PÚBLICO

índice AI: AFR 24/19/98/s

Distrib: PG/SC

A: Profesionales de la salud

De: Oficina Médica / Programa Regional para África

Fecha: 21 de julio de 1998

ACCIÓN MÉDICA URGENTE

Muerte de un preso y ausencia de la atención médica adecuada

GUINEA ECUATORIAL

Tema: Muerte de un preso / malos tratos / ausencia de la atención médica adecuada

Resumen

Es motivo de honda preocupación para Amnistía Internacional la muerte de Martín Puye, de 58 años de edad y uno de los dirigentes del Movimiento para la Auto-determinación de la Isla de Bioko (MAIB). Según los informes, su muerte ha sido el resultado de los malos tratos y la ausencia de toda atención médica que ha padecido mientras se encontraba encarcelado. Amnistía Internacional siente inquietud por otros presos, especialmente los sentenciados a muerte, que se encuentran encarcelados en régimen de incomunicación, dado que pueden estar sufriendo penosas condiciones de reclusión que en modo alguno cumplen las normas pertinentes para el caso, y porque es posible que no estén recibiendo la atención médica que precisan. Por todo ello, Amnistía Internacional formula un llamamiento urgente para que se investigue sin dilación la muerte de Martín Puye y para que las autoridades de Guinea Ecuatorial garanticen que las condiciones penitenciarias en el país cumplen las disposiciones de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, especialmente las que se refieren a la provisión de los adecuados cuidados médicos.

Acciones recomendadas

Tengan especialmente en cuenta que muchos presos parecen estar en peligro debido a la provisión gravemente deficiente de cuidados en las prisiones de Guinea Ecuatorial.

Los profesionales de la salud deben enviar urgentementesus llamamientos a las direcciones que se indican:

< expresando preocupación por la muerte de Martín Puye y haciendo constar que las autoridades penitenciarias fueron reacias en su momento a que se lo trasladara a un hospital;

< formulando un llamamiento para que se emprenda sin demora una investigación imparcial sobre las circunstancias que han rodeado la muerte de Martín Puye, y para que los resultados se hagan públicos y a los responsables se los ponga a disposición de la justicia;

< manifestando su preocupación por los informes sobre torturas y malos tratos a los presos e instando a las autoridades de Guinea Ecuatorial a que investiguen esas denuncias, a que notifiquen a las autoridades penitenciarias que no se tolerarán esas prácticas en ninguna circunstancia y a que pongan a los responsables de ellas a disposición de los tribunales de justicia;

< expresando su preocupación por las condiciones en que se encuentran encarcelados los presos en Guinea Ecuatorial; pueden hacer referencia, concretamente, a la ausencia generalizada de servicios médicos en las prisiones, a la renuencia de las autoridades penitenciarias a que se proporcione a los internos la adecuada atención médica, a las demoras que se producen en ese sentido y al hecho de que no se autoricen como norma los traslados de presos enfermos a hospitales;

< instando a las autoridades penitenciarias a que traten a los presos con arreglo a las disposiciones de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, especialmente las referentes a la provisión de los adecuados cuidados médicos y al traslado, en caso necesario, de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales a una institución alternativa;

< manifestando su especial inquietud por los presos recluidos en régimen de incomunicación, e instando a las autoridades a que garanticen que a todos los privados de libertad se les permitirán las visitas de familiares, de sus abogados y de médicos de su elección.

Si en el plazo de dos meses tras el envío de sus cartas no reciben ninguna respuesta de las autoridades de Guinea Ecuatorial o de otros destinatarios a quienes las remitan, envíen una nueva ronda de cartas solicitando una respuesta o, al menos, el acuse de recibo.

Direcciones

Presidente

General Teodoro Obiang Nguema Mbasogo

Presidente de la República

Gabinete del Presidente

Malabo

Guinea Ecuatorial

Telegramas: Presidente Obiang Nguema, Malabo, Guinea Ecuatorial

Télex: 5405 GBNOM 5405 EG

Fax: + 240 9 3313

Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

Ministro de Justicia

Rubén Maye Nsue

Ministro de Justicia

Ministerio de Justicia

Malabo

Guinea Ecuatorial

Telegramas: Ministro de Justicia Maye Nsue, Malabo, Guinea Ecuatorial

Télex: 405 GBNOM 5405 EG

Fax: + 240 9 2824

Tratamiento: Excelentísimo Señor / Dear Minister

COPIAS A:

Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores

Miguel Oyono Ndong Mifumu

Vice-Primer Ministro y

Ministro de Asuntos Exteriores

Ministerio de Asuntos Exteriores

Guinea Ecuatorial

y a la representación diplomática de Guinea Ecuatorial acreditada en el país del remitente.

PÚBLICO

Índice AI: AFR 24/19/98/s

Distrib: PG/SC

Fecha: 21 de julio de 1998

ACCIÓN MÉDICA

Muerte de un preso y ausencia de la atención médica adecuada

GUINEA ECUATORIAL

Resumen

Es motivo de honda preocupación para Amnistía Internacional la muerte de Martín Puye, de 58 años de edad y uno de los dirigentes del Movimiento para la Auto-determinación de la Isla de Bioko (MAIB). Según los informes, su muerte ha sido el resultado de los malos tratos y la ausencia de toda atención médica que ha padecido mientras se encontraba encarcelado. Amnistía Internacional siente inquietud por otros presos, especialmente los sentenciados a muerte, que se encuentran encarcelados en régimen de incomunicación, dado que pueden estar sufriendo penosas condiciones de reclusión que en modo alguno cumplen las normas pertinentes para el caso, y porque es posible que no estén recibiendo la atención médica que precisan. Por todo ello, Amnistía Internacional formula un llamamiento urgente para que se investigue sin dilación la muerte de Martín Puye y para que las autoridades de Guinea Ecuatorial garanticen que las condiciones penitenciarias en el país cumplen las disposiciones de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, especialmente las que se refieren a la provisión de los adecuados cuidados médicos.

Información general

Martín Puye murió en un hospital el 14 de julio de 1998, dos semanas después de su traslado desde la prisión de Black Beach, en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Las autoridades penitenciarias se habían mostrado reacias a autorizar su traslado al hospital. Según los informes, sufría hepatitis. El día anterior a su muerte, parece que su estado era extremadamente grave: tenía el abdomen exageradamente abultado, similar al de una mujer embarazada (según un testigo presencial), y las piernas muy hinchadas. Apenas podía hablar y tenía la mirada perdida y sin vida. Los médicos del hospital le practicaron varias transfusiones de sangre y, según la información disponible, decidieron que fuera enviado al extranjero para ser tratado, pero entonces era ya demasiado tarde y, al día siguiente, Martín Puye expiró.

Martín Puye había sido declarado culpable y condenado, tras un juicio sumario celebrado sin las garantías debidas en mayo de 1998, por su presunta implicación en un ataque perpetrado el 21 de enero contra unas instalaciones militares de la Isla de Bioko que se saldó con la muerte de tres soldados y varios civiles. En el mismo consejo de guerra se dictaron 15 sentencias de muerte (cuatro de ellas in absentia) y se condenó a 70 personas más a penas que oscilaban entre los 6 y los 26 años de cárcel. Parece que a muchos de los acusados, predominantemente miembros del grupo étnico bubi, autóctono de la Isla de Bioko, los habían detenido únicamente por su origen étnico, por lo que la organización considera que pueden ser presos de conciencia.

Todas las sentencias se dictaron fundamentadas en confesiones extraídas bajo tortura durante la detención preventiva. La delegación de Amnistía Internacional que asistió en calidad de observadora al juicio pudo constatar signos evidentes de tortura en los acusados. Al menos a diez de ellos les habían cortado parte de las orejas, según parece con cuchillas de afeitar. A uno de ellos, Fernando Riloha, le habían cortado parcialmente ambas. También se sometió a torturas y malos tratos a unas diez mujeres que también habían sido detenidas tras el ataque del 21 de enero. Las obligaron a nadar desnudas en aguas embarradas delante de todos los detenidos, y algunas fueron incluso víctima de abusos sexuales. Desde enero de 1998 al menos seis personas han muerto detenidas a causa de las torturas.

Las condiciones de reclusión en la prisión de Black Beach son muy duras. Esta cárcel se encuentra situada junto al mar, donde el clima es muy cálido y húmedo, y a los presos se los tiene en condiciones de hacinamiento en celdas diminutas y carentes de toda higiene. Según los informes, los presos han tenido que dormir en el suelo durante seis meses. Los once presos políticos sentenciados a muerte y recluidos en régimen de incomunicación se encuentran en condiciones aún peores si cabe. No se les permite hablar con los demás internos y sólo pueden salir de sus celdas durante una hora al día. Además, se encuentran en grave peligro de deshidratación e inanición, dado que no se les permite recibir la comida que les envían sus familiares y la alimentación que se les proporciona en el establecimiento es muy escasa. A pesar del calor y la humedad reinantes sólo se les proporciona un litro de agua al día.

Según la información disponible, desde que se dictó sentencia varios presos han caído gravemente enfermos y han experimentado serias dificultades para lograr atención médica. La prisión carece de servicios médicos, los presos que la solicitan deben pagarla de su bolsillo y, según parece, las autoridades penitenciarias son renuentes a autorizar el traslado de presos a un hospital. A principios de julio, Milagrosa Cheba, joven presa, logró que la trasladaran a un hospital porque estaba gravemente enferma de malaria, si bien fue devuelta a la prisión antes de recupersarse plenamente de su dolencia. César Copoburu, sentenciado a 26 años, fue trasladado a un hospital a mediados de julio tras solicitar atención médica y quejarse de fuertes dolores abdominales durante una semana. Será sometido a una intervención quirúrgica, pero teme ser devuelto inmediatamente tras la operación a la cárcel, donde las condiciones para una recuperación sin riesgo son prácticamente nulas. Según informes recientes y fidedignos son muchos los presos enfermos que han solicitado que los trasladen a un hospital, pero las autoridades son muy reacias a conceder las autorizaciones pertinentes.

Según la información disponible, hay otros dos presos cuyo estado de salud es muy preocupante. Aurelio Losoha, de 78 años de edad, fue objeto de graves torturas durante la detención preventiva y su estado de salud se deteriora rápidamente a causa de las duras condiciones penitenciarias que padece. Aurelio Losoha es el jefe tradicional de la localidad de Rebola, en la que residen muchos bubis, y Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia porque ha sido privado de libertad únicamente por ser uno de los dirigentes del Movimiento para la Auto-determinación de la Isla de Bioko (MAIB). Requiere ser ingresado de inmediato en un hospital, pero las autoridades penitenciarias no autorizan su traslado. Norberto Biébeda, sentenciado a muerte, padecía ya graves problemas oftalmológicos cuando ingresó en prisión. Su dolencia se agrava porque permanece recluido en la oscuridad durante 23 horas al día.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Guinea Ecuatorial a que garanticen que todos los presos disponen de acceso a servicios médicos adecuados incluida, en caso necesario, la atención de especialistas en las instituciones médicas apropiadas.

20 El grupo étnico bubi sigue siendo objeto de discriminación por parte de las autoridades de Guinea Ecuatorial. Desde la independencia de Guinea Ecuatorial de España en 1968 se ha dado muerte a multitud de bubis y se los ha privado de libertad por expresar sus deseos de independencia. El grupo étnico bubi apoya mayoritariamente al Movimiento para la Auto-determinación de la Isla de Bioko (MAIB), fundado en noviembre de 1993 para lograr la independencia de la Isla de Bioko. Hasta donde ha podido averiguar Amnistía Internacional, el MAIB, al que jamás se ha dado carta de legalidad, no ha recurrido nunca a la violencia ni abogado por ella hasta su presunta implicación en el ataque del 21 de enero. Desde su creación, centenares de personas pertenecientes al grupo étnico bubi han sido objeto de arresto por su presunta pertenencia o simpatía al MAIB. El gobierno raras veces ha presentado alguna prueba que respalde sus acusaciones.