víctimas de violaciones de derechos humanos traten de obtener reparación a través de tribunales civiles o penales.

La organización hace hincapié en la importancia de consultar plena y eficazmente a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil sobre el establecimiento de estos mecanismos. En este sentido, Amnistía Internacional aplaude la intención, expresada por el secretario general de la ONU, de “iniciar un proceso global de negociaciones con el Gobierno de Burundi en consulta con diversos agentes nacionales y representantes de la sociedad civil, para asegurar que en el proceso de establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de carácter judicial y no judicial se tengan en cuenta las opiniones y los deseos del pueblo de Burundi”.

En opinión de Amnistía Internacional, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el Tribunal Especial propuestos deben formar parte de una estrategia global y a largo plazo destinada a reformar el sistema de justicia y reestablecer el Estado de derecho en Burundi. Amnistía Internacional considera que las Naciones Unidas y otros agentes de la comunidad internacional deben ayudar al gobierno de Burundi a desarrollar y ejecutar un plan de acción nacional global y a largo plazo para reformar el sistema de justicia, siguiendo la línea de los principios y las recomendaciones contenidos en el informe del secretario general de la ONU sobre el Estado de derecho de agosto de 2004. Dado el número de delitos y personas sospechosas de haber cometido tales delitos, la propuesta de un tribunal especial, a pesar de ser un primer paso útil, es completamente insuficiente. Un plan a largo plazo debe proporcionar medios suficientes para reconstruir el sistema judicial en su totalidad de manera que los tribunales de todo el país puedan investigar todos los delitos y, siempre que haya pruebas admisibles suficientes, procesar a los presuntos autores.

Además, Burundi debe llevar a cabo una reforma exhaustiva del código penal y del código de procedimiento penal, incluida la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y promulgar la legislación necesaria que garantice a las víctimas el derecho a la reparación por los delitos tipificados en el derecho internacional.

Información general

En julio de 2002, el ex presidente de Burundi, Pierre Buyoya, dirigió una carta al secretario general de la ONU en apoyo de las recomendaciones del Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi (agosto de 2000) y en la que solicitaba la creación de una comisión judicial internacional de investigación en Burundi. Durante el mes de mayo de 2004, una misión de evaluación de las Naciones Unidas visitó Burundi y publicó las conclusiones oficialmente en marzo de 2005. El informe recomendaba la creación de una comisión nacional y de verdad con una composición mixta de miembros nacionales e internacionales y una sala especial dentro del sistema de tribunales de Burundi. Esta sala especial, integrada también por elementos nacionales e internacionales, formaría parte del sistema judicial burundés. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1606 el 20 de junio de 2005, que refrenda las recomendaciones incluidas en el informe de la misión de evaluación de las Naciones Unidas. Sin embargo, el proceso de creación de estos mecanismos ha avanzado muy lentamente.

En febrero de 2006, el nuevo gobierno de Burundi publicó un memorándum para negociar con las Naciones Unidas las propuestas de la mencionada misión.