PÚBLICO

Índice AI: AFR 25/001/2003/s

10 de enero de 2003

AU 12/03 – Desaparición / uso excesivo de la fuerza / impunidad / detención sin cargos ni juicio

ETIOPÍA

Daniel Zerfu, diácono;

y otras decenas de personas más

Amnistía Internacional siente honda preocupación acerca del paradero del diácono Daniel Zerfu, que «desapareció» tras una intervención de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal en una disputa acerca del nombramiento de un nuevo dirigente de la iglesia en la localidad de Mekele, en el Estado Regional de Tigré (Tigray Regional State).

No se ha vuelto a ver al diácono Daniel Zerfu desde su detención, ocurrida el 27 de diciembre de 2002. Su «desaparición» se produjo tras el estallido de una disputa entre las autoridades de la iglesia ortodoxa etíope, el clero de la iglesia de Lideta y la congregación de ésta. Los tribunales habían decidido que la dirigencia de la iglesia de Lideta debía transferirse al individuo al que el consejo diocesano y el jefe de la iglesia habían nombrado hacía poco tiempo líder eclesiástico de la localidad de Mekele. Los miembros de la congregación se opusieron y, en la mañana del 18 de noviembre de 2002, se reunieron frente al edificio de la iglesia para cantar himnos y decir oraciones. A las cuatro y media de la tarde llegó al lugar un contingente de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal, que colocó un cordón policial alrededor de la zona. Los fieles continuaron expresando su oposición al nombramiento tomándose de la mano para impedir que los agentes accedieran al edificio de la iglesia. La policía respondió a esta acción golpeando a los manifestantes pacíficos y deteniendo a 73 personas, unas 50 de las cuales siguen privadas de su libertad. Estos abusos fueron documentados por el Consejo Etíope de Derechos Humanos (Ethiopian Human Rights Council) en un informe sobre el incidente.

La congregación siguió reunida día y noche frente a la iglesia de Lideta y el 26 de diciembre, según informes, el líder de la iglesia ortodoxa etíope hizo un llamamiento al gobierno del país para que tomara medidas enérgicas contra los manifestantes. Al día siguiente, las Fuerzas Especiales de la Policía Federal golpearon a decenas de manifestantes y detuvieron a 36 personas, a las que llevaron a su cuartel de Kolfe. Diecisiete de los detenidos fueron llevados a la comisaría de Woreda 22, situada cerca de la iglesia de Lideta. Los informes indican que la policía sometió a malos tratos a los detenidos mientras se hallaban bajo custodia.

INFORMACIÓN GENERAL

Recientemente se ha recibido una serie de informes sobre el uso excesivo de la fuerza —desde palizas hasta ejecuciones extrajudiciales— por parte de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal contra manifestantes pacíficos en la localidad meridional de Awassa. En septiembre de 2002, la Unión Europea envió una delegación a Awassa y Tepi (otra localidad de la Región Meridional) para que llevara a cabo una investigación sobre los hechos ocurridos en la región. Lamentablemente, el informe elaborado por la delegación no es un documento público; no obstante, la Unión Europea ha seguido ejerciendo presión sobre las autoridades etíopes. El 18 de octubre de 2002 se informó de que el primer ministro Meles Zenawi se había comprometido públicamente a tomar medidas contra las autoridades regionales implicadas en los homicidios cometidos en Awassa y Tepi. No obstante, Amnistía Internacional ha recibido datos que indican que las fuerzas de seguridad federales también están implicadas en estos homicidios.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en amárico, inglés o en su propio idioma:

- expresando su preocupación por la seguridad del diácono Daniel Zerfu, que «desapareció» el 27 de diciembre de 2002, e instando al gobierno a hacer público su paradero de inmediato y a garantizar que se lo recluya en un centro de detención oficial;

- pidiendo que se le dé acceso inmediato y periódico a sus familiares y abogados y que se le permita comunicarse con representantes de organizaciones de ayuda humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja;

- recordando al gobierno que la Constitución etíope dispone que toda persona detenida debe comparecer ante una autoridad judicial dentro de un plazo de 48 horas y que se debe devolver la libertad a todo detenido al que no se acuse formalmente de un delito común reconocible y someta sin dilación a un juicio imparcial conforme a las normas internacionales de justicia procesal;

- exhortando al gobierno a que se adhiera a los principios establecidos en la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y en concreto su artículo 4.1, que dice: «Todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad».

- haciendo un llamamiento a las autoridades para que garanticen que los responsables de la «desaparición» de Daniel Zerfu serán detenidos y enjuiciados de acuerdo con las normas procesales reconocidas en el derecho internacional;

- recordando al gobierno su obligación de garantizar que «[n]adie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias», conforme al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

LLAMAMIENTOS A: