Documento - Guinea Ecuatorial. Un juicio con demasiados defectos


[Fecha de embargo: 7 de junio de 2005]Público


Amnistía Internacional


Guinea Ecuatorial

Un juicio con demasiados defectos


Resumen

Índice AI: AFR 24/005/2005



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR240052005

Las acusaciones de tentativa de golpe de Estado contra el gobierno seguidas de detenciones, torturas y juicios injustos no son raras en Guinea Ecuatorial. En las últimas dos décadas Amnistía Internacional ha documentado más de una decena de supuestos golpes y los juicios injustos que siguieron, que en su mayor parte pasaron inadvertidos fuera del país. En contraste, el juicio celebrado entre agosto y noviembre de 2004 atrajo una atención internacional sin precedentes. Esto se debió en parte al perfil internacional de los procesados, aunque probablemente influyó más la nacionalidad y fama de los supuestos financiadores del presunto golpe, contra quienes las autoridades guineanas esperaban también obtener condenas en procedimientos civiles abiertos en el Reino Unido. Sin embargo, y a pesar de la atención mundial que recibió, en este juicio no se respetaron el derecho internacional ni las normas sobre juicios justos y se conculcó la legislación nacional.


En el juicio, 11 ciudadanos extranjeros –cinco sudafricanos y seis armenios– acusados de "mercenarios" y nueve ecuatoguineanos juzgados en ausencia fueron condenados a largas penas, de entre 14 y 65 años de prisión, tras ser declarados culpables de intentar derrocar el gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en marzo de 2004. Otros dos ecuatoguineanos fueron condenados a 16 meses de cárcel.


La detención de los ciudadanos extranjeros y de cinco ecuatoguineanos en la capital, Malabo, y en Bata, la principal ciudad continental de Guinea Ecuatorial, se produjo después de la detención, el 7 de marzo de 2004, de unas 70 personas, en su mayoría ciudadanos de Sudáfrica, en el aeropuerto internacional de Harare (Zimbabue), a quienes las autoridades zimbabuenses acusaron de ser "mercenarios" que se dirigían a derrocar el gobierno de Guinea Ecuatorial.


Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición a todas las transferencias militares, de seguridad y policiales que contribuyen a que se cometan violaciones de derechos humanos. Los mercenarios actúan fuera del marco de la disciplina militar y del sistema legal, y muy rara vez ellos o quienes les pagan rinden cuentas de sus actos. Sin embargo, cualquier persona acusada de actividad mercenaria tiene derecho a recibir un juicio justo y a que se protejan sus derechos, incluidos el derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad, y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


Por invitación de las autoridades de Guinea Ecuatorial, una delegación de Amnistía Internacional pudo observar todo el juicio, desde el 23 de agosto hasta el 26 de noviembre de 2004. A la vista de los graves defectos procesales y de la admisión de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura o coacción, los delegados concluyeron que el juicio fue injusto. No se presentó ante el tribunal ninguna prueba que corroborase los cargos formulados contra los acusados, y el tribunal ignoró una y otra vez las denuncias de algunos de los enjuiciados, que alegaron que habían sido torturados durante los interrogatorios.


Los delegados de Amnistía Internacional observaron que el tribunal parecía muchas veces más interesado en obtener pruebas para otra causa civil abierta en el Reino Unido por el gobierno de Guinea Ecuatorial contra varios empresarios británicos a los que acusaba de financiar el presunto golpe.


Tanto durante la fase previa al juicio como en la propia vista judicial, hubo numerosas irregularidades procesales en la aplicación de las leyes de Guinea Ecuatorial, y un flagrante desprecio hacia normas y leyes regionales e internacionales de derechos humanos.


Al parecer, los procesados de nacionalidad sudafricana fueron interrogados por agentes de los servicios de seguridad de Angola, Sudáfrica y Zimbabue, que carecen de jurisdicción en Guinea Ecuatorial. Algunas de las declaraciones prestadas ante estos servicios se utilizaron después como prueba ante el tribunal.


El trato al que fueron sometidos los encausados extranjeros en detención, antes y durante el juicio, incluyó permanecer esposados y con grilletes las 24 horas del día, lo que constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Este es el trato que ha predominado después del juicio. Además, los procesados extranjeros permanecieron más de cuatro meses en régimen de incomunicación.


Amnistía Internacional no apoya ni se opone a ningún gobierno, y tampoco apoya ni se opone a las opiniones políticas de las personas cuyos derechos humanos son violados. En el caso de Guinea Ecuatorial, lo único que preocupa a la organización es la protección de los derechos humanos en ese país, que en este caso concreto incluye los de las personas acusadas de intentar derrocar al gobierno.


Este informe se ocupa del juicio de los supuestos "mercenarios", su detención y sus condiciones de reclusión, y ofrece detalles de las violaciones de derechos humanos y de las irregularidades procesales que permiten calificar de injusto el juicio. También ofrece algunos breves detalles de otros juicios menos conocidos que se celebraron en el 2004 y que, según informes, fueron asimismo injustos. El informe incluye recomendaciones al gobierno de Guinea Ecuatorial para mejorar la situación de los derechos humanos, especialmente para que los juicios sean conformes a las normas internacionales de imparcialidad. Contiene asimismo recomendaciones a la comunidad internacional.



Este texto resume el documento titulado Guinea Ecuatorial: Un juicio con demasiados defectos (Índice AI: AFR 24/005/2005), publicado por Amnistía Internacional en junio de 2005. Si desean más información o emprender acciones al respecto consulten el documento completo. En la URL http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de Amnistía Internacional pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA












[Fecha de embargo: 7 de junio de 2005]

Público

Amnistía Internacional




Guinea Ecuatorial

Un juicio con demasiados defectos





































ÍNDICE



1. Introducción 1

2. Guinea Ecuatorial y el derecho internacional 2

3. Información general 3

3.1 Perspectiva general de los juicios más recientes 4

3.2 El presunto intento de golpe de Estado de marzo de 2004 5

3.3 Las detenciones 7

3.4 Los interrogatorios 10

3.5 Confesiones bajo coacción, torturas y malos tratos 12

3.6 Muerte bajo custodia 14

3.7 Condiciones de reclusión 15

4. Intimidación de familiares 17

5. El juicio 17

5.1 Información general 17

5.2 La composición del tribunal y las actuaciones judiciales 18

5.3 Cargos y pruebas 20

5.4 Fallos condenatorios y penas 22

6. Motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con el juicio 22

6.1 Irregularidades procesales en las fases previas al juicio 23

6.2 Motivos de preocupación durante la vista judicial 24

7. La dimensión internacional y la implicación extranjera 25

8. Recomendaciones de Amnistía Internacional 28

8.1 Recomendaciones al gobierno de Guinea Ecuatorial 28

8.2 Recomendaciones a la comunidad internacional 30

Apéndices

Lista de condenados y penas 31

Plano de Malabo 32

Mapas de África y Guinea Ecuatorial. 32








Guinea Ecuatorial

Un juicio con demasiados defectos



1. Introducción


Las acusaciones de tentativa de golpe de Estado contra el gobierno seguidas de detenciones, torturas y juicios injustos no son raras en Guinea Ecuatorial. En las últimas dos décadas Amnistía Internacional ha documentado más de una decena de supuestos golpes y los juicios injustos que siguieron, que en su mayor parte pasaron inadvertidos fuera del país. En contraste, el juicio celebrado entre agosto y noviembre de 2004 atrajo una atención internacional sin precedentes. Esto se debió en parte al perfil internacional de los procesados, aunque probablemente influyó más la nacionalidad y fama de los supuestos financiadores del presunto golpe, contra quienes las autoridades guineanas esperaban también obtener condenas en procedimientos civiles abiertos en el Reino Unido. Sin embargo, y a pesar de la atención mundial que recibió, en este juicio no se respetaron el derecho internacional ni las normas sobre juicios justos y se conculcó la legislación nacional.


En el juicio, 11 ciudadanos extranjeros –cinco sudafricanos y seis armenios– acusados de "mercenarios" y nueve ecuatoguineanos juzgados en ausencia fueron condenados a largas penas, de entre 14 y 65 años de prisión, tras ser declarados culpables de intentar derrocar el gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en marzo de 2004. Otros dos ecuatoguineanos fueron condenados a 16 meses de cárcel.


La detención de los ciudadanos extranjeros y de cinco ecuatoguineanos en la capital, Malabo, y en Bata, la principal ciudad continental de Guinea Ecuatorial, se produjo después de la detención, el 7 de marzo de 2004, de unas 70 personas, en su mayoría ciudadanos de Sudáfrica, en el aeropuerto internacional de Harare (Zimbabue), a quienes las autoridades zimbabuenses acusaron de ser "mercenarios" que se dirigían a derrocar el gobierno de Guinea Ecuatorial.


Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición a todas las transferencias militares, de seguridad y policiales que contribuyen a que se cometan violaciones de derechos humanos. Los mercenarios actúan fuera del marco de la disciplina militar y del sistema legal, y muy rara vez ellos o quienes les pagan rinden cuentas de sus actos. Sin embargo, cualquier persona acusada de actividad mercenaria tiene derecho a recibir un juicio justo y a que se protejan sus derechos, incluidos el derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad, y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el caso de estos ciudadanos extranjeros y de sus coprocesados ecuatoguineanos, se vulneraron estos derechos: ciertos aspectos de su detención, reclusión y juicio indicaban sin lugar a dudas que se violó la presunción de inocencia.


Por invitación de las autoridades de Guinea Ecuatorial, una delegación de Amnistía Internacional pudo observar todo el juicio, desde el 23 de agosto hasta el 26 de noviembre de 2004. A la vista de los graves defectos procesales y de la admisión de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura o coacción, los delegados concluyeron que el juicio fue injusto. No se presentó ante el tribunal ninguna prueba que corroborase los cargos formulados contra los acusados, y el tribunal ignoró una y otra vez las denuncias de algunos de los enjuiciados, que alegaron que habían sido torturados durante los interrogatorios.


"La policía nos detuvo, nos encadenó y trató como a animales salvajes y nos torturó." Declaración de Nick du Toit ante el tribunal el último día de la vista (18 de noviembre de 2004)


Los delegados de Amnistía Internacional observaron que el tribunal parecía muchas veces más interesado en obtener pruebas para otra causa civil abierta en el Reino Unido por el gobierno de Guinea Ecuatorial contra varios empresarios británicos a los que acusaba de financiar el presunto golpe.


Tanto durante la fase previa al juicio como en la propia vista judicial, hubo numerosas irregularidades procesales en la aplicación de las leyes de Guinea Ecuatorial, y un flagrante desprecio hacia normas y leyes regionales e internacionales de derechos humanos. Los encausados extranjeros tuvieron que firmar declaraciones redactadas en español, lengua que la mayoría desconoce.


Al parecer, los procesados de nacionalidad sudafricana fueron interrogados por agentes de los servicios de seguridad de Angola, Sudáfrica y Zimbabue, que carecen de jurisdicción en Guinea Ecuatorial. Algunas de las declaraciones prestadas ante estos servicios se utilizaron después como prueba ante el tribunal.


El trato al que fueron sometidos los encausados extranjeros en detención, antes y durante el juicio, incluyó permanecer esposados y con grilletes las 24 horas del día, lo que constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Este es el trato que ha predominado después del juicio. Además, los procesados extranjeros permanecieron más de cuatro meses en régimen de incomunicación.


Amnistía Internacional no apoya ni se opone a ningún gobierno, y tampoco apoya ni se opone a las opiniones políticas de las personas cuyos derechos humanos son violados. En el caso de Guinea Ecuatorial, lo único que preocupa a la organización es la protección de los derechos humanos en ese país, que en este caso concreto incluye los de las personas acusadas de intentar derrocar al gobierno.


Este informe se ocupa del juicio de los supuestos "mercenarios", su detención y sus condiciones de reclusión, y ofrece detalles de las violaciones de derechos humanos y de las irregularidades procesales que permiten calificar de injusto el juicio. También ofrece algunos breves detalles de otros juicios menos conocidos que se celebraron en el 2004 y que, según informes, fueron asimismo injustos. El informe incluye recomendaciones al gobierno de Guinea Ecuatorial para mejorar la situación de los derechos humanos, especialmente para que los juicios sean conformes a las normas internacionales de imparcialidad. Contiene asimismo recomendaciones a la comunidad internacional.

La información contenida en este informe se basa en las notas exhaustivas que tomaron los delegados de Amnistía Internacional que estuvieron presentes durante todo el juicio, documentos oficiales relacionados con el caso y entrevistas mantenidas en Malabo con funcionarios, abogados y otras personas.


2. Guinea Ecuatorial y el derecho internacional


Los delegados de Amnistía Internacional basaron su observación del juicio en la legislación de Guinea Ecuatorial, así como en los tratados internacionales que ha ratificado o a los que se ha adherido Guinea Ecuatorial. La conclusión de que el juicio fue injusto se basa, así pues, en las violaciones de estas leyes.


El Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal actualmente en vigor en Guinea Ecuatorial son el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal españoles de 1967 que estaban en vigor cuando Guinea Ecuatorial obtuvo la independencia, en 1968.


La Constitución vigente en Guinea Ecuatorial es la de 1991, enmendada en 1995, que contiene algunos derechos limitados, como el derecho a un juicio justo. El artículo 8 de la Constitución establece que el Estado ecuatoguineano acata los principios de derecho internacional y, en concreto, los derechos y obligaciones que emanan de los tratados internacionales a los que se ha adherido. Su artículo 13 contiene una lista de derechos fundamentales de los que goza todo ciudadano:


· El derecho de hábeas corpus y amparo (i)

· El derecho a la defensa ante los tribunales (j)

· El derecho a no ser privado de su libertad sino en virtud de orden judicial, salvo en los casos previstos por la ley y los de delito flagrante (m)

· El derecho a ser informado de la causa o razones de su detención (n)

· El derecho a presumirse inocente mientras no se haya demostrado legalmente su culpabilidad (o)

· El derecho a no declarar contra uno mismo (p)

· El derecho a no ser privado del derecho de defensa en cualquier estado o grado del proceso (r)


El artículo 83 establece la independencia del poder judicial. No obstante, el artículo 86 estipula que el presidente es el primer magistrado de la nación, lo que cabe considerar una negación de lo previsto en el artículo 83. Además, Guinea Ecuatorial ha ratificado la mayoría de los principales tratados de derechos humanos, y concretamente:


· El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado el 25 de septiembre de 1987.

· El Primer Protocolo Facultativo del PIDCP, también ratificado el 25 de septiembre de 1987.

· La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada el 8 de octubre de 2002.

· La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada el 18 de agosto de 1986.


Guinea Ecuatorial no ha ratificado aún el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinado a abolir la pena de muerte, pena que conserva Guinea Ecuatorial.


Otras normas de derechos humanos aplicables aquí son:


· El Conjunto de Principios para la Protección de Todas Las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión

· Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y los Procedimientos para la Aplicación Efectiva de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos

· Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura

· Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados

· Las Directrices sobre la Función de los Fiscales

· El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

· Los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias

· Los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África


3. Información general


Las acusaciones de tentativa de golpe de Estado seguidas de detenciones, torturas y juicios injustos no son raras en Guinea Ecuatorial. Desde que el presidente Obiang Nguema llegó al poder, en agosto de 1979, después de derrocar al primer presidente del país, Francisco Macías Nguema, su tío, Amnistía Internacional ha documentado más de una decena de acusaciones de tentativa de golpe. En el pasado, el anuncio de una conspiración frustrada ha ido seguido generalmente de una oleada de detenciones acompañadas de torturas y de otras violaciones graves de derechos humanos, así como de juicios injustos. Estas acusaciones se han empleado sistemáticamente para reprimir la oposición política al gobierno. Las autoridades casi nunca han presentado pruebas ante los tribunales para corroborar los cargos, que a menudo se basaban en confesiones obtenidas de los acusados bajo tortura. Estos casos han sido juzgados invariablemente ante un consejo de guerra, en causas sumarísimas, y en su mayoría han pasado desapercibidos fuera del país.


3.1 Perspectiva general de los juicios más recientes


En 1998, por ejemplo, 84 personas del grupo étnico bubi, originarias de la isla de Bioko, fueron declaradas culpables de traición, "terrorismo" y posesión ilegal de armas tras un ataque cometido por un pequeño grupo de bubis contra cuarteles militares de la isla. Quince de ellas fueron condenadas a muerte, pena conmutada posteriormente por la de cadena perpetua, y el resto a largas penas de prisión. La mayoría de los detenidos y juzgados lo fueron sólo por su origen étnico y sus antecedentes de oposición pacífica al gobierno, sin que hubiera pruebas de su relación con el ataque. Durante el periodo de prisión preventiva fueron sometidos a brutales torturas. En el 2002, 64 personas fueron declaradas culpables de intentar derrocar al gobierno. La razón más probable de su detención fue su pertenencia a la Fuerza Demócrata Republicana (FDR), o sus lazos familiares o de amistad con líderes de ese partido. Los dos juicios se celebraron ante consejos de guerra, en causas sumarísimas, y se basaron únicamente en confesiones obtenidas de los acusados bajo tortura, pues no se presentaron otras pruebas ante el tribunal para confirmar los cargos. Amnistía Internacional estuvo presente en ambos y concluyó que fueron manifiestamente injustos.(1)


En el 2004 hubo al menos tres supuestos golpes de Estado fallidos, que desembocaron en la detención de casi 200 personas, entre civiles y militares. La mayoría de ellas continúa en prisión sin cargos ni juicio. Entre los detenidos hay militares de alta graduación y familiares suyos, algunos de los cuales tienen relación con el presidente Obiang Nguema o estrechos vínculos con éste.(2) Aparentemente se los considera aspirantes al poder y, como tales, una amenaza para el régimen del Obiang Nguema.


Además del juicio de agosto-noviembre, a finales de enero de 2004 se celebró en Bata un consejo de guerra contra al menos 80 soldados y ex soldados que habían sido detenidos en noviembre y diciembre de 2003, y que fueron condenados a largas penas de prisión. El juicio se celebró a puerta cerrada y los datos que se han conocido posteriormente indican que no se respetaron las normas internacionales sobre imparcialidad. Los acusados habían sido enjuiciados por menoscabar la seguridad del Estado. Según los informes, su detención guardaba relación con las profundas divisiones surgidas dentro del clan gobernante de los Mongomo y con el presunto intento de suicidio y posterior detención en noviembre de 2003 del general Agustín Ona, tío del presidente Obiang Nguema muy cercano a él.


En la primera semana de diciembre de 2004 se celebró en Bata un consejo de guerra contra cinco personas, una de ellas una mujer, que fueron declaradas culpables de traición, "terrorismo" y espionaje, y condenadas a penas de entre 22 y 26 años de prisión. Aunque Amnistía Internacional dispone de pocos detalles sobre el juicio, ha podido establecer que los acusados no tuvieron acceso a un abogado defensor de su elección y que, justo antes de que comenzara el juicio, se asignó para su defensa a un oficial del ejército que, según las informaciones, actuó más como un miembro de la acusación que como un abogado defensor. Aparentemente, la única prueba que había contra los cinco procesados eran sus propias confesiones, obtenidas bajo tortura. Amnistía Internacional recibió numerosos informes que indicaban que los cinco habían sido sometidos a brutales torturas y que varios miembros de las fuerzas de seguridad habían violado a la mujer. Los acusados aparecieron en televisión con cortes en las orejas y señales de palizas. Además, permanecieron incomunicados y esposados las 24 horas del día hasta unas semanas antes del juicio. Su detención se había producido a finales de mayo de 2004, tras un presunto ataque contra la isla de Corisco. Las autoridades de Guinea Ecuatorial afirmaron que el ataque había sido organizado desde Gabón por Adolfo Bicó, un político de la oposición exiliado en Estados Unidos que tiene lazos familiares y negocios en Libreville, Gabón.


El presunto intento golpista de marzo de 2004 forma parte de una constante de presuntos golpes de Estado fallidos. Pero hubo varias características distintivas cruciales que diferenciaron este intento de golpe de todos los anteriores, todas ellas consecuencia directa de un factor clave: la dimensión internacional.


3.2 El presunto intento de golpe de Estado de marzo de 2004


Según las autoridades de Guinea Ecuatorial, el presunto intento golpista de marzo de 2004 fue organizado en el exterior, y financiado y realizado por extranjeros. Su supuesto objetivo era instalar en el poder a Severo Moto Nsá, político de la oposición exiliado en Madrid (España) y autoproclamado presidente del "gobierno en el exilio". Las autoridades de Guinea Ecuatorial anunciaron que la conspiración para derrocar al gobierno había sido descubierta por los servicios de seguridad sudafricanos, que habían avisado a las autoridades de Guinea Ecuatorial y de Zimbabue. Afirmaron que se había contratado a 70 ciudadanos sudafricanos ―en su mayor parte ex miembros del disuelto Batallón 32(3) (conocido también como Batallón Búfalo), unidad clandestina de la antigua Fuerza Sudafricana de Defensa durante el gobierno del apartheid del Partido Nacional en los años ochenta― para realizar un golpe de Estado y que iban a unirse a otros 15 ciudadanos extranjeros que ya estaban en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, se sabe que las autoridades sudafricanas han declarado que no tenían pruebas para detener y condenar a estas 70 personas en Sudáfrica.


Según el auto de procesamiento dictado contra los detenidos en Guinea Ecuatorial en julio de 2003, Severo Moto Nsá y Simon Francis Mann, ex funcionario de los Servicios Especiales del Aire británicos, firmaron un contrato para la ejecución del golpe de Estado, por valor de 15 millones de dólares, más otros gastos adicionales que se abonarían una vez hubiera triunfado el golpe. Todos estos gastos iban a ser financiados por varios empresarios británicos.


En el auto se sostiene que el 11 de febrero de 2004, Simon Mann, en representación de su empresa Logo Logistics Limited, firmó un contrato con el ciudadano sudafricano Servaas Nicolaas (Nick) du Toit, director de Military Technical Solutions,(4) para contratar a unos "mercenarios" a quienes se abonaría un salario mensual de 3.000 dólares. Además, se dice que Nick du Toit contrató después a 85 personas, 70 de las cuales se quedaron en Sudáfrica para someterse a adiestramiento durante dos semanas antes de embarcar para Guinea Ecuatorial, mientras que 15 ya estaban en ese país. Siempre según el auto, el 10 de febrero, ambos hombres habían firmado un contrato con Zimbabwe Defence Industries (ZDI) para adquirir "material bélico que se iba utilizar para la ejecución del Golpe de Estado en Guinea Ecuatorial". Ese mismo día, parece ser que Nick du Toit firmó otro contrato con ZDI para comprar munición que, según se afirma en el auto, él mismo había manifestado que era para los "rebeldes" de la República Democrática del Congo. Sin embargo, en declaraciones aparentemente firmadas por él, Nick du Toit afirmaba que había comprado la munición a petición del gobierno de la República Democrática del Congo, y que las armas que iban a recoger en Harare habían sido adquiridas legalmente con el fin de proteger el proyecto de minería.

En el auto se afirma también que el presunto golpe de Estado iba a tener lugar entre el 17 y el 21 de febrero de 2004. El transporte de personal y armamento iba a ser realizado por un avión Antonov 12 B y su tripulación armenia, que salió de Malabo rumbo a Ndola (Zambia) el 17 de febrero de 2004 para recoger a los 70 "mercenarios", que en esa misma fecha habían salido de Sudáfrica en dirección a Ndola. Desde Ndola y con los "mercenarios" a bordo, el Antonov 12 volaría a Harare para recoger las armas y regresar después a Malabo para realizar el golpe. Sin embargo, según el auto, el golpe quedó abortado porque el avión sufrió problemas mecánicos y tuvo que permanecer varios días en Ndola para ser reparado. Entonces se decidió, aunque no está claro quién lo hizo, comprar un avión de mayor tamaño, un Boeing 727, para transportar a los presuntos "mercenarios". El auto no dice qué ocurrió con los 70 presuntos mercenarios, que al parecer quedaron abandonados a su suerte en Ndola.

El auto de procesamiento contiene numerosas incoherencias y contradicciones sobre el número de "mercenarios" implicados, fechas y horas, y pocos detalles que indiquen que se haya realizado una investigación seria y exhaustiva de los hechos. Por ejemplo, dice que el acuerdo para contratar a los mercenarios se firmó el 11 de febrero, que éstos iban a recibir adiestramiento durante dos semanas y que el golpe estaba previsto para el 17 de febrero. Pero en otra parte dice que el 4 y el 7 de enero de 2004, y en algún momento a mediados de febrero, Nick du Toit, Simon Mann y otras dos personas se reunieron en un hotel del barrio de Sandton, de Johannesburgo, para ultimar la compra de armas, incluyendo el tipo de armas, la contratación de "mercenarios", cuestiones de logística en Malabo y la adquisición de un Boeing 727, pues era evidente que el Antonov 12 no tenía capacidad para transportar a 70 personas, sus pertrechos y además las armas. Por otra parte, el avión carecía de autonomía de vuelo suficiente para volar directamente desde Harare hasta Malabo. El auto no especifica qué asuntos se concretaron en qué fecha.


El auto prosigue diciendo que se cambió la fecha del golpe a la madrugada del 8 de marzo de 2004. Antes de esa fecha, el 5 de marzo, un Boeing 727 inscrito en Estados Unidos (número de inscripción N 4610), comprado aparentemente por Simon Mann en Estados Unidos y pilotado por ciudadanos estadounidenses, había aterrizado en el aeropuerto de Lansaria (Pretoria). Al mismo tiempo, Simon Mann y otras dos personas habían llegado a Harare para comprobar las armas compradas y esperar la llegada del Boeing 727. Dos días después, a las 6:30 de la mañana del domingo 7 de marzo, el Boeing 727 despegó del aeropuerto de Wonderboom, situado también a las afueras de Pretoria, donde pilotos sudafricanos sustituyeron a los estadounidenses. Desde ahí, el avión voló a Polokwane, aún en Sudáfrica, donde embarcaron 64 presuntos "mercenarios"; a las 6:24 de la tarde partieron con destino a Harare, donde debían recoger las armas, antes de seguir en dirección a Malabo. En esa ciudad debían unirse a Nick du Toit y a su grupo de 14 "mercenarios". Una vez en Malabo, los "mercenarios" iban a tomar determinados puntos estratégicos y a secuestrar y matar al presidente de la república y a miembros del gobierno. Media hora después, Severo Moto Nsá aterrizaría en Malabo y ocuparía la presidencia del país. El auto afirma después que el plan fracasó cuando los servicios de seguridad del aeropuerto de Harare, que ya habían sido alertados por los servicios de seguridad sudafricanos, desconfiaron de los pilotos al negar éstos que transportaban pasajeros. Cuando subieron al avión, a las 7:30 de la tarde, encontraron a 70 presuntos "mercenarios",(5) a los que detuvieron. También confiscaron lo que calificaron de "material bélico" y se incautaron del avión. Sin embargo, parece que no se encontraron armas a bordo.(6)


Según el auto de procesamiento, el papel de los "mercenarios" en Guinea Ecuatorial era prestar ayuda logística a los que llegaban de Sudáfrica. En consecuencia, a las 7 de la tarde del 6 de marzo de 2004, Nick du Toit, que había regresado de Sudáfrica dos días antes, mantuvo una reunión con algunos de sus empleados para informarles de la llegada de los demás "mercenarios" desde Harare a las 2 de la mañana siguiente, y les dio instrucciones para que llevaran tres automóviles al aeropuerto, con agua embotellada en cada uno de ellos, y dejaran ahí los vehículos con las llaves de contacto puestas. La orden se ejecutó a las 11:30 de la noche, según el auto, que da detalles del papel concreto de cada uno de estos hombres: George Olimpic Nunes"Allerson"iba a ocupar la torre de control del aeropuerto de Malabo para comunicarse con el Boeing 727 y dirigiría después a un grupo de "mercenarios" para atacar el cuartel militar de Elá Nguema y tomar también el control del puente sobre el río Water Foll; Marius Gerhardus Boonzaier"Bone" llevareda a sus compañeros "mercenarios" hasta unos puntos estratégicos de la ciudad que no se especifican; José Passocas Domingosencabezaría el grupo encargado de atacar el cuartel de Acacio Mañé Elá; y el grupo de Sérgio Fernando Patrício Cardoso atacaría las dos entradas de la presidencia y la residencia del presidente de la República mientras el grupo de Nick du Toit atacaba la comisaría central de policía. No se indica en ninguna parte del auto qué papel desempeñarían los pilotos armenios una vez descartado el uso del Antonov 12 para realizar el golpe.


Hay discrepancias claras entre este pasaje y otro del mismo auto, en el que se afirma que hacia las 11:30 de la noche del 7 de marzo, Simon Mann (que ya había sido detenido en Harare) telefoneó a Nick du Toit y brevemente"le informa de las dificultades en el aeropuerto de Harare, ordenándole anular la operación con una voz inaudible". Entonces Nick du Toit ordenó a sus hombres que retirasen los vehículos del aeropuerto y volvieran a casa. El auto prosigue diciendo que los hombres fueron detenidos en su domicilio, al atardecer del 8 de marzo, por las fuerzas de seguridad nacionales, y que en el momento de la detención los "mercenarios" estaban en posesión de cuatro teléfonos vía satélite y "otros materiales". Sin embargo, no se menciona que se hubiera encontrado en su poder o en la casa ningún arma.


A tenor de lo expuesto en el auto, no queda claro por qué se dice que Nick du Toit ordenó a sus hombres que llevaran los automóviles al aeropuerto el 6 de marzo, pues no se esperaba a los "mercenarios" hasta el 8 de marzo. Hay contradicciones patentes sobre la hora y la fecha en que se iba a dar el golpe de Estado, así como sobre la hora en que se practicaron realmente las detenciones.



Los procesados el último día del juicio © Estelle Shirbon (Reuters)

3.3 Las detenciones


Los 15 ciudadanos extranjeros (un alemán, seis armenios y ocho sudafricanos) fueron detenidos el 8 de marzo de 2004 en Malabo y en Bata y acusados de "mercenarios" que intentaban derrocar al gobierno de Guinea Ecuatorial. En las semanas siguientes fueron detenidos cinco ecuatoguineanos.


El artículo 502 del Código de Enjuiciamiento Criminal guineano estipula que la detención y la prisión han de ser ordenadas por un juez. Esta norma es acorde con el artículo 9(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y con el artículo 6 de la Carta Africanade Derechos Humanos y de los Pueblos. Las autoridades tuvieron tiempo suficiente para dictar una orden de detención, pues habían sido advertidas del presunto golpe con mucha antelación y, en cualquier caso, antes del 7 de marzo de 2004. Sin embargo, las detenciones se practicaron sin que mediara orden alguna.


Algunas de las detenciones fueron realizadas por soldados que, según la legislación nacional, no tienen facultades para practicar detenciones. El principio 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece que: "El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin."(7)

No se informó a los detenidos de los motivos de su detención ni de las acusaciones formuladas contra ellos, como exige el artículo 302 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y tampoco fueron llevados ante un juez en el plazo de 72 horas para formalizar su detención, como estipula el artículo 497 del mismo Código. Aparentemente, esto estaba justificado porque el juez instructor ordenó el secreto del sumario el 7 de marzo, antes de las detenciones.(8) La orden tenía una vigencia de 25 días, no obstante lo cual permaneció en vigor varios meses. Basándose en esta orden, no se informó a los detenidos de las acusaciones formuladas en su contra, y éstos permanecieron sin cargos hasta que concluyó la investigación, a finales de julio de 2004. Durante este tiempo se les negó el acceso a sus abogados, y éstos no pudieron actuar en su defensa. Amnistía Internacional cree que el procedimiento de "secreto de sumario" no justifica ninguna restricción ni violación de derechos humanos, incluidos el derecho a ser informado inmediatamente de los motivos de la detención, el derecho a ser informado de las acusaciones, el derecho a comparecer sin dilación ante un juez, el derecho a contar con la asistencia de un abogado defensor y el derecho de los ciudadanos extranjeros a comunicarse con su embajada o consulado. Estos derechos están garantizados en las normas y leyes internacionales, como el artículo 9(2) del PIDCP y el párrafo M(2) de los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África.(9)


Nick du Toit, presunto jefe de los "mercenarios" en Guinea Ecuatorial y director de Triple Option Trading 610 cc GE SA(10) (en adelante, Triple Option GE), fue detenido en la comisaría central de policía de Malabo la mañana del 8 de marzo de 2004. Antonio Javier Nchama,uno de sus socios locales que fue también detenido posteriormente, había ido al domicilio de Nick du Toit para decirle que fuera a la comisaría a preguntar por su pasaporte. Una vez ahí, le comunicaron que estaba detenido, lo esposaron y lo llevaron a la prisión de Black Beach, donde estuvo varios meses en régimen de aislamiento.


Otros cinco sudafricanos, algunos de origen angoleño –Sérgio Fernando Patrício Cardoso, Marius Gerhardus Boonzaier "Bone", George Olimpic Nunes "Allerson", José Passocas Domingos yMark Anthony Schmidt–; seis armenios –Samvel Darbinyan, Ashot Karapetyan, Samvel Matshkalyan, Razmik Khachatryan, Suren Muradyan y Ashot Simonyan–, y el alemán Gerhard Eugen Merzfueron detenidos hacia las 8:30 de la noche del 8 de marzo en la casa que compartían en Malabo. Las detenciones fueron practicadas por un grupo de unos 10 soldados fuertemente armados que entraron en la vivienda acompañados de Antonio Javier Ntchama, mientras otro grupo rodeaba la casa. Los soldados esposaron a los detenidos con las manos a la espalda y los llevaron a la prisión de Black Beach, donde fueron recluidos en la misma celda, salvo George Olimpic Nunes "Allerson", que estuvo varios meses en régimen de aislamiento. En Black Beach, todos ellos, excepto Mark Anthony Schmidt, permanecieron con grilletes.

Los soldados que los detuvieron realizaron un registro preliminar de la casa y se llevaron el teléfono vía satélite y otros artículos. Según los informes, en los días siguientes, funcionarios de los servicios de seguridad saquearon la casa y se llevaron otros objetos pertenecientes a los detenidos, como dinero, teléfonos móviles, televisores y reproductores de música. Según el auto de procesamiento, no se encontraron armas ni en posesión de los detenidos ni en su casa. Sin embargo, todas estas personas fueron acusadas de tenencia y depósito de armas y municiones, así como de tenencia y depósito de explosivos.


Cuatro agentes de policía detuvieron a otros dos ciudadanos sudafricanos, Abel Augustoy Américo João Pimentel Ribeiro, en su casa de Bata, hacia las 11:30 de la noche, cuando ya estaban en la cama. Los agentes los esposaron con las manos a la espalda y los llevaron a la comisaría principal de Bata. A primera hora de la mañana siguiente fueron trasladados en avión hasta Malabo y llevados a la prisión de Black Beach, donde los encerraron en la misma celda en la que estaban el resto de sus compatriotas, los armenios y el alemán. Según los informes, los policías que los detuvieron se llevaron su teléfono vía satélite, dinero y otras propiedades.


Nick du Toit había llegado a Guinea Ecuatorial en julio de 2003. Los demás sudafricanos eran empleados de Triple Option Trading 610 cc y llegaron al país en diferentes fechas, entre julio de 2003 y febrero de 2004. Gerhard Eugen Merz y los ciudadanos armenios llegaron en enero de 2004. Gerhard Eugen Merz era el director en Guinea Ecuatorial de Central Asian Logistics GmbH (CAL), una empresa alemana de transporte aéreo de mercancías que había contratado los servicios de un Antonov 12 B y de su tripulación armenia a la empresa armenia Tiga-Eiri. Para operar en Guinea mientras obtenía su licencia de actividad, CAL firmó un contrato con las líneas aéreas locales PANAC, cuyo director era Antonio Javier Nchama, con el fin de volar bajo su licencia.


El 7 de marzo de 2004, la víspera de su detención, unas 70 personas, en su mayoría de nacionalidad sudafricana, entre las cuales estaba Simon Mann, fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Harare, a donde habían llegado supuestamente para recoger unas armas. Las autoridades de Zimbabue alegaron que eran "mercenarios" que se dirigían a derrocar al gobierno de Guinea Ecuatorial con la ayuda de los servicios secretos británicos, españoles y estadounidenses. Sin embargo, los detenidos negaron la acusación y dijeron que se dirigían a la República Democrática del Congo, donde habían sido contratados para custodiar una mina, y que habían hecho escala en el aeropuerto de Harare para recoger unas armas que se habían adquirido legalmente para tal fin. Los detenidos fueron juzgados en Harare en julio de 2004, acusados de infringir la legislación zimbabuense sobre armas y seguridad, así como las leyes de inmigración y de aviación. Dos de ellos resultaron absueltos, y 67, declarados culpables de delitos sobre inmigración. Los dos pilotos fueron declarados culpables también de delitos relacionados con la aviación. Todos ellos fueron condenados a penas de entre 12 y 18 meses de prisión. Simon Mann fue declarado culpable de intentar comprar armas y condenado a siete años de cárcel. No obstante, las condenas se redujeron cuatro meses tras la apelación, en marzo de 2005. La condena impuesta a Mann quedó reducida a cuatro años de prisión.


Los cinco ecuatoguineanos fueron detenidos en diferentes fechas entre finales de marzo y junio de 2004. Según informes, Antonio Javier Nchama, que en el momento de su detención era asesor presidencial en asuntos de salud y propietario y director de la compañía aérea PANAC, así como socio de Triple Option GE, fue detenido en su domicilio de Malabo a principios de abril de 2004. Tras permanecer varios días en la comisaría principal de Malabo, fue trasladado a la prisión de Black Beach.


Agustín Massoko Abegue, también accionista de Triple Option GE, fue detenido en Malabo el 15 de abril de 2004. Ya estaba en la comisaría de policía, donde actuaba de intérprete de los detenidos sudafricanos, cuando le comunicaron que quedaba detenido.


Koldo Martínez Nsang, Crispín Ntutumu Owonoy Anacleto Oyono Nchama fueron detenidos en Malabo en junio de 2004, al parecer debido a sus contactos empresariales con Triple Option GE.Anacleto Oyono Ntchama fue detenido el 11 de junio y salió en libertad provisional sin fianza el 10 de julio. Amnistía Internacional no sabe con seguridad qué autoridad ordenó su libertad. Su abogado dijo a los observadores de la organización que asistían al juicio que el 20 de agosto, tres días antes de que comenzara la vista, el fiscal general le había dicho a Anacleto Oyono Ntchma que regresara a la prisión de Black Beach, y que él le había aconsejado que no lo hiciera.


3.4 Los interrogatorios


La mayoría de los encausados, si no todos, declararon ante el tribunal que no habían visto al juez instructor, y que les había tomado declaración el fiscal general, que acudía a menudo a la prisión a interrogar a los detenidos. Esto constituye una vulneración grave de las leyes de Guinea Ecuatorial, pues el fiscal general no tiene ninguna función en ninguna fase de las actuaciones penales, incluido el interrogatorio. Esa función corresponde al juez de instrucción, que es responsable de ordenar la detención y la prisión, así como de investigar el caso, interrogando y acusando formalmente a los acusados. A Amnistía Internacional le preocupa la ausencia de independencia del fiscal general, que es un cargo político al que nombra y cesa el presidente de la República (artículo 93 de la Constitución de Guinea Ecuatorial).


Los detenidos no contaron con un abogado durante el interrogatorio ni en ningún momento cuando prestaban declaración. Según los informes, no se les informó de su derecho a disponer de la asistencia de un abogado.(11) Ninguno de los detenidos tuvo acceso a un abogado hasta tres días antes del juicio, pese a que algunos de los abogados solicitaron reiteradamente ver a sus clientes. El artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Guinea Ecuatorial garantiza el derecho a ser asistido por un abogado durante los interrogatorios. Además, el principio 1 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados se refiere específicamente al derecho a recurrir a la asistencia de un abogado "en todas las fases del procedimiento penal".(12) El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados ha afirmado que:


"la presencia de un abogado durante los interrogatorios de la policía es deseable en tanto que salvaguardia importante para proteger los derechos del acusado. La ausencia de un abogado da lugar a un posible riesgo de abuso […]"(13)


Los detenidos extranjeros no contaron con la asistencia de intérpretes calificados e independientes, tal como prescriben la legislación nacional y las normas internacionales.(14) Amnistía Internacional ha expresado su preocupación porque Agustín Massoko Abegue, que fue detenido posteriormente, había actuado como intérprete para los detenidos sudafricanos y siguió actuando como tal durante algún tiempo después de ser detenido a su vez. También tradujo sus declaraciones. Suscita gran preocupación la posibilidad de que hubiera un conflicto de intereses y de que hubiera incurrido en parcialidad, especialmente cuando, según su declaración ante el tribunal, fue durante un tiempo intérprete del fiscal general y del ministro de Seguridad Nacional, así como miembro de una comisión encargada de viajar a Sudáfrica y Zimbabue para investigar el presunto golpe de Estado, y además había aportado pruebas contra los procesados extranjeros.


Al parecer, Nick du Toit fue interrogado primero por la policía, el día de su detención, sobre su empresa en Guinea Ecuatorial. Según los indicios, fue interrogado por segunda vez el 9 de marzo, cuando aparentemente hizo una declaración autoinculpándose en el presunto intento de golpe de Estado. Esta declaración fue ampliada en varias ocasiones. Tanto la declaración como las ampliaciones están en español. Es difícil establecer cuándo se hicieron las ampliaciones, pues sólo dos de ellas tienen fecha. Tres de estas declaraciones adicionales parecen haberse realizado entre el 9 y el 25 de marzo. Du Toit también prestó declaración ante funcionarios extranjeros, incluidos, aparentemente, investigadores sudafricanos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Fiscalía Nacional (conocidos como los "Escorpiones") y funcionarios de seguridad de Zimbabue, que carecen de jurisdicción en Guinea Ecuatorial. Al parecer, estos funcionarios investigaban la posible vulneración de la Ley para la Regulación de la Ayuda Militar en el Extranjero (15 de 1998) de Sudáfrica, y la relación con los detenidos en Harare. Nick du Toit también declaró ante un abogado británico que representaba al gobierno de Guinea Ecuatorial en un pleito civil iniciado en el Reino Unido contra quienes idearon y financiaron el presunto golpe. Todas estas declaraciones las realizó sin la asistencia de un abogado defensor.


Según su abogado, Nick du Toit reconoció su primera declaración, pero dijo que no reconocía las tres ampliaciones. También dijo a su abogado que había hecho su segunda declaración en presencia de los "abogados ingleses", que lo coaccionaron para que implicara a Antonio Javier Nchama y a Agustín Massoko, así como a Severo Moto Nsá, y que hizo su tercera declaración ante un agente de policía de Zimbabue que, según manifestó Nick du Toit ante el tribunal, le dijo que si los detenidos colaboraban, todos ellos serían puestos en libertad incondicional, y que en caso contrario, los matarían.


El resto de los detenidos fueron interrogados al día siguiente de su detención en la prisión de Black Beach, donde facilitaron sus datos personales, incluidos los motivos de su presencia en el país.


Tres o cuatro días después de su detención, todos los detenidos fueron interrogados por la policía local en la comisaría de policía. Hicieron sus declaraciones en su idioma, y luego se tradujeron al español. Después se les pidió que firmaran la traducción al español de sus declaraciones, sin que pudieran comprobar la exactitud de la traducción. Con arreglo a la legislación nacional, los acusados sólo deben firmar las declaraciones hechas en su propia lengua, y la versión traducida sólo será para beneficio del tribunal. Esta norma es congruente con el derecho internacional.


Comisaría de policía de Malabo © Amnistía Internacional


Amnistía Internacional desconoce quién interpretó o tradujo a los ciudadanos armenios, y en qué circunstancias hicieron sus declaraciones, pues no hablaban ni español ni inglés.


Los detenidos sudafricanos fueron interrogados posteriormente por miembros de las fuerzas de seguridad de Angola, Sudáfrica y Zimbabue, que carecen de jurisdicción en Guinea Ecuatorial.


Entre una semana y 10 días después de su detención, fueron interrogados por investigadores sudafricanos de los "Escorpiones", ante quienes sólo prestaron declaración verbalmente. No se les pidió que firmaran ningún documento. Amnistía Internacional no sabe a ciencia cierta si Nick du Toit tuvo que firmar las declaraciones que, según los informes, prestó ante los "Escorpiones". Dos procesados que resultaron absueltos explicaron a Amnistía Internacional que les habían dicho que contaran lo que sabían sobre el golpe de Estado y que si contaban la verdad, los pondrían en libertad, pero que si mentían, pasarían una larga temporada en prisión en Guinea Ecuatorial. También les habían preguntado si habían estado en el ejército y qué hacían en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, afirmaron que los "Escorpiones" les habían dicho que no se creían su versión de los hechos. Los detenidos de origen angoleño fueron interrogados también por agentes de seguridad angoleños, pero no se les pidió que escribieran o firmaran ninguna declaración.


Unas tres semanas después de su detención, fueron interrogados por agentes de seguridad de Zimbabue, que les preguntaron por el golpe de Estado y también por los detenidos en Harare. Al igual que los "Escorpiones", en apariencia estaban especialmente interesados por las carreras militares de los detenidos, y sobre todo por su experiencia en el Batallón 32. Algunos de los procesados declararon ante el tribunal que los agentes zimbabuenses les habían dicho que si colaboraban y decían ciertas cosas, serían puestos en libertad. George Olimpic Nunes "Allerson" firmó una declaración inculpatoria que después se presentó como prueba en el juicio. Fue la única declaración en inglés presentada como prueba. Sin embargo, una vez ante el tribunal, George Olimpic Nunes "Allerson" se retractó de su declaración. Reconoció que la había firmado, pero dijo expresamente que le habían obligado a hacerlo, y que los agentes zimbabuenses le habían dicho que los detenidos serían puestos en libertad en cuanto firmaran. Negó la veracidad del contenido de la declaración y dijo que no reflejaba las respuestas que había dado a las autoridades de Zimbabue. Añadió que la persona que le había tomado declaración estaba "sentada detrás" de él. Esa persona era el fiscal general.


3.5 Confesiones bajo coacción, torturas y malos tratos


El artículo 14(3)(g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) garantiza el derecho a no verse obligado a declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable. Este derecho es acorde con el derecho a guardar silencio y con la presunción de inocencia, así como con la prohibición de la tortura y otros malos tratos. El artículo 15 de la Convención contra la Tortura, a la que se adhirió Guinea Ecuatorial en octubre de 2002, establece claramente que ninguna declaración obtenida como resultado de tortura podrá ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo contra una persona acusada de tortura, como prueba de que se ha formulado la declaración.


Cuando los procesados comparecieron ante el tribunal varios meses después de su detención, no mostraban señales evidentes de tortura o de malos tratos salvo, en el caso de los extranjeros, una manifiesta pérdida de peso y marcas alrededor de las muñecas y los tobillos, de las esposas, que en algunos casos estaban claramente demasiado apretadas. Los observadores de Amnistía Internacional no pudieron examinarlos de cerca. Sin embargo, todos los procesados extranjeros tenían mal aspecto.


Aunque los procesados afirmaron que habían sido sometidos a tortura durante el interrogatorio para obligarlos a firmar declaraciones, la cuestión de la tortura no se abordó adecuadamente en el juicio y no se llamó a ningún médico para que examinara a los encausados. El tribunal hizo caso omiso una y otra vez de las denuncias de tortura que hicieron algunos de ellos, e interrumpió a quienes plantearon estas cuestiones, diciéndoles que tendrían la oportunidad de ampliar la cuestión más adelante. Sin embargo, esa oportunidad nunca llegó. El tribunal anuló también las pocas ocasiones en que el abogado defensor intentó plantear la cuestión de la tortura o explorarla con sus clientes. Además, algunas de las denuncias de tortura formuladas por los encausados no fueron interpretadas. No se ha hecho ninguna investigación sobre estas denuncias de tortura.


La admisión de declaraciones obtenidas bajo tortura o coacción, actos que incluyen mantener a los detenidos incomunicados y esposados y con grilletes las 24 horas del día, vulnera el artículo 14 (3) (g) del PIDCP y el artículo 15 de la Convención contra la Tortura. Además, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado también, en sus Observaciones Generales 13 y 20 que deben excluirse también las declaraciones obtenidas bajo tortura, otros tratos prohibidos o cualquier forma de coacción.(15) Por otra parte, la Directriz 16 de las Directrices sobre la Función de los Fiscales estipula:


Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.


Esto es también aplicable a los abogados extranjeros que prestan asistencia al gobierno de Guinea Ecuatorial.


En las últimas fases del juicio, cuando el nuevo abogado defensor de los procesados sudafricanos, Fabián Nsué Nguema,(16) pidió que sus clientes fueran examinados por un médico y que se les quitasen las esposas, el tribunal le dijo que aunque eran "sensibles a su petición", no era ese el lugar de formularla, y le pidió que se atuviera al procedimiento.


El 9 de marzo de 2004, Nick du Toit fue conducido al Ministerio de Asuntos Exteriores donde, ante las cámaras de la televisión y el cuerpo diplomático acreditado en Guinea Ecuatorial, confesó su papel en el presunto intento de golpe. Du Toit hizo su confesión pública sin asesoramiento legal y sin que se le comunicaran sus derechos, y después de haber permanecido casi 24 horas en una celda de aislamiento. El procesado manifestó que hacía su confesión "libremente" y que no había sido torturado. Sin embargo, más tarde le dijo a su abogado que le habían apuntado con una pistola y le habían dicho que o confesaba o lo mataban.


El abogado que representaba a los pilotos armenios dijo a Amnistía Internacional en agosto de 2004 que sus clientes habían sufrido amenazas: "Vais a morir. Sois terroristas". Estas amenazas de muerte podrían constituir también tortura.


Cuando el juicio se reanudó el 16 de noviembre de 2004, Nick du Toit se retractó de sus declaraciones anteriores en las que se había autoinculpado del intento de golpe de Estado. Declaró ante el tribunal que todos ellos habían sido sometidos a torturas y malos tratos y obligados a firmar declaraciones que no eran ciertas y a implicar a otras personas. Si colaboraban, les dijeron, serían puestos en libertad incondicional; si no, los matarían. Añadió que fue después de ser torturados tan brutalmente que Gerhard Eugen Merz había fallecido cuando decidió decir a los demás detenidos que colaborasen y que hiciesen lo que les pedían para salvar la vida.


Marius Gerhardus Boonzaier "Bone" dijo en el juicio que lo habían "tratado muy mal" y que lo obligaron a firmar declaraciones. Sin embargo, no se le permitió entrar en detalles.


Uno de los procesados había escrito un sucinto relato de las torturas a que había sido sometido en el reverso de un cartón de cigarrillos que fue sacado clandestinamente de la prisión, del que se reproducen algunos extractos:


1. 10/3 22h00-23h00 Me llevaron a la comisaría para interrogarme. No tuve abogado. Me hicieron muchas preguntas. No tenía respuesta para ellas.

2. Me aprietan las esposas y se me clavan en la carne, en el hueso de la mano derecha. En la oficina.

3. Me pegaron con el puño. Yo no tenía respuestas… Me pegaron en la cabeza y la mandíbula.

4. Me llevaron a una pequeña habitación oscura abajo en el patio de la policía. Aquí me dejaron en el suelo. Había una luz tenue. Vi a Sérgio Cardoso colgado de los brazos y las piernas de una cuerda, boca abajo, en el aire. Los policías de guardia empezaron a hacer preguntas que yo seguía sin poder responder. A cada pregunta un guardia se me subía a la espinilla, arrancándome la piel y la carne de la pierna derecha con las botas militares. Esto duró al menos 30 minutos. Yo gritaba, rogándoles que parasen.

5. Más tarde les supliqué que me disparasen porque no podía seguir soportando el dolor y la agonía… Después de no darles ninguna respuesta pararon. Me devolvieron a las 2.

6. 11/3 hacia las 15h00 me esposaron la mano derecha a una cama. Me pegaron y abofetearon… me rompieron el pulgar de la mano derecha.

7. En la cama….Me dieron un golpe que me dejó inconsciente.

8. Esa misma tarde me quemaron con un encendedor.

9. A las 17h00 me llevaron a la comisaría y me dijeron que escribiera todo lo que supiera. No se me ocurrió nada. Me dieron el mismo trato y peor que la noche anterior. Estaba aterrorizado y escribí como si estuviera implicado en todo (lo que no era verdad) porque iban a torturarme otra vez.

10. Unas seis semanas después tuve septicemia… me salía pus de la herida… tenía el tobillo muy hinchado por la infección…


Sérgio Cardoso dijo en el juicio que lo habían llevado a la "sala de tortura", donde fue torturado, y que después lo volvieron a llevar a la otra habitación para seguir interrogándolo. Añadió que la persona que lo había torturado estaba presente en la sala y que esa persona también le había tomado declaración. El tribunal no pidió más datos.


Después del juicio, Amnistía Internacional supo que cuando los detenidos extranjeros llegaron a la prisión de Black Beach, los encadenaron a sus camas con grilletes y les pegaron en la espalda y en las piernas. Durante los primeros 10 días después de la detención los soldados les pegaron con frecuencia con bastones, tanto en las celdas como fuera, en el patio. Uno de los detenidos, Abel Augusto, que fue absuelto en el juicio, sufrió la rotura de varias costillas y no recibió tratamiento médico. Los informes indican que George "Allerson" también tenía varias costillas rotas y que lo amenazaron de muerte. Aparentemente, las palizas sólo cesaron después de la muerte de Gerhard Merz.


Según los informes, en agosto de 2004, Agustín Massoko Abegue recibió una paliza en la prisión, después de declarar ante el tribunal contra otro de los procesados. En esa ocasión, también acusó al fiscal general de haberle pedido dinero a cambio de su libertad y de presionarle para que incriminase en el presunto intento de golpe a un ministro del gobierno y a un militar de alta graduación.


Amnistía Internacional ha recibido también información según la cual José Passocas Domingos fue sometido a palizas y castigado a permanecer casi un mes recluido en régimen de aislamiento en octubre de 2004 porque una noche, como consecuencia de su evidente pérdida de peso, se le cayeron las esposas. Estuvo en aislamiento hasta dos días antes de que se reanudase el juicio, en noviembre.


3.6 Muerte bajo custodia


Gerhard Eugen Merz murió bajo custodia a las 9 de la noche del 17 de marzo de 2004, unos 10 días después de su detención. Las autoridades ecuatoguineanas anunciaron que había muerto en el hospital debido a una malaria cerebral. Sin embargo, Amnistía Internacional recibió por aquel entonces informes que indicaban que había fallecido a consecuencia de tortura. Con posterioridad se han conocido algunos detalles más de los hechos que parecen confirmar esos informes. La organización ha expresado públicamente su preocupación por esta muerte y reitera su petición de que se abra una investigación. El principio 34 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas Las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece que cuando una persona muere en detención o prisión, un juez u otra autoridad investigará la causa de la muerte. Las conclusiones de esta investigación deberán estar disponibles a petición. Además, esta investigación deberá ser conforme a los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.

Varios procesados sudafricanos declararon ante el tribunal que Gerhard Eugen Merz había sido sometido a brutales torturas, que incluyeron quemaduras con un encendedor en la espalda y los pies, y que había muerto delante de ellos, en la celda, poco después de ser torturado. Al parecer, la causa inmediata de la muerte fue un ataque masivo al corazón. Aparentemente, sufrió un colapso en la celda. Los demás detenidos llamaron a los guardias que, según los informes, lo llevaron a rastras al cuarto de baño y le echaron agua para reanimarlo. Después lo llevaron al hospital, pero a su llegada ya había fallecido. No se practicó ninguna autopsia en Guinea Ecuatorial para determinar las causas exactas de la muerte, y las autoridades se negaron a entregar el cuerpo a las autoridades alemanas hasta junio, tres meses después del fallecimiento.


Se sabía que Gerhard Eugen Merz sufría una afección cardiaca grave y que estaba tomando medicación, incluidos betabloqueantes. No tenía consigo sus medicamentos cuando fue detenido. Según los informes, aunque se comunicó a las autoridades su estado y se les pidió que le dieran sus medicamentos, las autoridades se negaron a hacerlo.


Un funcionario alemán que había visto el cuerpo al día siguiente de su fallecimiento dijo a Amnistía Internacional que tenía marcas alrededor de la muñeca y los tobillos que podían haber sido causadas por las esposas. También afirmó que tenía magulladuras en el torso, pero que le habían dicho que fueron causadas por los intentos de reanimarlo. El funcionario no pudo examinar el resto del cuerpo y, como carecía de formación médica, no pudo hacer una evaluación.


El mismo funcionario informó a Amnistía Internacional de que a la llegada del cadáver a Alemania se practicó una autopsia preliminar, que confirmó que Gerhard Eugen Merz no había muerto de malaria cerebral, como decía el certificado de defunción. Añadió que el informe de esa autopsia preliminar establecía que no había señales de tortura y que Gerhard Merz había muerto por causas naturales debido a la ausencia de tratamiento para su enfermedad. Sin embargo, el funcionario no había visto personalmente dicho informe.


El 11 de diciembre de 2004, la agencia de noticias AFP (Agence France Press) citó un artículo publicado en el diario alemán Frankfuter Rundachau, en el que se decía que la fiscalía de Frankfurt se había negado a decir si la autopsia demostraba que Gerhard Merz había sido torturado y que incluso varios meses después de realizada dicha autopsia, aún proseguían sus investigaciones.


3.7 Condiciones de reclusión


Aunque todos los procesados fueron acusados formalmente de los mismos delitos, las condiciones de reclusión que padecieron los ecuatoguineanos y los ciudadanos extranjeros fueron muy diferentes. Las autoridades justificaron esta diferencia de trato afirmando que los extranjeros eran mercenarios y representaban un gran riesgo para la seguridad. Sin embargo, ningún riesgo para la seguridad justificaría unas condiciones equivalentes a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


Grilletes en los pies de uno de los procesados que presta declaración ante el tribunal © Estelle Shirbon Reuters)

Tras su detención en marzo de 2004, a los ciudadanos extranjeros les colocaron esposas y grilletes, y desde entonces se los mantiene así las 24 horas del día. Fueron conducidos al tribunal e interrogados esposados de manos y pies. Mark Anthony Schmidt, que cocinaba para sus compañeros en prisión, iba esposado pero no llevaba grilletes. Amnistía Internacional considera que este trato podría constituir tortura, pues vulnera el artículo 7 del PIDCP y el artículo 5 de la Carta Africana. Además, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos especifican que no deberán emplearse los medios de coerción (como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza) más tiempo del estrictamente necesario, y que nunca deberán aplicarse como sanciones.(17)


Los detenidos extranjeros permanecieron incomunicados, juntos en la misma celda, hasta julio de 2004. Según los informes, Nick du Toit y George Olimpic "Allerson" estuvieron varios meses en régimen de aislamiento, en celdas separadas. Con la excepción de Mark Anthony Schmidt, no se les permitía salir de la celda y no podían lavarse en varias semanas. Un procesado absuelto dijo a Amnistía Internacional que la única oportunidad que tenían para lavarse en condiciones era que los llevaran al patio, donde podía lavarlos un preso condenado delante de todos los reclusos del centro, mujeres incluidas, mientras los soldados se burlaban de ellos.


Además de este trato degradante, no recibían una alimentación adecuada. Apenas recibieron tratamiento médico por afecciones crónicas o para los frecuentes ataques de malaria y diarrea que sufrían. Rara vez fueron llevados al hospital. Durante la vista judicial de noviembre de 2004, Nick du Toit declaró ante el tribunal que hubo una epidemia de gripe en la prisión y todos enfermaron, y que había pedido que les viera un médico y les dieran las medicinas y la comida que les habían traído sus esposas desde Sudáfrica. El tribunal no dijo nada al respecto.


La situación de los detenidos extranjeros era peor aún por carecer de familia en Guinea Ecuatorial. Las esposas de dos de los detenidos sudafricanos viajaron en varias ocasiones a Guinea Ecuatorial, donde pasaron varias semanas cada vez. Sin embargo, no tenían acceso regular a sus maridos y muchas veces se les denegaron sus peticiones para visitarlos. En julio de 2004 pudieron verlos en cuatro ocasiones, a veces con delegaciones gubernamentales sudafricanas que visitaban el país. No obstante, en viajes posteriores se redujo en gran medida el número de visitas a sus esposos y la duración de cada una. En noviembre sólo les concedieron 20 minutos, unas horas antes de que volvieran a Sudáfrica, después del juicio.


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, los detenidos armenios y sudafricanos recibieron varias visitas de delegaciones gubernamentales de sus respectivos países. La organización sabe también que, en noviembre, una delegación sudafricana que observaba el juicio no pudo ver a sus conciudadanos encarcelados, mientras que la delegación armenia vio a sus conciudadanos sólo el día de su partida de Guinea Ecuatorial. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento asimismo de que en varias ocasiones se denegó el acceso a los presos a los funcionarios consulares de Sudáfrica en Guinea Ecuatorial, lo que vulnera lo previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.(18)


Amnistía Internacional ha recibido información según la cual después del juicio las condiciones de reclusión de estos presos se han deteriorado, durante algunos meses la única comida que les dieron fue una taza de arroz al día y no se les ha permitido recibir visitas de su abogado. Desde principios de marzo de 2005, cuando las condiciones de reclusión de todos los internos de la prisión de Black Beach se deterioraron aún más, todos los presos permanecen en el interior de las celdas masificadas las 24 horas del día y no se les permite bañarse. Además, los presos extranjeros han estado sin recibir alimentos, a veces durante varios días.


En contraste con las condiciones a que están sometidos los presos extranjeros, los detenidos ecuatoguineanos, no todos los cuales fueron encarcelados, gozaron de un trato muy diferente. Uno de ellos, Anacleto Oyono Ntchama, salió en libertad incondicional sin fianza. Aunque Amnistía Internacional desconoce las razones, parece que no fue una decisión judicial. Los otros cuatro, pese a estar bajo custodia, recibieron un trato diferente. No llevaban esposas ni grilletes, ni se les obligó a comparecer ante el tribunal esposados. Tampoco estuvieron incomunicados y recibían visitas regulares de sus familias. Amnistía Internacional recibió información de que uno de los detenidos ecuatoguineanos estuvo recluido en una oficina con aire acondicionado, en la comisaría de policía donde permaneció detenido seis días, y que se le permitía dormir en su casa. Cuando lo trasladaron a la prisión de Black Beach lo pusieron en una celda para él solo, con todo tipo de servicios, como televisor y nevera, que compartía con su esposa cuando ésta estaba en Malabo. Además, podía recibir visitas sin ninguna limitación.


Amnistía Internacional supo que a Agustín Massoko Abegue le habían cambiado las condiciones de reclusión al día siguiente de prestar declaración ante el tribunal. Según los informes, lo esposaron y fue sometido a algunas semanas de régimen de aislamiento.


4. Intimidación de familiares


Las esposas de dos presos sudafricanos se quejaron de que durante su primera visita a Guinea Ecuatorial habían sufrido actos de hostigamiento e intimidación en varias ocasiones por parte de las autoridades ecuatoguineanas y de una abogada extranjera que asistía al fiscal general. Según ambas mujeres, la letrada extranjera se presentó como la abogada que representaba a sus maridos. Las mujeres dijeron que sabían que eso no era verdad. Esa misma abogada estuvo después presente en una reunión que mantuvieron con sus esposos en la que también estaba presente una delegación gubernamental sudafricana de visita en el país. Según los informes, cuando comenzaron a hablar en afrikaans, la abogada les amonestó y les dijo que si no hablaban sólo en inglés, pondría fin a la visita.


Las mujeres declararon que durante su primera visita, en julio de 2004, las obligaron a dar una conferencia de prensa y les indicaron lo que debían decir. También manifestaron que el 20 de julio, tras la publicación de un artículo en un diario sudafricano sobre las condiciones en que estaban los detenidos sudafricanos en Guinea Ecuatorial, el ministro ecuatoguineano de Seguridad Nacional las mandó llamar y las amenazó con hacer más difícil la vida a sus esposos si aparecían más informaciones en la prensa.


5. El juicio


5.1 Información general


El juicio (sumario 14/2004) de las 19 personas detenidas en Guinea Ecuatorial y acusadas formalmente de delitos contra el jefe del Estado y contra la forma de gobierno comenzó el 23 de agosto de 2004 y finalizó el 26 de noviembre, con la lectura de la sentencia. A petición del fiscal, y pese a las protestas de la defensa, el juicio se aplazó indefinidamente el 31 de agosto. El fiscal alegó como motivo del aplazamiento la aparición de nuevas pruebas vitales para el caso. Sin embargo, cuando el juicio se reanudó el 16 de noviembre no se presentaron pruebas nuevas. Por el contrario, se añadieron varios nombres a la lista de acusados, incluidos los de Severo Moto Nsá y los ocho miembros de su "gobierno en el exilio", así como los de varios empresarios británicos a los que las autoridades ecuatoguineanas acusaban de financiar el presunto golpe. Sin embargo, finalmente sólo fueron acusados y juzgados en rebeldía los ecuatoguineanos.


Una delegación de Amnistía Internacional estuvo presente observando todo el juicio, y llegó a la conclusión de que en el juicio no se respetaron las normas internacionales sobre imparcialidad procesal y que estuvo viciado por infracciones graves de la ley de enjuiciamiento nacional.


El juicio se celebró en el Centro de Conferencias de Banapá, un suburbio de Malabo, y fue público. Sin embargo, el lugar estaba muy lejos del centro de la ciudad, lo que limitó la asistencia de público. En ocasiones anteriores, los juicios de esta naturaleza se habían celebrado en el cine de la ciudad, y las sesiones atraían a centenares de personas. Asistieron a la vista representantes de los gobiernos de Armenia y Sudáfrica, así como la mayoría del cuerpo diplomático acreditado en el país.


El juicio atrajo una considerable atención de los medios de comunicación internacionales, sobre todo después del 25 de agosto, cuando fue detenido en Sudáfrica en relación con la presunta conspiración Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica. Tras esta detención, llegó a Malabo un gran número de reporteros de prensa y televisión, aunque sólo estuvieron presentes dos periodistas extranjeros durante todo el juicio. No hubo representantes de los medios de comunicación españoles, aparentemente porque no pudieron obtener visados. Los delegados de Amnistía Internacional recibieron información sobre las dificultades que tuvieron algunos periodistas para obtener el visado, que algunos sólo recibieron gracias a la mediación de un abogado extranjero que trabajaba para el gobierno ecuatoguineano. También se informó a los delegados de que los periodistas no podían entrar en la sala si no estaban acreditados, y que a algunos les impidieron tomar notas. Algunos periodistas dijeron que no les habían permitido llevar intérpretes a la sala de vistas y algunos intérpretes informaron de que el personal de seguridad les había intimidado, por lo que habían optado por no entrar.


5.2 La composición del tribunal y las actuaciones judiciales


Las actuaciones se celebraron ante un tribunal civil, el Tribunal de Apelaciones de Malabo, que, pese a su nombre, es un tribunal de primera instancia. En Guinea Ecuatorial, los procesos sobre presuntos golpes de Estado suelen ser juzgados por consejos de guerra en causas sumarísimas. Algunos abogados defensores sugirieron que, en principio, este juicio no iba a ser una excepción, y que la decisión de utilizar la jurisdicción ordinaria se tomó como deferencia hacia los deseos de las autoridades sudafricanas y por consejo de éstas. Sin embargo, el juicio no se celebró con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad.


Durante el juicio quedó patente que el juez estaba permitiendo a la acusación que utilizara calificativos que violaban el derecho a la presunción de inocencia de los procesados. A lo largo de las actuaciones, el fiscal se refirió a menudo a los procesados extranjeros como "mercenarios" o "perros de la guerra", sin que el juez pusiera ninguna objeción. Estos términos se encuentran también en todo el auto de procesamiento, lo que vulnera claramente el derecho de los encausados a la presunción de inocencia, que garantiza el artículo 13 (o) de la Constitución ecuatoguineana, así como el artículo 14 (2) del PIDCP y el artículo 7 (1) (b) de la Carta Africana.

"[…] Esta es la primera vez que tenemos una situación de esta envergadura, y esperamos que la población tenga conciencia nacional […] Son comandos, tienen una preparación altamente militar y más que un militar normal […] Iban a entrar en Guinea Ecuatorial medianamente drogados y no iban a tener compasión de nadie […] Por lo tanto, como Fiscal General de este país, yo pido y llamo la atención a la población en general a que la gente estén sumamente alertas con toda la población extranjera sin distinción de color y que estén plenamente alertas, porque el objetivo de todo esto es la riqueza de que explota hoy en día Guinea Ecuatorial, el petróleo […]" Fiscal general. Entrevista publicada en Ébano (periódico del partido gubernamental) el 10 de octubre de 2004.

Se informó a los delegados de Amnistía Internacional de que sólo el presidente del tribunal había ejercido la abogacía, y únicamente durante un año. Rebeca Oyona Ona se había graduado en la facultad de Derecho apenas hacía seis meses, y el otro magistrado siempre había trabajado en un ministerio. Los delegados de la organización también fueron informados de que dos de los jueces estaban relacionados con el presidente Teodoro Obiang Nguema. Esto, sumado a su falta de experiencia, suscitó gran preocupación por la independencia e imparcialidad del tribunal. El artículo 14 (1) del PIDCP exige que tribunales y juzgados sean competentes, independientes e imparciales. Por su parte, el principio 2 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura estipula: "Los jueces resolverán los asuntos de que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo."Y el principio 10 dice: "Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos".(19)


La imparcialidad del tribunal se vio más menoscabada aún porque el presidente se había referido a los detenidos sudafricanos como "mercenarios" en un documento legal fechado el 17 de agosto de 2004 que firmó como notario en funciones. El propósito del documento era otorgar un poder a Georga Boonzaier para que pudiera actuar en nombre de su esposo y de los demás detenidos sudafricanos y contratar los servicios de un abogado defensor.

La acusación estuvo dirigida por el fiscal general, que contó con la asistencia de tres fiscales militares. Sin embargo, las funciones del fiscal general no incluyen actuar como fiscal ante los tribunales. Como cargo político, su comparecencia ejerciendo funciones de fiscal ante un tribunal suscita gran preocupación. Además, en su calidad de garante de la legalidad, es la máxima autoridad ante la que pueden elevarse quejas en relación con este caso.

Durante el juicio, se vio cómo el fiscal general pasaba notas al tribunal en varias ocasiones. También fue llamado al estrado sin que se llamara también a la defensa. En cierta ocasión, el juez pidió a uno de los procesados, Anacleto Oyono Nchama, que subiera al estrado y hablase con él sin que estuviera presente su abogado. A Amnistía Internacional le preocupa que no se respetara el principio de "igualdad de armas" durante el juicio, como evidencian estos tres ejemplos. La "igualdad de armas", que debe respetarse durante todo el proceso judicial, garantiza que la defensa tiene una oportunidad razonable para preparar y presentar sus alegaciones, en pie de igualdad con la acusación. Se produjeron más violaciones de este principio.


La defensa estaba integrada por alrededor de 10 abogados, todos ellos elegidos libremente por los procesados. Los abogados defensores no tuvieron tiempo suficiente para preparar la defensa y, pese a sus reiteradas solicitudes, no se les permitió ver a sus clientes hasta el 20 de agosto, un viernes, tres días antes de que comenzara el juicio. Además, no tuvieron acceso a todo el auto de procesamiento, y sólo recibieron la lista de delitos imputados a los acusados y las declaraciones en español firmadas por sus propios clientes. No tuvieron acceso a las declaraciones de los demás procesados, ni a las pruebas que proponía la acusación contra sus clientes. Además, la información recibida por Amnistía Internacional indica que hubo intentos velados de intimidar a los abogados de la defensa. La organización fue informada de que el 19 de agosto, los abogados defensores fueron citados a una reunión en el Ministerio de Justicia, donde, en presencia del decano del Colegio de Abogados y del fiscal general, el viceprimer ministro segundo –a cargo de los derechos humanos–, les advirtió que fueran "patriotas".



Procesados conducidos ante el tribunal © Estelle Shirbon (Reuters)


Los procesados fueron conducidos hasta la sala del juicio en vehículos policiales escoltados por decenas de soldados y policías fuertemente armados. Los extranjeros iban con esposas y grilletes. A Amnistía Internacional le preocupa este uso excesivo de medios de coerción, pues puede degradar a los acusados ante sí mismos y ante el tribunal, en detrimento de la presunción de inocencia y predisponiendo el resultado del juicio. El primer y el último día del juicio, cuando se dio lectura al auto de procesamiento y a la sentencia, respectivamente, todos los procesados estuvieron presentes en la sala. Sin embargo, no se facilitaron intérpretes a los extranjeros en momentos tan cruciales. En otras ocasiones, los procesados permanecían en una sala adyacente y eran conducidos a la sala de vistas para prestar declaración individualmente. Cuando declaraban había interpretación del español al inglés y viceversa para los procesados sudafricanos, y del español al ruso y viceversa para los armenios.

5.3 Cargos y pruebas


Al parecer, los procesados fueron acusados colectivamente de seis delitos, aunque el auto de procesamiento no indica quiénes estaban acusados de qué delitos, ni el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Los delitos eran:


- delitos contra el Jefe de Estado (artículo 142 del Código Penal)

- delitos contra la forma de gobierno (artículo 163 del Código Penal)

- delitos que comprometen la paz e independencia del Estado (artículo 129 del Código Penal)

- delito de tenencia y depósito de armas o municiones (artículo 254 del Código Penal)

- delito de terrorismo y tenencia de explosivos (artículo 260, párrafo 3 del Código Penal)

- delito de traición (artículo 121, párrafo 3, y artículo 124 del Código Penal)


En el juicio, el fiscal general confirmó las acusaciones y definió el grado de responsabilidad de cada procesado. Sólo los procesados ecuatoguineanos fueron acusados de traición. Pidió la pena de muerte para Nick du Toit y Severo Moto Nsá, como autores, y penas de entre 86 y 102 años de prisión en total para cada uno de los miembros del "gobierno en el exilio" de Guinea Ecuatorial y para los procesados sudafricanos, todos ellos en calidad de autores, así como penas de entre 26 y 62 años de prisión para los ciudadanos armenios y los cinco ecuatoguineanos, en calidad de cómplices.


Las acusaciones guardaban poca o ninguna relación con las pruebas presentadas en el juicio, y parecían preparadas para demostrar que se había producido un intento de derrocar al gobierno y matar al presidente Obiang Nguema, orquestado desde el exterior en connivencia con gobiernos extranjeros y realizado por extranjeros, para instalar en el poder a un conocido político de la oposición, y obtener así respaldo para el pleito civil iniciado por el gobierno contra los presuntos financiadores en el Reino Unido. Las actuaciones se centraron claramente en los procesados extranjeros, especialmente en Nick du Toit, y se dedicó mucho tiempo a determinar el papel que habían desempeñado los procesados sudafricanos en el Batallón 32. La acusación intentó implicar a militares de alto rango y funcionarios del gobierno de Guinea Ecuatorial, cuyo nombre no reveló. Los abogados defensores pidieron reiteradamente que se diera el nombre de estos funcionarios y que fueran procesados. Sin embargo, dichos peticiones fueron ignoradas y, en cambio, el presidente del tribunal ordenó al fiscal que retirara las referencias genéricas a "miembros del gobierno" supuestamente implicados.

Los delitos contra el jefe del Estado se refieren al asesinato o intento de asesinato del jefe del Estado. Sin embargo, no se presentó prueba alguna de ningún atentado contra la vida del presidente Obiang Nguema. Del mismo modo, tampoco hubo pruebas que justificaran la acusación de intentar derrocar al gobierno.


En relación con la acusación de terrorismo y tenencia de explosivos, el artículo 260 del Código Penal define este delito como el intento de menoscabar la seguridad del Estado o de alterar el orden público mediante "actos encaminados a la destrucción de fábricas, dependencias militares, iglesias, museos, puentes […] empleando sustancias explosivas, inflamables u otras sustancias homicidas." No obstante, no hubo alteración del orden público ni tampoco se encontraron explosivos ni sustancias como las citadas en posesión de los encausados. La acusación de tenencia de armas y municiones también carecía de base, pues no se encontraron tampoco armas ni municiones en posesión de los procesados.


Cuando los procesados fueron conducidos a la sala de vistas para prestar declaración, el juez preguntó a cada uno de ellos si conocía las razones por las que estaba ahí o las acusaciones formuladas contra él. Mientras que los procesados ecuatoguineanos confirmaron que conocían los delitos que se les imputaban, la mayoría de los extranjeros dijeron que no sabían por qué estaban ante el tribunal o que sólo habían conocido las acusaciones unos días antes. Un procesado armenio respondió que no sabía por qué estaba ante el tribunal, pero que le habían dicho que era porque era un "terrorista", lo que negó. No se hizo ningún intento de explicarle las acusaciones. Además, tampoco se pidió a ninguno de los procesados que se declarase culpable o inocente. Sin embargo, todos declararon su inocencia y dijeron que les habían obligado a firmar declaraciones redactadas en español,


Cuando el juez les preguntó si reconocían alguna parte de la declaración de George Olimpic "Allerson", varios procesados sudafricanos, Sérgio Cardoso y Marius Boonzaier entre ellos, dijeron que se habían negado a firmar porque las declaraciones eran inciertas. Añadieron que no habían prestado declaración pero sí habían respondido a las preguntas que les habían hecho los funcionarios zimbabuenses. Los procesados también dijeron que éstos les habían ofrecido incentivos para que firmasen, concretamente la libertad. Sin embargo, Sérgio Cardoso declaró que los funcionarios zimbabuenses lo habían torturado para persuadirle para que firmase.


La acusación se basaba en gran medida en las confesiones de Nick du Toit en las que reconocía haber participado en el presunto intento de golpe de Estado. En su primera comparecencia ante el tribunal, du Toit reiteró su confesión; sin embargo, dijo que no estaba involucrado ninguno de los demás procesados. A diferencia de éstos, fue llamado a declarar en varias ocasiones, en las que negó cualquier participación en el presunto intento de golpe aunque dijo que conocía la conspiración. Pero cuando el juicio se reanudó el 16 de noviembre de 2004, se retractó de sus declaraciones anteriores alegando que había estado incomunicado y que lo habían torturado y obligado a confesar, y que no había existido conspiración alguna. Añadió que el fiscal general lo había presionado para implicar a Severo Moto Nsá y que había decidido colaborar con las autoridades, y había aconsejado a los demás procesados que lo hicieran, para salvar su vida.


No se presentó en el juicio ninguna prueba que confirmase las imputaciones. Las principales pruebas que ofreció la acusación fueron documentales y materiales; sin embargo, no demostraban que se hubiera cometido ningún delito. La relación de delitos imputados a los acusados contenía una larga lista de pruebas que nunca se presentaron ante el tribunal ni se revelaron a los abogados de los procesados.


De hecho, las únicas pruebas presentadas en el juicio fueron las siguientes:


i) Las declaraciones firmadas por los procesados, redactadas en español, lengua que la mayoría no conoce y que, según afirman, fueron obtenidas bajo tortura.


ii) La declaración en inglés firmada por George Olimpic "Allerson";


iii) Una lista de transacciones bancarias realizadas en enero y febrero de 2004, contratos comerciales y una lista de números de teléfono a los que llamaron los procesados en febrero de 2004. La acusación no explicó de qué forma constituían una prueba de los delitos.


Es importante también el hecho de que la acusación no presentó en el juicio la prueba clave que consideraba más vital, en la que se basaba la mayor parte de la acusación, es decir, el contrato entre Severo Moto Nsá y Simon Mann. La acusación dijo que el contrato original estaba en una caja fuerte de Londres y que sólo disponía de una fotocopia en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, en el juicio ni siquiera se presentó la fotocopia.



Según las autoridades, estos son ejemplos de las armas que los "mercenarios" iban a comprar en Zimbabue © Amnistía Internacional

Se presentaron en el juicio alrededor de una decena de armas, entre ellas una pistola, un fusil AK-47 y un fusil AKM, así como municiones, que no se habían encontrado en posesión de los procesados, aparentemente como ejemplos de lo que, según la acusación, los procesados tenían intención de comprar en Zimbabue. Los delegados de Amnistía Internacional no vieron claro el valor probatorio de estos objetos. Cuando el abogado defensor de los sudafricanos planteó objeciones a la exhibición, el tribunal le dijo que no estaba interesado en tecnicismos.


También se presentó en el juicio un contrato que supuestamente contenía el nombre de Ashot Karapetyian, comandante de vuelo del Antonov 12, manuscrito por él mismo. Sin embargo, el procesado negó que fuera su letra. El fiscal general intentó entonces prestar declaración como perito y, pese a las objeciones de los abogados de la defensa, insistió en que tenía conocimientos suficientes para ver que era la misma caligrafía.


5.4 Fallos condenatorios y penas


El fallo y las condenas se leyeron el 26 de noviembre de 2004. El documento escrito no estuvo disponible hasta el 30 de noviembre, pues el original contenía errores, que se rectificaron posteriormente, sobre el grado de responsabilidad de algunos de los condenados, y omitía el nombre de uno de ellos. En total, fueron declaradas culpables 22 personas, nueve de ellas juzgadas en ausencia. Tres ecuatoguineanos y tres sudafricanos fueron absueltos (véase en el apéndice la lista completa). Resulta significativo que los tres procesados sudafricanos absueltos no habían sido miembros del Batallón 32. Los condenados fueron declarados culpables de delitos contra el jefe de Estado, delitos contra la forma de gobierno y traición (en el caso de algunos ecuatoguineanos) en grado de conspiración o tentativa. Catorce procesados, entre ellos los nueve juzgados en ausencia, fueron condenados como autores a penas de entre 17 y 65 años de prisión; seis (los ciudadanos armenios) fueron condenados como cómplices a penas de entre 14 y 24 años de cárcel. Dos ecuatoguineanos fueron declarados culpables de imprudencia temeraria, delito del que no habían sido acusados y que normalmente se aplica a infracciones de tráfico, y fueron condenados a 16 meses de prisión.


Los abogados defensores de los presos armenios y sudafricanos presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo condenatorio y la condena; no se ha fijado aún fecha para la vista.


6. Motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con el juicio


Amnistía Internacional expresó su satisfacción por el hecho de que el tribunal no hubiera impuesto la pena de muerte como había pedido la acusación. Sin embargo, preocupan mucho a la organización las numerosas irregularidades procesales de las actuaciones judiciales, tanto en las fases previas al juicio como durante la vista ante el tribunal.

Desde el momento de su detención, en marzo de 2004, se vulneraron de forma sistemática y habitual los derechos fundamentales de todos los acusados, y especialmente de los procesados extranjeros. La delegación de Amnistía Internacional presente en el juicio observó varias irregularidades graves que infringían las leyes nacionales y el derecho internacional y que permiten calificar de injusto el juicio. Sin embargo, las irregularidades de procedimiento no se limitaron a la vista del juicio, sino que las hubo en todas las fases de las actuaciones.


6.1 Irregularidades procesales en las fases previas al juicio


Además de la violación de los derechos de los procesados en las fases previas al juicio, como el derecho a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente, que ya se han detallado, se vulneraron también otros, como el derecho de ser informado de los motivos de la detención y de las acusaciones.


Los detenidos extranjeros no fueron informados de inmediato de los motivos de su detención. La primera ocasión de conocerlos habría sido el momento de la propia detención, pero ésta se practicó sin mandamiento judicial. La siguiente ocasión habría sido durante el interrogatorio. Sin embargo, los delegados de Amnistía Internacional presentes en el juicio no vieron indicio alguno de que se hubiera comunicado a los detenidos, ni siquiera en esta fase, los motivos de su detención.


Además, la primera oportunidad que tuvieron de ser informados de los delitos que se les imputaban habría sido el 14 de julio, cuando el juez instructor dictó el auto de procesamiento. No obstante, en el juicio los procesados sudafricanos declararon, o bien que no sabían las razones por las que se los estaba juzgando, o bien que la primera vez que conocieron las acusaciones fue el 20 de agosto, tres días antes del comienzo del juicio, cuando les dieron una copia traducida de las acusaciones. Los procesados ecuatoguineanos, en cambio, confirmaron que sabían por qué estaban procesados. Sin embargo, Amnistía Internacional no sabe con seguridad si recibieron una copia del auto de procesamiento, tal como exige la ley.


También se conculcó el derecho de los procesados a contar con un abogado y a preparar la defensa. Ninguno de los detenidos tuvo acceso a un abogado hasta tres días antes del juicio, a pesar de las reiteradas solicitudes de algunos de los abogados para ver a sus clientes.


Aunque los procesados pudieron elegir libremente a su abogado, la demora en verlos hizo que no dispusieran de tiempo suficiente para preparar su defensa, derecho que garantiza el artículo 14 (3) del PIDCP. Pese a que se entregaron a los abogados los documentos dentro del plazo mínimo de cinco días que establece la ley, los letrados se quejaron ante el tribunal y en privado de que no habían tenido tiempo suficiente para examinarlos y hablar de ellos con sus clientes. También se quejaron de no haber tenido acceso a todo el auto de procesamiento, y porque no se les habían entregado las pruebas de la acusación contra sus clientes.



Nick du Toit ante el tribunal, separado de los demás procesados después de retractarse de sus confesiones anteriores © Estelle Shirbon (Reuters)


En relación con los interrogatorios, la mayoría de los procesados declaró que no habían visto a un juez instructor, que sus declaraciones habían sido tomadas por el fiscal general en la comisaría de policía y en la prisión de Black Beach, y que el juez instructor se había limitado a firmar los documentos. Esto es una vulneración grave de las leyes ecuatoguineanas. Cuando los abogados intentaron confirmar estas aseveraciones en el juicio, el tribunal interrumpió inmediatamente esta línea de preguntas.


Varios procesados declararon específicamente ante el tribunal que el fiscal general les había hecho firmar declaraciones en español, idioma que la mayoría de ellos no conoce, y les había comunicado que si decían ciertas cosas, serían puestos en libertad. En concreto, Agustín Massoko afirmó que el fiscal general le había dicho que incriminase a un ministro del gobierno y a un general del ejército. Añadió que el fiscal general le había pedido un soborno a cambio de su libertad, pero que aunque su familia había abonado cierta cantidad de dinero, no había sido liberado. Cuando su abogado intentó explorar esta alegación, el tribunal le interrumpió. Las acusaciones de esta naturaleza son tan graves que podrían justificar la suspensión del juicio y la apertura de una investigación.

6.2 Motivos de preocupación durante la vista judicial


Además de la preocupación suscitada porque el tribunal aceptó, aparentemente, declaraciones que según varios procesados se habían obtenido bajo tortura o coacción, preocupan también a Amnistía Internacional las siguientes circunstancias:


a) El 31 de agosto de 2004 la vista se aplazó indefinidamente a petición de la fiscalía, que alegó la aparición de pruebas que consideraba vitales para la acusación. Sin embargo, cuando el juicio se reanudó no se presentaron pruebas nuevas ante el tribunal. El aplazamiento del juicio en esa fase tardía vulneró la legislación nacional. Además, ésta no permite el aplazamiento indefinido de un juicio.


b) Juicio en ausencia. La legislación ecuatoguineana establece que el acusado tiene derecho a estar presente en el juicio y a defenderse ante un tribunal. Cuando el acusado no está presente en el juicio, éste debe suspenderse hasta que el acusado pueda ser llevado ante el tribunal. En casos en los que hay más de un acusado y hay uno o más ausentes, la vista continuará en relación con los que están presentes, permaneciendo el sumario abierto para los ausentes hasta que comparezcan ante el tribunal. Estas disposiciones están en consonancia con el derecho internacional, incluido el artículo 14(3)(d) del PIDCP. En el caso de Severo Moto Nsá y los miembros del "gobierno en el exilio", no se formularon cargos contra ellos hasta poco antes del final del juicio, aparentemente como idea de última hora, a pesar de que Severo Moto Nsá figuraba en el auto de procesamiento como instigador del presunto golpe de Estado.


Además, también se vulneraron los derechos de los procesados al no estar éstos presentes en la sala durante todo el juicio, pues fueron conducidos a ella sólo cuando iban a ser interrogados por la acusación. Por tanto no sabían lo que habían declarado los demás procesados y que podía tener serias consecuencias para cada procesado, como testimonio inculpatorio o exculpatorio.


c) El derecho a disponer de la asistencia de un intérprete y de traducción está garantizado por el artículo 440 del Código de Enjuiciamiento Criminal ecuatoguineano, así como por el artículo 14 (3) (f) del PIDCP. Además de los motivos de preocupación ya expuestos en relación con la traducción de las declaraciones en la fase de instrucción, durante el juicio la interpretación para los procesados sudafricanos estuvo a cargo del intérprete oficial del fiscal general, lo que pone en entredicho su independencia e imparcialidad. Su parcialidad se confirmó cuando dijo a uno de los delegados de Amnistía Internacional que consideraba culpables a los procesados y que éstos habían tenido plena oportunidad para ver a sus abogados. En su opinión, el juicio era justo, pero la prensa no era objetiva.


No se exigió a ninguno de los intérpretes que prestase juramento en relación con el desempeño de su labor. Los delegados de Amnistía Internacional no estaban en condiciones de evaluar la calidad de la interpretación al ruso realizada para los procesados armenios, pero algunas personas que sí entendían el idioma les informaron de que era defectuosa. En cuanto a la interpretación al inglés, los delegados observaron que no se habían traducido para el tribunal algunos datos vitales, como las declaraciones de los procesados sobre tortura, mientras que otros habían sido distorsionados. Además, los intérpretes añadieron a las declaraciones de los procesados cosas que éstos no habían dicho. Sérgio Cardoso, que entendía sin duda suficiente español, se quejó de que el intérprete no estaba traduciendo correctamente. La queja no se tradujo. Algunos de los abogados defensores plantearon también la cuestión de la falta de imparcialidad en la interpretación, pero sus quejas fueron ignoradas.


Un sudafricano de origen angoleño hablaba sólo portugués. El tribunal no conocía este dato crucial y no hubo intérprete oficial para él, lo que suscita graves dudas sobre las circunstancias en las que fue interrogado y firmó sus declaraciones.

Además, aunque los procesados estuvieron presentes en la sala el primer día, cuando se leyeron el auto de procesamiento y los alegatos de la acusación y de la defensa, así como al final del juicio, cuando ambas partes resumieron sus argumentos, no dispusieron de intérprete en ninguna de las dos ocasiones. Lo que es más importante, no se tradujeron ni el fallo ni las condenas, y los procesados salieron de la sala sin conocer su suerte.


Uno de los aspectos llamativos del caso fue el número de abogados extranjeros que actuaron en nombre del gobierno de Guinea Ecuatorial. Algunos de ellos actuaban en representación del gobierno en un pleito civil contra las personas que presuntamente financiaron el supuesto golpe de Estado. No estaba clara la razón de la presencia de estos abogados en el juicio y en las actuaciones penales. Sin embargo, todos ellos fueron vistos hablando con el fiscal general durante el juicio, y al menos uno le pasó unas notas. Un abogado británico pidió que fuera llamado de nuevo Nick du Toit para obtener más datos sobre Mark Thatcher tras la detención de éste en Sudáfrica mientras se desarrollaba el juicio. El diario sudafricano Mail and Guardian, en un artículo publicado en su edición en Internet el 6 de septiembre de 2004, decía:


Los abogados extranjeros –que se negaron a identificarse– a veces se presentaban como los organizadores del juicio, que se está celebrando en un centro de conferencias remozado. Un día el abogado británico recurrió a un periodista para pasarle una nota a un colega francés recordando a la acusación que introdujera fotos de Thatcher y los británicos como prueba.


Varias fuentes informaron a Amnistía Internacional de que el abogado británico había interrogado en diversas ocasiones a Nick du Toit, incluidos los días 1 y 2 de octubre de 2004, mediado el juicio de Malabo, aparentemente en relación con el pleito civil iniciado en el Reino Unido. El propio abogado dijo a Amnistía Internacional que el 19 de agosto de 2004 se había puesto en contacto con el abogado que representaba a los sudafricanos para preguntarles si tenían la intención de pedir un aplazamiento. También insinuó que los retrasos producidos en el acceso a un letrado eran exclusivamente culpa de los propios acusados, que tardaron en contratar a un abogado. Sin embargo, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que después de que contrataran a los abogados, y pese a las reiteradas peticiones de éstos, no se permitió a ninguno de ellos que viera a sus clientes hasta tres días antes del comienzo del juicio, incluido el abogado de los armenios, que había sido contratado inmediatamente después de su detención. Esta información fue utilizada después por el fiscal general en el juicio, cuando resumió su alegato, al final de las actuaciones, al declarar que consideraba que el juicio había sido justo y citó como prueba, entre otras, que "los abogados no han planteado la cuestión de la tortura y no pidieron un aplazamiento, porque habían dispuesto de tiempo suficiente."


También había un abogado francés que aparentemente asistía a la acusación penal y estuvo presente en todo el juicio.


7. La dimensión internacional y la implicación extranjera


En una reunión mantenida el 31 de agosto de 2004, el fiscal general ecuatoguineano dijo a los delegados de Amnistía Internacional que el juicio de los "mercenarios" no era "solamente importante para Guinea Ecuatorial, sino universal, ya que afecta a otros países". Repitió la afirmación de que la colaboración de las fuerzas de seguridad de Angola, Sudáfrica y Zimbabue había desembocado en la detención de los "mercenarios" en Harare y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, según los informes, las autoridades sudafricanas dijeron que no tenían pruebas suficientes para acusar formalmente en Sudáfrica a los detenidos.


Ningún juicio de la historia de Guinea Ecuatorial había suscitado tanto interés de los medios de comunicación. El juicio parecía en parte preparado para probar la existencia de una red de "mercenarios", de la que supuestamente formaban parte los procesados extranjeros. En este sentido, el juicio tenía especial importancia para Sudáfrica, país de origen, naturalización o residencia de la mayoría de los presuntos mercenarios detenidos en Guinea Ecuatorial y Zimbabue. La mayor parte de los detenidos habían pertenecido al Batallón 32.(20) Al parecer, cuando el Batallón 32 fue disuelto en 1993, algunos de sus integrantes se incorporaron efectivamente en empresas privadas como "mercenarios" y combatieron en las guerras civiles de Angola, la República Democrática del Congo y Sierra Leona, entre otros países.


Sudáfrica ha sido acusada a menudo de ser cuna de los mercenarios de África. En 1998, el gobierno, consciente de la amenaza que representaban los capacitados y experimentados miembros de las antiguas fuerzas de seguridad que estaban actuando fuera de cualquier sistema de disciplina o rendición de cuentas, promulgó la Ley para la Regulación de la Ayuda Militar en el Extranjero, que prohíbe el reclutamiento, uso y capacitación de personas para actividades mercenarias, y la financiación o participación en estas actividades de los sudafricanos y ciudadanos extranjeros que actúen dentro de Sudáfrica. Amnistía Internacional considera positivos los esfuerzos de Sudáfrica para hacer que los "mercenarios" rindan cuentas de sus actos ante la ley, siempre que esto se haga con pleno respeto a los derechos humanos.


Quizá debido sobre todo a estas circunstancias, a las autoridades de Sudáfrica les interesaba este juicio en Guinea Ecuatorial. Amnistía Internacional no sabe con exactitud el alcance real del conocimiento por parte del gobierno de las actividades de los acusados antes de su detención en Guinea Ecuatorial y de las de los detenidos en Zimbabue, ni si este conocimiento podía haber servido de base para su detención en Sudáfrica, acusados formalmente en virtud de la Ley para la Regulación de la Ayuda Militar en el Extranjero.


En las delegaciones sudafricanas que visitaron Guinea Ecuatorial antes y durante el juicio había policías y miembros de la Fiscalía General. Dos de los acusados, que fueron absueltos finalmente, dijeron a Amnistía Internacional que habían sido interrogados por investigadores sudafricanos, que se autodenominaban "Escorpiones".(21) Ambos procesados contaron a Amnistía Internacional que el interrogatorio se hizo en la comisaría de policía y que se centró sobre todo en las presuntas actividades "mercenarias" de los detenidos y sus actividades como miembros del Batallón 32, o en confirmar su relación anterior con dicho batallón y con los detenidos en Harare y su conocimiento del presunto golpe de Estado. Los sudafricanos interrogaron también a Nick du Toit, a quien interrogaron asimismo agentes y abogados de otros países. Sin embargo, la Fiscalía General sudafricana manifestó posteriormente a Amnistía Internacional que sus investigadores no estaban recabando información de los procesados para ningún procedimiento en Sudáfrica.


En Sudáfrica, el Tribunal Regional ha condenado en el 2005 a tres hombres por infringir el artículo 3 de la Ley, que prohíbe prestar asistencia militar en el extranjero si no es con la aprobación del Estado. En otro juicio, se llegó a una sentencia de conformidad por la que se condenaba a Mark Thatcher al pago de una cuantiosa multa.(22)


Tras las detenciones practicadas en Guinea Ecuatorial y Zimbabue, el gobierno de Sudáfrica declaró públicamente que dejaría que la justicia siguiera su curso y sólo intervendría si los acusados eran condenados a muerte. Según los informes, las autoridades dejaron claro que "ningún mercenario sudafricano en el extranjero puede esperar mucha ayuda del gobierno de Pretoria".(23) La postura del gobierno suscitó algunas críticas dentro del país, entre ellas las de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos,(24) debido al largo historial de violaciones graves de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. En un acto informativo para la prensa celebrado el 24 de mayo de 2004, el ministro de Defensa, Mosiuoa Lekota, declaró que el gobierno se aseguraría de que los procesados recibían un juicio justo, pero que no iba a injerirse en las actuaciones judiciales de Guinea Ecuatorial y Zimbabue.(25)


Aparentemente a petición de las autoridades de Guinea Ecuatorial, el gobierno sudafricano accedió a ayudarles a organizar un juicio justo y transparente. A tal fin, un equipo de funcionarios, entre los que había miembros de la Policía Sudafricana, la Fiscalía General y los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, visitó Guinea Ecuatorial en varias ocasiones. Según los informes, los miembros de la delegación visitaron a los sudafricanos detenidos. Amnistía Internacional fue informada de que, al menos en una ocasión, en abril, los detenidos dieron a la delegación detalles de las circunstancias de su detención, así como de los malos tratos y las torturas a que habían sido sometidos. La prensa citó a un miembro de la delegación que afirmaba que los detenidos sudafricanos habían sido torturados y que no iban a recibir un juicio justo.(26)


También hubo una delegación gubernamental sudafricana en el juicio. Al menos uno de sus miembros estuvo presente durante todas las actuaciones y conoció los numerosos defectos que se produjeron. Sin embargo, según los informes, al final del juicio, las autoridades aceptaron el fallo y dijeron que, en su opinión, el juicio había sido justo.(27) Es posible, sin embargo, que la intervención de Sudáfrica y otras intervenciones internacionales hayan contribuido a asegurar que los procesados no fueran condenados a muerte tras el fallo condenatorio.


El fiscal general de Guinea Ecuatorial también informó a los delegados de Amnistía Internacional de la implicación de varios gobiernos occidentales en el presunto intento de golpe de Estado y mencionó en concreto los de España, Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, dijo que no iba a intentar formular cargos contra esos gobiernos y que, en su lugar, iría contra "personas físicas". De ahí que se iniciara un pleito civil en el Reino Unido contra las personas que presuntamente financiaron el supuesto golpe, en el que se reclama una indemnización por la "aflicción causada al presidente Obiang Nguema" y por el aumento de los gastos de seguridad. También se pide una orden judicial para impedir que los implicados conspiren para realizar otro golpe de Estado.


Las autoridades han afirmado que el presunto intento de golpe de Estado fue organizado por grupos extranjeros con intereses económicos que deseaban tomar el control de la riqueza de Guinea Ecuatorial, y que utilizaron a Severo Moto Nsá para lograr sus fines. Una vez en el poder, argumentaban, Moto habría concedido lucrativos contratos a quienes le habían financiado.


Nick du Toit fue sometido con frecuencia a las preguntas de un abogado británico que actuaba en representación del gobierno de Guinea Ecuatorial en el pleito civil del Reino Unido y a entrevistas de los medios de comunicación británicos, que le preguntaron sobre el papel que habían desempeñado otras personas en el presunto golpe. En el juicio, el interrogatorio de la acusación siguió esta misma línea. El 28 de septiembre de 2004,(28) Nick du Toit contó a un periodista de la BBC que el fiscal general de Guinea Ecuatorial le había dado incentivos para que implicase a Severo Moto Nsá y a otros en el presunto golpe. Du Toit reiteró esta afirmación ante el tribunal.


El 5 de mayo de 2005 aún no se había celebrado la vista del pleito iniciado en el Reino Unido. El 6 de abril, el Tribunal de Apelaciones de Guernsey anuló una resolución anterior que ordenaba que se entregara a los abogados que actuaban en representación del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, documentos que mostraban detalles de las transacciones bancarias de Logo Logistics Ltd. y Systems Design Ltd, empresas propiedad de Simon Mann. Al parecer, los abogados esperaban tener acceso a los detalles de las transacciones realizadas entre estas empresas y Nick du Toit y Simon Mann.


8. Recomendaciones de Amnistía Internacional


8.1 Recomendaciones al gobierno de Guinea Ecuatorial


a) Tortura

Amnistía Internacional ha recibido información que indica que las fuerzas de seguridad torturan o infligen malos tratos habitualmente a los detenidos a los que consideran oponentes políticos, lo sean realmente o no, a fin de obtener confesiones o como castigo. Al menos cuatro de los presos condenados en noviembre de 2004 por delitos contra el jefe del Estado o contra la forma de gobierno declararon ante el tribunal que habían sufrido torturas. Con posterioridad al juicio, Amnistía Internacional ha recibido algunos detalles más sobre las torturas y malos tratos de estos presos. La organización pide a las autoridades de Guinea Ecuatorial que:

- retiren de inmediato las esposas y los grilletes a los presos armenios y sudafricanos;

- investiguen las denuncias de tortura formuladas ante el tribunal por los presos y, si se reúnen indicios suficientes, hagan comparecer a los presuntos autores ante la justicia;

- garanticen que se investigan todas las denuncias de tortura y que se informa a los jueces de su obligación de iniciar una investigación inmediata e imparcial. Esto deberá incluir un examen médico de las presuntas víctimas a cargo de un médico cualificado en medicina forense;

- garanticen que todas las denuncias de tortura, así como de otras violaciones de derechos humanos, son investigadas de inmediato y exhaustivamente por un órgano independiente, y que, si se reúnen indicios suficientes, se enjuicia a los presuntos autores.


b) Muerte en detención

Las autoridades deben proceder de inmediato a:

- investigar la muerte bajo custodia de Gerhard Eugen Merz;

- si se reúnen indicios suficientes, enjuiciar a cualquier persona que pueda ser responsable de la muerte de Gerhard Eugen Merz;

- ofrecer a la familia de Gerhard Eugen Merz una reparación completa, que incluya una restitución y una indemnización adecuadas.


c) Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión a que estuvo sometido este grupo de presos durante el periodo de prisión preventiva y las que están padeciendo después del juicio son especialmente duras. Esto se ve agravado por el hecho de que son extranjeros que carecen de familia en Guinea Ecuatorial y cuyos conocimientos del español son limitados o incluso inexistentes. Además, parece que han sido sometidos a un trato considerablemente más duro que el dispensado a los demás procesados. Las autoridades ecuatoguineanas deberán:


- poner fin de inmediato a la reclusión en régimen de incomunicación de todos los presos sometidos actualmente a dicho régimen en Guinea Ecuatorial;

- mejorar las condiciones de reclusión de todos los presos, lo que incluye proporcionarles una alimentación adecuada y acceso inmediato y adecuado al tratamiento médico que necesiten;

- permitir a los presos recibir visitas de sus abogados y, en el caso de los extranjeros, de los funcionarios consulares de sus países, con arreglo a lo que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;

- hacer todo lo posible para facilitar las visitas de su familia cuando ésta las solicite;

- fomentar visitas frecuentes a la prisión del Comité Internacional de la Cruz Roja.


d) Juicio injusto

La mayoría de los procesados hizo ante el tribunal graves imputaciones al fiscal general, a quien acusaron de haberles ofrecido incentivos, como su libertad, para incriminar a otros, así como de pedir sobornos y tomar declaración a los detenidos en lugar del juez instructor. A Amnistía Internacional le preocupan enormemente estas alegaciones y recomienda a las autoridades que:

- abran, con carácter de urgencia, una investigación independiente e imparcial sobre la acusación de actuaciones indebidas de la fiscalía a fin de enjuiciar a los presuntos implicados en dichas actuaciones;

- consideren la petición presentada por los abogados defensores de un recurso contra el fallo condenatorio y las condenas y fijen sin demora una fecha para su vista;

- garanticen la independencia e imparcialidad del tribunal que tramita la apelación;

- garanticen que los abogados tienen acceso a la documentación y a los medios que necesiten para ejercer su labor sin impedimentos.


e) Otras medidas

Además, Amnistía Internacional considera que las autoridades ecuatoguineanas deben adoptar ciertas medidas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y poner fin a la impunidad, que incluyen:

- adoptar medidas inmediatas para incorporar las normas de derechos humanos en las leyes nacionales a fin de acabar con arraigados patrones de violación de los derechos humanos poniendo fin a las detenciones arbitrarias, a la tortura y a los malos tratos de detenidos y presos; garantizando que todos los juicios se desarrollan con arreglo al derecho y las normas internacionales; aboliendo la pena de muerte, y permitiendo el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión y de asociación;

- realizar las reformas constitucionales necesarias para garantizar la independencia del poder judicial y que las funciones del fiscal general sean conformes a lo previsto en las Directrices sobre la Función de los Fiscales;

- modificar el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal para que estén en armonía con las normas internacionales de derechos humanos;

- dictar órdenes claras a la policía y otros funcionarios para que actúen con arreglo a la ley y al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

- investigar todas las violaciones de derechos humanos. Estas investigaciones deberán ser exhaustivas, independientes e imparciales. Si se reúnen indicios suficientes, los presuntos autores deberán comparecer ante la justicia, y se deberá ofrecer a las víctimas o a sus familias una reparación completa;

- invitar a visitar el país a los relatores especiales sobre la tortura y la independencia de magistrados y abogados;

- pedir asistencia técnica a los organismos apropiados.

8.2 Recomendaciones a la comunidad internacional


La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos deberá tener en cuenta las anteriores recomendaciones y trabajar con el gobierno de Guinea Ecuatorial para determinar las áreas en las que la asistencia técnica serviría para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.


Los programas y seminarios del Centro de Derechos Humanos de la ONU deberán estar encaminados a hacer que la legislación y la práctica de Guinea Ecuatorial sean conformes con las normas internacionales y regionales de derechos humanos.


Los relatores especiales de la ONU sobre la tortura y la independencia de magistrados y abogados, así como el relator especial sobre prisiones y condiciones de detención en África, de la Comisión Africana de Derechos Humanos, deberán solicitar una invitación para visitar Guinea Ecuatorial a fin de investigar en sus respectivas áreas de competencia y tratar con las autoridades vías para mejorar la situación.


La Unión Europea, la Organización Internacional de Países Francófonos (a la que pertenece Guinea Ecuatorial) y otros órganos regionales como la Comunidad Económica y Monetaria del África Central deberán ejercer su influencia en el gobierno de Guinea Ecuatorial para garantizar que cumple las recomendaciones antes expuestas, entre ellas facilitar alimentación y tratamiento médico adecuados a los presos, y la retirada de esposas y grilletes.


Los gobiernos que prestan ayuda humanitaria o de otro tipo a Guinea Ecuatorial, así como los que tienen vínculos económicos y comerciales con este país, deberán tener en cuenta también las recomendaciones formuladas y presionar al gobierno para que las implante, incluidas las relativas a las condiciones de reclusión.




Apéndice 1


Lista de condenados y penas


A. Autores:

1. Severo Moto Nsá (juzgado en ausencia), declarado culpable de:

- traición (en grado de tentativa) = 25 años

delitos contra el jefe del Estado (en grado de conspiración) = 20 años

delitos contra la forma de gobierno (en grado de conspiración) = 20 años

total = 65 años


2. Armengol Ngonga, Donato Ndong Biyogo, Gabriel Moto Nsá, Pable Ndong Ensema, Amalio Buaki, Miguel Esono Eman, Regina Mañe Ela (mujer), Daniel Zamora (del "gobierno en el exilio", juzgado en ausencia), declarados culpables de:

- traición (en grado de tentativa) = 20 años

delitos contra el jefe del Estado (en grado de conspiración) = 15 años

delitos contra la forma de gobierno (en grado de conspiración) = 15 años

total = 50 años


3. Servaas Nicolaas (Nick) du Toit, declarado culpable de:

- delitos contra el jefe del Estado (en grado de tentativa) = 21 años

delitos contra la forma de gobierno (en grado de tentativa) = 13 años

total = 34 años


4.George Olimpic Nunes "Allerson", Marious Gerhardus Bonzaair "Bone", Sérgio Fernando Patrício Cardoso, José Passocas Domingos, declarados culpables de:

- delitos contra el jefe del Estado (en grado de tentativa) = 12 años

delitos contra la forma de gobierno (en grado de tentativa) = 5 años

total = 17 años


B. Cómplices

1. Ashot Karapetyan, declarado culpable de:

- delitos contra el jefe del Estado (en grado de tentativa) = 12 años

delitos contra la forma de gobierno (en grado de tentativa) = 12 años

total = 24 años


2. Ashot Simonyan, Suren Muradyan, Samvel Matshkalyan, Samvel Darbinyan, Razmik Khachatryan, declarados culpables de:

- delitos contra el jefe del Estado (en grado de tentativa) = 7 años

delitos contra la forma de gobierno (en grado de tentativa) = 7 años

total = 14 años


3. Antonio Javier Nguema Nchama, Agustín Massoko Abegue, declarados culpables de:

- imprudencia temeraria = 16 meses


C. Absueltos:

Abel Augusto, Americo João Pimentel Ribeiro, Mark Anthony Schmidt, Koldo Martínez Nsang, Anacleto Oyono Nchama y Crispín Ntutumu Owono.

Apéndice 2


Plano de Malabo


Plano de Malabo con puntos estratégicos señalados por los presuntos "mercenarios". En la parte superior, nota firmada por Nick du Toit en la que dice que no es el autor de las señales.





Apéndice 3


Mapas de África y Guinea Ecuatorial.


********


(1) Véanse los informes de Amnistía Internacional: Guinea Ecuatorial: Un país sometido al terror y al hostigamiento (Índice AI: AFR 24/001/1999) y Guinea Ecuatorial: Una parodia de juicio para reprimir a la oposición (Índice AI: AFR 24/014/2002).


(2) La mayoría de estas personas proceden de Mongomo, ciudad natal del presidente Obiang Nguema. El clan Mongomo gobierna el país desde que se independizó de España, en 1968.


(3) El Batallón 32 se creó en 1975 y estaba integrado en su mayor parte por angoleños que se oponían al gobierno del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA). Actuaba desde la Namibia controlada por Sudáfrica. Tras la independencia de Namibia, el Batallón 32 fue trasladado a Sudáfrica, donde en los años finales del gobierno del apartheid fue utilizado como fuerza "de mantenimiento de la paz" en los suburbios negros de East Rand, cerca de Johannesburgo, donde emplearon "actos de violencia injustificados" contra los residentes locales. La unidad fue disuelta en 1993 por el entonces presidente F. W. de Klerk (véase Interim report on the conduct of members of the 32 Battalion at Phola Part on 8 April 1992, Goldstone Commission of Inquiry regarding the Prevention of Public Violence and Intimidation).


(4) La empresa está inscrita legalmente en Sudáfrica y tiene licencia para la compraventa de armas y contratar a personal. Amnistía Internacional ha tenido acceso a una copia del contrato entre Logo Logistics Ltd. y Military Technical Solutions. En el preámbulo se establece que el objeto del contrato es que Military Technical Solutions contrate a personal adiestrado y competente para proyectos identificados por Logo Logistics en el ámbito de la seguridad y la logística en la República de Guinea (sic), Sierra Leona, la República Democrática del Congo, Liberia y Angola. El contrato no hace mención de los salarios, salvo que se abonará a Military Technical Solutions el 3% del importe total de los salarios mensuales de los contratados o 5.000 dólares, si la primera cantidad es inferior.


(5) Esta es una de las contradicciones que se encuentran en el auto de procesamiento. Amnistía Internacional ha establecido que fueron detenidas en el avión 67 personas, incluidos los pilotos. En el aeropuerto internacional de Harare fueron detenidas otras tres personas, pero no estaban en el avión.


(6) El auto enumera todos los artículos encontrados en el avión, que incluyen mosquiteras, sacos de dormir, linternas, martillos, cizallas, cinta adhesiva, baterías, varios botes con tabletas, artículos de calzado y de vestir como botas negras, pantalones y camisas "igual como los de la seguridad presidencial de Guinea Ecuatorial"; así como un documento que presuntamente contenía 15 instrucciones para los terroristas, mapas de vuelo falsificados, un plano de Malabo en el que figuraban puntos estratégicos, un documento cifrado con nombres de ciudades y fechas para el golpe, y autorizaciones de vuelo para uso del espacio aéreo emitidas por los gobiernos de Zimbabue, Sudáfrica y Estados Unidos.


(7) Conjunto de Principios para la Protección de Todas Las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, anexo a la Resolución 43/173 de la Asamblea General de la ONU, de 9 de diciembre de 1988.


(8) Según el artículo 301 del Código de Enjuiciamiento Criminal la investigación es secreta hasta que comienza el juicio y cualquier persona que divulgue algún aspecto de la investigación será multada.


(9) Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África, adoptados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en su 33º. periodo de sesiones, celebrado en mayo de 2003.


(10) Subsidiaria de Triple Option Trading 610 cc, empresa inscrita en Sudáfrica y de la que Nick du Toit era propietario y director. La empresa se inscribió en Guinea Ecuatorial en octubre de 2003, para realizar actividades de pesca, agricultura y transporte aéreo. Según la legislación ecuatoguineana, para poder operar en el país, las empresas extranjeras deben tener el 50 por ciento de su capital social en manos de accionistas locales. El principal accionista local de Triple Option GE era Armengol Ondo Nguema, delegado de la Seguridad Nacional y hermano del presidente Obiang. Además, pese a que se solicitó una licencia, en noviembre de 2003 Nick du Toit firmó un contrato con Antonio Javier Nchama, director de la compañía aérea privada PANAC, para operar dos aviones de transporte de mercancías, un Illyshin 76TD y un Antonov 12.



(11) Koldo Martínez Nsang denunció ante el tribunal que fue interrogado sin la presencia de un abogado y que no se le había comunicado su derecho a disponer de abogado.


(12) Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.


(13) Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Sr. Param Cumaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 1997/23 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición: Informe sobre la Misión del Relator Especial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Documento de la ONU E/CN.4/1998/39/Add. 4,. 5 de marzo de 1998, párrafo 47.


(14) El principio 14 del Conjunto de Principios establece: "Toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado por las autoridades responsables del arresto, detención o prisión tendrá derecho a que se le comunique sin demora, en un idioma que comprenda, la información mencionada en el principio 10, el párrafo 2 del principio 11, el párrafo 1 del principio 12 y el principio 13 y a contar con la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales posteriores a su arresto."


(15) Comité de Derechos Humanos, Observación general No.13 (1984), párrafo 14 y Observación general No. 20 (1992), párrafo 2.


(16) Fabián Nsué Nguema se hizo cargo de la defensa tras el fallecimiento de Fernando Micó en octubre de 2004, justo antes de que se reanudase el juicio.


(17) Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, reglas 33 y 34.


(18) Según el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, "los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia […]". Guinea Ecuatorial se adhirió a la Convención el 30 de agosto de 1976.


(19) Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.


(20) Véase la nota al pie 3 de este informe.


(21) Véase supra.


(22) En relación con Mark Thatcher, el 31 de enero de 2005 y el 18 de febrero de 2005, Reuters citó a un portavoz de los "Escorpiones", según el cual no estaban seguros de obtener un fallo condenatorio y no tenían la certeza de contar con elementos suficientes para que un juez lo condenara.


(23) Ministro de Asuntos Exteriores Nkosazama Dlamini–Zuma, en una información de AFP de 17 de marzo de 2004.


(24) Carta del presidente, Narandran Jody Kollapen, al ministro de Asuntos Exteriores, Nkosazama Dlamini–Zuma, de 6 de mayo de 2004.


(25) Información de SAPA y AFP de 24 de mayo de 2004.


(26) Véase BBC News World Edition de 4 de abril de 2004.


(27) AFP, 26 de noviembre de 2004.


(28) La entrevista fue emitida en el programa News at 10, de la cadena de televisión BBC 1, el 1 de octubre de 2004.



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