AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 16/014/2006 (Público)

Servicio de Noticias Nº: 217/06

18 de agosto de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR160142006

Burundi: De Itaba a Gatumba: necesidad imperiosa de justicia

En esta época del año recordamos las matanzas de civiles de Itaba y Gatumba, en Burundi. El 9 de septiembre de 2002, entre 173 y 267 personas perdieron la vida en Itaba, y el 13 de agosto de 2004, no menos de 160 personas perecieron en otra matanza en Gatumba.

Amnistía Internacional siente grave preocupación por que el gobierno de Burundi, contraviniendo la legislación tanto nacional como internacional, hasta el momento no ha investigado exhaustivamente ni ha procesado a las personas sospechosas de haber perpetrado los homicidios en masa, y tampoco ha garantizado que las víctimas reciben reparación adecuada.

La noche del 13 de agosto de 2004, más de 160 refugiados congoleses fueron víctimas de homicidios sistemáticos en el campo de refugiados de Gatumba, cercano a la frontera congolesa. Las víctimas fueron en su mayoría niños, niñas y mujeres, miembros de la comunidad banyamulenge, que habían huido de la región de Kivu Meridional, República Democrática del Congo. Pocos días después del ataque, el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu - Fuerzas Nacionales de Liberación (PALIPEHUTU-FNL) se responsabilizó de la matanza. Según la información facilitada por la comunidad banyamulenge y la obtenida en entrevistas con ex combatientes del PALIPEHUTU-FNL, otros grupos políticos armados de la República del Congo también pueden haber estado implicados en los homicidios.

El 9 de septiembre de 2002, entre 173 y 267 civiles inermes, muchos de ellos mujeres, niñas y niños, murieron víctimas de homicidios deliberados e ilegítimos perpetrados por las fuerzas armadas de Burundi en la comuna de Itaba, provincia de Gitega. En un principio, las autoridades de Burundi afirmaron que las víctimas habían muerto en el fuego cruzado entre el ejército y el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD). Sin embargo, al salir a la luz nuevas informaciones quedó claro que el ejército fue el único responsable de los homicidios.

A Amnistía Internacional también le preocupa que las familias de las víctimas y los supervivientes de estas matanzas quizá no vean a los responsables comparecer ante la justicia.

El 5 de octubre de 2004, un informe de Naciones Unidas sobre la matanza de Gatumba recomendaba que el Consejo de Seguridad instase a que se incoaran de inmediato procedimientos judiciales nacionales e internacionales para garantizar que los autores y los ejecutores de los asesinatos sean identificados, enjuiciados y sometidos a la justicia. Este informe también recomendaba que se alentase al gobierno de Burundi a establecer de inmediato la competencia de la Corte Penal Internacional. A pesar de la emisión de sendas órdenes de detención contra el líder del PALIPEHUTU-FNL, Agathon Rwasa, y su portavoz, Pasteur Habimana, pocos días después de que ese grupo se responsabilizase de la matanza, y de una declaración del ministro de Justicia, el 13 de abril de 2005, anunciando que se había concluido una investigación nacional de la matanza de Gatumba, el gobierno aún no ha emitido ningún informe oficial y todavía no se ha procesado a ninguna de las personas sospechosas de haber perpetrado los homicidios.

El 22 de febrero de 2003, un tribunal militar declaró culpables de violación de órdenes militares y omisión de solidaridad pública a dos soldados implicados en la matanza de Itaba. Se retiró el cargo de asesinato. Según los informes, el fiscal militar había alegado que, dado que los civiles habían recibido la orden de abandonar el territorio cuando llegaran los combatientes, era correcto considerar como tales a los que se quedaron.

El derecho y las normas internacionales de derechos humanos obligan a Burundi a llevar a cabo investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre las violaciones del derecho a la vida. Además, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, reconocen a las víctimas el derecho al “acceso igual y efectivo a la justicia; reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido y acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”. Con arreglo a estos principios y directrices, la reparación puede incluir restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Amnistía Internacional insta al gobierno a que aplique la ley de 8 de mayo de 2003, que criminaliza el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. En virtud de esta ley, Burundi debe ejercer su jurisdicción para investigar y procesar a las personas sospechosas de participar en tales crímenes, en juicios que respeten las normas internacionales de justicia procesal y que no impongan la pena de muerte.

Si no lo hiciera, Amnistía Internacional, de acuerdo con las recomendaciones del informe de Naciones Unidas sobre Gatumba, insta al gobierno de Burundi a acogerse de inmediato a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Además, como Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 21 de septiembre de 2004, Burundi debe promulgar la legislación necesaria para garantizar la plena cooperación con la Corte Penal Internacional.

Amnistía Internacional destacó que aún es preciso hacer justicia a los supervivientes y familiares de las víctimas de Gatumba e Itaba, pero también a todas las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos perpetrados en todo el territorio de Burundi.

Información complementaria

A lo largo de los últimos meses las intenciones y los esfuerzos del gobierno de Burundi para poner fin a la impunidad han sido ambiguos. El 26 de febrero de 2006, una misión de Naciones Unidas visitó Burundi con el objeto de iniciar conversaciones con las autoridades burundesas sobre las modalidades de establecimiento de dos mecanismos de rendición de cuentas –una comisión de la verdad y la reconciliación y un tribunal especial– para investigar los crímenes cometidos en Burundi y llevar a los responsables ante la justicia. Hasta el momento, excepción hecha de un intercambio de cartas, no se han producido resultados concretos.

Por otro lado, el 18 de junio de 2006, en Dar es Salaam, el gobierno y la Fuerzas Nacionales de Liberación firmaron un acuerdo de principios para la paz, seguridad y estabilidad duraderas en Burundi. El artículo 1 de este acuerdo establece que la comisión de la verdad y reconciliación (aún por establecer) será denominada “Comisión de la Verdad, el Perdón y la Reconciliación”. Su mandato consistirá en establecer los hechos que rodearon el oscuro periodo de la historia de Burundi y determinar las responsabilidades de los distintos protagonistas con el fin de conseguir el perdón y la reconciliación nacional.