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ÍNDICE AI: AFR 17/10/99/s

7 de octubre de 1999

Camerún: Tras un juicio injusto, un tribunal militar condena a largas penas de prisión a más de treinta personas

El juicio celebrado ante un tribunal militar de Yaundé en el que tres personas fueron condenadas a cadena perpetua y otras 30 aproximadamente a penas de hasta 20 años de prisión, fue manifiestamente defectuoso, ha dicho Amnistía Internacional hoy.

«El tribunal militar que condenó a estos encausados no era independiente ni imparcial. El juicio tuvo defectos desde el principio puesto que muchos de los encausados fueron torturados durante su interrogatorio y algunos de ellos incluso murieron a consecuencia de la tortura.»

«Estas personas deben ser juzgadas de nuevo por un tribunal civil y respetando plenamente las normas internacionales de justicia procesal», ha añadido Amnistía Internacional.

Los condenados, todos ellos civiles de la minoría de habla inglesa de Camerún, han sido acusados de delitos —que incluyen asesinato, asesinato frustrado, infligir lesiones graves, destrucción frustrada de propiedad, posesión ilegal de armas de fuego, incendio doloso y robo con violencia— en conexión con los ataques armados que tuvieron lugar en la Provincia Noroccidental en marzo de 1997, en los que diez personas, entre ellas tres gendarmes, perdieron la vida.

Las autoridades responsabilizaron de los ataques al Consejo Nacional del Camerún Meridional, SCNC, partidario de la independencia de las dos provincias de lengua inglesa —Noroccidental y Suroccidental— y a la Liga de la Juventud de Camerún Meridional, SCYL, afiliada suya.

La mayoría de los encausados estuvieron recluidos más de dos años antes de comparecer el 14 de abril de 1999 ante el tribunal militar de Yaundé para ser formalmente acusados. El juicio comenzó el 25 de mayo y se celebraron varias vistas en los meses siguientes antes de que se dictara finalmente la sentencia en la madrugada del 6 de octubre de 1999. Amnistía Internacional envió un observador que presenció las actuaciones en julio.

Una ley promulgada en abril de 1998 amplió la jurisdicción de los tribunales militares de Camerún a los delitos relacionados con armas de fuego. El tribunal militar que juzgó esta causa depende del ministro de Defensa y la fiscalía está dirigida y supervisada por el viceministro de Defensa. Los encausados en este juicio fueron juzgados por la misma fuerza militar que los arrestó y formuló los cargos.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Partes, pacto que Camerún ratificó en 1984, ha recomendado que la jurisdicción de los tribunales militares se limite a cuestiones de disciplina militar. También ha recomendado que todos los juicios de civiles se celebren ante tribunales civiles.

«El gobierno de Camerún ha de explicar por qué este juicio no se celebró ante un tribunal civil, y por qué ha ampliado la jurisdicción de los tribunales militares a los delitos relacionados con armas de fuego», ha dicho Amnistía Internacional.

Los encausados no tuvieron acceso a abogados defensores en ningún momento del periodo de detención presumarial, e incluso después de comenzado el juicio tuvieron pocas ocasiones de comunicarse con sus abogados. No tuvieron acceso al acta de acusación. Por lo tanto no pudieron preparar adecuadamente su defensa ni refutar los cargos que se les imputaban. Doce abogados representaban a unos 70 encausados.

Los testigos de cargo en el juicio —miembros de las fuerzas de seguridad que habían realizado las investigaciones preliminares— alegaron que los encausados se habían confesado culpables. Algunos encausados, sin embargo, declararon en el juicio que los habían torturado y maltratado durante el interrogatorio. Por lo menos diez presos de este grupo han perecido desde marzo de 1997, bien a consecuencia de la tortura y malos tratos recibidos durante su arresto o de la falta de cuidados médicos mientras se encontraban detenidos.

Aunque los testigos de cargo declararon que se habían confiscado documentos que probaban que los miembros del SCNC y de la SCYL habían planeado y coordinado los ataques en la Provincia Noroccidental, no consta que se presentaran tales documentos ni pruebas de otro tipo en el juicio.

Los abogados defensores han dicho que presentarán recurso de apelación contra la declaración de culpabilidad y las condenas ante el Tribunal de Apelación de Yaundé.

El tribunal militar absolvió a unos 40 encausados.

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