Servicio de Noticias 245/96

ÍNDICE AI: AFR 27/11/96/s

19 DE DICIEMBRE DE 1996

GAMBIA: EL GOBIERNO DEBE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

El gobierno de Gambia debe garantizar que las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en las recientes elecciones presidenciales no se repiten durante las elecciones legislativas que se celebrarán el 2 de enero, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

«La intimidación, el acoso y la violencia a los que las fuerzas armadas y la policía de seguridad (el Servicio Nacional de Información) sometieron a la oposición política en los días previos a las elecciones presidenciales de septiembre de 1996 no deben a repetirse —ha afirmado la organización—. Los ciudadanos de Gambia deben expresar libremente su opinión sin temor a represalias.»

Amnistía Internacional ya ha recibido noticias según las cuales Ebrima Cessay, redactor jefe del diario Daily Observer, ha salido de Gambia por miedo a ser detenido. La organización también teme que se repitan los recientes enfrentamientos con simpatizantes de la oposición que el 16 de diciembre provocaron en Talinding (Serrakunda) simpatizantes del gobierno. Durante los enfrentamientos, el gobierno envió un escuadrón especial, lo que generó más violencia.

Durante la campaña de las elecciones presidenciales se cometieron gravísimas violaciones de derechos humanos. El 22 de septiembre por la noche, cuatro días antes de las elecciones, simpatizantes del principal partido de la oposición, el Partido Democrático Unido, fueron detenidos por soldados armados bajo las órdenes directas del capitán Yankuba Touray, ministro de Administración Local y director de la campaña del partido político creado por el Consejo de Gobierno Provisional de las Fuerzas Armadas. Se efectuaron disparos y se obligó a los simpatizantes de la oposición a salir de sus automóviles y quitarse las camisetas en las que había emblemas del partido.

A continuación, más de cien simpatizantes del Partido Democrático Unido fueron sometidos a agresiones sistemáticas. Los soldados los golpearon con palos, porras y la culata de sus fusiles y los obligaron a tumbarse boca a bajo. Al menos 33 personas sufrieron lesiones graves y algunas tuvieron que ser hospitalizadas. Decenas de personas fueron arrestadas y recluidas sin cargos en los días previos a las elecciones presidenciales.

No se han investigados estos hechos. Amnistía Internacional pide la apertura de una investigación independiente para que los responsables de violaciones de derechos humanos comparezcan ante los tribunales. La organización solicita, además, que se adopten medidas para garantizar que estos abusos no se repetirán.

Se ha de garantizar la seguridad de los políticos de la oposición que temían o tenían razones para temer por su vida durante las elecciones presidenciales, como Ousainou Darboe, líder del Partido Democrático Unido.

«Nos preocupa que se esté acusando formalmente a políticos de la oposición para justificar su reclusión», ha manifestado Amnistía Internacional.

Hay detenidos que llevan recluidos largo tiempo sin que se hayan presentado cargos contra ellos. En algunos casos, se los ha acusado posteriormente de delitos tipificados en decretos nuevos que se aplican retroactivamente. Esta práctica viola los principios del Estado de Derecho y las obligaciones que le impone a Gambia el derecho internacional.

Amnistía Internacional también insta al gobierno a que acabe con la práctica de mantener detenidos sin cargos a periodistas durante periodos breves. Varios periodistas extranjeros han sido amenazados con ser expulsados del país.

«El gobierno debe garantizar que todos los ciudadanos de Gambia pueden ejercer su derecho a voto sin miedo a ser arrestados, recluidos o maltratados», ha asegurado Amnistía Internacional.

«Además, los candidatos a las próximas elecciones legislativas deben manifestar públicamente su compromiso con los derechos humanos. Sólo así, los ciudadanos de Gambia tendrán la oportunidad de que en el futuro se respeten sus derechos humanos.»

INFORMACIÓN ADICIONAL

El presidente Yaya Jammeh se hizo con el poder en julio de 1994 gracias a un golpe de Estado. Debido a la continua presión nacional e internacional, el Consejo de Gobierno Provisional de las Fuerzas Armadas se vio obligado a aprobar un programa de dos años para la transición a un gobierno civil, que debe culminar en 1996.

El 8 de agosto de este año se aprobó en referéndum una nueva constitución. Amnistía Internacional planteó dudas importantes sobre la nueva constitución (véase The Gambia: A new constitution - revised draft still threatens human rights, Índice AI: AFR 27/07/96, del 7 de agosto de 1996).

El 26 de septiembre se celebraron las elecciones presidenciales tras levantarse la prohibición que pesaba sobre los partidos políticos. Se aprobó un decreto que negaba la participación del ex presidente Sir Dawda Kairaba Jawara, el ex vicepresidente y los ex ministros del Partido Progresista Popular en cualquier elección a un cargo político. También se prohibió la participación de los otros dos principales partidos políticos que había en Gambia antes del golpe de Estado, el Partido de la Convención Nacional y el Partido Popular de Gambia. La sanción prevista para el quebrantamiento de este decreto es la cadena perpetua o una multa de un millón de dalasis (100.000 dólares estadounidenses, aproximadamente).

Otro decreto concedía al ministro del Interior y las fuerzas de seguridad amplios poderes de detención y reclusión, en algunos casos de hasta 90 días, sin que el detenido pueda recurrir ante los tribunales. Los simpatizantes de partidos de la oposición fueron objeto de hostigamiento e intimidación y los líderes de los partidos de oposición no tuvieron acceso en condiciones de igualdad a los medios de comunicación del Estado. La Comisión Electoral Provisional Independiente denunció el desigual acceso a los medios de comunicación, pero no se adoptaron medidas para corregir esta anomalía. El presidente Jammeh ganó las elecciones presidenciales.

En vista de este y otros factores, el Grupo Ministerial de Acción de la Commonwealth calificó de defectuoso el proceso electoral. La Unión Europea también concluyó que el proceso electoral presidencial, teniendo en cuenta el contexto general en el que se desarrolló, no fue ni libre ni limpio.