7 de agosto de 2002

Índice AI: AFR 27/005/2002/s

Servicio de Noticias 138/02

Gambia: Reprimen cada vez más la libertad de expresión

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por los renovados ataques contra la libertad de expresión en Gambia, tras la reciente detención de tres periodistas, privados de su libertad únicamente debido a sus legítimas actividades profesionales.

Unos agentes del Servicio Nacional de Información detuvieron el 2 de agosto de 2002 a Pa Ousman Darboe, periodista del diario Independent, y al día siguiente a Alhaji Yoro Jallo, editor de la misma publicación. En ambos casos las detenciones se relacionaron con un artículo publicado en el Independent en el que se anunciaba el casamiento del vicepresidente de Gambia, Isatou Njie Saidy. Anteriormente, Guy-Patrick Massaloko, periodista congolés de la Pan African News Agency (PANA), permaneció recluido en régimen de incomunicación en la sede del Servicio Nacional de Información del 19 de julio al 1 de agosto.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades gambianas a que respeten los más elevados principios que garantizan el derecho a la libertad de expresión y que están protegidos por tratados internacionales en los que Gambia es Estado Parte.

La organización de derechos humanos ha expresado en varias ocasiones su preocupación por los ataques contra la libertad de expresión en Gambia, entre los que se incluyen la detención y reclusión arbitrarias, la expulsión del país y amenazas de violencia contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación. Amnistía Internacional también ve con inquietud que, de entrar en vigor, la nueva legislación relativa a las actividades de la prensa tendrá por efecto restringir aun más la libertad de expresión.

El Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley mediante el que se crea la Comisión Nacional de Medios de Comunicación, si bien la norma no entrará en vigor hasta que el presidente Jammeh la haya firmado. La ley contiene varias disposiciones incompatibles con las obligaciones internacionales que ha contraído Gambia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Amnistía Internacional siente especial preocupación por las amplias facultades —algunas de carácter judicial— conferidas a la Comisión Nacional de Medios de Comunicación. El ejercicio de tales poderes podría tener como resultado la erosión y restricción de la libertad de expresión. Por ejemplo, la comisión puede conceder, suspender o retirar la acreditación oficial de trabajadores y entidades de los medios de comunicación, lo cual podría llevar a decisiones arbitrarias sobre la clausura o acreditación de periódicos.

Además, la ley otorga a la comisión el poder de investigar y enjuiciar a trabajadores y entidades de los medios de comunicación. Este poder incluye la facultad para obligarles a revelar sus fuentes de información y para dictar órdenes de detención contra cualquier persona que no obedezca una citación de la comisión. «Además de no ofrecer ninguna de las garantías de justicia procesal, este procedimiento parece una usurpación de las funciones del sistema de justicia penal», señala Amnistía Internacional.

La comisión podrá imponer sanciones de hasta seis meses de cárcel por el incumplimiento de las disposiciones de la nueva ley, así como multas por la publicación oral o escrita de cualquier texto, caricatura, tira cómica o ilustración que se considere peyorativa, despectiva o insultante respecto de cualquier persona o autoridad. La definición de este delito queda librada a la decisión arbitraria de la comisión.

Además, la nueva ley no admite la jurisdicción de ningún tribunal en este ámbito, lo que niega a los ciudadanos el derecho a un remedio eficaz, proclamado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

«Estas restricciones no tienen justificación alguna. Constituyen una afrenta al derecho a la libertad de expresión y podrían amordazar a los medios de comunicación gambianos y socavar su independencia», añade Amnistía Internacional.

«Exhortamos al presidente Jammeh a que garantice la libertad de expresión en Gambia absteniéndose de dar su asentimiento a la ley aprobada por el Parlamento», dice la organización.

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