amnistía internacional

CHAD

Esperanzas traicionadas

Marzo de 1997 RESUMEN Índice AI: AFR 20/04/97/s

DISTR: SC/CO/GR (14/97)

Amnistía Internacional se ve en la obligación de informar que durante 1996 y principios de 1997 se siguieron produciendo violaciones muy graves de derechos humanos, entre las que figuran agresiones a defensores de derechos humanos y civiles desarmados, detenciones arbitrarias y uso sistemático de torturas y malos tratos, incluida la violación, además de muertes bajo custodia y ejecuciones sumarias y extrajudiciales. Además, a finales de 1996, el jefe del Estado y las máximas autoridades del país apoyaron de forma oficial la eliminación física de toda persona acusada de robo, lo que Amnistía Internacional considera que equivale a la institucionalización de las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad de Chad.

Antes incluso de dictar la nueva orden de castigar a los gendarmes que se negaran a disparar a las personas acusadas de robo, las fuerzas de seguridad chadianas ya cometían ese tipo de homidicios con impunidad. En noviembre, al menos tres personas acusadas de robo )entre las que se encontraba un alumno de enseñanza primaria)fueron ejecutadas sumariamente por las fuerzas de seguridad. La orden escrita del comandante del grupo de unidades especiales de la Gendarmería de Chad no ha hecho más que reforzar el derecho de las fuerzas de seguridad a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales con total impunidad. En noviembre y diciembre de 1996, decenas de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Yamena, la capital, y en ciudades de otras regiones.

Además de las ejecuciones extrajudiciales realizadas con armas de fuego, muchas personas han sido atadas y arrojadas por las fuerzas de seguridad a los ríos Chari y Logone. En los últimos meses, se han extraído de estos ríos bastantes cuerpos mutilados e irreconocibles; las heridas y marcas que presentaban no dejaban duda de que las víctimas habían sido atadas y de que las ejecuciones habían sido realizadas por las fuerzas de seguridad.

Siguen produciéndose detenciones sin juicio de posibles presos de conciencia. Entre agosto de 1996 y febrero de 1997, decenas de personas, entre las que figuraban miembros de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, fueron arrestadas o detenidas sin cargos ni juicio. En noviembre de 1996, tres personas, entre las que se encontraba Job Mbaïboungue, suboficial de la Gendarmería, y Abel Djimon, empleado de la oficina del fiscal, fueron detenidos y acusados de distribuir la orden escrita que dictó el comandante de la Gendarmería en relación con la eliminación física de los acusados de robo. Se ha informado de que permanecen recluidos sin cargos en Faya Largeau. Amnistía Internacinal los considera presos de conciencia.

Las personas detenidas en las dos prefecturas de Lagone entre julio y octubre de 1995, cuyos casos se han descrito en el informe de octubre de 1996 de Amnistía Internacional, se encuentran todavía detenidas sin cargos ni juicio en Faya Largeau. El ministro de Justicia aseguró a la delegación de Amnistía Internacional durante una visita realizada en abril de 1996 que investigaría las circunstancias de los arrestos y que los detenidos serían liberados si no existían cargos contra ellos. A pesar de estas garantías, estas personas permanecen recluidas sin cargos ni juicio en Faya Largeau.

El uso de la tortura, de lo cual la delegación de Amnistía Internacional obtuvo numerosos testimonios durante la visita que realizó en abril de 1996, aumentó tras la orden que recibieron los gendarmes en noviembre de 1996 de matar a los presuntos ladrones. Las fuerzas de seguridad parecen haber torturado sistemáticamente a los presos antes de ejecutarlos. La mayoría de los presuntos ladrones, que fueron exhibidos públicamente en las plazas de los pueblos antes de ser ejecutados, mostraban señales de haber permanecido en la postura conocida como arbatachar, método de tortura que consiste en atarle a la víctima los brazos y las piernas a la espalda, lo que provoca dolor extremo, heridas abiertas y, en algunos casos, gangrena. Todos los cuerpos encontrados en los últimos meses en los ríos Chari y Logone tenían cicatrices en las muñecas y en los tobillos.

Como en ocasiones anteriores, varias personas detenidas por las fuerzas de seguridad han fallecido en circunstancias que sugieren que su muerte se produjo como consecuencia directa o indirecta de los malos tratos sufridos durante el arresto o la detención, o bien debido a desnutrición o a las malas condiciones penitenciarias.

Algunos grupos armados de oposición también han cometido graves abusos contra la población civil. Amnistía Internacional ha recibido informes de que en junio de 1996 el Movimiento para la Democracia y el Desarrollo detuvo y torturó a cuatro personas, entre las que se encontraba Somaine Adam Moustapha, miembro de la Comisión Electoral Nacional Independiente. Las Fuerzas Armadas por una República Federal cometieron también abusos contra los derechos humanos. Varias personas, entre las que se incluía Nandji Laokoura, jefe del pueblo de Tilo, en Logone Occidental, y Laurent Beram, del pueblo de Mbikou, en Logone Oriental, fueron muertos en diciembre de 1996 y en febrero de 1997, respectivamente.

PALABRAS CLAVE: EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / IMPUNIDAD / DETENCIÓN SIN JUICIO1 / DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS1 / DESAPARICIONES / ARRESTO ARBITRARIO / MUERTE BAJO CUSTODIA / AGRESIÓN SEXUAL / CONDICIONES PENITENCIARIAS / TRABAS / PENA DE MUERTE / TOMA DE REHENES / PRESOS DE CONCIENCIA / POSIBLES PRESOS DE CONCIENCIA / MUJERES / EMBARAZO / NIÑOS / LÍDERES POPULARES / ESTUDIANTES / FUNCIONARIOS PÚBLICOS / AGRICULTORES / VÍCTIMAS MILITARES / TRABAJADORES DE AYUDA HUMANITARIA / MILITARES / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / MSP / GOBIERNOS (OTROS) / CONFLICTO ARMADO / DELEGACIONES / AI Y GOBIERNOS / TESTIMONIOS DE PRESOS /FOTOGRAFÍAS /

Este informe resume el documento titulado Chad: esperanzas traicionadas(Índice AI: AFR 20/04/97/s), publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1997. Toda persona que desee mayor información o emprender alguna acción sobre esta cuestión, deberá consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES, WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

amnistía internacional

CHAD

Esperanzas traicionadas

Marzo de 1997

Índice AI: AFR 20/04/97/s

Distr: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

CHAD

Esperanzas traicionadas

Desde que publicó en octubre de 1996 su último informe, Chad: Un país sometido a la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad con el consentimiento tácito de otros países(Índice AI: AFR 20/11/96/s), Amnistía Internacional ha tenido noticia de que varias decenas de personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad. Se han seguido produciendo detenciones arbitrarias de civiles y presuntos opositores del gobierno, acompañadas de torturas y malos tratos, incluida la violación, y además han seguido detenidas sin cargos ni juicio 23 personas, entre las que había posibles presos de conciencia, arrestadas entre julio y octubre de 1995, en Faya Largeau, capital de la región situada en la prefectura de Borkou-Ennedi-Tibesti. Además, a pesar de que durante estos años Amnistía Internacional y las organizaciones de derechos humanos de Chad han puesto al descubierto muchos casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades del país no han investigado las denuncias de malos tratos y ejecuciones extrajudiciales, con lo que han contribuido a garantizar la impunidad de los responsables de estas violaciones.

En su informe de octubre de 1996, Amnistía Internacional expresaba también su preocupación por los abusos que cometían los grupos armados de oposición, abusos entre los que se incluían los malos tratos y los homicidios deliberados y arbitrarios. La organización se refirió también a otros países, como Francia y Estados Unidos, que han proporcionado a Chad apoyo político y, sobre todo, militar, sin preocuparles aparentemente las consecuencias que dicho apoyo podría tener para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Entrevistado en octubre de 1996 en relación con el informe de Amnistía Internacional, algunos días después de su publicación, el presidente de Chad, Idriss Déby, declaró a Radio-France-International: «Esta organización está intentando desestabilizar Chad». El jefe del Estado insistió después en que «los informes que publica Amnistía Internacional a finales de año no guardan ninguna relación con la realidad de Chad». Sin embargo, reconoció que «existen problemas con los derechos humanos, pero están relacionados con hechos pasados». El presidente afirmó claramente: «Con todos los esfuerzos que hemos realizado, Amnistía Internacional tendrá poco que criticar a finales de 1996».

Pese a la reiteración de estas promesas y a la ratificación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional ha observado que durante 1996 y principios de 1997 se siguieron produciendo violaciones muy graves de derechos humanos, entre las que se incluyen agresiones a defensores de derechos humanos y civiles desarmados, arrestos arbitrarios, así como casos frecuentes de uso sistemático de torturas y malos tratos, incluida la violación, además de muertes bajo custodia y ejecuciones sumarias y extrajudiciales. Además, a finales de 1996, el jefe del Estado y las máximas autoridades del país dieron su aprobación oficial a la eliminación física de toda persona acusada de robo. Amnistía Internacional estima que esto equivale lisa y llanamente a la institucionalización de las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad de Chad.

Institucionalización de las ejecuciones sumarias y extrajudiciales y «desapariciones»

En sus informes anteriores sobre Chad, Amnistía Internacional llamó la atención de las autoridades de este país y de la opinión pública internacional sobre el uso sistemático de las ejecuciones sumarias y extrajudiciales de civiles desarmados. Dichas ejecuciones se realizan frecuentemente como represalia contra grupos armados de oposición. Durante los últimos cuatro años, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo ejecuciones entre la población civil de Ouaddaï y de las regiones de Logone Occidental y Logone Oriental en varias ocasiones.

Durante el último trimestre de 1996 y principios de 1997, Amnistía Internacional ha recibido nuevos informes, según los cuales las fuerzas de seguridad siguen llevando a cabo ejecuciones sumarias y extrajudiciales.

Amnistía Internacional estima que las matanzas periódicas de civiles que tienen lugar en Chad se deben fundamentalmente a la impunidad de la que gozan las personas que cometen esas atrocidades. Ni las matanzas de civiles que tuvieron lugar en Ouaddaï en 1994 y en las dos prefecturas de Logone en 1994 y 1995, ni la ejecución extrajudicial de Bichara Digui en agosto de 1996, fueron condenadas oficialmente, ni merecieron ninguna investigación independiente e imparcial. Cientos de civiles han resultado muertos, pero ninguno de los culpables ha comparecido ante la justicia.

Además, las nuevas órdenes que se han transmitido a todas las fuerzas de seguridad han dado alas a las personas que han llevado a cabo las matanzas. El 14 de noviembre de 1996, el comandante del grupo de unidades especiales de la Gendarmería de Chad dio las siguientes instrucciones a estas unidades: «No se seguirá procedimiento legal alguno con los ladrones. Si se les coge infraganti, procedan de forma inmediata a su eliminación física». Esta declaración oficial no sólo legitima las ejecuciones extrajudiciales, sino que afirma que en el caso de que no se cumpla la orden, «el acusado será sometido a un castigo muy severo», como degradación o licenciamiento deshonroso(1).

El apoyo oficial a las ejecuciones extrajudiciales no es nuevo. Ese apoyo había sido expresado públicamente al más alto nivel por el propio presidente Déby en noviembre de 1994, en el transcurso de un viaje por varias regiones, entre ellas Biltine, que se encuentra al este del país y linda con la prefectura de Borkou-Ennedi-Tibesti. En esa ocasión el presidente Déby afirmó:

Se darán órdenes a la Gendarmería, que se reforzará si es necesario con otras unidades, para que persigan implacablemente y disparen inmediatamente, si fuera necesario, a los elementos armados que están sembrando el terror entre la población ... Un ladrón armado que mata con impunidad y dispara a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad es, en definitiva, un perro al que hay que matar. No tiene ni familia ni protección legal; deberá ser abatido como un perro».

Antes incluso de dictar la nueva orden que castigaba a los gendarmes que se negaran a diparar a las personas acusadas de robo, las fuerzas de seguridad de Chad ya cometían esta clase de homicidios con impunidad. El 12 de noviembre de 1996, Georges Toubadéy Karbida Nérobéfueron detenidos en Yamena, la capital, como sospechos de robo. Al día siguiente, los gendarmes detuvieron en Yamena a un alumno de enseñanza primaria, cuyo nombre se desconoce, tras haber sido descubierto robando comida a los vecinos. Le colocaron una bolsa en la cabeza, le dispararon y abandonaron su cuerpo en la orilla del río Chari.

Las órdenes escritas que ha dictado el comandante del grupo de unidades especiales de la Gendarmería de Chad han reforzado aún más el derecho de las fuerzas de seguridad a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales con impunidad.

En los días posteriores a la transmisión de estas órdenes, el número de ejecuciones extrajudiciales aumentó considerablemente, ya que todos los sectores de la población se convirtieron en objetivo de la orden, incluso los civiles que eran inocentes de todo delito. Otras personas que habían sido acusadas sin pruebas fueron disparadas a sangre fría, sin que mediara investigación o interrogatorio. La Liga Chadiana de Derechos Humanos ha informado de numerosos casos, como el de una mujer embarazada acusada de robo arrestada el 16 de noviembre de 1996 en el mercado de mijo de Yamena a la que mataron en ese lugar a la vista de todo el mundo.

En noviembre y diciembre de 1996, varios cadáveres, que no pudieron identificarse debido a su estado de descomposición, fueron encontrados próximos a lugares donde habitualmente se desplegaban las fuerzas de seguridad, como por ejemplo la Escuela de Policía Nacional y el palacio presidencial. En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1996 se encontraron los cadáveres de cuatro hombres cerca del pueblo de Djalali Arabe, al sur de Yamena. La Asociación Chadiana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos realizó el 7 de diciembre una investigación en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas e informó de que estaban descompuestos y presentaban señales de tortura y malos tratos.

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Las ejecuciones extrajudiciales no sólo tienen lugar en la capital. El 17 de noviembre de 1996, tras el asesinato en una reyerta de un cabo de la Guardia Nacional Nómada del Chad, algunos miembros de este cuerpo ejecutaron públicamente en la prefectura de Chari-Baguirmi al sospechoso de haberle dado muerte, Raphaël Ngarmadjim.

Probablemente, para que estas ejecuciones extrajudiciales sirvan de ejemplo a la población, las fuerzas de seguridad han matado varias veces en público a presuntos ladrones y han expuesto luego sus cuerpos durante horas. El 20 de enero de 1997, en Bongor, sede de la prefectura de Mayo-Kebbi, se dio muerte a dos presuntos ladrones de ganado ante los ciudadanos y las autoridades civiles y políticas. Sus cuerpos se expusieron al público durante horas y posteriormente se trasladaron a un lugar desconocido, lo que impidió a los familiares de las víctimas darles un entierro adecuado.

Víctimas de ejecución extrajudicial en Fianga, Mayo-Kebbi. Diciembre de 1996

Las autoridades civiles y judiciales no se han limitado a observar las ejecuciones extrajudiciales. Han ayudado activamente a la Gendarmería y han justificado la labor que ésta realizaba. El 23 de diciembre de 1996, en Fianga, subprefectura de Mayo-Kebbi, el subprefecto convocó a todos los jefes cantonales, altos cargos políticos y representantes de la sociedad civil para «mostrar al público algunos delincuentes(coupeurs de routes(2))» que habían sido detenidos días antes(3). Un total de 11 personas acusadas de robo fueron mostradas al público al día siguiente y luego llevadas ante un juez de paz. El grupo de derechos humanos Chad No Violencia informó de que el juez de paz invocó los artículos 161, 162 y 163 del Código Penal chadiano, relativos a las penas en que incurren las personas acusadas de conspiración para cometer delitos contra las personas o las propiedades. Aunque un juez de paz no está autorizado para tratar casos tan graves, y aunque los mencionados artículos no prescriben la pena de muerte, sino, como mucho, trabajos forzados, a nueve de los 11 presos, atados todos juntos con una cuerda, se les fusiló publicamente ese mismo día.

Además de las ejecuciones extrajudiciales realizadas con armas de fuego, muchas personas han sido atadas y arrojadas por las fuerzas de seguridad a los ríos Chari y Lagone. En los últimos meses, se han extraído de estos ríos numerosos cuerpos mutilados e irreconocibles; las heridas y señales que presentaban no dejaban duda de que las víctimas habían sido atadas en la postura conocida como arbatachar(4) y que las ejecuciones habían sido realizadas por las fuerzas de seguridad.

El diario independiente Yamena Hebdopublicó una información que facilitó Adoum Godi, que escapó de una ejecución extrajudicial en enero de 1997. Adoum Godi fue detenido por unos gendarmes en Yamena, el 20 de enero de 1997, como sospechoso de haber robado una alfombra, y después de permanecer 10 días en una celda, declaró lo siguiente: «... Para mi sorpresa, a las nueve de la noche del día 30 de enero, me sacaron de la celda junto a dos compañeros y nos montaron en un VLRA(5). Nos condujeron al distrito de Sabanghi, al río Chari, al cual los gendarmes nos tiraron atados. Por suerte, me habían atado los tobillos con el cinturón y las muñecas, con la camiseta. Cuando me arrojaron al río, los nudos se desataron y pude escapar. No sé lo que les sucedió a mis dos compañeros. Los habían atado muy bien con sus propios pantalones, que habían roto ex profeso, y probablemente se ahogaron ...». En una entrevista posterior, las fuerzas de seguridad declararon al Yamena Hebdo: «El ladrón Godi ha sido liberado».

Los grupos de derechos humanos, entre los que se encuentra la Liga Chadiana de Derechos Humanos, la Asociación Chadiana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos y Chad No Violencia, así como la Asociación de la Juventud Antiruptura, han protestado contra la medida que permite a las fuerzas de seguridad disparar a presuntos ladrones. Cuando el 23 de noviembre de 1996 el jefe del Estado y su primer ministro, Djimasta Koibla, recibieron a estas organizaciones de derechos humanos reconocieron que, con el fin de intentar frenar el desorden, se habían cursado órdenes estrictas para que los presuntos ladrones fueran ejecutados extrajudicialmente, y justificaron esta decisión alegando que el sistema judicial chadiano era incapaz y corrupto.

A principios de diciembre de 1996, los magistrados chadianos respondieron a las acusaciones de que aceptaban regularmente sobornos para liberar a los acusados, y criticaron la «extraña designación» de magistrados analfabetos por parte de las autoridades chadianas. También arremetieron contra el mando de la Gendarmería, que según ellos no respetaba la presunción de inocencia y «se manifiestan sin tapujos con la plena complicidad del gobierno».

Declarándose «espantado por la campaña de denigración que ha emprendido la sociedad civil en contra de las medidas tomadas por las fuerzas de seguridad para frenar el desorden», el gobierno del presidente Déby declaró en un comunicado realizado el 14 de febrero de 1997: «seguiremos asumiendo la responsabilidad de la protección de los ciudadanos, de acuerdo con los deseos de la opinión pública, que ha aprobado ampliamente esta actuación».

Aunque niegan la existencia de órdenes escritas, los máximos responsables del gobierno han justificado repetidamente la validez de estos métodos represivos en nombre de la lucha contra la delincuencia. El ministro de Asuntos Exteriores, Saleh Kebzaboh, declaró en enero de 1997: «Este método está funcionando ... desde que se implantó, ha disminuido la violencia». En una entrevista concedida el 22 de noviembre de 1996 a la radio nacional de Chad, el jefe del Estado apoyó públicamente esta medida, afirmando que se trataba de una forma de luchar contra el aumento de los delitos violentos. Todo esto demuestra que la decisión de eliminar físicamente a las personas acusadas de robo se ha tomado en las más altas instancias del gobierno, sin importar que ello constituya una vulneración total de los principios básicos de la protección de los derechos humanos que el gobierno de Chad afirma defender y garantizar.

Se han seguido recibiendo informes de «desapariciones», a las que las autoridades, a pesar de habérselo pedido Amnistía Internacional, no han dado respuesta. Aún no se tienen noticias de cuatro personas, entre las que se encontraba Ibrahim Soyleymane, que «desaparecieron» en agosto de 1996 tras haber sido entregados por Sudán a las autoridades chadianas. En noviembre de 1996, las autoridades nigerianas detuvieron a Mahahat Fadil, ex director de la Dirección de Documentación y Seguridad, bajo el mandato de Hissein Habré, y dos miembros del Movimiento para la Democracia y el Desarrollo, grupo armado de oposición, y los entregaron a Chad. No se tienen noticias de ellos desde su detención.

Detención sin juicio de posibles presos de conciencia

Amnistía Internacional lleva protestando durante muchos años contra la detención sin juicio de posibles presos de conciencia, una práctica que ha continuado en 1996.

El 28 de agosto de 1996, se arrestó al menos a 13 estudiantes de la Universidad de Yamena por pedir pacíficamente que se les pagaran los atrasos de sus becas. Algunos de ellos permanecieron detenidos durante una semana antes de ser puestos en libertad bajo fianza. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia.

Al menos tres personas fueron detenidas a finales de noviembre de 1996 en Yamena, como sospechosas de haber distribuido la orden escrita que dictó el comandante de la Gendarmería para eliminar físicamente a los presuntos ladrones. Según los informes, estas tres personas, dos de las cuales son Job Mbaïboungue, suboficial de la Gendarmería, y Abel Djimon, empleado de la oficina del fiscal, están recluidos sin cargos en Faya Largeau. Estas detenciones no trascendieron a los tribunales chadianos, con la justificación de que se encontraban bajo la autoridad militar. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia.

Otras personas, entre las que se incluyen activistas de organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos, han sido arrestadas y encarceladas sin cargos ni juicio durante breves períodos de tiempo.

Algunas personas han sido intimidadas, entre ellas dos miembros de una delegación de Observatorie internacional des prisons (oip)y algunos miembros de organizaciones chadianas de derechos humanos que los acompañaban, que fueron retenidos durante dos horas a punta de pistola por el presidente del tribunal tras haber visitado una tarde la prisión de Doba, a pesar de que tenían permiso oficial del director del servicio de prisiones.

En noviembre de 1996, Tohnel Doumro, empleado de Ayuda Católica para el Desarrollo, fue acusado de colaborar con el enemigo le arrestaron y recluyeron en el puesto de la gendarmería de Bousso antes de ser trasladado al cuartel general de la Gendarmería, en Yamena. Fue liberado en febrero de 1997 sin cargos ni juicio.

En diciembre de 1996, Mahamat Abdelhaq, presidente de la sección Abéché de la Asociación Chadiana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, fue detenido y acusado de estar relacionado con el Frente Nacional de Chad, grupo armado de oposición. Le recluyeron en el puesto de la Gendarmería de Abéché, en la prefectura de Ouddaï, y días después le trasladaron al cuartel general de la Gendarmería, en Yamena. Cuando en febrero de 1997 le liberaron sin cargos ni juicio, los gendarmes le advirtieron que se «estuviera tranquilo», porque si no le volverían a detener.

Miembros de la Liga Chadiana de Derechos Humanos han sido también detenidos y liberados; algunos, entre ellos Abdallah Issa Idriss, presidente del grupo Faya Largeau, recibieron amenazas de muerte.

Además, algunas personas arrestadas entre julio y octubre de 1995 en las dos prefecturas de Logone, y cuyos casos fueron descritos con detalle por Amnistía Internacional en su informe de octubre de 1996, permanecen aún detenidas sin cargos ni juicio en Faya Largeau. Entre ellas se encuentra Richard Mbaïré, Valentin Djélassem y Jérémie Guelmbaye. Durante la visita que realizó en abril de 1996, Amnistía Internacional expresó su preocupación por estos arrestos arbitrarios, tras los cuales se produjeron torturas y malos tratos. El jefe del estado mayor de las fuerzas armadas declaró entonces que los detenidos eran delincuentes comunes. Por su parte, el ministro de Justicia aseguró a la delegación de Amnistía Internacional que investigaría las circunstancias de los arrestos y que se pondría en libertad a los detenidos si no existían cargos en su contra.

A pesar de estas garantías, esas personas permanecen encarceladas sin cargos ni juicio en Faya Largeau. Arrestadas y acusadas sin que existan pruebas de que son delincuentes, ninguna de ellas ha pasado por los procedimientos legales habituales ni han comparecido ante el juez de instrucción; tampoco han sido informadas de las razones de su detención. La acusación del jefe del estado mayor nunca ha sido probada. De hecho, las pruebas existentes sugieren que la mayoría de los detenidos recluidos en Faya Largeau, lugar tan remoto que prácticamente hace imposible las visitas de los familiares, son inocentes de todo delito. Amnistía Internacional considera que algunos de estos detenidos posiblemente sean presos de conciencia.

Tres detenidos que lograron escapar de Faya Largeau confirmaron a Amnistía Internacional las malas condiciones en que permanecieron recluidos. Durante los tres primeros meses de su detención, estuvieron atados «con cadenas y no nos permitieron salir fuera de la celda». El único alimento que recibieron era «un pequeño cuenco de ócreas, a veces sin sal e incluso medio crudas». Los detenidos afirmaron que «defecábamos en las celdas y las condiciones de la prisión eran pésimas».

En una declaración enviada a Amnistía Internacional, uno de los ex detenidos afirma: «Trabajábamos en el patio de los funcionarios, haciéndoles la colada y moliendo mijo para sus esposas ... a veces sustituíamos a ingenieros militares ... reparábamos casas o edificios derrumbados, hacíamos ladrillos y también limpíabamos las oficinas de la delegación de ayuda militar. Cuando salíamos a trabajar, nos ponían el uniforme de campaña y ninguno de los franceses nos preguntaba si éramos presos...».

Tortura y malos tratos

Durante la visita de investigación que realizó en abril de 1996, Amnistía Internacional recopiló muchos testimonios sobre el uso sistemático de torturas y malos tratos, incluida la violación. La organización señaló en su informe de octubre de 1996 que la tortura había llegado a ser tan generalizada en Chad )especialmente la aplicación de la postura conocida como arbatachar)que todos los presos encarcelados por razones políticas daban por hecho que iban a ser torturados. El uso sistemático de torturas también se aplica a las personas detenidas por otros motivos.

El uso de la tortura aumentó en noviembre de 1996 tras la orden dictada a los gendarmes de matar a los presuntos ladrones. Las fuerzas de seguridad parecen haber torturado sistemáticamente a los presos antes de ejecutarlos. Todos los cadáveres encontrados en los últimos meses en los ríos Chari y Logone presentaban señales en muñecas y tobillos. La mayoría de los presuntos ladrones, que fueron exhibidos en las plazas de los pueblos antes de ser ejecutados, tenían señales de haber sufrido la postura conocida como arbatachar.

La tortura se utilizó también contra los estudiantes arrestados en la universidad de Yamena en agosto de 1996. Algunos de ellos fueron interrogados tras ser obligados a desnudarse y tumbarse en el suelo. Mientras se encontraban en esta posición, fueron golpeados y sometidos a simulacros de ejecuciones. Entre los casos de los que ha informado la Liga Chadiana de Derechos Humanos se encuentra el de uno de estos estudiantes, Faustin Togobé, que tuvo que recibir 18 puntos de sutura a causa de las heridas que presentaba en el abdomen.

En febrero de 1997, en Moundou, agentes de las fuerzas de seguridad de chadianas, entre los que se encontraba el comandante del Ejército Nacional de Chad en Penzengué, Logone Oriental, agredieron y golpearon con culatas de fusil a Firmin Togobé, miembro de la Liga Chadiana de Derechos Humanos. La víctima fue amenazada con ser ejecutada.

Se han seguido produciendo violaciones, que expresan todo el odio y desprecio que las fuerzas de seguridad sienten hacia las mujeres y las niñas. En su informe de octubre de 1996, Amnistía Internacional describió varios casos en los que se había violado a mujeres y niñas. Entre septiembre y diciembre de 1996, al menos tres niñas fueron violadas por miembros de las fuerzas de seguridad que estaban vigilando unas instalaciones que la compañía petrolera Esso tiene en Ngalaba (Miandou), Logone Oriental.

Muertes bajo custodia

Al igual que en ocasiones anteriores, varias personas detenidas por los servicios de seguridad fallecieron en circunstancias que sugieren que sus muertes se produjeron como consecuencia directa o indirecta de malos tratos sufridos durante el arresto o la detención, o bien debido a desnutrición o a las malas condiciones penitenciarias. Las autoridades chadianas intentaron ocultar estos casos, por lo que no se realizaron investigaciones ni se llevaron a cabo autopsias para determinar las circunstancias de las muertes.

En noviembre de 1996, Mahamat Ahmat Hanat, conocido como Atroon, arrestado en un proceso civil, murió como consecuencia de las torturas que le infligieron en la comisaría del Distrito Cuarto, en Yamena. Cuando las fuerzas de seguridad se dieron cuenta de que el preso había fallecido a causa de las heridas, le dejaron sin más explicaciones en el depósito de cadáveres del hospital central.

Además, la información que Amnistía Internacional recibió a finales de 1996 incluía nuevas pruebas sobre la muerte bajo custodia de dos personas. Mahamat Darey Mahamat Sokou, acusados de pertenecer al Movimiento para la Democracia y el Desarrollo, fueron arrestados entre julio y octubre de 1995 en Moundou. Estuvieron recluidos durante varias semanas en el «horno»(6), en el cuartel general de la Gendarmería, en Moundou, donde sufrieron malos tratos. Posteriormente, pasaron 15 días en Galendeng, y luego fueron trasladados a Faya Largeau, donde murieron en noviembre de 1995. En Galendeng y Faya Largeau permanecieron encadenados durante más de tres meses, periodo durante el cual les golpearon, principalmente con cables eléctricos.

Pena de muerte

Las últimas ejecuciones realizadas en Chad tuvieron lugar en 1991. Desde entonces, se han dictado más penas de muerte en 1994 y 1995. Durante la visita que Amnistía Internacional realizó en abril de 1996, las autoridades chadianas declararon que no tenían intención de abolir la pena de muerte, pero que a pesar de ello se habían conmutado todas las sentencias dictadas. Con ocasión de la investidura del presidente Déby, en agosto de 1996, se aprobó un decreto por el que se conmutaban las penas de muerte a las que habían sido condenadas nueve personas en 1995.

A Amnistía Internacional le preocupa que las leyes de Chad no admitan que se interpongan recursos contra la pena de muerte, contrariamente a lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial al artículo 14, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chad en junio de 1995. Dicho párrafo afirma: «Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley».

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Chad que se suprima la pena de muerte y, mientras tanto, se garantice la coherencia de los procedimientos judiciales con los compromisos internacionales adquiridos por Chad.

Abusos cometidos por grupos de oposición armada

El gobierno del presidente Déby se enfrenta a grupos armados de oposición principalmente en el sur y en el este del país, representados por las Fuerzas Armadas por una República Federal, el Frente Nacional del Chad, el Frente Nacional de Chad Renovado, el Ejército Nacional de Chad en Disidencia y el Movimiento para la Democracia y el Desarrollo. Estos grupos armados de oposición han cometido graves abusos contra la población civil, como Amnistía Internacional reveló en su informe de octubre de 1996.

La organización ha obtenido nueva información, en la que se detalla el arresto y las torturas a las que fueron sometidas cuatro personas en junio de 1996. Estas personas, entre las cuales se hallaba Somaine Adam Moustapha, miembro de la Comisión Electoral Nacional Independiente, y Mahamat Mboumi, fueron tomados como rehenes por el Movimiento para la Democracia y el Desarrollo en la región de los Lagos. Los miembros del grupo armado de oposición les torturaron durante su encierro, en el que estuvieron atados en la postura arbachatar. Los rehenes fueron entregados a las autoridades nigerianas en noviembre y liberados un mes después.

Las Fuerzas Armadas por una República Federal han cometido también abusos contra los derechos humanos, entre los que se cuenta el homicidio de varias personas en las dos prefecturas de Lagone. En diciembre de 1996, Nandji Laokouras22 , la máxima autoridad del pueblo de Tilo, en Logone Occidental, fue secuestrado, y, posteriormente, lo mataron. En febrero de 1997, acabaron con la vida de Lauren Beramy Bekande, del pueblo de Mbikou, en Logone Oriental. En el mismo período, las Fuerzas Armadas por una República Federal mataron también a Souleymane Ali, ganadero de Donian, en Logone Oriental. Joseph Mbaïyaoelfalleció como consecuencia de las heridas sufridas por los malos tratos que le infligieron las Fuerzas Armadas por una República Federal. En febrero de 1997, este grupo armado también torturó a Joséphine Béasimbaye, Gabriel Yoramgam, Salomon Béaloum e Ibrahim Laoutoudji.

Reacciones de la comunidad internacional

Tras la publicación del informe de octubre de 1996, en el que se criticaba a los gobiernos de China, Francia, Sudán y Estados Unidos en relación con las transferencias policiales y de seguridad que han contribuido a la comisión de violaciones de derechos humanos en Chad, Amnistía Internacional sólo ha recibido respuesta de Francia.

El 2 de diciembre de 1996, dos semanas después de que el comandante de las unidades especiales de la Gendarmería diera orden escrita a las fuerzas de seguridad chadianas de disparar inmediatamente a los presuntos ladrones, las autoridades francesas informaron a Amnistía Internacional de que habían observado en el último año una importante mejora de la situación, y que hacía años que habían dejado de suministrar armas y munición al ejército de Chad.

Las autoridades francesas afirmaron:

Las tropas estacionadas en Moundou, al sur del país, que forman parte de un proyecto de cooperación con la gendarmería, jamás han presenciado ninguno de los hechos que se describen en el informe [de Amnistía Internacional].

En relación con la situación actual de los derechos humanos en Chad, [...] no parece acertado compararla con la que existía durante la presidencia de Hissein Habré. Francia ha observado una mejora notable de la situación durante el último año y considera que las autoridades de Chad han tomado medidas para detener las graves violaciones.

Sin embargo, la información que ha recibido hace poco Amnistía Internacional confirma lo que en su informe de octubre de 1996 decía sobre esta cuestión; además, existen testimonios recientes que afirman que se está obligando a algunos presos, entre los que se incluyen presos de conciencia, a trabajar para la delegación francesa de ayuda militar en Faya Largeau (véase los testimonios anteriores).

A Amnistía Internacional le preocupa que material de seguridad no letal como esposas, vehículos y sistemas de comunicaciones se utilice constantemente para llevar a cabo violaciones de derechos humanos, e insta a las autoridades francesas a que pongan fin a estas transferencias, a sabiendas de que en la práctica contribuyen a que se produzcan estas violaciones.

El Parlamento Europeo, «preocupado por las continuas violaciones de derechos humanos en Chad, país en el que los soldados y los gendarmes llevan a cabo sistemáticamente ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos sospechosos de pertenecer a grupos de oposición o de ser delincuentes», aprobó el 20 de febrero una resolución en la que condenaba todo tipo de violencia y pedía a las autoridades de Chad que liberaran a los presos políticos. Aunque sin referirse a ellos explícitamente, el Parlamento Europeo estima que «algunos Estados miembros han proporcionado al gobierno de Chad apoyo político, económico y, especialmente, militar, sin tener en cuenta las consencuencias que eso podría tener para las víctimas de las violaciones de derechos humanos». Por ello, «el Parlamento Europeo invita a los Estados miembros a que cumplan sus responsabilidades, ... y vinculen sus actividades de cooperación en este país con el respeto a los derechos humanos, y, sobre todo, a que garanticen que no se utilizará la ayuda militar para cometer violaciones de derechos humanos».

Recomendaciones de Amnistía Internacional

La situación de los derechos humanos en Chad, donde se producen ejecuciones sumarias y extrajudiciales, torturas y malos tratos, muertes bajo custodia y encarcelación de presos de conciencia, hace necesario que se tomen medidas urgentes para acabar con esas graves violaciones. Mientras estas violaciones queden impunes y no se pongan medios para evitar que se repitan, no podrán existir esperanzas razonables de que la situación de los derechos humanos vaya a mejorar. Por ello, Amnistía Internacional somete a la consideración de las autoridades de Chad, de los grupos de oposición y de la comunidad internacional las siguientes recomendaciones:

A las autoridades de Chad

- Que anulen las órdenes que se han dictado a las fuerzas de seguridad, relativas a la eliminación física de toda persona que sea sorprendida robando.

- Las máximas autoridades del gobierno deberían mostrar su absoluto rechazo a las ejecuciones extrajudiciales y deberían hacer ver claramente a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que dichas violaciones de derechos humanos no se tolerarán bajo ninguna circunstancia.

- Cuando no existan pruebas de su implicación directa o de la incitación a delitos tipificados, los detenidos deberán ser liberados de forma inmediata e incondicional. Si se han formulado cargos específicos en su contra, deberán comparecer ante la justicia.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Chad a que cumplan los compromisos que adquirieron al ratificar la Convención contra la Tortura y a tomar todas las medidas necesarias para garantizar:

- que las leyes de Chad establecen como delito los actos de tortura;

- que el fiscal garantice que todas las denuncias de tortura se investigarán con prontitud, minuciosidad e imparcialidad;

- que los resultados de dichas investigaciones se publican y que todas las personas que han cometido tortura comparecen ante la justicia;

- que los funcionarios de la policía judicial, bajo el control efectivo del fiscal, vigilan regularmente las normas y métodos de interrogatorio, así como el trato que reciben las personas que se hallan bajo custodia, con el objeto de evitar torturas;

- que los detenidos son informados sin dilación de los cargos formulados en su contra y tienen acceso inmediato a sus familias, a un abogado o a un médico de su elección;

- que las víctimas de torturas pueden presentar denuncias, y que al demandante y a los testigos se les garantiza protección contra las intimidaciones o los malos tratos, y el derecho, ya sea a ellos o sus descendientes, a obtener reparación y ser compensados adecuadamente.

A los grupos de oposición armada

- Los grupos de oposición armada deben tomar medidas para detener y evitar las torturas, así como los homicidios deliberados y arbitrarios.

- Los líderes de los grupos de oposición armada deberán convencer a las personas que se hallan a sus órdenes de que se oponen absolutamente a la tortura y al homicidio de presos y de no combatientes. Amnistía Internacional insta a estos líderes a que ejerzan un estricto control de la cadena de mando de sus fuerzas, y a que toda persona que haya cometido abusos contra los derechos humanos o que haya permitido que estos se produzcan, responda de ello. Los líderes de los grupos armados de oposición deberán garantizar también que toda persona sospechosa de haber cometido este tipo de actos será apartada de los puestos de mando y de cualquier puesto que pudiera permitirle cometer nuevos abusos contra los derechos humanos.

A la comunidad internacional y a las organizaciones no gubernamentales

- Amnistía Internacional reitera las recomendaciones que ya ha hecho a la comunidad internacional, y pide a sus miembros que condenen públicamente las violaciones de derechos humanos en Chad, y que vigilen de cerca su situación a través de organizaciones no gubernamentales.

- La organización pide a los miembros de la comunidad internacional que condenen las transferencias militares, policiales y de seguridad que contribuyen a que sigan produciéndose violaciones de derechos humanos en Chad.

- La comunidad internacional deberá expresar su preocupación, en especial, a los gobiernos de la República Popular de China, Francia y Estados Unidos, en relación con el material militar que han suministrado a Chad, y que ha agravado la situación de los derechos humanos en ese país. Amnistía Internacional apela a estos gobiernos para que reconozcan su responsabilidad en la crisis de derechos humanos que afecta a Chad, y para que emprendan acciones conjuntas que pongan fin a las atrocidades. Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que no proporcione entrenamiento o material militar a las fuerzas de seguridad chadianas si no existe garantía de que no se utilizarán para cometer violaciones de los derechos humanos. Estas garantías deberán reforzarse con la creación de un mecanismo de vigilancia.

- Amnistía Internacional pide que se constituya una comisión de investigación independiente e imparcial para determinar todas las transferencias policiales, militares y de seguridad que han contribuido de forma importante a las violaciones de derechos humanos en Chad.

- Amnistía Internacional insta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a que adopte una resolución criticando la actitud de Chad en relación con los derechos humanos. La organización insta también a la Comisión de Derechos Humanos a que tome medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en Chad.

INTERNO (sólo para miembros de AI) Índice AI: AFR 20/04/97/s

Distr: SC/CO/GR

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

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PARA USO EXTERNO

CHAD:

Esperanzas traicionadas

ACCIONES RECOMENDADAS

Asegúrense de que todas las personas de la Sección que trabajan con Chad reciben copia de este informe y el artículo del Servicio de Noticias que lo acompaña (se publicó el 25 de marzo de 1997), y también de que se archiva debidamente para futuras consultas. El documento está disponible en francés y en inglés, y no existe una fecha de publicación, por lo que pueden utilizar el documento tan pronto como lo reciban.

En lugar de presentar un informe confidencial sobre Chad a través del procedimiento 1503, se decidió elaborar el documento tituladoChad: Esperanzas traicionadas(AFR 20/04/97/s), con el objeto de que lo examinara el Grupo de Trabajo sobre la situación de países concretos y los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En relación con la Comisión, ya se han emprendido acciones de respuesta rápida, como la AFR 20/06/97, de 15 de marzo de 1997, (petición urgente de acción sobre Chad) respecto a este documento.

Los grupos y Secciones que participan en la acción de respuesta rápida sobre Chad (AFR 20/06/97) y en la acción RAR (AFR 20/07/97) publicada en relación con este documento deberán consultar las distintas acciones recomendadas que aparecen en esta circular.

Se ruega además que emprendan el mayor número posible de acciones recomendadas.

1. Si no existe grupo de coordinación sobre Chad en la Sección, las Secciones deberán enviar una copia del documento a la embajada correspondiente, invitando a que se realicen comentarios sobre el documento.

2. Encargados de prensa: Deberán intentar generar la mayor publicidad posible en torno a la publicación de este documento.

3. Persona encargada de captar el apoyo del gobierno de su propio país: Consulten las recomendaciones que se hacen a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones intergubernamentales al final del documento.

4. Los coordinadores de trabajo sectorialdeberán distribuir el documento ampliamente a las organizaciones no gubernamentales o a los organismos interesados en Chad o en las preocupaciones que plantea este documento.

DISTRIBUCIÓN POR EL SI

El SI ha enviado este documento directamente a:

Todas las Secciones

Coordinadores de Campaña de las Secciones que participan

Coordinadores de la RAR de África Central

Coordinadores de Chad

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(1) Consulten el apéndice si desean ver el texto completo de este documento.

(2) Ladrones de autopista

(3) Consúltese el apéndice para ver el texto de este documento.

(4) Método de tortura que consiste en atarle a la víctima los brazos y las piernas a la espalda, lo que provoca dolor extremo, heridas abiertas y, en algunos casos, gangrena.

(5) Vehículo ligero de reconocimiento y apoyo utilizado para transportar tropas.

(6) Denominado así a causa de las altas temperaturas en su interior.