REPÚBLICA DEL CONGO

Una antigua generación de líderes implicados en nuevas matanzas

1. Introducción

Amnistía Internacional siente preocupación ante los graves abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición en la República del Congo. En los últimos siete años, miles de civiles indefensos han sido ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad o han sido víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por grupos armados tanto leales al gobierno como opuestos a éste. Sólo entre finales de 1998 y principios de 1999 han perdido la vida cientos de civiles indefensos. También se han perpetrado «desapariciones» y secuestros, torturas y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, así como detenciones arbitrarias o ilegales. En la mayoría de los casos, quienes ordenaron, cometieron o permitieron estos abusos nunca han comparecido ante la justicia, lo que ha perpetuado el ciclo de impunidad. En los casos en que se ha procesado a los autores, reales o presuntos, se ha hecho en condiciones que infringían las normas internacionales de imparcialidad en los juicios o como medida aplicada casi exclusivamente a los adversarios del gobierno.

En esta residencia del ex primer ministro Bernard Kolelas, situada en el distrito de Bacongo, Brazzaville, sus fuerzas detuvieron ilegalmente, torturaron y mataron a presuntos partidarios de sus adversarios políticos..

Como parte de la respuesta de Amnistía Internacional ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en la República del Congo, una delegación integrada por tres personas visitó el país desde el 21 de julio hasta el 4 de agosto de 1998. Los delegados mantuvieron conversaciones con altos cargos del gobierno, así como con responsables de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, tanto en la capital, Brazzaville, como en la segunda ciudad del país, Pointe-Noire. Las conversaciones se centraron en los motivos de preocupación para Amnistía Internacional antes citados y en las recomendaciones de la organización para impedir que sigan cometiéndose abusos. Los delegados también recabaron testimonios de las víctimas y sus familias, así como de testigos y representantes de organizaciones congolesas de derechos humanos, sobre abusos perpetrados. Gran parte de la información se refería a abusos cometidos a partir de junio de 1997, fecha en que estalló una guerra civil entre partidarios y adversarios del presidente Pascal Lissouba que culminó con su derrocamiento y sustitución por Denis Sassou Nguesso, que ya había presidido anteriormente el país. A partir de los numerosos testimonios recogidos por los delegados, Amnistía Internacional dedujo que los abusos perpetrados contra los derechos humanos tenían motivaciones políticas y guardaban relación directa con la violencia política que se había desencadenado poco después de la elección de Lissouba como presidente, en julio de 1992, y en concreto cuando éste tomó posesión de su cargo, en agosto de ese año.

La visita de 1998 se realizó justo un año después de que otra delegación de Amnistía Internacional se viera obligada a acortar su estancia en la República del Congo, en junio de 1997, al estallar el conflicto armado en el norte del país y en Brazzaville. Los principales objetivos de aquella visita eran entrevistar a refugiados ruandeses procedentes del antiguo Zaire e investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas en el Congo. Aunque los delegados lograron entrevistar a decenas de refugiados ruandeses durante el breve tiempo que permanecieron en el país, no tuvieron muchas oportunidades de reunir información sobre los abusos contra los derechos humanos que se cometían allí.

La información obtenida por los delegados de Amnistía Internacional en 1998 en Brazzaville y Pointe-Noire confirmó los temores de la organización de que las fuerzas gubernamentales y diversos grupos armados habían cometido desde 1993 abusos sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos y, especialmente, entre junio y noviembre de 1997. La mayoría de los testigos entrevistados por los delegados coincidieron en que los combatientes de ambos bandos habían dado muerte a miles de civiles desarmados y capturado a opositores armados. Muchas personas «desaparecieron» y, dado que seguía sin conocerse su paradero, se temía que hubieran muerto. Numerosos detenidos bajo custodia de las fuerzas gubernamentales o de grupos armados fueron sometidos a torturas y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, incluida la violación. Las fuerzas gubernamentales y los grupos armados practicaron detenciones arbitrarias y encarcelaciones ilegales, a menudo en régimen de incomunicación y en penosas condiciones que equivalían a un trato cruel, inhumano o degradante. Durante su visita, los delegados de Amnistía Internacional recabaron numerosos testimonios alarmantes sobre ejecuciones sumarias de detenidos y de personas a quienes las autoridades tachaban de ladrones armados perpetradas desde noviembre de 1997. Los abusos contra los derechos humanos de motivación política, que a principios de 1998 parecían haber disminuido de forma drástica, se intensificaron a partir de septiembre del mismo año, en el contexto de los enfrentamientos armados entre los grupos armados de oposición y las fuerzas gubernamentales.

Aunque las autoridades congolesas reconocieron que se habían cometido abusos generalizados y graves contra los derechos humanos entre junio y octubre de 1997, negaron en general que la milicia conocida como cobra,que respalda al presidente Denis Sassou Nguesso, hubiera sido responsable de un número significativo de ellos. Las autoridades culparon de casi todos los abusos a la milicia del ex presidente Lissouba conocida con los sobrenombres de cocoyes, mambas, aubevilloiso zoulous, así como a la del ex primer ministro Bernard Kolelas, conocida como ninja(1). A mediados de 1998, el gobierno del presidente Sassou publicó un informe en el que se detallaban actos, que calificaba de genocidio y crímenes de guerra, cometidos por las fuerzas y los partidarios del ex presidente Lissouba. Según el informe, entre junio y mediados de octubre de 1997 habían perdido la vida hasta quince mil personas.

Basándose en la información recabada por los delegados de la organización durante y depués de la visita que realizaron al país en el segundo semestre de 1998, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que la mayoría de las víctimas de los abusos eran civiles indefensos escogidos por su filiación política o su origen étnico. Los abusos constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario, y en concreto del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe explícitamente los ataques contra personas que no toman parte activa en las hostilidades, la tortura —incluida la violación sexual—, así como la toma de rehenes, y de su Protocolo Adicional II, relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados no internacionales. Además, el gobierno y sus fuerzas de seguridad quebrantan de forma generalizada las leyes internacionales de derechos humanos. Los líderes de las fuerzas responsables de los abusos son muchas veces los mismos que intervinieron en otras crisis políticas y de derechos humanos sufridas por el Congo desde que se constituyó en Estado independiente en 1960. Amnistía Internacional considera que estos líderes han seguido ordenando, fomentando y permitiendo que se cometan abusos contra los derechos humanos porque tanto ellos como sus adversarios han continuado gozando de impunidad, ya que no se ha adoptado prácticamente ninguna medida para que los autores de tales abusos respondan ante la justicia de sus actos.

Amnistía Internacional publica este informe para dar a conocer a la comunidad internacional el deterioro de una crisis de derechos humanos a la que en buena parte parece no haber prestado atención. En el informe, la organización pide a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales que tomen conciencia de la gravedad de la crisis y adopten de inmediato medidas para ponerle fin e impedir su reaparición. Los responsables de los abusos y sus líderes deben darse cuenta de que ha llegado el momento de acabar con la impunidad y de que ni la comunidad internacional ni el pueblo del Congo van a tolerar sus crímenes. Los gobiernos extranjeros implicados en el conflicto armado deben garantizar que sus tropas no toman parte en abusos contra los derechos humanos y que utilizan su influencia para impedir que se violen tanto estos derechos como el derecho internacional humanitario en el Congo.

2. Información general

La República del Congo se vio inmersa en una serie de crisis políticas y de derechos humanos inmediatamente después de lograr su independencia de Francia, el 15 de agosto de 1960. Casi todas las crisis tenían sus raíces en las luchas internas por el poder que sostenían las élites política y militar. Para alcanzar sus ambiciones políticas, estos grupos dominantes recurrieron a menudo a la captación de simpatizantes entre sus propios grupos étnicos, fomentando y perpetuando así las tensiones étnicas e implicando a sectores más amplios de la población congolesa.

2.1 Una historia de crisis políticas y de derechos humanos

Prácticamente todos los líderes de las fuerzas que intervienen en la actual crisis política y de derechos humanos han protagonizado crisis anteriores en la República del Congo desde que éste se convirtió en un Estado independiente. Entre estos líderes figuran el presidente Denis Sassou Nguesso, los ex presidentes Pascal Lissouba y Jacques-Joachim Yhombi Opango, y el ex primer ministro Bernard Kolelas. Las suspicacias mutuas y la rivalidad política que constituyen el núcleo de la crisis actual se intensificaron cuando el país se convirtió de hecho en un Estado de partido único en 1964, y aún más a partir de diciembre de 1968, fecha en que se fundó el Partido del Trabajo del Congo (Parti congolais du travail, pct), de ideología marxista-leninista.

Las luchas por el poder en el seno del pctdurante los años setenta desembocaron en asesinatos políticos, como el del presidente Marien Ngouabiy el del cardenal católico Emile Biayendaen marzo de 1997. El ex presidente Alphonse Massamba-Débat y al menos otras 17 personas acusadas de haber participado en el asesinato de Marien Ngouabi fueron ejecutados después de un juicio celebrado sin garantías ante un tribunal especial. En mayo de 1977, Amnistía Internacional pidió al presidente Jacques-Joachim Yhombi Opango, que había tomado el poder en abril de 1977, que garantizara la vida de Pascal Lissoubay de más de otros veinte presuntos simpatizantes de Massamba-Débat. Lissouba y muchos otros detenidos fueron condenados posteriormente a cadena perpetua. En 1979, Yhombi fue derrocado a su vez y sustituido por el coronel del ejército Denis Sassou Nguesso. Desde que Yhombifue depuesto y detenido, y a lo largo de los años ochenta, Amnistía Internacional pidió su excarcelación a las autoridades congolesas a menos que fuera acusado de un delito reconocido. A principios de 1982 fue detenido Bernard Kolelasen relación con una presunta conspiración para derrocar al presidente Sassou, así como con una serie de atentados con bombas, cometidos en Brazzaville cuando él ya estaba bajo custodia; la organización lo adoptó como preso de conciencia.

En julio de 1987 fueron detenidos veinte oficiales del ejército por presunta conspiración para derrocar el gobierno y restituir en el poder a Yhombi. La Comisión nombrada por el gobierno para investigar la conspiración implicó a Yhombi y al capitán Pierre Anga, que fueron sometidos a arresto domiciliario. Posteriormente, Yhombi fue detenido y Anga se ocultó después de un enfrentamiento armado con miembros de las fuerzas de seguridad en el que murieron al menos sesenta personas. Las autoridades detuvieron a varios presuntos partidarios del capitán Anga, y las pusieron en libertad sin cargos ni juicio en diciembre de 1987. Anga evitó ser detenido hasta julio de 1988, fecha en que murió en circunstancias que indicaban que pudo haber sido capturado y ejecutado extrajudicialmente. Según los informes recibidos entonces, las fuerzas del gobierno congolés habían recibido apoyo logístico de tropas francesas para localizar a Anga.

A finales de 1989 iban en aumento las presiones en el país en favor del cambio político, que incluía el final del Estado de un solo partido. En julio de 1990, el pctanunció que convocaría un congreso extraordinario para formular leyes que permitieran la existencia de otros partidos políticos. En agosto, el presidente Sassou anunció la excarcelación de presos políticos, entre los que figuraba el ex presidente Yhombi. Las presiones de los sindicalistas y de los opositores del gobierno obligaron a la dirección del pcta permitir la inscripción de partidos políticos. En enero de 1991, el ejército trató de romper sus lazos políticos con el pcty se impartieron instrucciones a los soldados para que se desvincularan de éste y permanecieran neutrales.

En febrero de 1991 se convocó una Conferencia Nacional para debatir el futuro político del país. En junio del mismo año, la Conferencia eligió un Consejo Superior de la República (Haut conseil de la république) compuesto por 153 miembros, con el cometido de supervisar el cumplimiento por parte del gobierno de las decisiones de la Conferencia. El presidente Sassou fue sustituido por el primer ministro André Milongo como jefe del gobierno. En diciembre de 1991, el Consejo Superior aprobó un proyecto de Constitución que establecía que el poder legislativo residía en la Asamblea Nacional y el Senado.

Tras la celebración de la Conferencia Nacional, Amnistía Internacional expresó su preocupación ante el hecho de que no se hubieran adoptado medidas para que los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado comparecieran ante la justicia. Basándose en informes recibidos en años anteriores sobre torturas y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, Amnistía Internacional instó al gobierno a que ratificara la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la onu, medida que la República del Congo no ha adoptado aún. La Conferencia había acusado a los sucesivos gobiernos que ha tenido el país desde que obtuvo la independencia en 1960 de ser responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidos alrededor de tres mil homicidios de motivación política. El entonces presidente en funciones, Sassou, reconoció que se habían perpetrado violaciones de derechos humanos y pidió a los participantes de la Conferencia que fueran indulgentes y comprensivos con los errores cometidos por él y sus antecesores. La Conferencia acordó decretar una amnistía para todas las personas que habían perpetrado abusos contra los derechos humanos y otros delitos políticos, y sus decisiones tenían rango de ley.

El gobierno del primer ministro Milongo trató de hacer valer su autoridad sobre el ejército, a cuya dirección los oponentes del pctconsideraban leal al presidente Sassou. En enero de 1992, varias secciones del ejército se amotinaron, exigiendo la reincorporación de los oficiales expulsados y la destitución del nuevo secretario de Estado para la Defensa. Cuando el gobierno rechazó sus demandas, los amotinados exigieron también la dimisión del primer ministro. Durante los enfrentamientos entre los amotinados y los partidarios del gobierno perdieron la vida al menos cinco civiles. Para poner fin a las tensiones que parecían intensificarse hasta el punto de poder desembocar en un golpe de Estado, el secretario de Estado para la Defensa dimitió y el primer ministro Milongo nombró un ministro de Defensa que gozaba del favor del ejército.

Tras la aprobación de la nueva Constitución en un referéndum celebrado en marzo de 1992, en junio y julio se celebraron elecciones generales, que ganó el candidato presidencial Pascal Lissouba, de la Unión Panafricana para la Democracia Social (Union panafricaine pour la démocratie sociale, upads). Sin embargo, el hecho de que el conjunto de los adversarios de la upads siguieran ocupando la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional y del Senado fue la base de una nueva etapa de inestabilidad política, conflicto armado y abusos contra los derechos humanos. En agosto de 1992, Lissouba ganó la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para obtener una mayoría suficiente en la Asamblea Nacional y poder formar gobierno, la upadsnecesitaba coligarse al menos con un partido político más pequeño, y eligió el pctde Sassou, que sin embargo le retiró su apoyo en seguida, alegando que había recibido muy pocos ministerios. El pctcreó entonces una alianza, la Unión para la Renovación Democrática (Union pour le renouveau démocratique, urd), integrada por siete partidos políticos, entre ellos el Movimiento Congolés para la Democracia y el Desarrollo Integral (Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, mcddi), de Bernard Kolelas, quien había sido también candidato a la presidencia en las elecciones de agosto de 1992. Cuando, en octubre de aquel año, la urdreclamó el derecho a formar gobierno, el presidente Lissouba disolvió la Asamblea Nacional y convocó nuevas elecciones legislativas para 1993. A finales de 1992, la urdreaccionó con una campaña de desobediencia civil destinada a paralizar el país y obligar al gobierno a entregar el poder.

Con la intensificación de las tensiones y de la violencia, en diciembre de 1992 el jefe del Estado Mayor del Ejército amenazó de forma velada con un golpe de Estado militar y pidió a los líderes políticos que formaran un gobierno de transición, como así hicieron. En unas nuevas elecciones celebradas en mayo de 1993, la upadsy sus partidos políticos aliados, conocidos con el nombre colectivo de Círculo Presidencial (Mouvance présidentielle), obtuvieron 63 escaños en la Asamblea Nacional, y la urd, 49. Esta última denunció presuntas irregularidades electorales y boicoteó la segunda vuelta de las elecciones, celebrada en junio de 1993, en once distritos electorales. Tras la segunda vuelta, el Círculo Presidencial tenía en total 69 escaños, suficientes para formar gobierno. A finales de junio, el presidente Lissouba nombró primer ministro al ex presidente Yhombi, quien procedió a formar gobierno. Bernard Kolelas formó a su vez un gobierno rival e hizo un llamamiento a la desobediencia civil, lo que precipitó el estallido de enfrentamientos violentos entre partidarios del gobierno y de la urd. En un intento de poner fin a la desobediencia civil, el presidente Lissouba decretó el estado de excepción.

Tras la mediación de representantes de la Organización de la Unidad Africana (oua) y del gobierno francés, así como del presidente de Gabón, Omar Bongo, el gobierno congolés y sus oponentes acordaron, en agosto de 1993, someter las polémicas elecciones de mayo de 1993 a un arbitraje internacional y declarar nulas las celebradas en junio del mismo año y volverlas a convocar. A finales de agosto, el presidente levantó el estado de excepción.

En octubre de 1993 volvió a celebrarse la segunda vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional; el Círculo Presidencial obtuvo 65 escaños. Aunque en principio la urdaccedió a tomar posesión de sus escaños en la Asamblea, en noviembre de 1993 se reanudaron los combates entre los partidarios armados de Bernard Kolelas conocidos como ninjasy las fuerzas gubernamentales. Según informes, los ninjasde Kolelas recibieron armas y ayuda militar de Sassou. A finales de año, los informes indicaban que habían muerto hasta dos mil personas y que había decenas de miles de desplazados. Los combates degeneraron aparentemente en operaciones de «limpieza étnica», en las que los miembros de determinados grupos étnicos se vieron obligados a huir o a abandonar las zonas donde eran minoría, acusados de oponerse a un líder perteneciente al grupo étnico mayoritario en la zona. En enero de 1994 las partes beligerantes acordaron un alto el fuego, aunque continuaron produciéndose actos de violencia esporádicos.

Preocupada por los abusos contra los derechos humanos que estaban sufriendo miles de civiles indefensos, Amnistía Internacional instó al gobierno a impartir instrucciones a las fuerzas de seguridad en relación con el uso de los medios letales de conformidad con las normas de la onu. La organización también pidió a los grupos armados de la oposición que respetaran las normas internacionales de derechos humanos. En 1996, Amnistía Internacional expresó su inquietud por la detención en régimen de incomunicación de presuntos opositores al gobierno, como el coronelCasmir Bouissa Matoko, amigo de Sassou.

En febrero de 1994, los árbitros internacionales dictaminaron que las elecciones de mayo de 1993 habían sido ilegales en ocho distritos electorales. Meses después, el pcty otros cinco partidos políticos formaron la alianza conocida con el nombre de Fuerzas Democráticas Unidas (Forces démocratiques unies, fdu), bajo la dirección del ex presidente Sassou, e integrada en la urd. Las negociaciones políticas prosiguieron y, en diciembre, las autoridades anunciaron la intención de formar un gobierno de coalición. El gobierno y la oposición crearon un órgano de coordinación para supervisar el desarme de las milicias y el restablecimiento de la autoridad judicial. Ese mismo mes, el presidente Lissouba y sus adversarios, Kolelas y Sassou, firmaron un acuerdo que puso fin a las hostilidades.

En un intento de poner fin al fenómeno de las milicias rivales, el gobierno anunció en enero de 1995 la integración en el ejército de 2.000 miembros de las milicias disueltas y se formó una nueva coalición gubernamental en la que figuraban representantes del mcddi. Las Fuerzas Democráticas Unidas se negaron a integrarse en el gobierno. En las elecciones celebradas para cubrir los escaños vacantes en los siete distritos electorales cuyas elecciones de mayo de 1993 habían sido anuladas, la oposición obtuvo siete escaños y la upads, dos. En las elecciones al Senado de octubre de 1996, celebradas en 23 distritos electorales, el Círculo Presidencial obtuvo 12 escaños y la oposición, 10; el escaño restante lo ganó un candidato independiente.

En agosto de 1995, abrumado por las protestas de la oposición, el gobierno prohibió todas las manifestaciones públicas. En octubre del mismo año, en una aparente tentativa de reducir la lealtad al ex presidente Sassou, anunció una reestructuración de las fuerzas armadas para garantizar un equilibrio regional y étnico. Sin embargo, las milicias de los partidos políticos siguieron representando una amenaza constante para el gobierno. En diciembre, los partidos políticos acordaron desarmar sus milicias e integrar en las fuerzas de seguridad a 1.200 de sus miembros. Esta integración permitió que todos los partidos políticos tuvieran cierta influencia en las fuerzas de seguridad, lo que afectó de forma negativa a su moral y su disciplina. Pero a pesar de que, según informes, entre 1994 y 1996 se integraron hasta 4.000 ex milicianos, las actividades de las milicias continuaron. Por ejemplo, algunos informes indican que en agosto de 1996, la milicia de las Fuerzas Democráticas Unidas, posteriormente llamada Fuerzas Democráticas y Patrióticas (Forces démocratiques et patriotiques, fdp) o cobra, ocupó varios días una ciudad de la región central del país, después de una disputa local.

Las tensiones aumentaron durante 1996, con motines esporádicos protagonizados por soldados recién reclutados en el periodo previo a las elecciones generales de 1997. En febrero, miembros de las milicias que recibían adiestramiento para incorporarse al ejército bloquearon durante varios días la línea de ferrocarril que une Brazzaville con Pointe-Noire, la capital económica del Congo. El presidente Lissouba accedió entonces a destituir al comandante del campamento de instrucción e incorporar a los ex milicianos con el grado de sargento. También destituyó a varios oficiales de alta graduación del norte del Congo, de quienes el gobierno sospechaba que eran leales a Sassou. La oposición acusó al presidente Lissouba de nepotismo.

En febrero de 1997, el pct, el mcddiy otros 17 partidos políticos de la oposición exigieron, entre otras cosas, la creación de una comisión electoral independiente, el desarme de los civiles y el despliegue de una fuerza multinacional para el mantenimiento de la paz. El gobierno no respondió a ninguna de estas exigencias. La violencia de las milicias estalló de nuevo en mayo, especialmente después de que Sassou anunció su intención de visitar Owando, plaza fuerte de Yhombi. Sassou, después de haber vivido alrededor de un año en el extranjero, había regresado al país en enero de 1997 desde París (Francia) para preparar las elecciones previstas para junio y agosto de 1997. Según informes, Yhombi, que en aquel entonces era el director de la campaña electoral del presidente Lissouba, declaró que si Sassou iba a Owando lo matarían, y llevó a miembros de su propio grupo armado, conocido como Faucons, para protegerlo tanto a él como la ciudad. La víspera de la visita de Sassou, en mayo de 1997, mataron a un hombre, y, durante los días siguientes a la visita, partidarios de Sassou y miembros de su grupo étnico fueron agredidos y entre dos y cuatro mil personas huyeron hacia la zona de Oyo, de donde procede Yhombi. Los partidarios de Sassou llevaron como refuerzo a los cobras, y los partidarios de Yhombi fueron atacados en Oyo y obligados a huir hacia Owando. Posteriormente, los cobrascapturaron Owando y utilizaron un aeródromo de la localidad para introducir armas, procedentes aparentemente de Angola en su mayor parte.

El 5 de junio el conflicto se extendió hasta Brazzaville, cuando el presidente Lissouba, sospechando que Sassou iba a dar un golpe de Estado, envió a su casa a los cocoyespara detenerlo y desarmar a los cobras. Éstos defendieron la residencia de Sassou y los combates se extendieron con rapidez a otras partes de la ciudad. Las luchas degeneraron en una «balcanización» de Brazzaville, que quedó dividida en tres zonas: el sur, controlado por los ninjasde Bernard Kolelas; el centro, en poder de los cocoyesdel presidente Pascal Lissouba; y el norte, controlado por los cobrasde Denis Sassou Nguesso. Se cometieron homicidios y detenciones de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos, generalmente debido a su origen étnico, de apoyar a líderes rivales; algunos fueron obligados a marcharse de sus casas y refugiarse en las zonas controladas por los líderes a quienes presuntamente apoyaban.

Cuando estallaron los combates en junio de 1997, Kolelas parecía neutral y sus intentos, así como los del presidente de Gabón, Omar Bongo, y de Muhammad Sahnoun, entonces representante especial de la onuy la ouaen la Región de los Grandes Lagos, de poner fin a las luchas fueron infructuosos. Sassou siguió oponiéndose a las tentativas del presidente Lissouba de prolongar su mandato después de agosto de 1997 y ninguno de los dos logró formar un gobierno de unidad nacional. En agosto, los combates se habían extendido al norte del país.

En septiembre, el presidente Lissouba nombró primer ministro a Bernard Kolelas, mientras que Sassou se negó a aceptar los cinco ministerios ofrecidos a su partido. Las organizaciones políticas leales al presidente Lissouba, entre ellas el mcddi, formaron una coalición bajo el nombre de Espacio Republicano para la Defensa de la Democracia y la Unidad Nacional (Espace républicain pour la défense de la démocratie et l'unité nationale), lo que provocó un enfrentamiento militar entre los cobrasde Sassou y los ninjasde Kolelas. Para hacer frente a esta coalición, Sassou pidió la ayuda de tropas de los gobiernos de Chad y Angola, mientras que, según informes, la coalición del presidente Lissouba recibió el apoyo de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, unita), grupo de oposición angoleño. En las decisivas batallas de octubre, Sassou se hizo primero con el control de Brazzaville y después con el de Pointe-Noire, lo que obligó al presidente Lissouba y a sus partidarios más destacados, como el primer ministro Kolelas, a huir del país. Sassou se proclamó presidente el 17 de octubre de 1997 y tomó posesión del cargo el 25 de octubre. Los combates que precedieron al derrocamiento del presidente Lissouba fueron encarnizados, y se utilizaron en ellos armas pesadas, como lanzacohetes múltiples y helicópteros de combate, en una ciudad densamente poblada y muy urbanizada. Además de las miles de personas que murieron o «desaparecieron», y de las decenas de miles de desplazados, gran parte de la infraestructura de la capital quedó destruida total o parcialmente.

La basílica de Santa Ana del Congo, de la parroquia católica de Poto Poto, en Brazzaville, sufrió graves daños a finales de 1997 a causa de los proyectiles lanzados tanto por las partes beligerantes del Congo como por tropas gubernamentales de la vecina República Democrática del Congo.

En enero de 1998, el nuevo gobierno convocó un foro nacional que aprobó una constitución de transición conocida como Ley Fundamental (Acte fondamental) para sustituir a la Constitución de 1992, que había sido anulada cuando el presidente Sassou llegó al poder. En su preámbulo, la Ley Fundamental reafirma el compromiso del pueblo congolés con los principios democráticos y de derechos humanos definidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En su artículo 8, prohíbe todos los actos de tortura y los tratos inhumanos o degradantes. También prohíbe la detención y la reclusión arbitrarias y garantiza el derecho a un juicio justo. El foro eligió asimismo un parlamento de transición integrado por 75 personas denominado Consejo Nacional de Transición (Conseil national de transition). Se decidió que el periodo de transición duraría como máximo tres años, transcurridos los cuales se celebrarían elecciones presidenciales y legislativas.

El foro concluyó que el ex presidente Lissouba, derrocado en octubre de 1997, y sus aliados habían cometido violaciones graves de derechos humanos, incluidos actos de genocidio, y recomendó al gobierno que pusiera a sus autores a disposición de la justicia. A mediados de 1998, el gobierno publicó un informe que contenía denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno del ex presidente Lissouba y sus partidarios, aunque no mencionaba los graves abusos perpetrados por las fuerzas gubernamentales y la milicia del presidente Sassou, como numerosos homicidios deliberados y arbitrarios, «desapariciones» y torturas. En septiembre de 1998, el Consejo Nacional de Transición promulgó una ley para castigar el crimen de genocidio y otras violaciones de derechos humanos atribuidas al gobierno del ex presidente Lissouba y a sus aliados, y otra por la que se creaba un tribunal para juzgar a los autores de estos actos. Muchos de los delitos tipificados en la ley, como las ejecuciones sumarias, las «desapariciones» y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, son punibles con la muerte. En octubre de 1998, un tribunal procesó a un centenar de personas, entre ellas al ex presidente Lissouba, por delitos que iban desde homicidios y torturas hasta fraude y robo. En noviembre, el gobierno dictó una orden internacional de busca y captura contra el ex presidente Lissouba.

Durante 1998 hubo enfrentamientos armados esporádicos entre los grupos armados de oposición ninjasy cocoyesde un lado, y del otro las fuerzas del presidente Sassou, entre las que figuraban miembros de la Policía Nacional y de las fuerzas armadas, así como cobrasque no pertenían oficialmente a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas gubernamentales contaban además con el apoyo de tropas de los gobiernos de Angola y Chad. Los combates se intensificaron a partir de finales de agosto en la región meridional del Pool, y a mediados de diciembre habían llegado hasta Brazzaville. Según algunos informes, los ninjasocuparon temporalmente algunas zonas de la ciudad y amenazaron con capturar el vecino aeropuerto internacional de Maya Maya. Los informes indicaban que las fuerzas gubernamentales estaban utilizando armas pesadas para bombardear las zonas densamente pobladas de Bacongo y Makélékélé y muchas partes de la región del Pool que consideraban bastiones de los ninjas. Según los informes, las fuerzas gubernamentales, especialmente los cobras, mataban a los civiles indefensos a quienes consideraban partidarios de los ninjas. Miles de civiles que residían en el sur de Brazzaville se vieron obligados a huir al norte de la ciudad.

A partir de noviembre, las fuerzas congolesas que apoyaban al gobierno, especialmente los cobras, participaron en saqueos de envergadura de los bastiones ninjas. Según informes, en diciembre se desplegaron fuerzas angoleñas en el sur de Brazzaville para impedir que continuaran dichos saqueos, aunque otros informes decían que algunos de los soldados angoleños habían participado en ellos. Si bien ese mes el gobierno anunció que las propiedades saqueadas serían restituidas a sus propietarios, en enero de 1999 hubo informes según los cuales algunos cobras,concretamente en su plaza fuerte del norte de Brazzaville, vendían de forma pública su botín con total impunidad. No estaba claro si esta situación se debía a que las fuerzas regulares no podían o no querían tomar medidas contra los saqueadores. Los informes indicaban que también los ninjas estaban atacando a civiles indefensos que presuntamente apoyaban al gobierno. Según informes, combatientes de ambos bandos violaron a mujeres e hirieron deliberadamente a civiles. Hasta cuarenta mil civiles residentes en los distritos de Bacongo y Makélékélé de Brazzaville se vieron obligados a huir de sus casas hacia el norte y otras zonas de la ciudad, mientras que en la región del Pool, no menos de ciento cincuenta mil personas huyeron a los bosques. Hasta veinte mil ciudadanos de la República del Congo y veinte mil extranjeros, muchos de ellos de la República Democrática del Congo, que vivían en el sur del Congo huyeron a la República Democrática del Congo. El 19 de enero de 1999, las autoridades pidieron a los desplazados que regresaran a sus casas, pero, según los informes, las fuerzas gubernamentales impidieron el retorno a quienes querían regresar. También se recibieron informes según los cuales los ninjas impedían que los civiles desplazados a los bosques regresaran a Brazzaville.

En diciembre de 1998 y enero de 1999 estallaron en la región de Bouenza combates entre las fuerzas gubernamentales y los cocoyes, y éstos ocuparon de forma temporal algunas ciudades, así como el embalse eléctrico de Moukoukoulou. Los informes indican que hasta doscientos civiles indefensos perdieron la vida a manos de ambos bandos.

2.2 La intervención militar extranjera

Poco después de que llegar al poder en agosto de 1992, el ex presidente Lissouba tomó medidas aparentemente destinadas a aumentar el apoyo a su gobierno en el seno de las fuerzas armadas. Según informes, dijo a sus partidarios que no confiaba en las fuerzas armadas, a las que creía dominadas por partidarios de su antecesor, Denis Sassou Nguesso, muchos de ellos procedentes del norte del Congo. El gobierno del presidente Lissouba contrató los servicios de la empresa israelí Lordon-Levdan para adiestrar a no menos de cuatrocientos cincuenta combatientes, conocidos más tarde como cocoyes, con el fin aparente de inclinar la balanza de la lealtad en el seno de las fuerzas armadas a favor del gobierno. Los informes indicaban que los cocoyesfueron entrenados, sobre todo en la guerra de guerrillas, en el Centro de Formación Agrícola de Loudima, en la provincia de Lekoumou. Según informes, los cocoyesutilizaban armas obtenidas de las Fuerzas Armadas Congolesas, procedentes principalmente de Rusia. El gobierno del presidente Lissouba también importó equipos militares, que, según informes, incluían helicópteros y armas del gobierno sudafricano y empresas privadas. Se sabe que los partidarios armados del presidente Lissouba han utilizado ese material militar para cometer abusos contra los derechos humanos. Los cocoyesfueron el núcleo de los combatientes congoleses partidarios del ex presidente Lissouba desde junio hasta octubre de 1997. Los informes indican que la empresa Lordon-Levdan abandonó el Congo en marzo de ese año. Los cocoyesutilizaron el adiestramiento y las armas procedentes de otros países para perpetrar numerosos abusos contra los derechos humanos.

A partir de junio de 1997, los dos bandos del conflicto armado de la República del Congo buscaron la ayuda de fuerzas extranjeras. Durante su estancia en el Congo, los delegados de Amnistía Internacional recabaron testimonios de varios testigos sobre la participación en la guerra de fuerzas extranjeras hasta el derrocamiento del presidente Lissouba, y de otras que permanecen desde entonces en el país.

A principios de 1997, en vista de los informes según los cuales los cobrasestaban comenzando a reclutar combatientes entre los antiguos miembros de las fuerzas gubernamentales ruandesas (Fuerzas Armadas Ruandesas, far), que habían huido desde el antiguo Zaire hasta el noroeste del Congo, el gobierno del presidente Lissouba trasladó a algunos refugiados ruandeses a zonas próximas a Brazzaville que estaban bajo el control gubernamental. Muchos de los ex miembros de las fary de sus antiguas milicias ruandesas interahamweparticiparon en el genocidio de Ruanda de 1994. Un número no especificado de ex miembros de las farse unió a los cobras, aparentemente a cambio de dinero y comida, durante los combates de finales de 1997. Fuentes del Congo afirmaron que casi todos los ex miembros de las farhabían abandonado la milicia Cobratras el derrocamiento del ex presidente Lissouba. Sin embargo, alrededor de sesenta, vestidos con uniformes militares, fueron vistos en enero de 1999 en Dolisie, capital de la región de Niari, que entonces estaba bajo el control de las fuerzas gubernamentales.

También intervinieron en la guerra miembros de la unita, en el bando del entonces presidente Lissouba. En parte debido a la participación de la unita, el gobierno angoleño envió a cientos de soldados y varios aviones de combate a principios de octubre de 1997 para apoyar a las fuerzas de Sassou. A las fuerzas angoleñas se sumaron posteriormente las del gobierno del Chad. Varios envíos de armas destinados a las fuerzas de Sassou pasaron por la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, procedentes de Angola. Según informes, las autoridades de la República Democrática del Congo se incautaron de uno de ellos, aunque después anularon la medida debido a las presiones del gobierno angoleño. La participación en el conflicto de las fuerzas gubernamentales angoleñas modificó radicalmente el equilibrio de fuerzas y, en el plazo de dos semanas, Sassou había obtenido el poder. Desde entonces permanecen en la República del Congo fuerzas angoleñas y chadianas para apoyar al gobierno de Sassou. Amnistía Internacional no ha podido confirmar las declaraciones del gobierno congolés según las cuales, a finales de 1998, los ninjascontaban con el apoyo de fuerzas de la unita. Según informes, tras una reunión celebrada a mediados de enero de 1999 en la capital de Angola, Luanda, los presidentes de Angola, la República del Congo y la República Democrática del Congo decidieron una estrategia militar común contra los grupos armados de oposición de sus respectivos países. Tampoco ha podido confirmar los informes recibidos en enero de 1999 según los cuales habían llegado al Congo hasta trescientos mercenarios cubanos para ayudar a las fuerzas gubernamentales en los combates. Cuba ayudó durante años con sus tropas al gobierno angoleño en contra de la unita.

Asimismo se implicaron en el conflicto armado de la República del Congo fuerzas que habían combatido en el antiguo Zaire, posteriormente rebautizado República Democrática del Congo. Miembros de las Fuerzas Armadas Zaireñas (Forces armées zairoises, faz), que habían huido a Brazzaville desde lo que entonces era Zaire, se unieron al conflicto armado en el bando del ex presidente Lissouba. Según informes, el gobierno del ex presidente Mobutu contrató a mercenarios serbios que participaron en la guerra congolesa pilotando helicópteros de ataque, que se utilizaron para bombardear zonas ocupadas por cobrasy causaron la muerte de decenas de civiles. La caída en Kinshasa de proyectiles procedentes de Brazzaville, que causaron algunas víctimas, hizo que tropas del ejército de la nueva República Democrática del Congo pasaran a Brazzaville, aparentemente para perseguir a las fuerzas responsables de los bombardeos. Según los informes, los cohetes procedentes de Kinshasa, algunos lanzados aparentemente por las tropas angoleñas destacadas en esa ciudad, causaron decenas de muertos y heridos y graves daños estructurales en Brazzaville.

Hay informes que indican que el gobierno francés respalda al gobierno del presidente Sassou. La empresa petrolera francesa Elf-Congo fue acusada por el ex presidente Lissouba de entregar dinero a los cobrasde Sassou para que comprasen armas. A principios de 1998, Lissouba intentó infructuosamente demandar a Elf-Congo ante los tribunales de justicia franceses por su presunta implicación en una conspiración para derrocar su gobierno mediante la financiación del grupo armado de Sassou, así como por complicidad en homicidios y actos de terrorismo. A finales de septiembre de 1998, el embajador francés en el Congo anunció que Francia iba a enviar 25 instructores al Congo para formar a mandos intermedios de la Gendarmería congolesa. El embajador anunció también que el gobierno francés entregaría 800 millones de francos cfa(alrededor de 1.600.000 dólares estadounidenses) para la reforma del poder judicial congolés.

2.3 La marginación del Estado de Derecho

Incluso en su mejor época, el poder judicial de la República del Congo ha tenido una influencia muy limitada en el respeto a la ley en el país. En años anteriores se han conocido numerosos casos de detenidos que llevaban años recluidos sin cargos ni juicio. En muchos de ellos, se ha sabido que el detenido había permanecido más años en prisión sin juicio que los que habría cumplido de haber sido condenado por un tribunal por los delitos de los que era acusado.

Esta situación, en la que el poder judicial no actúa de forma eficaz para proteger los derechos humanos, incluidos los derechos de los detenidos, se ha visto exacerbada por los conflictos armados de los últimos seis años, y especialmente desde junio de 1997. Muchos ciudadanos corrientes y miembros de los diversos grupos armados han perdido la confianza en la eficacia y la imparcialidad de los jueces, y se han tomado la justicia por su mano en numerosas ocasiones. Al parecer, los homicidios por venganza han sido en parte la causa del elevado número de homicidios perpetrados durante las guerras civiles. Cuando los delegados de Amnistía Internacional visitaron la República del Congo en 1998, en muchas zonas del país, especialmente en Brazzaville, el poder judicial estaba paralizado de hecho; carecía de medios básicos, desde papel y sobres hasta textos legales, pasando por medios de transporte. Según informes, a finales de 1997, unos detenidos que se habían fugado atacaron el Palacio de Justicia de Brazzaville y quemaron algunas oficinas, destruyendo casi todos los expedientes.

Algunos detenidos que se fugaron durante el conflicto armado, a finales de 1997, causaron daños en gran parte de la infraestructura de la prisión central de Brazzaville, que seguía estando inutilizable a finales de 1998. Muchos de los presuntos delincuentes prófugos se unieron a una milicia y se convirtieron en intocables ante la ley. Algunas autoridades judiciales contaron a Amnistía Internacional que cualquier intento de perseguir a los sospechosos, algunos de los cuales se sabía que habían cometido abusos graves de derechos humanos, como homicidios deliberados y arbitrarios y torturas, incluida la violación, podía costarles la vida. Las autoridades no habían prestado prácticamente ningún apoyo político ni material al poder judicial para que comenzara a realizar su trabajo con eficacia y sin temor. Amnistía Internacional siente especial inquietud ante el hecho de que varias autoridades judiciales parecían mostrarse parciales a la hora de reconocer los abusos contra los derechos humanos que se habían cometido mientras estaba en el poder el ex presidente Lissouba; tales autoridades se mostraron reacias a admitir que las fuerzas leales al presidente Sassou también habían perpetrado abusos graves. En la mayor parte de los casos, parecían respaldar el argumento oficial de que las fuerzas leales al ex presidente Lissouba y a su primer ministro, Kolelas, eran casi los únicos responsables de los crímenes cometidos a finales de 1997.

La práctica paralización del poder judicial en Brazzaville hizo que todos los detenidos estuvieran recluidos en condiciones de hacinamiento y de gran dureza en varias comisarías de policía de la capital. Algunos funcionarios de la fiscalía contaron a Amnistía Internacional que muchas veces no podían visitar los centros de detención o remitir a los detenidos a un juez porque carecían del material y los medios de transporte necesarios para documentar casos o realizar investigaciones. Como consecuencia de ello, prácticamente todos los detenidos, algunos de los cuales podían ser inocentes, estaban privados de libertad de forma ilegítima. Amnistía Internacional expresó su máxima preocupación ante el hecho de que muchos detenidos estaban en régimen de incomunicación, habida cuenta de los informes según los cuales algunos de ellos habían sido sacados de centros de detención policiales y ejecutados extrajudicialmente. La Fiscalía no tenía constancia de la mayoría de estos abusos y, por tanto, no podía encausar a los autores.

En la segunda ciudad más importante del Congo, Pointe-Noire, la actividad en la Fiscalía era visible y sus funcionarios afirmaron que trabajaban con normalidad. Sin embargo, Amnistía Internacional expresó preocupación ante el hecho de que los funcionarios judiciales rara vez visitaban los centros de detención, especialmente los de las fuerzas de seguridad, como la Dirección para la Vigilancia del Territorio (Direction de la surveillance du territoire, dst). Algunos detenidos políticos con los que hablaron los delegados de la organización manifestaron que, durante su detención —en algunos casos de hasta cinco meses—, no los había visitado ningún funcionario judicial. Las autoridades responsables de la detención eran quienes decidían si ponían en libertad a los detenidos y cuándo; algunos tuvieron que pagar una cantidad de dinero a cambio de su libertad. Los jueces de Pointe-Noire tampoco habían investigado denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos en la actualidad o en el pasado. Según informes, este fenómeno era común en todas las zonas del país. Al igual que en Brazzaville, los funcionarios judiciales de Pointe-Noire se mostraban reticentes a reconocer que los partidarios del presidente Sassou, incluidos los cobras, habían cometido numerosos abusos graves contra los derechos humanos.

3. Abusos contra los derechos humanos en relación con el conflicto armado

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación, como cada año desde finales de 1992, por los abusos contra los derechos humanos de motivación política que ordenan, permiten o cometen los líderes políticos congoleses. Dirigentes tanto del gobierno como de la oposición han ordenado o permitido que se cometan abusos contra los derechos humanos para eliminar o intimidar a los partidarios o presuntos partidarios de sus adversarios. Estos abusos incluyen homicidios deliberados y arbitrarios, «desapariciones», torturas y otras formas de malos tratos, así como detenciones arbitrarias y encarcelaciones ilegales. El poder judicial ha perdido casi totalmente su función de resolver disputas o procesar a los autores de abusos contra los derechos humanos y otros crímenes. Como resultado de ello, la tendencia y la práctica por parte de algunas personas y grupos de tomarse la justicia por su mano ha degenerado en una situación de impunidad generalizada.

3.1 Homicidios de civiles desarmados

En el contexto de la violencia política desatada desde finales de 1992 y, de forma más significativa, a partir de junio de 1997, miembros de diversos grupos armados, junto con miembros de las fuerzas de seguridad, han atacado a civiles indefensos. Las víctimas eran sospechosas, normalmente debido a su grupo étnico o lingüístico, de respaldar a adversarios de sus líderes. Según informes, algunos combatientes mataron a personas en ajustes de cuentas personales sobre hechos ocurridos antes de que la guerra se intensificara en junio de 1997. En otros casos, delincuentes que se habían fugado de centros de detención mataron a policías y a otros miembros de las fuerzas de seguridad responsables de su detención o reclusión. Los informes indicaban que algunas personas perdieron la vida por no haberse incorporado a un grupo armado en la zona donde fueron encontrados o por haberse unido presuntamente a una milicia rival. En casi todos los casos, los líderes de las milicias no tomaron ninguna medida contra los autores de estos homicidios. Según los informes, a finales de 1997 muchas de las víctimas murieron en los controles de carretera, conocidos como bouchons («tapones»).

En algunos casos, cuando en la zona había presencia de fuerzas contrarias, fue difícil determinar la responsabilidad de los homicidios y otros abusos. Por ejemplo, las autoridades congolesas y los líderes políticos de los ninjasse han acusado mutuamente de la responsabilidad de la muerte de seis representantes de grupos religiosos en Mindouli el 14 de noviembre de 1998. Las víctimas, René-Zacharie Kinzozi(ortodoxo), Eugène Nsingani(comandante del Ejército de Salvación), el pastor Fidèle Loubela(de la Iglesia Evangélica del Congo), Emile Mabiala, Alphonse Bidié(trabajador médico) y Benjamin Manangou, y varios supervivientes del tiroteo fueron atacados cuando visitaban la ciudad para mediar entre los beligerantes. Según los informes, murieron hasta treinta personas más, en su mayoría civiles indefensos. Sólo una investigación independiente e imparcial podría determinar de forma concluyente la identidad de los autores de estas muertes.

3.1.1 Homicidios cometidos por los cobrasy otras fuerzas leales al presidente Sassou

Un testigo que vive en el norte de Brazzaville contó a Amnistía Internacional que, entre junio y octubre de 1997, los cobrasmataron a civiles indefensos sospechosos de ser infiltrados procedentes de zonas controladas por ninjasy cocoyes. Según los informes, los criterios empleados para identificar a los infiltrados señalaban como objetivos a las personas que hablaban lenguas propias de los habitantes del sur del Congo, como el kitouba, y a las que llevaban la cabeza afeitada. Otros objetivos de los cobras eran las personas que vestían pantalones vaqueros, prenda que al parecer suelen llevar los ninjas, y quienes no se identificaban como miembros de una unidad cobra. Según el testigo, que vio los homicidios desde su casa, los combatientes cobrasvendaban los ojos a los presuntos infiltrados, les ordenaban que corrieran y después disparaban contra ellos. Estos homicidios se cometían noche y día. Miembros de la Sociedad Congolesa de la Cruz Roja (Congolese Red Cross Society) recogieron los cadáveres de las víctimas y los enterraron en un cementerio próximo. El testigo afirmó que entre principios de junio y julio de 1997 se llegaron a recoger hasta ciento veinte cadáveres al día.

Los cobrasmataron también a algunas personas sospechosas de apoyar a los ninjaso a los cocoyes. Por ejemplo, Bernard Kinzouzi, anciano de Niari, murió a tiros el 8 de agosto de 1997, según informes, después de que se denunciara que en su domicilio de la calle Kimbangis, en el barrio de Mikalou, en las afueras de Brazzaville, había presuntos cocoyesy armas. Los cobrasle hicieron salir de la casa antes de hacerla explotar con los cocoyesen su interior. Después lo ejecutaron sumariamente.

Según informes, en abril y mayo de 1998, las fuerzas leales al presidente Sassou, entre las que había cobrasy ex soldados gubernamentales ruandeses, con el respaldo de soldados de los gobiernos angoleño y chadiano, mataron a más de cien civiles indefensos y violaron a mujeres en Mouyondzi, en la provincia meridional de Bouenza. Los informes indicaban que la mayor parte de las atrocidades fueron obra de los cobras. Aparentemente, los homicidios se cometieron como represalia por la muerte de un policía y de un cargo del gobierno a manos de milicias cocoyes. Según informes, las fuerzas gubernamentales quemaron decenas de casas y saquearon propiedades privadas.

Algunas de las personas que murieron a manos de los cobrasen la provincia de Cuvette eran, según informes, familiares y presuntos partidarios del ex presidente Yhombi, que también había sido primer ministro del ex presidente Lissouba. Los informes señalaban que en este grupo de víctimas estaba el padre de Yhombi, a quien según estas fuentes mataron hacia el 8 de septiembre de 1997 cerca de la residencia del prefecto de Owando, lugar de origen de Yhombi. Otra de las víctimas fue Elenga Oyoyo, gobernador de la subprovincia de Ngoko, ejecutado sumariamente en Emanda, a unos quince kilómetros de Owando.

A algunos civiles los mataron de forma deliberada y arbitraria por negarse a permitir que los combatientes se llevaran sus propiedades. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 1997, en el puerto de Mpila, un combatiente cobramató a tiros a Guy Iloi, de 34 años, procedente de Ouenze, en el norte de Brazzaville, por negarse a entregarle su grabadora de vídeo, que iba a vender en Kinshasa. Los cobraslo enterraron en una tumba poco profunda en el puerto. La familia de Iloi solicitó posteriormente autorización a un comandante cobrapara exhumar el cadáver y lo enterró en el cementerio de Itatolo, en las afueras de Brazzaville. Aunque se identificó al autor del homicidio, no se tiene conocimiento de que el comandante haya tomado medidas contra él. Un mes antes, en agosto, Hubert Mpakafue ejecutado deliberada y arbitrariamente por un grupo de cobrasa los que encontró saqueando una farmacia cerca de su casa, en el distrito de Moungali de Brazzaville. Los autores del homicidio enterraron el cadáver de Mpaka en las proximidades, y su familia lo exhumó y lo enterró en el cementerio de Itatolo una vez finalizada la guerra en octubre de 1997.

A partir de finales de agosto de 1998, los informes indican que las fuerzas gubernamentales ejecutaron extrajudicialmente a cientos de civiles desarmados, la mayoría varones, entre los que había incluso niños de diez años, a los que aparentemente acusaban de pertenecer a los ninjaso de apoyarlos. Numerosas fuentes de Brazzaville han afirmado que en diciembre de 1998 y principios de enero de 1999, en los distritos de Makélékélé y Bacongo, en el sur de Brazzaville, murieron hasta dos mil civiles, muchos de ellos ancianos que no habían huido. Según los informes, muchos más civiles indefensos murieron debido a los proyectiles lanzados de forma indiscriminada en el sur de Brazzaville. El 20 de diciembre, el director general de la Policía Nacional anunció que habían muerto 400 opositores armados del gobierno y 10 soldados gubernamentales, aunque no mencionó la cifra de civiles desarmados que habían perdido la vida. Los informes indican que, a finales de diciembre de 1998, el presidente Sassou declaró en una emisión de radio que habían muerto cientos de personas. Los informes hablaban de cientos de cadáveres abandonados durante varias semanas en las calles y en las casas. A principios de enero de 1999, las autoridades informaron de que se habían encontrado y enterrado hasta 415 cadáveres en el sur de Brazzaville. Fuentes de dentro y fuera de la ciudad afirmaron que la mayoría de las víctimas eran civiles indefensos a quienes los cobrasy las fuerzas gubernamentales habían matado de forma deliberada y arbitraria. Las autoridades no dieron a conocer la identidad de las víctimas ni la de los autores de los homicidios, ni abrieron investigación alguna sobre los hechos.

Según informes, a finales de 1998 y en enero de 1999, las fuerzas gubernamentales ejecutaron extrajudicialmente a numerosos civiles desarmados en la provincia de Pool, incluida su capital, Kinkala. Entre las víctimas había familiares y empleados de un senador llamado Louhoungou, al que habían matado, según informes, a mediados de octubre. Los informes indican que las fuerzas gubernamentales, así como tropas de los gobiernos angoleño y chadiano, bombardearon indiscriminadamente muchas zonas de la provincia, lo que causó muchas muertes entre la población civil. A mediados de enero de 1999 se desconocía aún el número de fallecidos. Según informes, las fuerzas gubernamentales mataron a muchos civiles indefensos en Mouyondzi, Nkayi y otras partes de la región de Bouenza durante una ofensiva lanzada entre mediados y finales de diciembre de 1998 para desplazar a los cocoyes. Muchos civiles más perdieron la vida durante los bombardeos indiscriminados que sufrieron algunas zonas de Bouenza donde se suponía que tenían su base los cocoyes. En Nkayi fueron enterradas hasta 123 personas fallecidas durante los combates, aunque otras fuentes afirmaron que el número total de muertos ascendía a 200.

Se han recibido informes sobre homicidios de hombres sospechosos de pertenecer a grupos armados de oposición cometidos por las fuerzas gubernamentales en zonas adonde no había llegado el conflicto armado. Por ejemplo, el 29 de enero de 1999, la policía ejecutó extrajudicialmente en Pointe-Noire a cinco presuntos miembros de la milicia ninjaporque sus tarjetas de identidad indicaban que procedían de Mindouli, en la región del Pool. La ejecución se llevó a cabo hacia las once de la mañana, cerca del depósito de cadáveres del hospital de Pointe-Noire. Según los informes, los disparos sembraron el pánico entre los alumnos del instituto de enseñanza secundaria Lycée Pointe-Noire II, situado en las cercanías del lugar. Las víctimas habían sido detenidas la víspera por una unidad de la Policía Nacional conocida como Servicio General de Intervención (Service général d'intervention, sgi).

3.1.2 Homicidios cometidos por los ninjasde Kolela y los cocoyesde Lissouba

Según los informes, a partir de junio de 1997, los combatientes ninjasy cocoyeshan matado a centenares y posiblemente miles de civiles indefensos en controles de carretera situados en sus bastiones de Bacongo y Makélékélé. El más conocido estaba en el Centro Cultural Francés. Según los informes recibidos sobre un incidente ocurrido a finales de 1997, los cocoyesmataron a cuatro civiles y arrojaron sus cuerpos a los leones del zoológico de Brazzaville.

Durante un alto el fuego provisional, en julio de 1997, combatientes ninjasy cocoyesejecutaron sumariamente a miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos así como a muchos otros civiles que pasaron por sus controles de carretera. Los informes indican que muchos de los homicidios tuvieron lugar en el Centro Cultural Francés, especialmente durante el alto el fuego, cuando los funcionarios del gobierno y las fuerzas de seguridad salieron de sus casas para cobrar sus salarios. Un testigo contó a Amnistía Internacional que había visto cómo mataban a tiros a siete civiles cerca del Centro Cultural. Un sargento de la policía conocido como Ngakouafue ejecutado sumariamente en el Centro Cultural Francés por antiguos compañeros suyos que se habían unido a los cocoyes. Otros dos policías, Madzambay Yoka, que venían de Bacongo para cobrar su sueldo, fueron ejecutados sumariamente por los cocoyesdetrás del Ministerio del Interior. Las víctimas habían sido detenidas en un control de carretera próximo a la oficina central de correos. Después de estos y otros homicidios, los miembros de la policía de quienes cabía pensar que apoyaban a los cobrasno pudieron salir del cuartel de Bacongo, ni tampoco sus familias. r

Desde finales de agosto de 1998, cuando se reanudaron los enfrentamientos armados en la región del Pool, grupos armados calificados de ninjas, aunque según algunos informes entre ellos también había cocoyes, atacaron a civiles desarmados, así como a funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas de seguridad. Según la información recibida, el 29 de agosto de 1998, como respuesta a la ejecución extrajudicial de tres compañeros a quienes las fuerzas gubernamentales consideraban presuntos ladrones armados, un grupo de combatientes ninjasde Mindouli mató al comisario de policía local y a un número no determinado de civiles. Otros informes señalaban que el 15 de septiembre unos combatientes ninjashabían matado a varios civiles indefensos, entre ellos al subprefecto de la subregión de Goma Tsé-Tsé. Asimismo se han recibido informes según los cuales los ninjastambién quemaron y destruyeron edificios oficiales en la región del Pool.

El 29 de agosto de 1998, combatientes armados que se pensaba eran ninjasmataron a tiros de forma deliberada al periodista Fabien Fortune Bitoumboy a varias personas más que se desplazaban desde Brazzaville hacia Mindouli con el ministro de Minería e Industria y otras autoridades. Los combatientes detuvieron a las víctimas, entre las que figuraban Bivoula, jefe de una aldea, y el comerciante Victor Kimbembe, y luego las mataron a tiros.

El 26 de octubre de 1998, unos ninjasde la región del Pool mataron a una mujer, Cady Ekouele, y a Oscar Mavoungou, Didier Ntalani, Dany Kotolo Malonga,el doctorJean Kimbembey Eugène Mfinta(conductor). Todas las víctimas trabajaban en el Programa Mundial de Alimentos y estaban realizando una visita de trabajo a la región. Ese mismo mes, los ninjasdieron muerte a André Ngatse, Pascal Tsikassissa, Henri Loumbamba, Ferdinand Nanitelamioy Anatole Mboungou, todos ellos trabajadores de la compañía ferroviaria estatal (Chemin de fer Congo-océan).

Según los informes, los ninjastenían una lista de simpatizantes o presuntos simpatizantes del gobierno a quienes matar en la región del Pool. Entre las víctimas había personas que no hablaban lari, la lengua propia de la región.

Los informes indican que entre mediados y finales de diciembre de 1998, en la región de Bouenza, especialmente en las áreas de Sibiti, Nkayi, Mouyondzi y Loudima, los cocoyesatacaron y mataron o hirieron a un número no especificado de civiles desarmados acusados de apoyar al presidente Sassou. Una de las víctimas era el padre François de Paul Moundanga-Ibeni, vicario general de la diócesis católica de Nkayi, a quien un cocoyedisparó e hirió en un pie. Entre las víctimas había personas originarias de la región septentrional de donde procede el presidente Sassou, así como de otras partes del país, a quienes los cocoyes acusaban de colaborar con el gobierno. Según los informes, los cocoyes tambiénmataron al menos a un trabajador francés expatriado.

3.2 Ejecuciones sumarias de combatientes

Algunos ex soldados contaron a los delegados de Amnistía Internacional que, a finales de 1997, miembros de las Fuerzas Armadas Congolesas (Forces armées congolaises, fac) ejecutaron a sus adversarios en el seno de las fuerzas de seguridad o de las milicias. Por su parte, miembros de las milicias hicieron lo mismo con sus adversarios, fueran reales o presuntos. Ninguno de los bandos solía hacer prisioneros. Se recibieron informes según los cuales hubo muchos casos en que los soldados ejecutaron a sus propios oficiales. Según un ex oficial de la policía, los miembros de las fuerzas de seguridad que se unieron a los cobras eran más disciplinados y enviaban a sus ex compañeros capturados al cuartel de Sassou antes de recluirlos en la Academia Militar, en las afueras de Brazzaville. Sin embargo, los cobras, muchos de los cuales eran, según los informes, delincuentes habituales y algunos consumían drogas, casi siempre mataban a los miembros de las fuerzas de seguridad que capturaban.

Una de las personas ejecutadas sumariamente por los cobrasfue Herbert Massamba, guardaespaldas de Kolelas, que fue detenido en su casa de Nsolé. Según los informes, antes de morir dijo que quería ver a Willy Masanga, un comandante cobra, para organizar unas conversaciones entre cobrasy ninjas. Otros informes indican que varios partidarios de Kolelas fueron detenidos en Nsolé al mismo tiempo que Massamba y ejecutados por los cobrasen Loufoula, cerca de Kintélé. Los cobras dieron muerte también al menos a cuatro cocoyesheridos que recibían tratamiento médico en Kintélé.

Según la información recibida, algunos de los soldados ejecutados sumariamente no habían desempeñado ningún papel en los combates, ya fuera porque se habían negado a hacerlo o porque estaban fuera del país durante la guerra. Por ejemplo, los informes indicaban que, en agosto de 1997, un número no determinado de soldados de quienes sus compañeros sospechaban que respaldaban a Sassou fueron ejecutados sumariamente por éstos. Las ejecuciones tuvieron lugar cuando las víctimas fueron a cobrar su salario al Palacio de Justicia de Brazzaville, que estaba bajo el control de los combatientes partidarios del ex presidente Lissouba.

Amnistía Internacional también ha expresado inquietud por los informes según los cuales las ejecuciones sumarias de miembros de las fuerzas de seguridad, oficiales incluidos, continuaron después de acabar la guerra en octubre de 1997. Por ejemplo, según informes el comandante Jean-Pierre Nzabamurió al poco de regresar de Sudáfrica, en diciembre de 1997, a manos de los cobras, de una guarnición militar de Pointe-Noire. Decenas de soldados desarmados fueron ejecutados extrajudicialmente por sus compañeros y por cobrastras responder a un llamamiento del nuevo gobierno para que regresaran a sus cuarteles. Al parecer, muchos de estos homicidios se cometieron en la base aérea situada en las afueras de Brazzaville. Por ejemplo, al teniente coronelFrançois Ngoumba, técnico de la fuerza aérea, lo mataron el 24 de diciembre de 1997, poco después de regresar a dicha base. Según los informes, en la comandancia general del ejército le habían dado garantías de que no corría peligro. Sus agresores lo sacaron de la base, lo mataron y después abandonaron el cadáver. Los informes indican que unos residentes del barrio enterraron el cuerpo. Más tarde su familia exhumó el cadáver y lo enterró en un cementerio. Aparentemente, las autoridades no tomaron ninguna medida para protegerlo ni para hacer que los autores de su muerte comparecieran ante la justicia.

A partir de agosto de 1998, miembros de grupos armados de oposición, al parecer integrados sobre todo por ninjas, llevaron a cabo una violenta campaña en la que detuvieron y ejecutaron sumariamente a varios funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas de seguridad, así como a familiares suyos. Durante la campaña, los combatientes armados también destruyeron y saquearon propiedades del Estado.

El 1 de noviembre, en Mouyondzi, combatientes de la oposición armada ejecutaron sumariamente y en público a los sargentos de la Gendarmería Bikindou, Massoukouy Péa. Los combatientes mataron asimismo a un número no determinado de mujeres, tenidas por amigas de gendarmes que habían huido de su cuartel de Mouyondzi, en la región de Bouenza. Los combatientes armados de la oposición también dieron muerte a unos siete hombres jóvenes el 4 de noviembre, en la población de Yamba.

3.3 Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

Según los informes recibidos, muchos sospechosos fueron golpeados en el momento de su detención y durante el tiempo que permanecieron bajo custodia. Algunas de las víctimas eran presuntos autores de delitos violentos. Otras al parecer tenían diferencias personales con personas que ocupaban puestos de autoridad. Los detenidos que sufrieron lesiones a consecuencia de las palizas no recibieron atención médica. Un alto cargo de la policía justificó la tortura de los detenidos afirmando que la policía carecía de tecnología especializada y de otros medios, como la impresión de huellas digitales y pruebas de adn. El comandante declaró que a veces se recurre a la tortura «[...] porque no existen otros métodos para obtener la verdad».

En muchos casos se propinaron palizas como castigo al margen de las leyes. Por ejemplo, los informes indicaban que el ex capitán de la policía Guy Boulout Onangay alrededor de diez agentes bajo su mando habían sido brutalmente golpeados en el momento de su detención, en febrero de 1998. Según estos informes, el capitán Onanga se había quejado por la forma en que un alto cargo de los servicios de seguridad se había negado a facilitar la incorporación de los cobrasque estaban bajo su mando a las fuerzas gubernamentales regulares. A Onanga le ataron las manos a la espalda y luego le pusieron el cañón de una pistola en la oreja derecha. El oficial de los servicios de seguridad ordenó a los policías que saquearan su casa. Onanga y los demás policías detenidos permanecieron recluidos sin cargos ni juicio en la comisaría central de policía hasta su excarcelación en abril de 1998. Uno de ellos, Jean-Pierre Itoua Awun, murió en julio de 1998, según informes, debido a las heridas que sufrió en el momento de su detención.

Ha habido casos en que los detenidos han fallecido como consecuencia directa de la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. Por ejemplo, según informes, Camille Kissakoulamurió en un calabozo de la policía de Kinkala, en la región del Pool, el 8 de agosto de 1998, como resultado de brutales palizas que le causaron hinchazones en la cabeza y heridas profundas en la espalda. Otro detenido, Jean-Paul Tsoumou, inspector de aduanas, murió el 24 de noviembre de 1998 después de ser sometido a una operación por hernia de páncreas, producida por los golpes que le propinaron los agentes de seguridad cuando lo detuvieron en octubre. Tsoumou había sido detenido y recluido bajo custodia de la dsten Pointe-Noire después de que las autoridades lo acusaron a él y a Claude Mbemba, trabajador de la compañía petrolera Shell, de haber recibido dinero de un ex ministro del gobierno para organizar una insurrección contra el gobierno. Mbemba, que fue detenido el 9 de noviembre de 1998, seguía recluido en la comisaría de policía de Pointe-Noire a finales de ese año.

Se han recibido informes según los cuales en Brazzaville y otras partes del sur del país, miembros de las fuerzas de seguridad que supuestamente perseguían combatientes ninjashan sometido a civiles indefensos a palizas y agresiones con bayonetas. Por ejemplo, en octubre, unos soldados gubernamentales acuchillaron en el abdomen a Ngoma Dikamona, de 22 años, y propinaron una brutal paliza a Igor Mayetela, de 19 años, en el barrio de Kingouari, en las afueras de Brazzaville. También sufrieron lesiones graves Jean Kimounga, de 22 años, y Pacôme Tchakaka.

Según informes recibidos, desde finales de agosto de 1998, las fuerzas gubernamentales enviadas a la región del Pool para luchar contra los grupos armados de oposición, entre las que había combatientes cobras, cometieron numerosas violaciones de mujeres, desde adolescentes hasta ancianas. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1998, un grupo de soldados gubernamentales violaron a Laeticia Bayouloula, de 16 años, en Makana.

La mayoría de los detenidos vive en condiciones equivalentes a un trato cruel, inhumano o degradante. Cuando Amnistía Internacional visitó Brazzaville entre finales de julio y principios de agosto de 1998, la mayoría de los detenidos estaban recluidos en condiciones de hacinamiento y falta de higiene en la comisaría central de policía. La prisión central, que solía albergar un número de presos varias veces superior a su capacidad máxima de cien reclusos, seguía cerrada a principios de 1999 debido a la destrucción de gran parte de su infraestructura durante la guerra, a finales de 1997. Los delegados fueron informados de que algunos detenidos, especialmente los que no tenían familiares en Brazzaville o cuyas familias no sabían que estaban detenidos, pasaban varios días sin que las autoridades les dieran de comer. Era frecuente que los detenidos que enfermaban no fueran atendidos por ningún médico. Algunos de estos enfermos no podían quejarse a la policía de su estado porque los escasos espacios próximos a la ventilación desde donde podrían hacerse oír estaban ocupados por otros detenidos en mejor estado de salud. Según los informes, algunos detenidos han fallecido debido a enfermedades, así como a la falta de alimentos y agua. El Comité Internacional de la Cruz Roja no puede visitar los centros de detención de la República del Congo desde 1979. A finales de 1998, los informes indicaban que el Comité y las autoridades congolesas habían acordado las normas para realizar estas visitas, pero a principios de febrero de 1999 aún no se había firmado ningún acuerdo.

Según los informes, todas las milicias han cometido violaciones generalizadas de mujeres y niñas, muchas de ellas en los controles de carretera o en sus proximidades, como en el Centro Cultural Francés. Algunas mujeres murieron a consecuencia de las heridas sufridas durante la violación; a otras las mataron después de consumado el acto. Por ejemplo, Martha Martine Kibelomurió a manos de un grupo de combatientes cobrasa finales de octubre de 1997, después de ser violada por ellos en Ebina, en el norte de Brazzaville. Sus agresores mataron también a un hombre no identificado que pasaba por allí y que protestó por la violación y el homicidio de Kibelo.

Durante la guerra civil, especialmente a finales de 1997, los líderes de las milicias tenían centros de detención propios donde sus partidarios infligían terribles formas de tortura, que en ocasiones produjeron la muerte de las víctimas. Uno de los peores casos denunciados a Amnistía Internacional es el del periodista Adrien Wayi, que fue torturado por la milicia ninja de Kolelas. Wayi fue detenido el 2 de octubre de 1997, aparentemente porque había acompañado al entonces líder de la oposición armada Sassou durante una visita

Adrien Wayi: víctima de la tortura

en mayo de 1997 al norte del Congo. Le vendaron los ojos y lo llevaron a una de las casas que formaban parte del cuartel general de Kolelas en Bacongo, en el sur de Brazzaville. Mientras estaba bajo custodia, lo desnudaron totalmente y lo llevaron a una habitación en la que había unos treinta detenidos, donde le propinaron una brutal paliza. Un torturador ninjaconocido como «Pantera» sometió a Wayi a varias formas de tortura, entre otras ponerle una plancha de hierro caliente en el abdomen y arrancarle la piel de la espalda con unas tijeras y las uñas con unos alicates. También lo obligó a beber la orina de otros detenidos, con una pistola en el cuello y los brazos atados con cables oxidados. Asimismo, su torturador empleó un cuchillo de mesa de filo irregular para atravesarle la lengua; en agosto de 1998, Wayi aún tenía la cicatriz. Una mañana, un ninja lo acusó de ser un periodista a sueldo de Sassou y añadió: «Vas a viajar sin pasaporte a las dos de la mañana» [lo que significaba que iban a matarlo y arrojarlo al río Congo]. El ninjale dijo que lo matarían en el cuartel de Makala y después lo arrojarían al río, igual que habían hecho con otras personas. Wayi confesó a Amnistía Internacional: «Había sufrido tanto que ya no tenía miedo de morir. Sólo lamentaba no tener una tumba para que me recordasen mis hijos».

Cicatrices producto de la tortura en la espalda de Adrien Wayi, casi un año después de ser torturado por los ninjasde Kolelas.

Wayi fue liberado el 14 de octubre de 1997, después de firmar un documento que confirmaba su liberación. Su familia creía que había muerto. A finales de 1998, las lesiones que había sufrido en la cabeza le seguían provocando fuertes dolores de cabeza, y las de la espalda le impedían tumbarse boca arriba. Wayi contó a Amnistía Internacional que desde su celda había oído a los ninjashablar de personas a quienes habían matado y arrojado al río Congo. También dijo que, mientras estaba bajo custodia, conoció al coronelBoukakay a los comandantesMayoumay Malonga,a quienes los ninjaspropinaban palizas periódicamente. Los militares fueron liberados más tarde. Wayi declaró asimismo que dos hombres jóvenes detenidos a principios de octubre de 1997 en Mindouli y recluidos junto a él bajo custodia de los ninjasmurieron por infección de las heridas que les habían producido en la cabeza.

3.4 Detenciones arbitrarias y encarcelaciones ilegítimas

Desde que el presidente Denis Sassou Nguesso recuperó el poder en octubre de 1997, decenas de partidarios y presuntos partidarios del ex presidente Pascal Lissouba han sido detenidos arbitrariamente. A la mayoría se les ha denegado el derecho a disponer de un abogado y a impugnar la legalidad de su detención. Entre los detenidos hay ex cargos del Estado y de las fuerzas de seguridad.

Entre los ex funcionarios del Estado recluidos sin cargos ni juicio figuran Henri-Marcellin Dzouma-Nguelet, ex profesor de Derecho de la Universidad de Brazzaville, y el ex coronel del ejércitoJean-Michel Ebaka, ex prefecto de Owando, detenidos en la comandancia regional de Kouilou de la dsten Pointe-Noire. El primero, ex alto cargo del Ministerio de Economía del gobierno de Lissouba, fue detenido el 25 de febrero de 1998 por miembros de la dsten Mbota, donde estaba oculto. Dzouma-Nguelet contó a los delegados de Amnistía Internacional que lo entrevistaron a finales de julio de 1998 que, después de la detención, lo interrogaron en relación con el papel que había desempeñado en la guerra a finales de octubre de 1997. El detenido negó haber desempeñado función alguna, y explicó que había permanecido en Pointe-Noire todo el tiempo que había durado el conflicto. A finales de enero de 1999 seguía detenido.

Ebaka fue detenido el 12 de marzo de 1998. A finales de los años ochenta, durante el mandato de Sassou, ya había estado detenido por su relación con el ex presidente Yhombi. En julio de 1998, Ebaka contó a Amnistía Internacional que en ningún momento le habían informado oficialmente del motivo de su detención. Un funcionario de la dstlo acusó de estar implicado en actos de genocidio y lo interrogó en relación con sus actividades durante la guerra, así como sobre presuntas atrocidades cometidas a finales de 1997 contra partidarios de Sassou. El detenido expresó su preocupación por el hecho de que muchas veces no le dejaban ver a un médico para sus problemas de hipertensión y de corazón. Varias autoridades del gobierno, las fuerzas de seguridad y el poder judicial explicaron a Amnistía Internacional que Ebaka había sido responsable de atrocidades perpetradas contra civiles y que pronto sería juzgado. Estas autoridades no explicaron a los delegados de Amnistía Internacional por qué, transcurridos más de cinco meses desde su detención, y si existían pruebas de su culpabilidad, no había sido acusado formalmente de ningún delito.

El ex coronel Jean-Michel Ebaka

Dzouma-Nguelet y Ebaka estaban recluidos en celdas sin ventanas de dos por tres metros de superficie, que anteriormente se habían utilizado para almacenar armas de fuego. Hasta finales de julio de 1998 sólo se les permitía salir de la celda cuando lo decidían los guardias. A partir de entonces comenzaron a dejarles salir por la mañana para ir a sus casas, con la condición de que regresaran a la celda antes de las diez de la noche. A principios de 1999 no los había visitado aún ninguna autoridad judicial, pese a que las de Pointe-Noire habían declarado a finales de 1998 que visitaban todos los centros de detención. Su encarcelación infringía claramente las leyes congolesas, que establecen que los detenidos han de ser remitidos a un fiscal en el plazo de tres días desde la detención. Las autoridades gubernamentales congolesas dieron explicaciones contradictorias sobre ambos detenidos cuando los delegados de Amnistía Internacional preguntaron los motivos de su reclusión. Algunas autoridades, entre ellas las responsables de mantenerlos bajo custodia en Pointe-Noire, aseguraron que Dzouma-Nguelet y Ebaka estaban recluidos a petición propia como medida de protección, mientras que otras negaron que estuvieran privados de libertad. Otros funcionarios declararon que los detenidos, y en especial Ebaka, habían sido responsables de abusos contra los derechos humanos y que iban a ser enjuiciados.

Entre otras personas detenidas por su relación con el gobierno del ex presidente Lissouba estaba Alexis Nzambi Tombé, propietario de un garaje y sobrino del coronel Yves-Marcel Ibala, ex ministro responsable de seguridad. Tombé fue detenido en marzo de 1998 por miembros de la dstque lo acusaron de contrabando de armas y tráfico de influencias, así como de posesión de vehículos oficiales obtenidos por medio de su tío. Un agente de la dstlo interrogó en relación con estas acusaciones. Antes de su detención, un alto mando de la dsthabía ordenado a los agentes de este cuerpo que saquearan las propiedades de Tombé, incluidos sus dos vehículos y otros dos pertenecientes a clientes suyos. Tombé fue puesto en libertad sin cargos ni juicio en julio de 1998. En los meses anteriores habían sido liberados varios detenidos más que estaban bajo custodia de la dst; según informes, algunos de ellos pagaron cantidades de dinero para sobornar a los agentes de la dsta cambio de su libertad.

A finales de 1997 y principios de 1998 fueron detenidas varias decenas de miembros de las fuerzas de seguridad de quienes las autoridades sabían o sospechaban que se mantenían leales al ex presidente Lissouba. Aunque algunos fueron puestos en libertad a principios de 1998, siete de ellos permanecieron detenidos hasta su excarcelación sin cargos ni juicio en noviembre del mismo año. Las autoridades no hicieron públicas las razones de su liberación. Al menos quince altos mandos del ejército, entre los cuales figuran el coronelBenjamin Loubaki, de 47 años, y el coronelMarcel Mabiala, siguen detenidos en la Academia Militar. Un hermano de Loubaki, Jonas Nsika, y alrededor de una decena más de personas perdieron la vida el 18 de octubre de 1997 cuando un grupo de soldados que viajaba en dos vehículos abrió fuego contra ellos frente a las instalaciones militardes del Campamento 31 de Julio, en Brazzaville. Por su parte, a principios de 1998, las autoridades angoleñas detuvieron al coronelEugène Mavoungouen Tchowa, en el norte de Angola, adonde se había desplazado, según informes, para visitar a su padre enfermo.

Se han recibido informes que indican que a los detenidos en la Academia Militar se les negaba a menudo el agua y que, en algunos casos, sus familias se vieron obligadas a pagar a los soldados para que les hicieran llegar comida. Según los informes, algunos de los soldados detenidos tenían problemas de salud. Por ejemplo elcoronelEugène Mavoungousufría reumatismo e hipertensión y no recibía ningún tratamiento médico. El coronelAuguste Djoumbi, que antes de ser detenido por los cobrasel 5 de junio de 1997 era comandante del Regimiento Acorazado de Mpila, en Brazzaville, estaba aquejado de diabetes.

Después de reanudarse las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición a finales de agosto de 1998, decenas de miembros de partidos políticos de la oposición, en su mayoría pertenecientes al mcddi, fueron detenidos arbitrariamente en el sur del Congo. Que se sepa, ninguno de los detenidos ha sido acusado formalmente de delito alguno. Entre los detenidos a principios de octubre en Pointe-Noire y recluidos en la comisaría central de policía figuran líderes locales del mcddi, como Gabriel Louyay Pierre Moutoumounkata. Dominique Dibantsaestaba detenido en la comandancia de la Gendarmería de Pointe-Noire. Algunos de los detenidos en Pointe-Noire, como Paul Omoye, están recluidos en cuarteles del ejército. Omoye fue detenido la mañana del 25 de octubre por la policía en el barrio de Mboukou, en las afueras de Pointe-Noire, y permanece recluido desde entonces en la base aérea. No ha sido acusado formalmente de ningún delito. Otros detenidos, como el sargentoJacques Mboungou, que fue detenido en Tié-Tié, cerca de Pointe-Noire, el 24 de octubre, y Tite Bavedila, detenido en el barrio de Foucks el 1 de noviembre, están recluidos en la comandancia regional de la dst. Bavedila fue asesor del ex coronel del ejército y ministro de seguridad Yves-Marcel Ibala.

Entre las decenas de personas detenidas entre finales de 1998 y principios de 1999 por las fuerzas gubernamentales como sospechosas de respaldar a la oposición armada había varios niños. Por ejemplo, el 13 de enero de 1999 la policía detuvo en el distrito de Ouenze, Brazzaville, a Frid Mfilou, de 16 años, y Herman Mfilou, de 15, junto con su madre. Según los informes, la policía decidió detenerlos al no poder encontrar a su padre, Jean-Marie Mfilou, experto en kárate acusado de entrenar a ninjas. La madre fue puesta en libertad poco después, aparentemente porque estaba embarazada. En el momento de la detención, la familia Mfilou había huido de su domicilio, en el sur de Brazzaville, y vivía en casa deJacques Badinga, que fue también detenido, junto con Séverin Bouamoutalay François Missamou. Aunque no se sabía con seguridad el lugar de su reclusión, se suponía que estaban, junto con decenas de detenidos más, en centros de detención de la dsto de la Dirección de Información Militar (Direction de renseignements militaires, drm).

Según los informes, algunos líderes de la oposición detenidos después de agosto de 1998 fueron sometidos a tortura por miembros de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, Félix Samba Ngoyi, miembro del partido político Unión Ciudadana (Rassemblement citoyen), fue brutalmente golpeado por miembros armados de las fuerzas de seguridad vestidos de civil. Lo detuvieron en su casa de Makélékélé, Brazzaville, hacia las dos de la mañana del 29 de septiembre y fue puesto en libertad el 1 de octubre de 1998. La víspera de su detención, miembros de las fuerzas de seguridad torturaron brutalmente a su hermano, Brice Samba, para obligarlo a revelar el domicilio de Ngoyi.

En noviembre de 1998, el gobierno congolés dictó órdenes de busca y captura contra el ex presidente Lissouba y sus partidarios, entre ellos el ex primer ministro Kolelas y el ex ministro Ngila Mougounga, acusados de participar en crímenes contra la humanidad durante la guerra civil desatada a finales de 1997. Los cargos incluían los de asesinato, tortura, violación, fraude y robo. Sin embargo, no se hizo pública la lista de personas acusadas de tales crímenes.

A finales de noviembre de 1998 habían sido detenidos al menos cuatro miembros del antiguo Consejo Constitucional acusados de abuso de poder y crímenes contra la humanidad, aunque no se sabía con exactitud si formaban parte del grupo contra el que se dictaron órdenes de busca y captura. Entre los detenidos estaba Hervé-Ambroise Malonga, presidente del Colegio de Abogados de Brazzaville y ex miembro del Consejo Constitucional. El 20 de noviembre estuvo detenido unas horas, aparentemente por orden del director general de la Policía Nacional. Al día siguiente, miembros armados de las fuerzas de seguridad lo volvieron a detener en el distrito de Makélékélé, Brazzaville, y lo llevaron a la comisaría central de policía. Según informes, el 26 de noviembre, Malonga fue interrogado por un juez instructor del Tribunal Superior (Tribunal de grande instance) y acusado de abuso de autoridad por haber prolongado indefinidamente el mandato presidencial de Pascal Lissouba. La acusación se refiere al voto que emitió en junio de 1997, como miembro del Consejo Constitucional, a favor de prorrogar el mandato presidencial del ex presidente Lissouba. En febrero de 1999 permanecía encarcelado sin juicio.

El 27 de noviembre de 1998 fue detenido Nestor Makoundzi-Wolo, otro ex miembro del Consejo Constitucional acusado también de abuso de autoridad. Makoundzi-Wolo es abogado constitucionalista y ex miembro de la Asamblea Nacional. Primero lo recluyeron en la comisaría central de policía, junto con Malonga, y después fue trasladado a la comisaría de Poto Poto. Al igual que Malonga, Makoundzi-Wolo seguía detenido a principios de febrero de 1999; no se le había permitido comparecer ante una autoridad judicial independiente ni impugnar los motivos de su detención. Amnistía Internacional ve con inquietud la posibilidad de que Malonga y Makoundzi-Wolo estén recluidos como presos de conciencia sólo por ejercer sus legítimas funciones como miembros del antiguo Consejo Constitucional. En virtud de la Constitución de 1992, los miembros del Consejo tenían facultades para supervisar la constitucionalidad de leyes, tratados y acuerdos internacionales de la República del Congo.

3.5 Negación del derecho a la libertad de expresión y de otros derechos

Christian Mounzéo: activista de derechos humanos detenido y maltratado en noviembre de 1998.

Aunque algunas autoridades gubernamentales han asegurado a Amnistía Internacional que el gobierno actual siempre respetará la libertad de expresión, varias actuaciones llevadas a cabo por sus agentes parecen indicar la represión de esta libertad. El 29 de julio de 1998, los soldados gubernamentales trataron de detener aPrince Richard Nsana, director del periódico Le Flambeau, en el barrio de Bacongo, en las afueras de Brazzaville. Por ejemplo, el 5 de septiembre de 1998, un grupo de hombres armados que viajaban en vehículos aparentemente pertenecientes a la Policía Nacional se llevaron las máquinas de impresión del periódico La rue meurt.El director de la publicación, Jean-Claude Mbongolo, había sido interrogado previamente por funcionarios del gobierno en relación con algunos de los artículos que había publicado el periódico.

El gobierno congolés y las fuerzas de seguridad han hostigado y amenazado a miembros de organizaciones locales de derechos humanos por haber investigado y denunciado violaciones de estos derechos a manos de las fuerzas gubernamentales y sus aliados. Las autoridades dijeron a los delegados de Amnistía Internacional que visitaron el Congo entre finales de julio y principios de agosto de 1998 que el Observatorio Congolés de los Derechos Humanos (Observatoire congolais des droits de l'homme) había publicado información falsa sobre las fuerzas gubernamentales. El 15 de noviembre de 1998, la policía detuvo y agredió a Christian Mounzéo, secretario general del Observatorio, en el aeropuerto de Pointe-Noire. Cuando llegó a la comisaría del puerto de Pointe-Noire, tenía lesiones en varias partes del cuerpo y la ropa desgarrada. La policía lo acusó de agredir a un agente de policía y de criticar al gobierno. No fue remitido a una autoridad judicial ni acusado formalmente de delito alguno. Lo pusieron en libertad al día siguiente, gracias a la intervención de un funcionario de seguridad.

Las autoridades congolesas han adoptado algunas medidas para impedir que se recabe y difunda información sobre las atrocidades cometidas en zonas donde se han producido combates. Según los informes, después de estallar el conflicto en Brazzaville en diciembre de 1998, la policía abría y leía las cartas de los viajeros y se incautaba de todas las grabaciones de vídeo y sonido relativas a los combates. Los informes indican también que las fuerzas de seguridad impidieron la introducción de cámaras en algunas de las zonas donde se habían producido combates.

3.6 Violaciones de derechos humanos cometidas por soldados angoleños

Amnistía Internacional ha recibido información sobre numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por soldados angoleños en la República del Congo desde octubre de 1997. Estas violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales de civiles congoleses y de miembros de las milicias, incluidos de sus aliados cobras. Según los informes, los soldados angoleños también han violado a muchas mujeres; en algunos casos mataron a las víctimas que se resistían a la violación y, en otros, después de violarlas.

Algunos civiles desarmados resultaron heridos o muertos por disparos al no entender las órdenes de los soldados angoleños. Por ejemplo, el 15 de octubre de 1997, éstos dispararon contra Boniface Dinsidi, herrero y carpintero, en su casa del barrio de Mboukou, en las afueras de Brazzaville, porque no les entendió cuando le dijeron «ven aquí». Después del incidente, los soldados se marcharon y Dinsidi estuvo varios días sin recibir atención médica, hasta que su hermano lo encontró cubierto de moscas y lo llevó al hospital general de Brazzaville, donde carecían de medios para atenderlo. Según los informes, el hospital propiedad de la compañía Elf-Congo, mejor dotado, se negó a darle asistencia porque no podía pagar. Volvieron a ingresarlo en el hospital general, donde murió debido a las heridas a principios de noviembre de 1997.

La noche del 29 de julio de 1998, una mujer de 23 años que pidió que no se revelara su nombre fue violada por tres soldados angoleños que formaban parte de un grupo de siete. Hacia las ocho de la noche, la mujer y su esposo fueron interceptados por los soldados en Makayabou, barrio de las afueras de Pointe-Noire. Los soldados retuvieron a la mujer y la registraron en busca de dinero, mientras su esposo huía en busca de ayuda. Los soldados golpearon a la mujer varias veces con los puños antes de violarla. Cuando el esposo regresó con varios policías congoleses, los soldados angoleños hicieron varios disparos al aire y se marcharon del lugar hacia su cuartel provisional de Ngofo. El agente de policía al que la mujer denunció los hechos al día siguiente ni siquiera se molestó en tomarle declaración. Según informes, le dijo: «Si los ve, mátelos. Póngales veneno en el vino [refiriéndose a los genitales de ella]». Que se sepa, las autoridades congolesas no han tomado ninguna medida.

Tras incorporarse a la guerra civil congolesa en octubre de 1997 en el bando de Sassou, los soldados angoleños bombardearon los bastiones de Kolelas y Lissouba de forma indiscriminada. Cazabombarderos angoleños bombardearon indiscriminadamente los barrios de Mansimou y Makélékélé, en las afueras de Brazzaville. En uno de estos ataques, las bombas lanzadas por los aviones mataron a los siete miembros de una familia en Makélékélé. En Mansimou, las bombas destruyeron la casa del director de una escuela técnica universitaria y mataron a no menos de cinco civiles, entre ellos el hermano del ex ministro del Interior Phillipe Bikinkita.

Desde noviembre de 1998 hasta enero de 1999, las fuerzas angoleñas, junto con fuerzas gubernamentales congolesas y chadianas, participaron en el bombardeo indiscriminado de los bastiones de la milicia ninjaen el sur de Brazzaville y de algunas zonas de la provincia de Pool, a consecuencia del cual murió un número no determinado de civiles indefensos. En parte como resultado de los ataques, miles de civiles desarmados de esas zonas huyeron de sus casas. Según organismos humanitarios de la República del Congo, algunos pasaron a la vecina República Democrática del Congo, aunque muchos huyeron a los bosques, donde se exponían a sufrir otros abusos a manos de los combatientes, así como a las enfermedades, el hambre y las inclemencias del tiempo.

4. Ejecuciones extrajudiciales de detenidos

Desde que el presidente Sassou llegó al poder, en octubre de 1997, los miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Policía Nacional, han sido responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de las ejecuciones denunciadas a Amnistía Internacional han tenido lugar en Brazzaville, donde la mayor parte de las víctimas fueron fusiladas en el cementerio de Itatolo, situado en el noroeste de la ciudad. Algunas personas que vivían cerca del cementerio informaron de haber oído periódicamente disparos en la noche. Según los informes, los enterradores también encontraban periódicamente en el cementerio o en sus proximidades cadáveres con heridas de arma de fuego. En algunos casos, las familias de las víctimas acudieron al cementerio a reclamar los cuerpos e inscribieron oficialmente los fallecimientos en el depósito de cadáveres de Brazzaville, como exige la ley congolesa, antes de enterrarlos.

Los delegados de Amnistía Internacional que visitaron el cementerio de Itatolo a principios de agosto de 1998 contaron 17 tumbas sin identificar, cada una de las cuales contenía entre uno y cinco cadáveres. Todas llevaban fecha, comprendida entre el 2 de marzo y el 7 de julio de 1998. Algunas fuentes afirmaron que las personas enterradas en las tumbas eran víctimas de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía. Los delegados señalaron que algunas de ellas, o quizá todas, posiblemente desaparecerían en un futuro próximo debido a la naturaleza del terreno donde está ubicado el cementerio. Los túmulos de las tumbas más antiguas ya se habían hundido y sólo pudieron identificarse por las cruces que sobresalían del suelo.

Durante su estancia en Brazzaville y Pointe-Noire en 1998, los delegados de Amnistía Internacional descubrieron que la policía aplicaba una política de disparar a matar a los presuntos ladrones armados. Aparentemente, era la reacción de las autoridades ante una oleada de robos a mano armada en que los asaltantes habían matado a las víctimas. A partir de los numerosos testimonios que reunieron los delegados, se supo que quienes llevaban a cabo estas ejecuciones sumarias eran combatientes cobras que, aunque aún no habían sido integrados en la policía ni entrenados oficialmente, habían recibido plenas competencias policiales, armas y uniformes. Amnistía Internacional fue informada de que esta política ya existía durante el mandato del ex presidente Lissouba y la aplicaban las unidades de policía denominadas «pacíficas». Por ejemplo, según los informes, a finales de 1996, miembros de estas unidades policiales sacaron a tres presuntos ladrones de una celda de la comisaría de policía de Poto Poto, en Brazzaville, y los ejecutaron públicamente. Un presunto miembro de una unidad «pacífica», Destin Ebaka, acusado según informes por los cobrasde haber participado en la muerte de varios ladrones de bancos en junio de 1997, fue ejecutado a tiros el 15 de octubre de 1997 por los cobrasen Pointe-Noire. Un alto cargo policial de Pointe-Noire contó a Amnistía Internacional que a Destin Ebaka, cuyo padre, Jean-Michel Ebaka, está detenido desde marzo de 1998 (véase suprael apartado 3.4), lo mataron cuando huía de la detención por traficar con armas para los cocoyes.

Los policías Joseph Tsouéki y Cyriaque Mouinga, ejecutados extrajudicialmente en marzo de 1998.

Aunque la mayoría de las autoridades del gobierno y de las fuerzas de seguridad aseguraron a Amnistía Internacional que la policía disparaba contra presuntos ladrones armados en defensa propia, un alto cargo de la policía con muchos años de experiencia afirmó que era partidario de las ejecuciones sumarias de ladrones armados como elemento de disuasión. En un caso él había tomado medidas contra varios policías porque no habían matado de inmediato a dos hermanos sospechosos de cometer robos a mano armada. Los hermanos Joseph Tsouékiy Cyriaque Mouinga, ambos policías, fueron abatidos a tiros por una patrulla policial la noche del 8 al 9 de marzo de 1998. Algunas fuentes de Pointe-Noire contaron a Amnistía Internacional que las víctimas habían sido ejecutadas extrajudicialmente cuando discutían con el conductor de un taxi sobre el alquiler del vehículo. Según fuentes no oficiales, la patrulla policial propinó una brutal paliza a los dos hermanos y después les disparó en el mismo lugar. Los informes indican que los policías dieron a Mouinga por muerto y se llevaron a Joseph Tsouéki, que estaba malherido, al depósito de cadáveres. Cuando el personal del depósito se negó a ingresar a Tsouéki porque aún estaba vivo, los policías se lo llevaron a la parte de detrás del edificio y lo remataron a cuchilladas. Al regresar al lugar donde habían dejado a Mouinga, los agentes descubrieron que éste había conseguido huir al Hospital Adolphe Cissé, en Pointe-Noire, para que le curaran las heridas. Encontraron a Tsouéki en el hospital y, después de golpear a otros pacientes, lo mataron a tiros. Según la policía de Pointe-Noire, los dos hermanos fueron abatidos cuando trataban de robar el taxi. Un jefe de policía de Pointe-Noire manifestó a los delegados de Amnistía Internacional que aprobaba el homicidio de los dos hermanos, pero que estaba enojado porque los policías no habían matado a Tsouéki en el primer intento y tuvieron que rematarlo en el hospital. También afirmó que había suspendido de sus funciones a los agentes responsables y que los había enviado a Brazzaville para su posible traslado fuera de Pointe-Noire.

Tumba de Jean Ndinga en el cementerio de Itatolo.

A finales de marzo de 1998, miembros de la Policía Nacional ejecutaron extrajudicialmente a Bertin Ngandzien, ex combatiente cobra. Según informes, éste fue detenido hacia el 28 de marzo de 1998 en una calle de Brazzaville. Su familia acudió a la comisaría central de policía y lo encontró tumbado bajo una mesa con las manos y las piernas esposadas. Cuando regresaron unas horas después, la policía negó que lo hubieran detenido y que hubiera estado en la comisaría. Algunas fuentes de Brazzaville dijeron a la familia de Ngandzien que lo habían matado junto a otras dos personas el 5 de abril de 1998 y que se habían encontrado sus cuerpos en una tumba del cementerio de Itatolo.

En al menos un caso, la policía ejecutó extrajudicialmente a un familiar del presunto ladrón en sustitución de éste. Al no haber podido detener a su hijo, acusado de robo amano armada, unos policías mataron a Jean Ndinga, de 78 años, y arrojaron su cadáver a una tumba del cementerio de Itatolo el 24 de mayo de 1998. El cuerpo fue reconocido posteriormente por un familiar suyo que era enterrador. Los delegados de Amnistía Internacional vieron su tumba sin identificar en el referido cementerio.

Ha habido casos en que la policía ha ejecutado extrajudicialmente a presuntos delincuentes pero ha hecho constar en el registro que la víctima ha sido puesta en libertad. Esto es lo que ocurrió en el caso de Robert Moukoli Mayouma, ejecutado extrajudicialmente el 9 de julio de 1998. Unos días antes de que lo mataran, una mujer murió debido a las heridas que presuntamente había sufrido durante una pelea con él. La familia de la mujer saqueó el comercio donde trabajaba Mayouma y destruyó la casa de sus padres. Temiendo que los familiares de la mujer lo mataran, Mayouma se presentó en la comisaría central de policía de Brazzaville para ser detenido. Al día siguiente, la policía lo llevó esposado al cementerio de Itatolo y lo mató a tiros. Un día después de su detención, sus familiares intentaron verlo en la comisaría, donde les dijeron que lo habían puesto en libertad. Junto a su nombre se leía «liberado». Cuando se corrió la voz de que Mayouma había «desaparecido», un hombre que había sobrevivido a una ejecución extrajudicial la noche que mataron a Mayouma contó a los padres de éste que la policía lo había matado a tiros en el cementerio. Según varias fuentes, unos policías habían llevado al cementerio en un automóvil al citado superviviente, a su hermano gendarme, Aaron Louniémo Banimba, y a otro hombre detenido la misma noche de la ejecución. Tras sacarlos del vehículo, abrieron fuego contra ellos. El superviviente echó a correr y logró no ser alcanzado por los disparos, pero Mayouma, Banimba y una tercera víctima murieron en el lugar. Al día siguiente, el superviviente informó de los hechos a la Gendarmería de Brazzaville, que exhumó los cuerpos de las víctimas, ya enterradas por los verdugos. Según los informes, los gendarmes de Brazzaville hicieron una manifestación para protestar por la muerte de su compañero. Que se sepa, no se ha adoptado ninguna medida para identificar a los autores de los hechos y procesarlos.

Tumba de Aaron Louniémo Banimba, ejecutado extrajudicialmente en julio de 1998.

En varios casos se ha enterrado en fosas comunes a personas ejecutadas al mismo tiempo. Por ejemplo, el 21 de mayo de 1998 la policía abatió a tiros a Joséphine Louzolo, de 35 años, y a otras cuatro personas acusadas de fumar marihuana, y las enterró en la misma tumba, en el cementerio de Itatolo. El cuerpo de Joséphine fue identificado posteriormente por su familia. Amnistía Internacional visitó la tumba, que llevaba el nombre de Louzolo pero no el de las otras cuatro víctimas sin identificar (véase la fotografía de portada).

Se cree que muchas personas que «desaparecieron» o fueron secuestradas durante la guerra civil de 1997 y con posterioridad a ella han perdido la vida. En 1998 hubo más informes de «desapariciones». Por ejemplo, una persona que había estado detenida en la comisaría central de policía de Brazzaville contó a Amnistía Internacional que en febrero había visto cómo la policía se llevaba al menos a diecisiete detenidos en mitad de la noche. El testigo sólo había estado unos días en la comisaría y no conocía los nombres de las víctimas, pero oyó a la policía decirles a los detenidos: «Vais a ir a Maya Maya» (el aeropuerto internacional del Congo), expresión que utilizan los cobraspara decirle a alguien que va a morir. El testigo temía que los detenidos pudieran haber sido ejecutados.

5. Conclusión

A partir de la información obtenida por Amnistía Internacional, tanto de testigos en el Congo como de fuentes del interior y el exterior del país, la organización ha llegado a la conclusión de que todas las partes del conflicto en la República del Congo han cometido abusos graves contra los derechos humanos. Estos abusos equivalen a violaciones del derecho internacional humanitario, ya que en su mayor parte se dirigieron de forma deliberada y arbitraria contra civiles indefensos que no tomaban parte activa en las hostilidades. Los principales responsables de estos abusos son los dirigentes políticos y militares que ordenaron, permitieron o crearon situaciones a sabiendas de que probablemente desembocarían en abusos contra los derechos humanos de civiles desarmados. Además, el gobierno y las fuerzas de seguridad han incumplido sus obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos,(2) a menudo en circunstancias no relacionadas con el conflicto armado que vivía el país.

Los sucesivos gobiernos congoleses han hecho en la práctica caso omiso de la labor del poder judicial, e incluso la han obstruido, perpetuando así la impunidad, tanto para ellos mismos como para sus partidarios responsables de abusos contra los derechos humanos y otros delitos. Este círculo de impunidad ha creado unas condiciones en las que muchas personas en el país perciben que la violencia es el único medio de corregir las injusticias y de conseguir o conservar el poder. Quienes están en el poder actúan casi siempre al margen de la ley, sin que el poder judicial pueda proteger a las víctimas de abusos contra los derechos humanos.

Los abusos contra los derechos humanos en el contexto de la violencia política que sufre la República del Congo continuarán probablemente a menos que el gobierno y sus adversarios se comprometan a respetar el Estado de Derecho y un poder judicial independiente, imparcial y competente lo haga cumplir. Mientras las autoridades congolesas sigan infringiendo las leyes nacionales y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo más probable es que continúen la violencia y las violaciones del derecho internacional humanitario.

6. Recomendaciones

Al gobierno congolés

# Impartir a todos sus combatientes y simpatizantes instrucciones públicas que dejen claro que no se tolerarán los abusos contra los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios deliberados y arbitrarios, las «desapariciones», la tortura y las detenciones arbitrarias y encarcelaciones ilegales, y que los responsables comparecerán ante la justicia.

# Ordenar a todos los combatientes que respeten el derecho internacional humanitario, y en concreto lo dispuesto en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949(3) y su Protocolo Adicional II, que prohíben expresamente los ataques contra personas que no toman parte activa en las hostilidades, así como la tortura, incluida la violación, y la toma de rehenes. Dar instrucciones públicas claras a todos los comandantes de las fuerzas de seguridad congolesas y de las fuerzas aliadas extranjeras para que impidan la violencia indiscriminada, incluido el bombardeo de zonas predominantemente civiles, y adopten medidas contra los responsables de abusos contra civiles desarmados.

# Anunciar e implantar medidas concretas para impedir las violaciones de derechos humanos, entre otras proporcionar apoyo político y material al poder judicial y proteger a sus funcionarios, investigar los abusos contra los derechos humanos y hacer que sus autores sean procesados de conformidad con las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías y con exclusión de la pena de muerte. Además, proporcionar recursos para rehabilitar y construir prisiones o centros de detención civiles y humanos, y garantizar que los detenidos no sufren malos tratos ni permanecen recluidos en centros de detención de las fuerzas de seguridad durante un plazo superior al que permiten las leyes congolesas y los tratados internacionales de derechos humanos.

# Crear un organismo competente, independiente e imparcial para que investigue los abusos contra los derechos humanos, en concreto los cometidos desde mediados de 1997, ante el que las víctimas y los testigos puedan denunciar los abusos, y garantizar que los responsables son juzgados con las garantías que exigen las normas internacionales y con exclusión de la pena de muerte.

# Permitir que los miembros de las organizaciones congolesas de derechos humanos y otros observadores independientes de derechos humanos, incluidos periodistas, investiguen las denuncias de abusos contra estos derechos e informen de ellas, y garantizar públicamente que los investigadores tienen acceso libre y seguro a todas las zonas de la República del Congo.

# Impedir toda incitación a la violencia, la discriminación o el odio contra cualquier grupo o persona y garantizar su protección frente a violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas gubernamentales, con independencia de su origen étnico o de su filiación política o de otro tipo.

# Comprometerse públicamente a respetar todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que es Estado Parte la República del Congo, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

# Ratificar lo antes posible la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la onu, y garantizar que todos los miembros de las fuerzas de seguridad respetan lo dispuesto en ella.

# Excarcelar a todos los presos de conciencia y otros detenidos ilegalmente recluidos, impedir las detenciones arbitrarias y garantizar que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, tienen acceso a los detenidos de todos los centros de reclusión y pueden prestarles asistencia.

# Dar instrucciones públicas claras a los comandantes de las fuerzas armadas para que suspendan de sus funciones a todos los combatientes de quienes se sospeche o se sepa que han cometido abusos contra los derechos humanos, y proteger de cualquier represalia a los civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que denuncien a los autores de estos abusos.

A los líderes de los ninjas, cocoyesy otros grupos armados que participan en el conflicto

# Impartir a todos sus combatientes y simpatizantes instrucciones públicas que indiquen que no se tolerarán los abusos contra los derechos humanos, como son los homicidios deliberados y arbitrarios, los secuestros y la tortura, incluida la violación, y que se tomarán medidas contra los responsables.

# Ordenar a todos los combatientes que respeten el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional II, que prohíben expresamente atacar a personas que no toman parte activa en las hostilidades, así como la tortura, incluida la violación, y la toma de rehenes.

# Anunciar e implantar medidas concretas para impedir los abusos contra los derechos humanos, entre otras la cooperación con las investigaciones que realicen organismos independientes e imparciales de derechos humanos o judiciales ante los que las víctimas y los testigos puedan denunciar los abusos contra estos derechos.

# Permitir que los miembros de las organizaciones congolesas e internacionales de derechos humanos y otros observadores independientes de derechos humanos investiguen las denuncias de abusos contra estos derechos en las zonas bajo su control e informen de ellas, y garantizar que los investigadores tienen acceso libre y seguro a todas esas zonas.

# Impedir la detención y la encarcelación arbitraria de personas sólo por su origen étnico o por otros motivos discriminatorios, y garantizar que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, tienen acceso libre y seguro a los detenidos de todos los centros de reclusión bajo su control y pueden prestarles asistencia.

# Dar instrucciones públicas claras a los comandantes de las fuerzas armadas para que suspendan de sus funciones a todos los combatientes de quienes se sospeche o se sepa que han cometido abusos contra los derechos humanos, y proteger de cualquier represalia a los civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que denuncien a los autores de dichos abusos.

A los gobiernos de Angola y Chad

# Impartir a todos sus combatientes instrucciones públicas que indiquen que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos y que quienes las cometan responderán penalmente de sus actos.

# Ordenar a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que actúan en el Congo que respeten el derecho internacional humanitario, en concreto el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional II, que prohíben expresamente a todas las partes de un conflicto atacar a personas que no toman parte activa en las hostilidades y, en concreto, los actos de violencia y tortura contra ellas, incluida la violación, así como la toma de rehenes. Estas disposiciones del derecho internacional humanitario obligan a las tropas que luchan en el Congo a proteger la vida de los civiles, así como a respetar el principio de distinción entre objetivos militares y civiles. La población civil no será blanco de ataque. Están prohibidos los ataques indiscriminados, así como los ataques de represalia contra civiles.

# Impedir el suministro de armas ligeras y otros tipos de material militar, de seguridad o policial, dada la probabilidad de que sean utilizados por los combatientes en la República del Congo para cometer abusos contra los derechos humanos.

# Anunciar e implantar medidas concretas para impedir las violaciones de derechos humanos, entre otras la cooperación con el poder judicial congolés y otros organismos competentes, independientes e imparciales de derechos humanos ante los que víctimas y testigos puedan denunciar las violaciones de estos derechos, y garantizar que los responsables comparecen ante la justicia.

# Utilizar su influencia para garantizar que las autoridades congolesas permiten a los miembros de las organizaciones congolesas de derechos humanos y a otros observadores independientes de derechos humanos que investiguen las denuncias de violaciones de estos derechos e informen de ellas, y garantizar que los investigadores tienen acceso libre y seguro a todas las zonas controladas por sus fuerzas.

# Pedir a las autoridades congolesas que excarcelen a todos los detenidos ilegalmente recluidos, impidan las detenciones arbitrarias y garanticen que las organizaciones humanitarias, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, tienen acceso pleno y seguro a todos los detenidos de todos los centros de reclusión y pueden prestarles asistencia.

# Impartir instrucciones públicas y claras a los comandantes de sus fuerzas armadas para que suspendan de sus funciones a todos los combatientes de quienes se sospeche o se sepa que han cometido abusos contra los derechos humanos, y proteger de cualquier represalia a los civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que denuncien a los autores de estos abusos.

A otros gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales

# Condenar públicamente todos los abusos contra los derechos humanos que se han cometido y se están cometiendo en la República del Congo, con independencia de la identidad de los autores y las víctimas.

# Los Estados no deben abastecer a los gobiernos y grupos armados implicados en la guerra de la República del Congo de armas ligeras ni otros tipos de material militar, de seguridad o policial que probablemente sean utilizados por las partes del conflicto para cometer abusos contra los derechos humanos. Teniendo en cuenta los reiterados, persistentes y bien documentados abusos contra los derechos humanos de civiles indefensos por las principales partes del conflicto de la Región de los Grandes Lagos, es razonable suponer que, en la situación actual, estas transferencias probablemente contribuirán de forma directa a que se cometan más abusos.

# Pedir al gobierno congolés que proporcione apoyo político y material al poder judicial congolés y ayudarle a proporcionar dicho apoyo, a fin de capacitarlo para investigar los abusos contra los derechos humanos y juzgar a sus autores con las garantías que establecen las normas internacionales y con exclusión de la pena de muerte.

# Pedir al gobierno congolés que establezca un organismo competente, independiente e imparcial para investigar los abusos contra los derechos humanos, en especial los cometidos desde mediados de 1997, ante el que las víctimas y los testigos puedan denunciar los abusos contra estos derechos, y garantizar que los responsables comparecerán en juicios que sean conformes con las normas internacionales y excluyan el uso de la pena de muerte.

# La Comisión de Derechos Humanos de la onudebe estudiar la cuestión de los derechos humanos en la República del Congo y solicitar a los mecanismos temáticos que realicen visitas al país y presenten informes sobre la situación de estos derechos. Basándose en estos informes, la Comisión debe tomar medidas efectivas para proteger y promover los derechos humanos en el país.

# Los organismos internacionales como la onuy la ouadeben expresar su compromiso y determinación de acabar con la impunidad en la República del Congo, con el objeto de asegurar una protección duradera a los ciudadanos de este país frente a los abusos contra los derechos humanos. Estas organizaciones intergubernamentales deben recomendar medidas al gobierno congolés y a la comunidad internacional para abordar el problema de la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y para impedir que se cometan nuevos abusos en la República del Congo.

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(1) Cuando estalló el conflicto armado en 1993 entre partidarios y adversarios del ex presidente Lissouba, muchos miembros de las fuerzas de seguridad se unieron a los principales grupos armados, especialmente los leales al ex presidente Lissouba y a Denis Sassou Nguesso. Algunas fuentes del Congo declararon a Amnistía Internacional que, durante el conflicto, sólo la Gendarmería Nacional se mantuvo en gran parte neutral.

(2) Entre los tratados de derechos humanos de los que es Estado Parte la República del Congo figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Primer Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Disriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

(3) El artículo 3 común establece lo siguiente: «Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida o detención o por cualquiera otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distingo alguno de carácter desfavorable basado en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A tal efecto, están y quedan prohibidos, en cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo, hecho por un tribunal normalmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.»