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ÍNDICE AI: AFR 22/07/98/s

23 de diciembre de 1998

República del Congo: Amnistía Internacional condena los abusos contra civiles indefensos

Amnistía Internacional ha condenado hoy los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles indefensos, así como otros abusos tales como el bombardeo deliberado de objetivos civiles, por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición en la capital, Brazzaville, y sus alrededores.

La organización ha recibido informes que indican que las fuerzas gubernamentales, incluida la propia milicia del presidente Denis Sassou Nguesso, conocida como los Cobras, han dado muerte deliberadamente a civiles desarmados sospechosos de respaldar al grupo armado de oposición conocido como los Ninjas y leal al ex primer ministro Bernard Kolelas.

Los informes indican también que las fuerzas gubernamentales están utilizando armas pesadas como lanzacohetes múltiples para bombardear zonas densamente pobladas que, según se dice, son baluartes de los Ninjas. Otros informes indican que los Ninjas han atacado a civiles indefensos sospechosos de simpatizar con el gobierno. Además, parece ser que los combatientes de ambos bandos están violando a mujeres e hiriendo a civiles.

Desde finales de agosto de 1998, centenares de civiles indefensos han muerto, según los informes, en las luchas entre los Ninjas y las fuerzas gubernamentales en la región del Pool, en el sur del Congo, así como en Brazzaville. Miles de personas se han visto obligadas a huir de sus casas e internarse en la espesura de la región del Pool y, según los informes, unas quince mil han huido a la vecina República Democrática del Congo.

Amnistía Internacional teme que los desplazados internos corran peligro de sufrir nuevos abusos contra los derechos humanos, morir de hambre o contraer enfermedades. Los informes indican que los organismos humanitarios no pueden acceder a muchos de los desplazados, que están totalmente desprotegidos contra nuevos ataques de los combatientes.

Además de las fuerzas gubernamentales congoleñas y los Cobras, entre los partidarios del presidente Nguesso se encuentran también miembros de las fuerzas gubernamentales de Angola y Chad.

Amnistía Internacional ha declarado: «Los gobiernos de Angola y Chad deben ordenar a sus propias fuerzas en la República del Congo que no cometan abusos contra los derechos humanos, y deben garantizar que su presencia y su influencia se utilizarán para evitar los abusos y proteger a los civiles indefensos».

La organización de derechos humanos ha añadido: «Estos abusos recuerdan a los cometidos por los combatientes de ambos bandos desde 1993, y especialmente a los cometidos entre junio y noviembre de 1997. Decenas de miles de civiles, o más, que no participan activamente en las hostilidades corren grave peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos a manos de combatientes que en el pasado, al igual que ahora, han demostrado un absoluto desprecio hacia las leyes humanitarias internacionales y hacia los derechos humanos en general».

Durante una visita a la República del Congo llevada a cabo a finales de julio y principios de agosto de 1998, los delegados de Amnistía Internacional determinaron que no se había llevado a cabo ninguna investigación independiente e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos durante los meses y años anteriores, y no se había procesado a ninguno de los responsables.

Amnistía Internacional pide al presidente Denis Sassou Nguesso y a los líderes de los grupos armados de oposición, entre los que se encuentra Bernard Kolelas, que vive en el exilio, que ordenen a sus fuerzas de forma pública y clara que no cometan homicidios deliberados y arbitrarios, violaciones sexuales u otros abusos. Además, el gobierno debe declarar públicamente que impedirá el bombardeo de objetivos civiles.

Además, la organización pide a las autoridades congoleñas que lleven a cabo inmediatamente investigaciones sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes del conflicto, incluidas las fuerzas gubernamentales, y que hagan comparecer a los responsables ante los tribunales, de acuerdo con las normas internacionales relativas a juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte o a otras penas inhumanas.

Ambas partes del conflicto deben permitir que los miembros de las organizaciones congoleñas de derechos humanos y otros observadores independientes de derechos humanos investiguen las denuncias de abusos contra dichos derechos en las zonas bajo su control y elaboren informes al respecto. También deben garantizar que los investigadores tienen acceso sin peligro y sin trabas a todas esas zonas.