Ref.: AFR 24/007/2003/s

<Destinatario>

<Dirección>

17 de julio de 2003

Señor Presidente:

Hoy, Día Mundial para la Justicia Internacional, se cumple el quinto aniversario de la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante, el Estatuto de Roma), y Amnistía Internacional lanza una campaña para su ratificación universal. Me dirijo a usted para instar a su gobierno a que se nos una en este esfuerzo.

A fecha de 1 de julio de 2003, 90 [check]Estados, casi la mitad de los países de la comunidad internacional, han ratificado el Estatuto de Roma. El hecho de haber alcanzado en cinco años esa meta es un testimonio de la voluntad de la comunidad internacional por garantizar que no va a quedarse cruzada de brazos mientras los responsables de actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra echan abajo los cimientos de la humanidad.

Los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma se han comprometido con un nuevo sistema de justicia internacional en el que los tribunales nacionales tienen la obligación fundamental de investigar y enjuiciar a quienes han sido acusados de crímenes en virtud del derecho internacional. Si, por el contrario, los Estados son reacios a investigar seriamente estos crímenes y procesar a los responsables, o bien no tienen capacidad para hacerlo, la Corte Penal Internacional (CPI) puede ejercer esa función. De contar con un apoyo universal, este sistema garantizaría el final de la espantosa tendencia que ha venido repitiéndose a lo largo del último siglo y que permite a sus autores planificar y cometer estos crímenes a sabiendas de que no tendrán que rendir cuentas por las atrocidades de sus actos.

Amnistía Internacional trabaja para garantizar que todos los Estados ratifican el Estatuto de Roma, con el propósito de que la Corte cuente con la mayor jurisdicción posible. La ratificación universal garantizará que ya no existe refugio seguro alguno para quienes cometen los peores crímenes en virtud del derecho internacional.

Así pues, le escribo para exhortar a su gobierno a unirse al esfuerzo internacional por poner en práctica este nuevo sistema de justicia, ratificando con prontitud el Estatuto de Roma. Los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo ya están emprendiendo actividades para lograr que Guinea Ecuatorial ratifique el Estatuto de Roma.

Todos los Estados que ratifiquen el Estatuto de Roma tendrán que promulgar nueva legislación o introducir modificaciones en la ya existente, para garantizar que sus tribunales nacionales pueden investigar con eficacia y enjuiciar a personas sospechosas de haber cometido los crímenes definidos en el Estatuto de Roma, y pueden cooperar plenamente con la Corte. Esa legislación deberá, en la medida de lo posible, promulgarse antes de que el Estatuto de Roma entre en vigor en Guinea Ecuatorial (entre 60 y 90 días después de su ratificación). Es necesario que los Estados empiecen a desarrollar legislación que permita la aplicación del Estatuto en el momento en que inicien el proceso de ratificación. De ese modo, los Estados Partes estarán capacitados para cumplir con sus responsabilidades internacionales tan pronto como el Estatuto de Roma entre en vigor en su país.

En mayo de 2000, Amnistía Internacional difundió el informe titulado Corte Penal Internacional: Lista de requisitos para la aplicación efectiva del Estatuto de Roma (IOR 40/011/2000/s) –que adjunto para su información–, con el propósito de ayudar a los Estados a revisar su legislación a efectos de la aplicación del Estatuto de Roma. Instamos a su gobierno a que lleve a cabo una consulta amplia con los grupos de la sociedad civil de Guinea Ecuatorial y a nivel internacional cuando prepare la legislación de aplicación. Le ofrecemos nuestra ayuda para comentar cualquier proyecto de legislación que haya preparado.

La Asamblea de Estados Partes adoptó en septiembre de 2002 el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, que concede al personal adscrito a la Corte importantes privilegios e inmunidades no cubiertos por tratado alguno. El periodo para la firma del Acuerdo finaliza el 30 de junio de 2004. Esperamos que Guinea Ecuatorial firme el Acuerdo en breve y tome medidas para garantizar que lo ratifica y lo incorpora a su legislación nacional antes de que el Estatuto de Roma entre en vigor en Guinea Ecuatorial, de modo que la Corte Penal Internacional pueda operar eficazmente en todo el mundo.

Como sabe, la Corte Penal Internacional está siendo objeto de una campaña mundial emprendida por Estados Unidos con el propósito de debilitarla y lograr que los ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra gocen de impunidad frente a la justicia internacional. Puede que las autoridades estadounidenses ya se hayan puesto en contacto con su gobierno para pedirle que firme un acuerdo por el que su país se compromete a no llevar ante la Corte a ciudadanos estadounidenses. Estos acuerdos violan el Estatuto de Roma y otras normas del derecho internacional, ya que pretenden conceder la impunidad frente a la justicia internacional a los autores de los peores crímenes cometidos en el mundo, en lugar de intentar acabar con esta práctica. Esperamos que su gobierno no acepte firmar un acuerdo de esas características.

Amnistía Internacional, así como la gran mayoría de los países y de los miembros de su sociedad civil, consideran que el temor de Estados Unidos a que la Corte pueda utilizarse para ejercer acciones judiciales de motivación política contra ciudadanos estadounidenses, es totalmente infundado. El Estatuto de Roma establece amplias salvaguardias y garantías procesales que impiden que pueda darse tal situación. La organización está convencida de que la Corte Penal Internacional podrá persuadir a Estados Unidos, a través de la práctica, para que reconsidere su postura y termine por ratificar el Estatuto de Roma. Cuantos más países lo ratifiquen en los próximos años, más posibilidades habrá de que Estados Unidos reconsidere su postura en un futuro próximo.

La investidura este año de los 18 jueces y el fiscal de la nueva Corte Penal Internacional permitirá que la Corte funcione a pleno rendimiento en el futuro inmediato, y ha supuesto un paso adelante trascendental en la lucha por acabar con la impunidad frente a los peores crímenes jamás conocidos por la humanidad. Me permito instarle a que tome las medidas que se señalan en la presente carta con el propósito de reforzar la Corte y contribuir a hacer de la justicia internacional una realidad.

Atentamente,

Irene Khan

Secretaria General