AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 19/001/2005 (Público)

Servicio de Noticias: 009/2005

12 de enero de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR190012005

República Centroafricana: La remisión a la Corte Penal Internacional debe ir acompañada de reformas judiciales para abordar la impunidad

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión del gobierno de la República Centroafricana de remitir la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el gobierno debe adoptar varias medidas más para garantizar que la República Centroafricana podrá y estará dispuesta a investigar y enjuiciar estos delitos por sí misma en juicios justos que excluyan la pena de muerte.

Amnistía Internacional lleva varias décadas documentando abusos graves contra los derechos humanos cometidos con total impunidad durante el conflicto armado que se desarrolla en la República Centroafricana, que incluyen crímenes de guerra y otros que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Más recientemente, durante el conflicto armado que se desarrolló entre octubre de 2002 y marzo de 2003 se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos delitos de violencia sexual, específicamente contra mujeres. Durante dicho periodo el conflicto se desarrolló entre los rebeldes encabezados por el ex jefe del Estado Mayor del ejército y actual presidente, François Bozizé, y las fuerzas leales al ex presidente Ange-Félix Patassé.

Las conclusiones a las que llegó Amnistía Internacional durante una visita realizada a la República Centroafricana en septiembre de 2003 indicaban con fuerza que los combatientes habían cometido actos de violencia sexual, incluidas violaciones, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, siguiendo políticas del gobierno y del grupo armado de oposición. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los actos de violencia sexual podrían constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

El 7 de enero de 2005, el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que el gobierno de la República Centroafricana le había remitido la situación de los crímenes competencia de la Corte cometidos en el país desde el 1 de julio de 2002. El fiscal declaró que se realizaría un análisis para determinar si se iniciaba una investigación. Con independencia de si la remisión a la Corte Penal Internacional desemboca en investigaciones y enjuiciamientos, el gobierno de la República Centroafricana debe adoptar las siguientes medidas.

Hace falta con urgencia un plan de acción nacional a largo plazo para poner fin a la impunidad por todos los delitos tipificados en el derecho internacional cometidos en la República Centroafricana, con independencia del tiempo transcurrido desde que se perpetraron y de la condición y nacionalidad de los presuntos autores. La elaboración de este plan de acción debe ser transparente, con consultas exhaustivas con la sociedad civil. Hay que garantizar que los tribunales pueden actuar efectivamente en todas las partes del país, que se protege a víctimas y testigos, y que las víctimas y sus familias pueden obtener la reparación completa a la que tienen derecho con arreglo a las normas y leyes internacionales.

El gobierno debe adoptar leyes de aplicación para garantizar que los crímenes previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional son tipificados también como crímenes en la legislación nacional. La legislación nacional debe estar en armonía con las obligaciones contraídas por la República Centroafricana en virtud del Estatuto de Roma y otros tratados internacionales de derechos humanos, y en concreto, con la exclusión de la pena de muerte. Aunque la pena capital no se aplica desde 1981, la legislación nacional sigue autorizando su uso. Los requisitos de estas leyes de aplicación se resumen en el documento de Amnistía Internacional titulado Corte Penal Internacional: Lista de requisitos para la aplicación efectiva del Estatuto de Roma (Índice AI: IOR 40/011/00, julio de 2000).

Además, el gobierno debe ratificar y aplicar lo antes posible el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional. Este Acuerdo es una herramienta esencial para garantizar que la Corte puede realizar investigaciones sin obstáculos indebidos. Puesto que la Corte sólo tiene competencia para investigar y enjuiciar delitos desde el 1 de julio de 2002, el gobierno deberá investigar y enjuiciar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos antes de esa fecha.

Amnistía Internacional pide a la República Centroafricana que no ratifique ni aplique el acuerdo de impunidad que ha suscrito con los Estados Unidos de América.

La investigación y el enjuiciamiento en la República Centroafricana de crímenes tipificados en el derecho internacional no es sólo responsabilidad del gobierno y de la Corte Penal Internacional. Son crímenes cometidos contra toda la comunidad internacional y la estructura del derecho internacional. Por tanto, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad prestando asistencia a la Corte Penal Internacional y ayudando a la República Centroafricana a desarrollar e implantar un plan de acción efectivo para poner fin a la impunidad por estos crímenes.

Información complementaria

La República Centroafricana es el tercer país, después de Uganda y de la República Democrática del Congo, que remite una situación de crímenes competencia de la Corte Penal Internacional. El fiscal inició investigaciones en la República Democrática del Congo y Uganda en 2004.

En noviembre de 2004 Amnistía Internacional publicó un informe titulado República Centroafricana: Cinco meses de guerra contra las mujeres (Índice AI: AFR 19/001/2004), que pone de relieve la violencia cometida contra las mujeres durante el conflicto armado que se desarrolló entre octubre de 2002 y marzo de 2003. La organización remitió el informe, que incluye recomendaciones al gobierno de la República Centroafricana y a la comunidad internacional, a las autoridades de la República Centroafricana, pero no ha recibido aún ninguna respuesta de ellas. Las recomendaciones al gobierno incluyen abrir una investigación independiente, imparcial y competente sobre los abusos y pedir la colaboración del gobierno de la República Democrática del Congo, país de procedencia de muchos de los presuntos autores de violaciones y otras formas de violencia sexual.