ÍNDICE AI: AFR 17/07/97/sServicio de Noticias 84/97

12 DE MAYO DE 1997 - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

CAMERÚN: LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS NO DEBEN PROVOCAR MÁS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Amnistía Internacional ha declarado hoy que el gobierno de Camerún debe tomar medidas tajantes para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin temor a ser arrestados, detenidos o maltratados durante las elecciones parlamentarias previstas para el 17 de mayo.

Desde hace muchos años, los críticos y opositores al gobierno del presidente Paul Biya, especialmente los miembros de los partidos políticos de oposición y los periodistas, son objeto de violaciones de derechos humanos y continúan siendo arrestados y detenidos.

«Nos preocupa gravemente que durante las elecciones parlamentarias se produzcan nuevas violaciones de derechos humanos», ha manifestado Amnistía Internacional. «El gobierno debe garantizar que el derecho fundamental de cada camerunés a la libertad de expresión y de asociación se respeta durante las elecciones». Todas las personas detenidas únicamente a causa de sus opiniones y actividades políticas, las cuales no hayan utilizado ni abogado por la violencia, deben ser liberadas inmediatamente», ha declarado Amnistía Internacional.

Desde fines de marzo de este año, se han llevado a cabo detenciones en gran escala en la provincia del noroeste, principalmente de miembros y seguidores de uno de los principales partidos políticos de la oposición, el Frente Social Demócrata. Muchas de las personas detenidas fueron torturadas y maltratadas en el momento del arresto y, según los informes, una de las personas murió a causa de ello. Se calcula que unas 200 personas, posiblemente más, continúan detenidas.

Los arrestos se produjeron después de varios ataques armados contra instalaciones del ejército, la policía y civiles en varias localidades de la provincia del noroeste, donde la oposición cuenta con un gran respaldo. Como consecuencia de los ataques murieron diez personas, entre ellas un comandante de la gendarmería y otros dos gendarmes. Las autoridades atribuyeron los ataques a un grupo que apoya la independencia de las dos provincias anglófilas de Camerún.

Amnistía Internacional reconoce que corresponde al gobierno la responsabilidad de poner a disposición judicial a los responsables de actos delictivos. Sin embargo, la organización siente honda preocupación debido a que muchas personas parecen haber sido detenidas simplemente debido a su relación con un partido político de la oposición, sin pruebas de su participación en ninguna actividad delictiva. Transcurridas seis semanas, siguen sin haberse formulado cargos contra ninguna de las personas detenidas.

En 1996 también se detuvo a responsables, miembros y seguidores del Frente Social Demócrata, especialmente después de las elecciones municipales celebradas en enero cuando el Frente y otro importante partido de la oposición, la Unión Nacional por la Democracia y el Progreso, lograron un avance importante, sobre todo en las ciudades importantes.

Los ataques a la libertad de expresión, intensificados durante 1996, han continuado en 1997. En la actualidad hay dos periodistas detenidos: Evariste Menouga del l'Indépendant Hebdo, detenido el 17 de marzo de este año, y Bosco Tchoubet de La Révélation, detenido la noche del 30 de abril.

El año pasado se juzgó y condenó a fuertes multas y penas de prisión por cargos de difamación a diez periodistas. Los procedimientos judiciales a los que les sometieron fueron a menudo irregulares. Algunos periodistas han sido hostigados y agredidos y varios periódicos han sido confiscados.

Según se acercan las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para octubre de 1997, las autoridades camerunesas parecen dispuestas a seguir reprimiendo las críticas dirigidas a los miembros del gobierno, a los sectores estrechamente vinculados con él y a su política.

Amnistía Internacional ha pedido repetidas veces al gobierno de Camerún que ponga fin al hostigamiento, al arresto y a la detención de los críticos y opositores al gobierno únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, según consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Camerún en 1984.